Abriendo la norma
Juzgado de Familia N.º 1 de Tres Arroyos
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la Acción de Simulación de Acto Jurídico interpuesta por la Sra. Jorgelina González, DNI. 27.332.885 contra el Sr. Facundo José Barrera, DNI. 24.221.185, la sociedad “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H. CUIT 30-71378070-3 y el Sr. Carlos José Barrera, DNI. 5.386.347, declarando la nulidad del Acto Jurídico en virtud de la cual se inscribiera la cosechadora John Deere, Dominio BET 23, Modelo 9660STS, Motor John Deere, Nº R66081H293320, Chasis Nº H096605716633 a nombre del Sr. Carlos José Barrera, cuando debió serlo a nombre de la citada sociedad de hecho, por las razones dadas.-
2Imponiendo las costas al Sr. Facundo José Barrera, a la sociedad “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H. CUIT 30-71378070-3 y al Sr. Carlos José Barrera, en su carácter de vencidos en el presente proceso (rts. 68, 69 del CPCC.).-
3Regulando los honorarios del Dr. Hugo Fabio Núñez por las labores profesionales en representación de los demandados, atento el valor del IUS arancelario fijado por la SCBA, en orden al mérito, calidad y extensión de los trabajos realizados, a saber: presentación de escritos, contestación de demanda, concurrencia a la audiencia preliminar, en la suma de DOCE IUS, con más aportes (arts. 1, 9, 15, 16, 22, 24, 21, 28, 27, 39, 47, 61 y concs. de la ley nro. 14.967 y art. 1255 del CCCN.).-
Difiriendo la regulación de los honorarios del Dr. Roberto Gabriel Ardiles por sus labores en representación de la actora para una vez …
Expte. nº 11548 GONZALEZ JORGELINA C/ BARRERA FACUNDO JOSE Y OTROS S/ LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD S/ INCIDENTE DE SIMULACION Tres Arroyos, 15 de Octubre de 2021.-
éstos, caratulados "GONZÁLEZ, JORGELINA C/ BARRERA, FACUNDO JOSÉ Y OTROS S/ LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD S/ INCIDENTE DE SIMULACIÓN", expte. 11458, venidos a despacho para dictar sentencia.-
1).- Que en fecha 26 de junio de 2019 -fs.21/30- viene la Sra. Jorgelina González con el patrocinio del Dr. Gabriel Roberto Ardiles, promoviendo demanda de Simulación de Acto Jurídico, y en subsidio demanda de Fraude y de Inoponibilidad de Acto Jurídico con relación a la transferencia de la Cosechadora John Deere, Dominio BET 23, Modela 9660STS, Motor John Deere, Nº R66081H293320, Chasis Nº H096605716633, interpuesta contra el Sr. Facundo José Barrera, “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H., con domicilio en Av. Moreno 524 de Tres Arroyos, y el Sr. Carlos José Barrera.-
Comienza relatando que en fecha 30 de julio de 1999 contrajo matrimonio con el Sr. Facundo José Barrera, naciendo de dicha unión José Manuel, el día 17 de Abril de 1994, Valentina el día 1º de octubre 2002 y Juan Segundo el día 27 de marzo de 2006.-
Refiere que durante el matrimonio con el co-demandado Facundo José Barrera adquirieron varios bienes de gran caudal económico, la mayoría de los cuales, a tenor de las labores que como contratista rural llevaba a cabo, fueron adquiridos a nombre de la sociedad “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H. cuit 30-71378070-3”, sociedad que le corresponde el 25% de los bienes.-
Así, entre otros bienes, expresa que fueron adquiridos durante el matrimonio la cosechadora JOHN DEERE, DOMINIO BET 23, MODELO 9660STS, MOTOR JOHN DEERE, Nº R66081H293320, CHASIS Nº H096605716633, cosechadora cuyo valor de mercado (100%) al mes de marzo de 2019 ascendía a la suma de $ 11.480.000, compraventa que fuera celebrada mediante boleto de compraventa con la sociedad “Leloir María Dolores y Leloir Carolina SH”. y que hasta la notificación de la demanda de divorcio no había sido inscripta a nombre de la sociedad de hecho “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H..-
Continúa diciendo que a fines de diciembre de 2018 hubo una serie de acontecimientos que motivaron la separación con el Sr. Facundo Barrera, interponiendo demanda de divorcio por presentación unilateral -Expte 11.118-, que tramitara por ante este Juzgado de Familia Nº 1, oportunidad en la cual se adjuntó el correspondiente convenio regulador y solicitó el pago de compensación económica, demanda que fuera notificada al accionado en fecha 10 de abril de 2019, en el establecimiento rural donde se domicilia y que fuera entregada a su madre, Sra. Graciela Gonzalía, quien atendiera a la oficial de justicia actuante.- Manifiesta la actora que en tales actuaciones judiciales el Sr. Barrera contestó demanda refiriendo a la existencia de los bienes habidos durante el matrimonio, sosteniendo expresamente que junto a su hermano Mauricio Carlos Barrera y a través de la sociedad de hecho “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H. adquirió por boleto de compraventa a la señora Carolina Leloir, una cosechadora marca John Deere 9660, año 2.006, aclarando que la actora en su demanda equivoca el año por 2.009-; negando que el 50% de la misma, ni ningún otro porcentaje, forme parte del acervo conyugal, negando también que en la actualidad la valuación del 50% de la misma ascienda a la suma de $ 5.740.000”.-
Igualmente alude que el propio Barrera al denunciar el pasivo de la sociedad conyugal expresamente denunció la existencia de deudas, tales como el Contrato de mutuo suscripto por la sociedad de hecho “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H.” en calidad de “Mutuaria” y el señor José Ambrosius en calidad de “Mutuante”, y el crédito prendario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la sociedad de hecho “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H.” sobre el tractor marca John Deere 7200J, modelo 2017.-
Asimismo, la Sra. González indica que como ya fuera expuesto en el expediente nro. 11.428 s/ Medidas Precautorias, el Registro de la Propiedad Automotor de Tres Arroyos, a cargo de la Escr. María Gloria Ferrari, ante averiguaciones realizadas, informó que con relación a la cosechadora John Deere dominio BET23 existía una “Denuncia de Venta” efectuada por parte de “Leloir María Dolores y Leloir Carolina SH”, denunciando que en el mes de diciembre de 2013 había vendido a la sociedad “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H.CUIT 30-7137870-3” dicha cosechadora, todo lo cual surge del informe de “denuncia de venta” que en copia se adjunta a estos autos y cuya copia certificada obra agregada en las actuaciones judiciales citadas.-
En este sentido, agrega que la cosechadora, en fecha 20 de mayo de 2019, un día antes de la audiencia conciliatoria con la Consejera de Familia Dra. María Andrea Romero en expediente Nº 11.118 s/ Divorcio, en vez de inscribirse a nombre de la sociedad “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H. cuit 30-71378070-3”, se inscribió en su 100%, fraudulentamente, a nombre del Sr. Carlos José Barrera, DNI 5.386.347, esposo de la Sra. Gonzalía Graciela Inocencia, padre de quien fuera su esposo Sr. Facundo José Barrera, estando acreditada la filiación con la partida de matrimonio cuya copia certificada obra agregada en las actuaciones judiciales sobre divorcio.-
Pone en conocimiento que en tal fraudulenta transferencia se hizo figurar que se hacía por la suma de $ 1.200.000, cuando su valor de mercado superaba la suma de $ 11.000.000, dejándose constancia en el formulario 08 de transferencia que el e-mail contador Santiago Moirano, contador de la sociedad “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H..-
De tal manera, entiende la actora que tanto el co-demandado Carlos José Barrera como su esposa Graciela Inocencia Gonzalía tenían pleno conocimiento de la existencia del expediente nro. 11.118 S/ Divorcio, desde que la notificación de demanda fue recibida por la madre de su ex cónyuge Facundo Barrera el día 10 de abril de 2019.-
Considera que la transferencia de la cosechadora en cuestión a favor de quien fuera su suegro Sr. Carlos José Barrera lo ha sido simuladamente, y en fraude a sus derechos, con el único objetivo de no ser abonados los créditos patrimoniales de los cuales resulta legítima titular, a la luz de todos los bienes adquiridos durante los más de 24 años que durara el matrimonio con el Sr. Facundo Barrera.-
Además, destaca que el co-demandado Carlos José Barrera al mes de mayo de 2019 no solo no se encontraba con posibilidades económicas de proceder a la adquisición de la cosechadora John Deere objeto de demanda, sino que no tenía ninguna utilidad su compra, desde que no realiza actividad agropecuaria alguna, lo cual demuestra que el acto jurídico por el cual le fuera transferido al mismo la cosechadora ha sido un negocio simulado, y en fraude a sus legítimos derechos.- Cita jurisprudencia, solicitando se haga lugar íntegramente a la demanda de simulación de acto jurídico interpuesta, y en virtud de la cual se inscribiera la cosechadora John Deere, Dominio BET 23, Modelo 9660STS, Motor John Deere, Nº R66081H293320, Chasis Nº H096605716633 a nombre del Sr. Carlos José Barrera, cuando debió serlo a nombre de la sociedad “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H. cuit 30-71378070-3”, correspondiendo a su parte el 25% indiviso de la maquinaria conforme ya fuera denunciado, transferencia que fuera simulada ilícitamente al perjudicar los derechos patrimoniales de su parte, acto que a la luz de lo dispuesto por los arts.333, 334 sigs. y ccdtes. del CCyC deviene ser nulo y así solicita se declare.-
A todo evento y para el caso de no hacerse lugar a la acción de simulación entablada, en subsidio deja planteada la declaración de inoponibilidad del acto jurídico en virtud del cual se inscribiera a nombre del Sr. Carlos José Barrera de la cosechadora, por haberlo sido en fraude a sus derechos.-
Cita derecho, ofrece pruebas, peticiona.-
Que en fecha 6 de agosto de 2019 -33/32- la Sra. González amplia demanda, ofreciendo nuevas pruebas.-
2).- Conferido el traslado de demanda, en fecha 16/09/19 -fs.45/50- vienen el Sr. Carlos José Barrera, DNI. Nº 5.386.347, el Sr. Facundo José Barrera DNI. Nº 24.221.185, ambos por sus propios derechos y el Sr. Facundo José Barrera en nombre y representación de la sociedad de hecho “Barrera Facundo Jose y Barrera Mauricio Carlos S.H.; todos con el patrocinio letrado del Dr. Hugo Fabio Nuñez, contestando la demanda interpuesta en su contra por la actora, solicitando su íntegro rechazo, con expresa imposición de costos y costas.-
Seguidamente por imperativo procesal, niegan todos y cada uno de los hechos que no sean motivo de expreso reconocimiento en el líbelo de responde, reconociendo en dicho aspecto que es cierto que con fecha 30 de julio de 1999 con la actora contrajeron matrimonio y que dicha unión nacieron sus tres hijos José Manuel, Valentina y Juan Segundo, negando expresamente que durante el matrimonio, la actora y el señor Facundo José Barrera hayan adquirido varios bienes de gran caudal económico.-
Comienza diciendo que la realidad de lo acontecido es que si bien durante la vigencia del matrimonio adquirieron distintos bienes, tales como algunos vehículos y alguna maquinaria agrícola, dichos bienes bajo ningún concepto pueden ser considerados de un “gran caudal económico, como mal lo indica la actora en su demanda.-
Al respecto, destaca que Facundo José Barrera junto a su hermano Mauricio Carlos Barrera, toda su vida han desempeñado tareas agrícolas en el campo de propiedad de sus padres, Sr. Carlos Jose Barrera y Graciela Inocencia Gonzalía, en los primeros años colaborando con ellos en los trabajos propios de la explotación agrícola familiar y luego, a principios del año 2.013, conformando ambos una sociedad de hecho, codemandada también en estos autos, a través de la cual continuaron prestando tareas rurales para sus padres y realizando labores como contratistas rurales para distintos productores de la zona de la Orense.- Refieren que luego de constituida dicha sociedad, adquirieron en el mes de Diciembre de 2.013 la cosechadora John Deere motivo de autos.-
De tal manera, aluden que es cierto que Facundo José Barrera se desempeña como contratista rural y que la sociedad de hecho “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H. adquirió por boleto de compraventa una cosechadora marca John Deere, modelo 9660STS, dominio BET 23.-
Sin perjuicio de ello, niegan expresamente que de dicha maquinaria agrícola a la actora le corresponda el 25% indiviso, ni ningún otro porcentaje, por no constarles que al mes de marzo de 2019 su valor de mercado ascendiera a la suma de $ 11.480.000.-
Asimismo, exponen que es cierto que, al momento de la notificación de la demanda de divorcio, dicha cosechadora no había sido inscripta a nombre de la sociedad de hecho “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H., siendo que en realidad nunca se inscribió a nombre de dicha sociedad en virtud que desde mediados del año 2.018, no pertenecía más al patrimonio social por haber sido vendida al codemandado Carlos José Barrera, no siendo dicha circunstancia desconocida por la actora, quién hoy, a través de la acción entablada pretende desvirtuar los hechos, intentando incorporar ilegítimamente un bien al patrimonio de la sociedad conyugal, que al momento de interponer la demanda de divorcio, hacía ya varios meses no pertenecía más a la misma.-
También es cierto que dicha maquinaria agrícola con fecha 20 de Mayo de 2.019 fue inscripta en un 100% a nombre del Sr. Carlos José Barrera; pero por lo expuesto, niegan que dicha transferencia se haya efectuado de manera fraudulenta y/o simulada, señalando que si los hechos fueran como los describe la accionante en su demanda, claramente la sociedad de hecho transmitente del dominio, “Leloir María Dolores y Leloir Carolina” CUIT 30-66749149-1 no hubiese jamás suscripto el día 16 de Mayo de 2019 en conjunto con el Sr. Carlos José Barrera, el Formulario 08 ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, a fin de transmitirle a este último el 100% del dominio de la cosechadora en cuestión.-
Reitera que, al momento de la separación de la pareja, la cosechadora ya no formaba parte de la sociedad conyugal y lógicamente, mucho menos, al momento de que la accionante de autos interpusiera su demanda de divorcio.-
Reconoce que en la transferencia se declaró un valor de $ 1.200.000; pero niegan por no constarles que el valor de la máquina supere los 11.000.000, así como también que tanto la autenticidad material como ideológica de la documentación acompaña por la actora que denomina “Factura proforma” que dice haber sido emitida por “Rural Ceres S.A.”.-
Igualmente, reconocen que tanto el Sr. Carlos José Barrera, como la Sra. Graciela Inocencia Gonzalía tenían conocimiento de la existencia de las actuaciones de divorcio -Expediente. Nº 11.118-, pero claramente, ello no agrega ni quita absolutamente nada a la postura asumida por la actora.-
Niegan expresamente, una vez más, que la transferencia de la cosechadora John Deere haya sido simulada y en fraude de los derechos de la actora; reiterando que si bien la transferencia registral de la misma se efectuó el 20/05/2019, dicho implemento agrícola había sido vendido por la sociedad de hecho a Carlos José Barrera mucho tiempo antes de la separación de la pareja; negando que se haya efectuado con el objetivo de no serle abonados los créditos patrimoniales de los cuales resulta ser legítima titular la actora.-
También, niegan que Carlos José Barrera al mes de Mayo de 2.019 no se encontrara con posibilidades económicas de proceder a la adquisición de la cosechadora John Deere objeto de demanda, como que su compra no tuviera ninguna utilidad económica.-
En igual sentido, niegan que Carlos José Barrera no realice ninguna actividad agropecuaria, que el acto jurídico por el cual le fuera transferida la cosechadora haya sido un negocio simulado y en fraude de los legítimos derechos de la actora.- Al respecto, señalan Carlos José Barrera y su esposa, Sra. Graciela Inocencia Gonzalía resultan propietarios del predio rural de aproximadamente 350 hectáreas en donde se encuentra el inmueble que fuera sede del hogar conyugal, ubicado a escasos 40 metros del inmueble en donde habitó desde los años 70 el matrimonio, siendo dicho predio, desde su adquisición hasta la actualidad, es decir por aproximadamente más de 40 años explotado por Carlos José Barrera, con lo cual mal puede la accionante señalar, como lo hace en su demanda, que no se encontraba, al mes de Mayo de 2019, con posibilidades económicas de proceder a la adquisición de la cosechadora John Deere y que no tenía ninguna utilidad su compra.-
Por ello, niegan una vez más, que la transferencia de la cosechadora a favor de Carlos José Barrera haya sido simulada y en fraude de los derechos de la actora.- En virtud lo expuesto, niegan expresamente que a la actora le corresponda el 25% indiviso, ni ningún otro porcentaje de la cosechadora en cuestión; reiterando la negación en cuanto a que la transferencia haya sido simulada ilícitamente y que haya habido intención de perjudicar los derechos patrimoniales de la actora; y que el acto sea nulo y así deba ser declarado.-
Por último, los accionados niegan expresamente que el acto jurídico en virtud del cual se inscribió a nombre de Carlos José Barrera la cosechadora John Deere sea inoponible a la actora, que el mismo haya sido hecho en fraude a sus derechos; que haya existido propósito de defraudarla; que haya causado y agravado la situación patrimonial de Facundo José Barrera; que exista el propósito de no abonarle los derechos patrimoniales de los que resulta legítima titular la accionante con motivo del divorcio interpuesto; así como que todo ello se agrave aún más atento a que quien se transfirió la cosechadora sea el padre de Facundo; que dicho acto jurídico haya provocado y agravado la insolvencia del mismo y que su padre tuviera conocimiento de dicha circunstancia.-
Realizan consideraciones en cuando a la demanda interpuesta, solicitando su rechazo, con expresa imposición de costos y costas a la actora.-
Desconoce documentación acompañada en demanda que no revista la calidad de instrumento público o no cuente con la certificación correspondiente emitida por escribano, autoridad o funcionario público competente.-
Ofrece pruebas, peticiona.-
3).- Que en fecha 17 de octubre de 2020 se celebra Audiencia Preliminar en los términos del art. 842 del C.P.C.C., procediéndose en dicho acto a fijar los hechos litigiosos y ordenándose la apertura a del juicio a prueba (Arts. 842, 843 y concs. del CPCC.-).-
4).- Que en fecha en fecha 2 de septiembre de 2021 se lleva a cabo la Audiencia de Vista de Causa, procediendo a la reapertura del acto en fecha 15 del mismo mes a los fines allí consignados.-
5).- Que en fecha 1 de octubre del corriente año, vuelven los presentes actuados a despacho a dictar la correspondiente sentencia, estando este proveído firme y consentido.-
PRIMERO: Que conforme la documentación acompañada al presente y lo que surge de los autos "González, Jorgelina c/ Barrera, Facundo José s/ Divorcio por Presentación Unilateral", expediente nro. 11.118 -que a la vista tengo-, se encuentra debidamente acreditado que en fecha 30 de julio de 1999 la Sra. Jorgelina González y el Sr. Facundo José Barrera han contraído matrimonio, interponiendo demanda de divorcio la actora en fecha 22 de marzo de 2019, siendo notificada la misma el 10 de abril de 2019, tal cual da cuenta la cédula obrante a fs. 24 de las citadas actuaciones, dictándose en fecha 13 de agosto de ese año la correspondiente sentencia, por la cual se ha decretado el divorcio y la disolución de la comunidad de bienes, según consta a fs. 45/49, estando la Sra. González a partir de ello, debidamente legitimada para la promoción de esta demanda.-
Que teniendo en cuenta la naturaleza de esta acción, el art. 333 del CCCN. resulta aplicable a este caso al señalar que: "La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.".-
Entre los requisitos necesarios para que el acto sea simulado, debe evaluarse inicialmente que se encuentre integrado por los elementos del acto jurídico que establece el art. 259 CCCN., consistiendo la simulación en un acto o negocio jurídico, por el cual las partes intervinientes celebran una declaración cuya voluntad no es verdadera, que persigue como objetivo engañar a terceros, caracterizándose "por constituir una disconformidad entre la voluntad interna y la declarada. Esto es, existe una declaración de voluntad ostensible —fingida— que no tiene correlato en la realidad y que encubre una voluntad distinta de la expresada. Puede ocurrir que el acto consista en una pura apariencia o que esconda otro distinto del manifestado. En el primer caso, el engaño consiste en un simular y, en el segundo, importa disimular, ocultar lo que es".-
Concretamente, se exige que el acuerdo simulatorio sea entre los participantes del negocio, importando que todos convengan en generar una apariencia que tenga por finalidad -reitero- engañar a terceros, siendo éste su elemento primordial.- En este sentido, el art. 334 del Código de fondo clasifica a la simulación en licita e ilícita, estableciendo que: "La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, éste es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas".-
De tal manera, la distinción se basa en los móviles que llevaron a las partes a celebrar el negocio jurídico, resultando la simulación según el contenido del acto absoluta y relativa, siendo la primera de ella cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real, que es una ficción, donde las partes no han tenido intención alguna de celebrar el negocio, por lo que detrás de la apariencia creada por el acto simulado no existe operación jurídica alguna (por ejemplo, cuando se enajenan bienes para sustraerlos de la agresión de los acreedores).-
En cambio, si detrás del acto aparente se esconde otro real, distinto de aquel, estaremos en presencia de una simulación relativa, que puede recaer sobre la propia naturaleza del acto, sobre su contenido, sobre la causa fin, o sobre las personas de los contratantes.-
Que también evaluando su extensión la simulación puede ser total cuando lo simulado involucra integralmente el negocio jurídico y parcial cuando solo una parte del acto es aparente, conteniendo cláusulas y manifestaciones simuladas, por lo que la invalidez de estas cláusulas solo provocará la nulidad del acto cuando afecten elementos esenciales del acto.-
Así, ensayando una definición de simulación dice Acuña Anzorena que: “hay simulación toda vez que exista una disconformidad intencional entre la voluntad y su declaración, acordada entre partes con el fin de engañar a terceros” (“La Simulación de los actos jurídicos”, p. 14).-
SEGUNDO: Pues bien, efectuadas las consideraciones ut supra, a fin de develar el objeto litigioso del presente, primeramente cabe señalar el reconocimiento de la adquisición de la cosechadora marca John Deere, modelo 9660TS, domino BET 23 en el mes de diciembre de 2013 por parte del Sr. Facundo José Barrera, a través de la sociedad de hecho "Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos SH., CUIT. 30-71378070-3, que conforma junto a su hermano Mauricio, habiendo sido tal circunstancia ya indicada de su parte en oportunidad de contestar la demanda de divorcio, al decir que: "...“Si bien es cierto que, junto con mi hermano Mauricio Carlos Barrera y a través de la sociedad de hecho “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H.”, CUIT 30-7137870-3, adquirimos por boleto de compraventa a la señora Carolina Leloir, una cosechadora marca John Deere 9660, año 2.006, -la actora en su demanda equivoca el año por 2.009-; niego expresamente que el 50% de la misma, ni ningún otro porcentaje, forme parte en la actualidad del acervo conyugal.- Por su parte, niego que en la actualidad la valuación del 50% de la misma ascienda a la suma de $ 5.740.000...".-
De igual forma, se encuentra corroborado con la copia certificada de la denuncia de venta suscripta en fecha 26 de abril de 2019 por la Sra. Marina Rodríguez, en su carácter de encargada del Registro de la Propiedad del Automotor -acompañada en los autos caratulados "González, Jorgelina c/ Barrera, Facundo José y Otros s/ Medidas Precautorias" expediente 11.428-, que en el mes de diciembre del año 2013 "Leloir, María Dolores y Leloir, Carolina SH. cuit 30-71378070-3", vendió a favor de la sociedad "Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos SH., CUIT. 30-71378070-3", una cosechadora marca John Deere, modelo 9660TS, domino BET 23.-
A mayor abundamiento, la operación comercial ha sido avalada por la Sra. Carolina Leloir, en representación de la citada sociedad de hecho, informando en fecha 16/09/21 que ha vendido a la firma integrada por el Sr. Facundo José Barrera la cosechadora en cuestión, por la suma de $ 1.144.500, poniendo en conocimiento igualmente que no cuentan con boleto de compraventa, ni recibos de pagos, acompañando copia simple de la factura realizada.-
Por otra parte, del formulario 08 adjuntado, resulta que en fecha 20 de mayo de 2019, la cosechadora objeto de esta litis ha sido inscripta en su 100% a favor del Sr. Carlos José Barrera en su condición de comprador o adquirente, en la suma de $ 1.200.000, figurando como vendedor o transmitente la firma Leloir, María Dolores y Leloir, Carolina SH.-
TERCERO: Que las pruebas ofrecidas por las partes en estas actuaciones para ameritar sus pretensiones, me dan elementos a fin de determinar y/o diagramar una situación de hecho en relación a este caso, que conjuntamente con el derecho que rige en la materia, me permiten formar convicción suficiente de acuerdo a las reglas de la sana critica, en consonancia con los postulados emanados de los arts. 163, 384, 456, 474 y concs. del C.P.C.C.-
Y desde ya adelanto que de la evaluación de las mismas, surge que el reclamo de la Sra. González se ajusta a a derecho, a tenor de las consideraciones que paso a exponer.-
A partir de las aseveraciones ut supra desarrolladas, se encuentra debidamente acreditado que la cosechadora marca John Deere, modelo 9660TS, domino BET 23 ingresó al patrimonio de la sociedad de hecho que conformara el Sr. Facundo José Barrera junto a su hermano Mauricio Carlos en el año 2013, mientras se encontraba en plena vigencia la comunidad de bienes con la Sra. González, teniendo en cuenta el matrimonio conformado desde el año 1999.-
No obstante ello, de acuerdo a la naturaleza de la acción promovida, sabido es que en este tipo de operaciones los terceros afectados resultan ajenos al negocio objetado, imposibilitando esta circunstancias en gran medida tener pruebas directas de la existencia de la simulación, debiendo fundarse sus pretensiones en pruebas presuncionales; sean éstas legales o de hecho.-
La doctrina más moderna pone de resalto que: “mientras el juez debe ser riguroso en la apreciación de la prueba producida por las partes, no puede serlo respecto de terceros”; y en cuanto a los medios “la única prueba que tienen a disposición (los terceros) es la de presunciones; sólo por excepción disponen de documentos o testigos” (Conf. Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil-Parte General”, t. II, p. 317).-“.-
Con iguales lineamientos, Mosset Iturraspe señala que: “si bien es innegable que la prueba de la simulación por terceros comporta casi exclusivamente una actividad presuncional conviene destacar que la casi totalidad de los indicios se desprenden de documentos, informes, libros de comercio, inspección ocular, pericias, confesión judicial, testigos, etc.” (“Negocios Simulados, Fraudulentos y Fiduciarios”, t. I, ps. 260 y 263).-
Ahora bien, para presumir que se trata de un acto simulado, los indicios deben revestir la calidad de ser varios, graves, precisos y concordantes, de forma que el juzgador arribe a una íntima convicción de que el acto celebrado no ha sido real y que la falsedad que encerró tuvo la indudable intención de perjudicar a terceros (Conf. Rivera, Julio César-Medina, Graciela, “Código Civil Comentado-Hechos y Actos jurídicos”, p. 435).-
Alsina refiere a la presunción judicial que puede extraerse o establecerse a partir del indicio, y señala que “las circunstancias particulares del caso pueden robustecer o debilitar la presunción (“Tratado Teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, tomo III, p. 685).-
Se ha dicho también que: “la prueba de que el acto ostensible es simulado corresponde, en principio, a quien lo alega (art. 375 del CPCC). Para ello puede valerse de cualquier medio de prueba, pero será seguramente la de presunciones la de mayor valor, porque en casos como estos, los interesados en fraguar el acto seguramente habrán tomado las precauciones necesarias para ocultarlo y para borrar todos los rastros que pudiera dejar con la intención de desvanecer cualquier elemento probatorio posterior". (conf. SCBA causa Ac. 43.217, sent. del 4/12/1990, Cám. Civ. Y Com. Lomas de Zamora causa n° 69381, “Maggi, Marta Monica c/ Torrado de Maggi Beatriz s/ Simulación" y "Maggi Marta Mónica c/ Torrado de Maggi Betariz Graciela s/ Colación" del 14/08/2012).-
"No puede tratarse sólo de un indicio o hecho que, probado, permita sólo él concluir que un negocio es simulado, sino que deberán existir varios indicios, cuyo número permita llevar a la convicción, según la estimativa judicial, de que la simulación existió. Además, la prueba resultante de los indicios debe ser inequívoca pues de lo contrario la presunción que de ellos se infiriese no sería concluyente, como lo requiere la ley procesal; finalmente, por supuesto, los indicios deben ser concordantes; y en caso de duda razonable, obviamente, el juez debe rechazar la acción de simulación" (Belluscio- Zannoni, Cod. Civil y leyes complementarias, tomo 4, Pág. 426, Ed. Astrea, Bs. As. 1982).-
"La prueba en la simulación es muy difícil, porque se trata de acreditar actos que se celebran en la mayor reserva y sus verdaderas motivaciones quedan retenidas en el fuero íntimo de los que concurren a su formación para darle una apariencia exterior que oculte lo verdadero.La dificultad probatoria hace necesaria una afinada destreza en el análisis profundo de la cuestión fáctica y de la conducta de los negociadores cubierta de sombras y dudas, para poder encontrar señales que permitan descubrir el eclipse con que lo afirmado por uno de los interesados pretenda encubrir lo real de la trama" (Morello, Augusto, la Simulación y su prueba, en J.A. 1996- IV-533).-
En consonancia, con los conceptos desarrollados, analizada las pruebas producidas, el primer indicio que reviste singular importancia lo constituye el parentesco directo entre los participantes de la operación comercial, siendo el comprador de la cosechadora el Sr. Carlos José Barrera, progenitor del Sr. Facundo José Barrera, no pudiendo omitirse de igual modo que la sociedad adquirente y luego vendedora también la integra su otro hijo Mauricio.-
Adunado a ello, según se desprende de la documentación arriba consignada, no puedo soslayar que la trasmisión del bien en ciernes por parte del Sr. Facundo José Barrera en su carácter de integrante la sociedad, se efectivizó en fecha 20 de mayo de 2019, un día antes de la celebración de la audiencia fijada en el juicio de divorcio con la Sra. González, proceso del que sus progenitores tenían pleno conocimiento, según ha sido reconocido por ellos mismos en ocasión de contestar la demanda y lo que surge de las constancias de esas actuaciones.-
Que siguiendo con los indicios que marcan la suerte de esta acción, cabe ponderar la pericia presentada en fecha 29/01/2020 por el Martillero Rolando Lebene, designado en autos, quien detallando pormenorizadamente las características y modelo de la cosechadora objeto de esta litis, concluye diciendo que: "Que de acuerdo a lo descripto, y considerando caracteristicas y modelo del rodado objeto considerando que el mismo se encuentra en buen estado de uso y mantenimiento estimo su valor tomando como fecha de Referencia MARZO DE 2019 suma de Dólares Estadounidenses Doscientos Treinta Mil ( U$S 230000 Precio Final Iva incluido) y de Dolares Estadounidenses Doscientos Diez Mil (U$S 210.000) al día de la presentación.".-
Que a partir de la tasación establecida, estando firme y consentida la pericia, de la cual se ha conferido traslado a las partes en los términos del 473 del CPCC., se infiere que el precio de $ 1.200.000 que figura abonado por el Sr. Carlos José Barrera en el formulario 08 resulta ostensiblemente menor a los valores de mercado que indica el uso negocial en el tiempo que se concretó la operación.-
Adunado a lo hasta aquí expuesto, resulta importante destacar que contrariamente a los principios regidos en los procesos de familia (art. 710 y conc.), en el transcurso de este proceso los participantes del negocio objetado no han acreditado con elementos de pruebas conducentes, la razón, utilidad y/o funcionalidad que tuvo la compraventa de la cosechadora objeto de este litigio, ni cualquier otra de las circunstancias fácticas que pudieran demostrar la buena fe el acto cuestionado.-
Si bien la carga probatoria pesa, en principio, sobre quien alega la simulación, por la índole del litigio y por el principio de la carga dinámica de la prueba, el demandado no puede limitarse a negar los hechos invocados por la contraparte. Por el contrario, se encuentra obligado a ofrecer y producir las pruebas necesarias para determinar la verdad de los actos cuestionados.-
A mayor abundamiento, obsérvese al respecto que sin perjuicio de haber sido intimados los demandados mediante proveído de fecha 22 de mayo de 2020, no han puesto a disposición de la Contadora Analia Luján Caviggia la documentación pertinente para la realización de la pericia ofrecida en autos, a saber la copia del formulario 08 de la transferencia de la cosechadora John Deere domino BET., las DDJJ de ganancias 2015, 2016, 2017 y 2018, declaraciones de IIBB y bienes personales del Señor Barrera Carlos Jose año 2018 y 2019, detalle de las bajas y altas al patrimonio del Señor Barrera Carlos desde el 1 de enero 2019 a 31 de mayo 2019, factura de compra de la cosechadora, Anexo de Bienes de uso DDJJ de ganancias año 2014, del contrato societario y los libros que tuvieren.-
De acuerdo ha sido dicho en el proveído de fecha 27/07/20 -en cuanto a que las conductas asumidas por los demandados serían evaluadas en oportunidad del dictado de sentencia-, cabe considerar que la producción de la prueba pericial, insisto, hubiese permitido develar con mayor precisión hechos invocados en ocasión de contestar la demanda, dirigidos a comprobar certeramente la utilidad de la operación, como igualmente las capacidades económicas, ganancias, situación laboral e impositivas, entre otras cuestiones, de los participantes del acto celebrado, por lo que lo que las actitudes poco colaborativas demostradas evidentemente han sido en desmedro de sus intereses.-
De igual modo, corresponde señalar que los Sres. Barrera no se han presentado a la Audiencia de Vista de Causa fijada, tal como se desprende del acta labrada en fecha 2 de septiembre del corriente año, no pudiendo desconocerse la importancia de este acto procesal en lo concerniente a las diligencias y actuaciones probatorias practicadas en el transcurso de este proceso, según las disposiciones de los arts. 849, 850 y concs. de la ley 13634 que rige los procesos de Familia.-
Con estos lineamientos, reitero que siguiendo los principios que rigen la carga probatoria en los procesos de simulación, es dable evaluar cuáles han sido las actitudes de los accionados, sobre quienes pesaba el deber de colaboración, debiendo éstos haber aportado pruebas que trataran procurar convencer de la honestidad del acto en el cual intervinieron, demostrando así el buen propósito de contribuir a la averiguación de la verdad jurídica objetiva del objeto a resolver, conductas que de modo alguno han llevado adelante en el transcurso de este proceso según las razones especificadas, debiendo interpretarse como indicios en su contra.-
Que la S.C.B.A. en C. 118.824, caratulada : “Arias, Jorge Alberto c/ Durañona, Juan Manuel y Otros s/ Acción Revocatoria” del 8.03.2017 indicó: “Cabe recordar que sobre la acción propiamente dicha, este cuerpo ha expuesto que "De acuerdo con las teorías de las cargas dinámicas, a los demandados por simulación de un acto jurídico por un tercero ajeno a él, no les es suficiente negar la existencia de los hechos fundantes alegados por el demandante, ni afirmar la sinceridad del susodicho acto atacado, puesto que se les hace necesario e imprescindible aportar pruebas que convenzan de la honestidad del negocio cuestionado" (C. 90.342, sent. del 21-XII-2011). Lo cual no supone, obviamente, liberar al actor de su carga de prueba asertiva, plena y convincente, pues de otro modo estaríamos invirtiendo indebidamente el onus probandi. Más cuando se trata de una materia como la juzgada en autos, donde precisamente lo que se busca es desentrañar si un acto ha sido o no sincero.".-
Ocurre que en esta clase de juicios, cuando el actor aporta indicios capaces de generar presunciones, se invierte la carga de la prueba ya que quien pretende desbaratarlas debe arrimar contraindicios o demostrar hechos que revelen que aquellas no poseen los caracteres de gravedad, precisión y concordancia, con otros elementos (Sala F, 29/8/78, ED, 82-287; Sala D, 27/6/72, ED, 46-175).- En el caso, ésto no ha ocurrido, ya que los demandados, si bien no se limitaron a la negativa de la pretensión del actor, no colaboraron ni produjeron prueba de descargo con entidad suficiente para quitar fuerza de convicción a los indicios que podrían sustentar la posición de la contraparte.-
Que así las cosas, está claro que de modo alguno se ha acreditado lo expresado al contestar la demanda, referente a que la cosechadora había sido vendido por la sociedad de hecho al Sr. Carlos José Barrera mucho tiempo antes de la separación de la pareja; no obstante que la transferencia registral se efectuó el 20/05/2019.- Pues bien, hallándose debidamente acreditado que la cosechadora ha ingresado al patrimonio del Sr. Facundo José Barrera como integrante de la sociedad de hecho, cuando estaba plenamente vigente el matrimonio con la Sra. González, sumado a las circunstancias de hecho desarrolladas en cuanto que los participantes directos de la compraventa de la maquinaria agrícola en cuestión resultaban parientes, que la operatoria negocial se ha efectivizado por una suma ostensiblemente menor a los valores del bien en el mercado, que la transmisión se ha llevado adelante a sabiendas del proceso en divorcio en trámite, así como también que los demandados no han aportado pruebas para respaldar sus pretensiones en estas actuaciones, me llevan a concluir que tal multiplicidad de elementos se erigen en indicios que, por su concordancia e importancia, permiten valorar y determinar como probada la causa simulandi, consistente en desviar dicha maquinaria del activo de la comunidad de bienes que conformaba con la actora, para que no integre la liquidación y partición una vez disuelta la masa patrimonial, en claro menoscabo de los derechos de la Sra. González.-
Una característica que suelen presentar los actos simulados es que tienden a una disminución del activo en perjuicio de terceros (Ferrara, F., «La simulación», n.23, p. 174 y ss.; Cámara, H., «Simulación en los actos jurídicos», p. 109; Mosset Iturraspe, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios, p. 27).-
A colación de ello, se ha dicho que la “causa simulandi” es el porqué del engaño y sirve como hilo conductor para guiar al juez en el laberinto de los hechos y orientarlo, por lo que constituye un valioso elemento de juicio a tener en cuenta como corroborante de la existencia de una simulación que objetivamente resulta de otras circunstancias (causa n° 49417, “Sindicatura”, del 29.05.13., con cita de Jorge Mosset Iturraspe, “Contratos simulados y fraudulentos” t. I. “Contratos Simulados”, pág. 318).-
Por último, no puede omitir que ante el requerimiento de la actora, en el curso de este proceso ya se ha cautelado el derecho pretendido de su parte, decretándose embargo preventivo sobre el 50% indiviso de la cosechadora, objeto de esta litis, según se ha resuelto mediante proveído de fecha 20 de abril del corriente año.- En definitiva, tengo la íntima convicción, que evaluadas las pruebas obrantes en autos desde las reglas de la sana crítica, existen indicios graves, precisos y concordantes que constituyen presunciones judiciales que permiten declarar que la compraventa de la Cosechadora John Deere, Dominio BET 23, Modela 9660STS, Motor John Deere, Nº R66081H293320, Chasis Nº H096605716633, a nombre del Sr. Carlos José Barrera ha sido simulada, conteniendo tal acto jurídico vicios propios que han dejado al margen la buena fe de sus participantes con la sola intencionalidad de engañar a terceros ajenos al acto, en este caso a la Sra. González, debiendo haberse inscripto el bien en cuestión a nombre de la sociedad Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos SH., CUIT. 30-71378070-3, correspondiendo en consecuencia a la actora el 25% indiviso de la maquinaria.-
POR ELLO, lo normado por los artículos 34,. 36, 68, 163, 279, 323, 344, 384, 386, 456, 474, y concs., C.P.C.C.; 257, 259, 333, 334, 435, 438, 439, 463, 464, 465, 473, 480, 710 del CCCN. .;19, 33 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, doctrina y jurisprudencia y doctrina legal, es que en definitiva;
1. Haciendo lugar a la Acción de Simulación de Acto Jurídico interpuesta por la Sra. Jorgelina González, DNI. 27.332.885 contra el Sr. Facundo José Barrera, DNI. 24.221.185, la sociedad “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H. CUIT 30-71378070-3 y el Sr. Carlos José Barrera, DNI. 5.386.347, declarando la nulidad del Acto Jurídico en virtud de la cual se inscribiera la cosechadora John Deere, Dominio BET 23, Modelo 9660STS, Motor John Deere, Nº R66081H293320, Chasis Nº H096605716633 a nombre del Sr. Carlos José Barrera, cuando debió serlo a nombre de la citada sociedad de hecho, por las razones dadas.-
2°).- Imponiendo las costas al Sr. Facundo José Barrera, a la sociedad “Barrera Facundo José y Barrera Mauricio Carlos S.H. CUIT 30-71378070-3 y al Sr. Carlos José Barrera, en su carácter de vencidos en el presente proceso (rts. 68, 69 del CPCC.).-
3°).- Regulando los honorarios del Dr. Hugo Fabio Núñez por las labores profesionales en representación de los demandados, atento el valor del IUS arancelario fijado por la SCBA, en orden al mérito, calidad y extensión de los trabajos realizados, a saber: presentación de escritos, contestación de demanda, concurrencia a la audiencia preliminar, en la suma de DOCE IUS, con más aportes (arts. 1, 9, 15, 16, 22, 24, 21, 28, 27, 39, 47, 61 y concs. de la ley nro. 14.967 y art. 1255 del CCCN.).-
Difiriendo la regulación de los honorarios del Dr. Roberto Gabriel Ardiles por sus labores en representación de la actora para una vez cumplidas sus obligaciones previsionales y de colegiatura.-
Estableciendo los estipendios profesionales del Martillero Rolando Lebene por la pericia presentada en autos, en la suma de VEINTIUN MIL PESOS ($ 21.000), más aportes (arts. 57, 58, 59 y concs de la ley 10973 (mod. ley 14085).-
Asimismo, se determinan los emolumentos de la Contadora Ana Luján Caviggia en la suma DOCE MIL PESOS ($ 12.000), mas aportes (arts. 115, 172, 175, 178, 182 y 207 de la ley 10.620 reformado por ley 13.750).-
Se hace saber que la base regulatoria de esta incidencia a los fines de la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, se determinó considerando la tasación de la cosechadora establecida en la pericia presentada por el Martillero Lebene, en un 50% que es lo que perteneciera a la comunidad de bienes que conformarán el Sr. Facundo José Barrera y la Sra. Jorgelina González, convirtiendo la suma de Dolares Estadounidenses a pesos, según la cotización del banco oficial al día de la fecha.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-
Fin de la sentencia