Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126304
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 126.304 "G. B. C. M. C/ S. J. G. S/ LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD"
I. El Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de Necochea, en el marco de un juicio por liquidación de comunidad de bienes, rechazó el planteo de improponibilidad objetiva de la demanda y la excepción de defecto legal opuestos por el demandado, imponiéndole las costas (v. sent. de 6-IV-2022).
A su turno, la Cámara departamental. por un lado, confirmó lo decidido en cuanto al rechazo de la defensa de improponibilidad objetiva de la demanda y, por el otro, revocó lo resuelto en relación a la excepción de defecto legal, disponiendo -en consecuencia- que por aplicación de las reglas de la liquidación de las herencias la actora deberá, en la instancia, presentar un inventario detallado de los bienes que considera integrantes del activo ganancial y de las eventuales recompensas y, en su caso, tramitarse separadamente por vía de juicio incidental las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes. Finalmente, modificó lo establecido en cuanto a las costas, imponiéndolas en un 90% al demandado y un 10% restante a la actora (v. sent. de 13-X-2022).
II. Contra dicho pronunciamiento el accionado, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 28-X-2022), por el cual plantea la conculcación de los arts. 8, 69, 71, 163, 266, 272, 278, 280 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 2, 3, 259, 285, 382, 384, 385, 396, 443, 1018 y 1066 del Código Civil y Comercial de la Nación; 25 y 171 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional.
Se agravia -en prieta síntesis- de lo resuelto en cuanto al rechazo de la excepción de improponibilidad objetiva de la demanda, en tanto alega que "... existiendo una Convención Matrimonial que cambió el régimen de comunidad a separación de bienes -en instrumento privado con firmas certificadas- y que por imperio de los arts. 285 y 1018 puede ser elevado a escritura pública, no puede promoverse una acción de liquidación de comunidad, es una demanda improponible y esto resulta evidente." (pág. 6 del escrito cit.). Asimismo, se queja de lo decidido en lo relativo a las costas (v. pág 7 del escrito cit.).
III. El remedio intentado no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las actuaciones sucedidas- para mantener la solución de origen -en lo que aquí importa destacar- sostuvo que "En modo alguno puede pretender el recurrente, en función de las previsiones contenidas en los artículos 285 y 1018 del C.C.C. que esta omisión de la formalidad pueda considerarse como una obligación de escriturar existente entre las partes, en tanto la convención matrimonial otorgada mediante el instrumento privado de fecha 7/3/2018 no es perfecta ni es plena a los fines de la modificación del régimen y tampoco puede serlo, a la luz de la fecha de extinción de la comunidad dispuesta en la sentencia de divorcio dictada, la que fue fijada el 1/7/2018 (...) De lo actuado en el citado proceso de divorcio surge que fue el propio apelante el que mediante recurso de aclaratoria interpuesto el 4/2/2021 solicita se fije como fecha de extinción de la comunidad el día 1/7/2018." (pág. 9, sent. de 13-X-2022).
A partir de lo cual concluyó que "El planteo del recurrente no puede ser atendido, no sólo por contravenir los efectos de la cosa juzgada, en tanto se pretende retrotraer la extinción de la comunidad a una fecha distinta a la fijada en la sentencia en base a un convenio con vicios de forma, sino por ser contrario a una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. (art. 1067 y su doctrina y 17 de la C.N.)." (pág. cit.).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 3/7 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con que existe una convención matrimonial que cambió el régimen de comunidad a separación de bienes y que podría ser elevado a escritura pública por aplicación de los arts. 285 y 1018 del Código Civil y Comercial de la Nación) se desentienden de aquellos dados por el sentenciante de grado anterior, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela recursiva y permite, también, descartar las infracciones normativas esgrimidas (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo camino debe seguir el achaque referido a la imposición de los gastos causídicos (v. pág. 7 del escrito cit.), puesto que constituyendo esta temática una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, esto es que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 119.933, "Martinetti", resol. de 26-X-2016 y C. 121.805, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 13-IX-2017), al no haberse acreditado ninguna de estas situaciones, no queda otro camino que su repulsa (conf. art. 279, CPCC).
III.3. Igual suerte adversa merece la aducida transgresión a las garantías constitucionales (v. págs. 3/6 del escrito cit.), ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.4. Finalmente, es preciso rememorar que los agravios emparentados con la violación de la manda contenida en el art. 171 de la Carta magna local (v. pág. 3 del escrito cit.), resultan extraños al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, siendo propios de la vía nulitiva (conf. doctr. causas C. 119.528, "Ríos", resol. de 18-III-2015; C. 119.305, "Selvarolo", resol. de 27-V-2015 y C. 120.642, "Aranda", resol. de 1-VI-2016; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/10/2023 11:47:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/10/2023 13:31:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2023 09:16:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:54:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:16:59 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 14:06:20 hs. bajo el número RR-776-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia