Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125185
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.185 "S, F. C/ G. N. R. S/ LIQUIDACIÓN DE RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO"
I. El doctor Horacio Daniel Paglia deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el remedio de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. trámites "Resolución registrable" de 19-XII-2022; "Recurso extraordinario federal-deduce" de 14-II-2023 y su PDF adj. titulado "INTERPONE+RECURSO+EXTRAORDINARIO.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente -en lo que interesa destacar- confirmó el fallo del órgano de grado en cuanto declaró inaplicable el convenio celebrado entre el aquí recurrente y la demandada N. R. G. Asimismo, dejó sin efecto la regulación de honorarios allí efectuada y ordenó practicar nueva liquidación, conforme la pautas que fijó (v. "Honorarios-se regulan" de 11-IX-2020 y "Sentencia interlocutoria" de 12-V-2021)
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de garantías constitucionales y convencionales (arts. 14 bis y 17, Const. nac.; XIV, DADDH; 5, CADH; 7 inc. "b", PIDESC; v. pág. 19, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran los derechos constitucionales, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso, en particular las causas "Strada" y "Di Mascio" (CSJN, Fallos: 238:434; 240:101; 247:253; 115:263; 193:524; 244:279; 234:52; 242:462; entre otros).
En tal sentido, aduce, que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la vigencia y validez del pacto de cuota litis celebrado con su patrocinada y la fraudulenta revocación de ese patrocinio letrado. Y asevera que dichos cuestionamientos resultaban aptos para dar cuenta de que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y que -contrariamente a lo expuesto- se demostró el absurdo de su fallo y la violación de la normativa y doctrina legal invocada en el remedio local (v. págs. 7/20, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. "Proveído" de 3-V-2024), el mismo no fue contestado.
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias para declarar inaplicable el convenio de honorarios y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y los de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley. En efecto, reitera -en sustento de su posición- los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar respuesta en la decisión atacada (v. "Recurso extraordinario-interpone" de 18-VIII-2021, resolución en crisis y págs. 7/20, adj. cit.).
IV.3. Asimismo, corresponde agregar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (pág. 19 adjunto cit.) así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 122.810, "Zubiri", resol. de 24-V-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2024 10:34:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2024 13:23:19 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2024 18:50:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2024 11:17:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2024 13:39:00 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/10/2024 13:54:30 hs. bajo el número RR-671-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia