Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala II · Causa 27413
En la Ciudad de Quilmes, en la fecha de la firma digital del presente resolutorio, reunida en acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, integrada con los Sres. jueces Gonzalo A. López Cardoso y Diego De Rosa, con la presencia de la Sra. Secretaria, se trajeron para dictar sentencia los autos caratulados "ESTEBAN NORBERTO ENRIQUE C/ ROMERO ROSANA MONICA S/ LIQUIDACION DE REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO", causa Nº 27413.
Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del CPCC, se practicó el sorteo de ley, que dio el siguiente orden de votación: Dr. Gonzalo A. López Cardoso y Dr. Diego De Rosa.
LA CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1. ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
2. ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:
Viene el expediente al Tribunal a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia definitiva dictada en la anterior instancia el 14/10/2025.
El Sr. magistrado de grado homologó el acuerdo alcanzado por las partes en audiencia preliminar y declaró el carácter ganancial del vehículo Toyota Corolla dominio FUI-959 y del inmueble sito en la calle Vicente López N° 3428, Torre 2, 4° "C", Unidad Funcional N° 69 de Quilmes. Asimismo, fijó una recompensa a favor del Sr. Norberto Enrique Esteban por el uso exclusivo ejercido por la Sra. Rosana Mónica Romero respecto de dichos bienes desde junio de 2018, y otra a favor de esta última por el producido de la cesión de derechos efectuada por el Sr. Esteban respecto de un lote ubicado en el Partido de Ayacucho.
Finalmente, rechazó la pretensión vinculada a la determinación de la existencia y carácter de los bienes muebles que integrarían el ajuar del inmueble referido, impuso las costas en el orden causado y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
En su mérito, la parte actora desistió del recurso en esta instancia con fecha 04/12/2025.
En resumidas cuentas, la accionada centró sus críticas en el escrito de agravios presentado el 16/12/2025, que mereció contestación de la contraria el 23/12/2025.
2.1. Primer agravio. Invalidez de la sentencia. Congruencia y derecho de defensa
Se agravia por entender que la sentencia presenta errores lógicos, cronológicos y jurídicos que afectan su coherencia interna y su validez. Cuestiona particularmente la fecha considerada para la disolución de la comunidad y sus efectos sobre la exigibilidad de los créditos, recompensas, canon por uso de bienes e intereses.
Asimismo, denuncia violación del principio de congruencia y del derecho de defensa, sosteniendo que la sentencia confundió el instituto de las recompensas con el canon locativo por uso exclusivo de bienes comunes, resolviendo sobre una base jurídica distinta de la planteada por las partes, por lo que se alteró el objeto de la litis.
2.2. Segundo agravio. Procedencia, retroactividad y cuantificación de los montos fijados
Objeta la procedencia y cuantificación de la suma fijada a favor del actor por el uso exclusivo del inmueble y del automotor gananciales.
Sostiene que no se configuran los presupuestos para la procedencia de recompensa alguna y que, aun de admitirse un canon por uso exclusivo, éste no podía fijarse en forma retroactiva al año 2018 ni calcularse sobre el 100 % del valor locativo y de uso de los bienes, alegando además ausencia de intimación previa y errónea aplicación de las normas que regulan el uso de bienes indivisos.
Se agravia por la recompensa reconocida con motivo de la venta del lote ubicado en Ayacucho, sosteniendo que el producido de dicha operación integra un 100% la comunidad de ganancias y no un crédito personal a favor de alguno de los ex cónyuges, cuestionando la calificación jurídica efectuada en la sentencia.
Impugna la aplicación de la tasa pasiva para el cálculo de los intereses derivados de la recompensa, solicitando la aplicación de la tasa activa conforme doctrina legal de la SCBA, causa "Barrios", por considerar que la solución adoptada provoca una desvalorización del crédito.
3. Conferido y contestado el traslado de ley, el 05/02/2026 se llamaron autos para dictar sentencia mediante providencia que ha adquirido firmeza, lo cual habilita el dictado del presente pronunciamiento (artículo 263 del CPCC).
4. PUESTO A RESOLVER, corresponde recordar que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros y remarcado por destacada doctrina: Fassi- Yánez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, t.1, p. 825).
En su mérito, no habré de seguir a la parte recurrente en todas y cada una de sus alegaciones sino, tan solo, en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto.
Asimismo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino las que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 144:611, entre otros), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama jurídicamente relevantes (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960. p. 791, párrafo 1527), o singularmente trascendentes, como los denomina Calamandrei (La génesis lógica de la sentencia civil, en Estudios sobre el proceso civil, p. 369 y siguientes). A ello puede agregarse que constituye una atribución propia de la magistratura, en el marco del deber de dictar sentencias razonablemente fundadas (argumento artículos 1, 2, 3 y concordantes del CCCN), aplicar el derecho a las cuestiones sometidas a su conocimiento y, por ende, efectuar la calificación jurídica de los hechos controvertidos alegados (en sentido similar: SCBA LP C 122523 S, 10/07/2019, Sumario Juba B 26424; asimismo: FALCON, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Santa Fe, Rubinzal–Culzoni, 2014, tomo X, p. 180/181).
“Las limitaciones impuestas al juez en cuanto a los hechos (…) no rigen tratándose del derecho, porque aunque las partes no lo invoquen o lo hagan en forma errónea, al juez corresponde calificar la relación sustancial en la litis y determinar la norma jurídica que rige” (ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de Derecho Procesal, Buenos Aires, Ediar, 2002, tomo II, p. 246).
La demandada entiende que la sentencia es arbitraria, incongruente y fundada en una errónea aplicación del derecho.
Asimismo, indica que el pronunciamiento presenta errores lógicos, cronológicos y jurídicos que afectan su validez. Denuncia la violación del principio de congruencia y del derecho de defensa.
Analizadas las actuaciones, adelanto que dichos agravios vertidos no pueden ser de recibo.
Ello es así, pues, más allá de la terminología utilizada por el Sr. colega de grado, la solución finalmente propiciada en el pronunciamiento constituye una derivación lógica y coherente de los hechos alegados y eventualmente probados por las partes, al tiempo que, además de encontrarse razonablemente fundada, ha sido fruto de un análisis coherente del plexo probatorio, todo ello de conformidad con los poderes y deberes inherentes al oficio jurisdiccional (argumento artículos 1, 2, 3, 9, 12 y concordantes del CCCN y artículos 34, 36, 163, 384 y concordantes del CPCC).
Especialmente en el terreno de los procesos de conocimiento, la fuerza probatoria necesaria para acreditar los hechos invocados y conducentes se construye a partir de una ponderación y apreciación jurisdiccional específica y razonada de las pruebas producidas, la cual, llegado el caso, incluso deberá complementarse con la valoración de las presunciones pertinentes (argumento artículo 163 del CPCC). Tal labor jurisdiccional permite a la judicatura esclarecer los hechos fundantes del litigio y, en consecuencia, arribar mediante la sentencia a una conclusión sobre la procedencia de las pretensiones deducidas, cumpliendo así con la finalidad individual y social del proceso judicial.
En el caso bajo examen y tal como se adelantara, no se advierte que el Sr. magistrado de grado se haya apartado de las reglas de la lógica, ni que haya incurrido en una valoración irrazonable o errónea de los medios de prueba en relación con los hechos litigiosos.
Dado lo anterior, entonces, tampoco pueden prosperar las quejas vinculadas a la violación del principio de congruencia, el cual constituye una garantía esencial de todo proceso en resguardo del derecho de defensa en juicio y que, en términos sencillos, impone la necesaria correlación entre lo peticionado, lo debatido y lo resuelto por el tribunal (en sentido similar: FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Astrea, 2006, p. 49/50).
Teniendo en cuenta los poderes-deberes inherentes a la judicatura, junto con lo antes expuesto en lo atinente a la facultad de calificación legal, así como a la interpretación y aplicación del derecho, lo cierto es que de la lectura integral de la causa se advierte que la selección, análisis y ponderación de los medios probatorios producidos se han desarrollado en función de los hechos controvertidos y conducentes fijados por el órgano jurisdiccional con anuencia y participación de las partes, sin que ello implique alteración alguna del objeto del proceso, ni afectación del derecho de defensa.
A ello puede agregarse que, aun cuando el recurso de apelación llevaínsita la nulidad por defectos de la sentencia (argumento artículo 253 del CPCC), es indudable que la firmeza del llamamiento de autos produce, entre sus efectos jurídico-procesales, la purga de cualquier nulidad o vicio anterior del procedimiento. Es que las formas han sido instituidas para garantizar el debido proceso y la defensa en juicio de las partes, de modo que, donde no existe indefensión, no cabe hablar de nulidad.
Nótese que, más allá de los términos utilizados por el Sr. magistrado de la instancia en el decisorio recurrido, o de la fundamentación jurídica expuesta por el pretensor en la demanda, resulta incontrastable que el fallo ha hecho mérito de los extremos fácticos invocados y probados, por lo que dicha circunstancia carece de entidad suficiente para engendrar la nulidad pretendida vía recursiva.
De ello se sigue que, contrariamente a lo alegado y tal como se anticipara, no se advierte afectación alguna al irrestricto derecho de defensa en juicio. Antes bien, a criterio de esta judicatura, ambas partes han contado, en función de la amplitud de debate y conocimiento propio de las presentes actuaciones, con plenas posibilidades de ofrecer, producir y controlar los medios probatorios admisibles y pertinentes. Tal es así que, al momento de la audiencia preliminar, consintieron la apertura a prueba y el proveimiento de los medios decretados en dicha oportunidad.
En síntesis, luego de un análisis integral de la causa y de su desarrollo procesal, entiendo que en este particular caso las circunstancias señaladas no alcanzan para descalificar como acto procesal válido a la sentencia dictada, desde que esta se presenta como una decisión derivada del derecho vigente y se corresponde con los planteos de las partes (argumento artículos 16, 18, 31, 75 "inciso 22" y concordantes de la Constitución Nacional, argumento artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, argumento artículos 1, 2, 3, 9, 12 y concordantes del CCCN y argumento artículos 34, 36, 163, 242, 243, 267, 484, 827, 838, 842, 843 y concordantes del CPCC).
La accionada objeta la procedencia y la cuantificación de la suma fijada por el uso del inmueble y del automotor gananciales.
Refiere improcedencia de la recompensa y en subsidio del canon fijado. Cuestiona su retroactividad, cuantificación y señala ausencia de intimación previa.
En primer término cabe referir que arriba incontrovertido a esta instancia de apelación la existencia y calificación legal como gananciales, de los siguientes bienes: vehículo marca Toyota, modelo Corolla, año 2006, dominio FUI-959 y asimismo, el inmueble sito en la calle Vicente López 3428, torre 2, 4º C, Unidad Funcional Nº69 (Barrio Torres de Quilmes), Ciudad y partido del mismo nombre.
5.b.1. Sentado ello, corresponde puntualizar que, una vez extinguida la comunidad, sobreviene entre los ex cónyuges con relación a la masa de bienes que integran el acervo conyugal, un período denominado indivisión poscomunitaria que subsiste hasta la liquidación y partición de la comunidad.
El CCCN establece una serie de reglas específicamente aplicables al período de indivisión poscomunitaria cuando, como ocurre en el caso a raíz del divorcio, la extinción de la comunidad se produce en vida de ambos esposos, tanto en lo atinente a la administración de los bienes, las medidas protectorias, el uso de los bienes indivisos, los frutos y rentas, el pasivo y los efectos frente a los acreedores, entre otros aspectos (argumento artículos 475, 480, 481 y concordantes del citado ordenamiento).
En efecto, en lo concerniente al uso de los bienes indivisos, el artículo 484 del código dispone, en lo que aquí interesa, que: "cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino en la medida compatible con el derecho del otro (...) el uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad distinta, da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la oposición fehaciente y en beneficio del oponente".
"Otra de las reglas incorporadas en la sección especial dedicada al período de la indivisión poscomunitaria es la contenida en el artículo 484 del CCyC que reconoce el derecho a cada copartícipe de usar y disfrutar exclusivamente, conforme a su destino y en la medida compatible con los derechos del otro, no sólo los bienes indivisos de su titularidad sino los de titularidad del otro también. La solución recoge la copiosa jurisprudencia que admitía el reclamo de un canon locativo por el uso exclusivo de un bien ganancial" (Kemelmajer de Carlucci, Aída–Herrera, Marisa y Lloveras, Nora, Tratado de Derecho de Familia, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2016, tomo V-A, p. 163).
5.b.2. Compulsadas las actuaciones, estimo que los agravios vertidos con relación a la procedencia del canon locativo, no resultan atendibles.
Ello es así, por cuanto no se encuentra discutido que la Sra. Rosana Mónica Romero utiliza en forma exclusiva los bienes gananciales de marras, esto es, el inmueble sito en la calle Vicente López N° 3428, torre 2, 4º "C", Unidad Funcional N° 69 (Barrio Torres de Quilmes), ciudad y partido del mismo nombre, y el rodado Toyota modelo Corolla, año 2006, dominio FUI-959, por lo que entiendo razonable la fijación de una suma dineraria en compensación por dicho uso exclusivo (argumento artículos 475, 480, 481, 484 y concordantes del CCCN y artículos 358, 827 y concordantes del CPCC; en sentido similar: CC0001 SM 57471 RSD-86-6 S 20/04/2006, Sumario Juba B1951561 y CNCiv., Sala B, 13/10/1981, "A. C. L. c/ D. de A. N. B. y otros", LL 1982-B-381, AR/JUR/4190/1981, entre otros).
5.b.3. Ahora bien, en lo concerniente al momento a partir del cual resulta exigible el canon, corresponde señalar que, en supuestos como el de autos y de conformidad con lo normado por el artículo 484 del CCCN, que regula el uso de los bienes indivisos durante el período de indivisión poscomunitaria, el derecho a indemnizar al copartícipe nace a partir de la oposición fehaciente y en beneficio del oponente.
De esta suerte y habida cuenta de que no obra en autos acreditada la realización de interpelación previa fehaciente manifestando la oposición al uso exclusivo, considero que corresponde, entonces, tomar la fecha en la cual se ha notificado por cédula electrónica el 15/08/2023 a la requerida de la demanda impetrada, como el momento a partir del cual ha quedado concretamente explicitada la oposición del actor al uso exclusivo de los referidos bienes y, por ende, el consecuente nacimiento del derecho a exigir el pago del canon (argumento artículo 484 y concordantes del CCCN y argumento artículos 136, 330, 827 y concordantes del CPCC).
En el mismo sentido, se ha dicho que "la notificación configura la interpelación desde el momento que el deudor de la obligación se encuentra, por ese acto, suficientemente esclarecido sobre la consistencia de su obligación, sin perjuicio que el quantum solo se determine en la sentencia. Más allá de las alegaciones de la actora respecto de haberlo reclamado en innumerables ocasiones, ella no ha referido un acto procesal anterior que implique tal reclamo. El requerimiento no existió hasta la fecha de la notificación de la demanda" (Cámara Civil y Comercial de La Plata, Sala I, causa 133497, 28/2/2023, RS40, autos: "T. M. L. C/ R. J. A. s/ Materia a categorizar". En sentido similar: CC0002 SM 52684 RSD-101-3 S 09/04/2003, Sumario Juba B 2002525).
"[E]l cónyuge que ocupa en forma exclusiva y excluyente un inmueble ganancial durante el período de la indivisión poscomunitaria debe compensar al otro cónyuge el valor locativo del cual se ve privado mediante la fijación de un canon proporcional a la parte de éste (...) este canon compensatorio comenzará a correr a partir del reclamo judicial o extrajudicial que efectúe el cónyuge excluido del inmueble, y no desde el comienzo de la ocupación del otro, considerándose que hasta que se produzca el reclamo ha existido consentimiento tácito con la ocupación gratuita" (SAMBRIZZI, Eduardo Antonio, El régimen patrimonial del matrimonio en el nuevo Código Civil y Comercial, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 550).
En virtud de lo expuesto, estimo que corresponde admitir el agravio de la recurrente en cuanto al momento a partir del cual resulta exigible el canon por el uso de los bienes gananciales, fijándolo al día 15/08/2023.
5.b.4. Con respecto al cuestionamiento del monto fijado en la anterior instancia por el uso exclusivo, entiendo que para la resolución del agravio corresponde atender principalmente a lo que resulta de la pericia practicada en autos, pues ésta se erige como el medio probatorio más idóneo para tal cometido (argumento artículos 384, 458, 473, 474 y concordantes del CPCC).
En efecto, de la pericia agregada con fecha 27/02/2025 y explicaciones brindadas el 27/03/2025, las que son analizadas conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 384 del CPCC), se desprende que el Sr. Martillero, Sr. Ricardo Benjamín Boudin, de acuerdo a su experticia ha establecido los distintos valores locativos concernientes al inmueble y al vehículo en cuestión.
Siendo así, dada la calificación como ganancial de los bienes aludidos y la importancia que tiene la prueba pericial referida, ello no obstante los cuestionamientos formulados en la anterior instancia, entiendo y así lo propondré al Acuerdo, que deberá hacerse lugar a los agravios planteados en tal sentido (argumento artículo 481, 484 y concordantes del CCCN y argumento artículos 163, 242, 243, 267, 375, 384, 473, 474, 844 y concordantes del CPCC).
En consecuencia y a tenor de las facultades otorgadas a la judicatura (argumento artículos 34, 36, 165 y concordantes del CPCC), para la fijación de marras deberá tomarse como valor locativo el cincuenta por ciento (50%) de las sumas informadas por el Sr. Martillero, es decir, la suma de pesos ciento cuarenta mil ($140.000) mensuales en lo atinen
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.