Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 159129
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada. Las costas de alzada se imponen a la apelante vencida (art. 68 del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA
REGISTRO N° 53-R FOLIO N° 103/6
EXPEDIENTE N° 159.129 Juzgado de Familia N ° 6
“ C. J. H. C/ S. S/ LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL ”
Mar del Plata, 7 de marzo de 2019
Los presentes autos caratulados: “ C. J. H. C/ S. F. S/ LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL ”, traídos a despacho para resolver el recurso de apelación articulado y fundado por la demandada a fs. 4527/4528, contra la resolución de fs. 4523/4525. El recurso es contestado a fs. 4531/4533.
I. En el auto cuestionado, la Sra. Juez de Familia hizo lugar a la solicitud efectuada por el Sr. C., en relación al inmueble ubicado en calle … de esta ciudad, y determinó que el pago de los impuestos provinciales y municipales que afectan la referida propiedad se encuentran a cargo de la Sra. S., desde la fecha de su adjudicación en el convenio que entre las partes operó el 13 de noviembre de 2014.
Asimismo, autorizó la inscripción dominial del inmueble referido en un 100% a favor de la Sra. F. S., conforme a los términos del acuerdo obrante a fs. 3793 y la modalidad de actuación notarial allí pactada.
Finalmente, dispuso el levantamiento de las medidas cautelares de embargo decretadas en estas actuaciones en relación a aquel bien, a fin de efectivizar la inscripción autorizada en el punto precedente. Impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Alega la recurrente que no discute el acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal celebrado con el Sr. C., sino la interpretación que hizo la Sra. Juez en cuanto al momento de la obligación de pago de los impuestos y tasas que gravan el inmueble que se le asignó y la contraparte se comprometió a adjudicarle, pues era de su propiedad. Agrega que el bien fue el asiento del hogar conyugal y ella tenía la posesión al momento de suscribir el convenio.
Considera que su parte no debe tasas e impuestos desde el acuerdo (noviembre/2014), sino a partir de que se formalice la escritura traslativa de dominio a su nombre, por la que el Sr. C. le adjudique el 100% que todavía está en su patrimonio por no haber escriturado en el plazo de 60 días desde que se firmó el convenio, tal lo estipulado.
Señala que, en el nuevo ordenamiento, el derecho real inmobiliario requiere un título suficiente (escritura pública), sumado a un modo suficiente (tradición) y la inscripción registral para su oponibilidad plena.
Transcribe la parte pertinente del acuerdo celebrado el 13/11/2014, y expone que si bien se procedió a la división de bienes, se dejó establecido que debía otorgarse la escritura y, a su juicio, es a partir de ese momento que nace la obligación de pagar los impuestos y tasas del inmueble que se le asignó.
Manifiesta que la publicidad del derecho real es requerida para su oponibilidad frente a terceros interesados y de buena fe, de tal manera que ella nunca pudo disponer de la propiedad en un 100%, no pudo venderlo ni locarlo, lo que le ha generado daños y perjuicios que reclama también por el presente, dejando supeditada la prueba hasta el momento oportuno.
Refiere que el segundo agravio radica en que la juzgadora trajo a colación cuestiones suscitadas en los autos de divorcio y en ellos no se arribó a ningún acuerdo de liquidación, dando lugar al inicio de estas actuaciones.
Finalmente, como tercer agravio plantea que la Sra. Juez yerra en el derecho aplicable y vulnera principios constitucionales, como el de tutela judicial continua y efectiva, así como el de confianza legítima pues el Sr. C. no cumplió con su obligación de hacer, que era la de adjudicarle por escritura pública el 100% que le pertenece, acto a partir del cual comenzará a efectuar los pagos reclamados.
III. El recurso no puede prosperar.
1. De las constancias existentes en las actuaciones, se desprende que -a fs. 3793/3794- las partes convinieron: a) Que el inmueble ubicado en la calle … de esta ciudad, que fuera sede el hogar conyugal, se adjudica en el 100% a la Sra. F. S.. b) Que los costos de adjudicación del inmueble descripto en el apartado anterior serán a cargo exclusivamente del Sr. C. quien seleccionará al escribano interviniente. c) Que el plazo para la escrituración del inmueble que se describe en el apartado anterior será de 60 días una vez cumplidos con el pago de todos los recaudos fiscales y previsionales necesarios (tasa de justicia, sobretasa, honorarios y aportes en la proporción correspondiente, ingresos brutos, etc.).
La recurrente no cuestiona el acuerdo de liquidación de sociedad conyugal celebrado con el Sr. C., sino la interpretación efectuada por la Sra. Juez en relación al momento en que a su parte le correspondía abonar los impuestos provinciales y municipales que afectan el referido inmueble.
Es preciso señalar que, en este acuerdo, las partes manifestaron su voluntad y la exteriorizaron por escrito (art. 262 CCyC) ante funcionario público -Consejera de Familia del juzgado de origen-, y de ella da cuenta el acta labrada en la audiencia llevada a cabo el 13 de noviembre de 2014 (v. fs. 3793/3794) y que, posteriormente, mereciera la homologación de los acuerdos a los que arribaron en aquella oportunidad (v. resolución del 4/12/2014, de fs. 3807/3808).
Al respecto, cabe destacar que “ el elemento fundamental del negocio jurídico es la declaración de voluntad, lo que presupone que exista una voluntad como sustrato de la declaración teniendo esa declaración valor instrumental respecto de la voluntad” (Messineo, Manual de derecho civil y comercial, 1971, t. II, p. 359; Santos Briz, Derecho Civil. Teoría y práctica, 1973, t. I, p. 611; von Thur, Derecho Civil. Teoría general del derecho civil alemán, trad. de Tito Ravá, 1948, t. II, vol. II, p. 74, cit. por BUERES, Alberto J., Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Parte general , Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2016, T. 1 B, p. 128; esta Sala en causa N° 163.002 RSD-112-17 del 18/5/2017).
2. En este caso, al convenio de liquidación de la sociedad conyugal entre actora y demandada le resultan aplicables las normas relativas a los contratos y, en este sentido, es preciso recordar que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Asimismo, que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes, y su contenido sólo puede modificarse o extinguirse por un acuerdo entre éstas o en los supuestos previstos por la ley (conf. arts. 958 y 959 del CCyC) .
De ello se infiere, que esa declaración de voluntad escrita quedó plasmada en el instrumento suscripto por ambos, en presencia de la Consejera de Familia, y para este negocio jurídico las partes contaron con asistencia letrada (arts. 289, 290, 296 incs. a y b CCyC).
De esta manera, teniendo en cuenta que de la lectura del acuerdo surgen claros los términos en los que se adjudicó a la Sra. S. el inmueble en cuestión, sin lugar a dudas la interpretación efectuada por la Sra. Juez de Familia es correcta y, por ello, la resolución atacada se ajusta a derecho.
3. En efecto, a partir de la suscripción del convenio quedó adjudicado a la demandada el 100% de la propiedad de calle … de esta ciudad, limitándose el compromiso asumido por el Sr. C. a afrontar los pertinentes costos registrales que tal adjudicación implicaba, lo que en modo alguno incluía, como pretende la Sra. S., los impuestos provinciales y municipales que afectan el bien, los que -obviamente- deben ser soportados por ella.
Repárese que, en la presentación de fs. 4521/4522, el accionante reiteró el pedido de inscripción de los inmuebles adjudicados mediante el convenio, pues ya se había autorizado la intervención de la Escribana Aicega, y expresó que la Sra. S. disponía del uso y goce de la vivienda -sede del hogar conyugal- desde el momento de la separación, y al momento de firmar la conversión de divorcio, en fecha 18/3/2013, pactándose expresamente que “el rubro pago de impuestos del inmueble de calle …, se mantendría hasta el momento de la liquidación y/o adjudicación de los bienes de la sociedad conyugal, momento en el cual cada cónyuge contribuiría al pago de los impuestos de los bienes que se le adjudicara”, referencia ésta que, más allá de lo alegado en la memoria, constituye un dato relevante para interpretar lo acordado entre partes.
4. Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en el art. 961 del CCyC: “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor”, a lo que debe agregarse el art. 9 del código citado que prevé: “Los derechos deben ser ejercidos de buena fe”.
En este lineamiento, nuestro Máximo Tribunal Provincial ha sostenido, que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (…) (conf. doctr. SCBA causas B. 48.973 S 23-XI-2016; B. 65.011, S 29-III-2017).
Asimismo, como una derivación necesaria e inmediata del principio general de buena fe resultan inadmisibles las alegaciones que importan ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (SCBA, C 121223 S 06/06/2018). La doctrina que impide volver contra los propios actos constituye un principio basado en la buena fe y su fundamento radica en que la conducta anterior ha generado, según el sentido objetivo que de ella se desprende, confianza en que quien la ha emitido, permanecerá en ella (SCBA, C 119253 S 29/11/2017).
5. En función de lo expuesto, consideramos que la interpretación del convenio realizada por la Sra. Juez es correcta, pues de los términos convenidos no surge que la obligación de la Sra. S. de abonar los impuestos provinciales y municipales deba diferirse hasta que se formalice la escritura traslativa de dominio, ya que, entre las partes, el acuerdo produce efectos desde la fecha en que fue suscripto en sede judicial. Es decir, que la adjudicación del inmueble de calle…. operó el 13 de noviembre de 2014 , tal lo estipulado en el convenio glosado a fs. 3793/3794.
Finalmente, es preciso señalar que el aplazamiento de los 60 días pactados para otorgar la escritura pública no resulta imputable al Sr. C., sino a las distintas incidencias suscitadas entre la demandada y sus anteriores letrados, y esta circunstancia constituye una razón más para confirmar lo dispuesto en primera instancia. Corresponde, entonces, desestimar el recurso de apelación intentado por la demandada.
Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas, y lo normado por los arts. 9, 262, 289, 290, 296 incs. a y b, 957, 958, 959, 961, y concds. del Código Civil y Comercial; y los arts. 34, 36, 161, 242, y concds. del CPC
RESOLVEMOS :
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada. Las costas de alzada se imponen a la apelante vencida (art. 68 del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
III. Transcurrido el plazo previsto por el art. 267 del CPC, devuélvanse los autos al juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia