Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 140654
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución del 13/05/2025 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la apelante.
JE
D., S. F. c/A., P. R. s/LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD
Causa: 140654
La Plata, 7 de Agosto de 2025
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Antecedentes.
1.1. Que el 13/05/2025 el Juez a cargo del Jdo. de Familia nro. 1 rechazó el planteo de prescripción interpuesto por la parte demandada a quien le impuso las costas.
Consideró para así decidir la documental obrante en autos y las versiones de ambas partes y por tanto que la convivencia de ellas cesó hacia fines de noviembre de 2019; los distintos actos procesales de autos de interposición de reclamos por parte del actor D., a través de la carta documento remitida el 2/5/2024 y recibida por la contraparte el 7/5/2024 -acompañada en autos el 6/6/2024-, como también la interposición de la solicitud de trámite de etapa previa de fecha 6/6/2024, que traducen la intención del actor de no abandonar el reclamo (art. 2546 CCCN), sumando la suspensión de los plazos derivada por la emergencia sanitaria -COVID 19- durante el transcurso de dicho tiempo. Así concluyó que no existió inactividad procesal del actor por un plazo mayor de cinco años una vez cesada la unión convivencial (art. 2560 CCCN).
1.2. Que contra esa forma de resolver se alza la parte demandada mediante recurso de apelación que llega fundado en la presentación del 19/06/2025, contestado por la contraria el 26/6/2025.
Refiere que se ha interpretado erróneamente el inicio del cómputo del plazo prescriptivo al afirmar que en noviembre de 2019 el actor habría abandonado el domicilio común cuando su parte fue clara al señalar que la ruptura definitiva del vínculo convivencial se produjo en febrero de 2019, momento desde el cual cesó todo proyecto de vida en común; y que el hecho de compartir temporalmente la vivienda no equivale, bajo ningún aspecto, a la subsistencia de la unión convivencial.
Agrega que se valoró erróneamente la interpelación extrajudicial y los actos interruptivos de la prescripción al otorgarle carácter interruptivo y suspensivo a una carta documento enviada el 8 de mayo de 2024, cuando ya había operado el plazo prescriptivo de cinco años desde la ruptura en febrero de 2019; que aún si se tomara noviembre de 2019 como fecha de cese , la interpelación es tardía por cuanto la carta documento no tiene entidad suficiente para suspender válidamente la prescripción conforme lo exige el art. 2546 CCCN, al ser cursada cuando el plazo ya había expirado..-
Continúa señalando que se omitió considerar la situación de hecho como “sociedad de hecho” y que aún cuando se admitiera algún tipo de colaboración entre las partes, no se configuró una verdadera unión convivencial bajo los términos del art. 509 CCCN., no hubo inscripción en registro de estado civil de las personas, ni comunidad de bienes compartida de manera estable y reconocida.
Por último también se agravia de la imposición de costas por tratarse de una materia que ha dado lugar a interpretaciones divergentes.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Deserción recursiva.
Que dando respuesta al pedido de la parte actora, la expresión de agravios presentada por la parte demandada analizada con un criterio amplio por estar en juego el derecho de defensa en juicio (arts 18 CN y 15 CP), supera el test de admisibilidad, cuando por otra parte ella no impidió a la contraria darle respuesta (ver contestación del 26/06/2025). Por lo tanto corresponde desestimar el pedido de deserción efectuado (arts. 260 y 261 CPCC).
2.2.-Prescripción. Excepción de previo y especial pronunciamiento. Inicio.
2.2. 1.- Que el hecho génesis de la presente acción, esto es la convivencia entre las partes, se tiene por acreditada habida cuenta que aunque no fue registrada conforme surge de la presentación del 12/6/2024, y pese a lo normado en tal sentido por el art. 512 CCCN, no ha sido desconocida ( SAIJ, Id SAIJ: SUR0023336 del 2 de Julio de 2024; art. 354 inc. 1 CPCC). En idéntico sentido se ha pronunciado el apelado al sostener al contestar los agravios que "No es requisito que la unión esté inscripta en el registro civil: así lo expresa claramente la doctrina más autorizada:“La inscripción de la unión convivencial no es constitutiva del vínculo, sino una carga probatoria frente a terceros” (Kemelmajer de Carlucci, Herrera y Lloveras, Código Civil y Comercial Comentado, T. II, pág. 332).
Sin embargo no hay coincidencia entre actor y demandada respecto al momento en que ella cesó dando lugar, en el contexto de la liquidación de la comunidad convivencial, a la cuestión en examen con claras consecuencias en si procede o se rechaza la excepción de prescripción del alegado derecho a reclamar la liquidación en cuanto a si el mismo ha caducado debido al paso del tiempo.
2.2.2. Que el inicio del plazo de prescripción correspondiente a la presente acción de liquidación de la comunidad convivencial, en que el actor reclama el valor de lo aportado en la unión por la adquisición de un vehículo automotor, se activa con la ruptura de la convivencia, es decir, cuando los convivientes dejaron de vivir juntos y por el plazo genérico de cinco años (art. 2560 CCCN), aspecto este último sobre el que no hay controversia .
Ahora bien, para computarse ese plazo prescriptivo debe determinarse su comienzo, esto es el momento en que la relación hubo de finalizar . Al respecto el art 523 CCCN establece entre las causas del cese de la unión convivencial "... por el cese de la convivencia mantenida....." ( inciso g ).
De las manifestaciones de la propia apelante surge que el actor dejó el domicilio definitivamente en el mes de noviembre del año 2019, coincidiendo con lo expuesto por el actor, y de allí que sus argumentos en torno a que la ruptura operó en febrero del mismo año cuando cesó todo proyecto de vida en común pierde virtualidad desde que lo relevante como dato objetivo en la cuestión es que fue en aquella fecha que la relación entre las partes de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven desapareció de manera irrevocable. Ello cobra trascendencia en casos como el que nos convoca en que se está frente a una unión convivencial no registrada.
Quedando con ello -al no existir en autos otro respaldo junto al fáctico, que no sea la documental, agregada a la presentación del 06/06/2024- la fecha de noviembre de 2019 como la final de la unión convivencial, cuando D. efectivamente abandonó el domicilio común, reitérase también reconocido por la propia A. en su contestación de demanda.
Quedando revelada la fecha del cese de la convivencia, es a partir de allí que se inicia el plazo de prescripción del reclamo de derechos sobre el o los bienes compartidos durante la relación, que por otra parte guarda relación con el art. 2543 CCCN que suspende la prescripción durante la convivencia que desde lo material y habitacional perduró hasta el mes de noviembre de 2019, no pudiendo retrotraerse su comienzo (argumentos art. 1067 CCCN).
En cuanto a la invocación de que la carta documento enviada en mayo de 2024 por el actor no suspendió ni interrumpió el curso de la prescripción, sosteniendo que ya había vencido el plazo tampoco tiene asidero porque desde noviembre de 2019 a mayo de 2024 no transcurrieron 5 años , por lo tanto la interpelación fue oportuna y surtió efectos interruptivos y suspensivos (arts. 2541, 2546 y 2547 CCCN). Igual argumento aplica para la solicitud de trámite de etapa previa y demanda, del 06 de junio de 2024 y 08/11/2024 respectivamente .
Lo señalado alcanza para concluir en que el plazo de prescripción no ha transcurrido a la fecha de inicio de éstos actuados (07/06/2024), correspondiendo su rechazo (arts. 344, 345 CPCC; 2543, 2546, 2560 y ccs CCCN).
2.2.3. Que pese a que con lo expuesto se sella la suerte del alzamiento, hemos de destacar asimismo que en cuanto a la omisión de considerar la situación como una sociedad de hecho pretendida por la apelante, lo cierto es que ambas partes reconocieron una convivencia prolongada, con un proyecto de vida en común y , colaboración económica y relación afectiva, con el hijo de Duarte criado en el mismo hogar. Por lo tanto la unión convivencial se encuentra acreditada fáctica y jurídicamente, aún sin inscripción registral (conforme arts. 509, 510, 511 y 512 CCCN y doctrina aplicable) y con ello deviene improcedente por incompatibilidad la invocada configuración de una "sociedad de hecho" entre las partes (art. 1067 CCCN).
3. Costas.
Que la crítica sobre la imposición de las costas a la demandada en la resolución apelada que versa sobre una excepción de previo y especial pronunciamiento (art.344 del CPCC), importa la aplicación del principio general de que las costas deben imponerse en función del principio objetivo de la derrota. En consecuencia, dado el resultado que se alcanza en esta instancia, y siendo la accionada vencida también en esta instancia , el agravio debe ser desestimado (arts. 68 y 69 CPCC).
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se confirma la apelada resolución del 13/05/2025 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la apelante. REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia