Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 20084
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda de liquidación conyugal respecto del fondo de comercio indicado en el escrito liminar, la que se admite y debiendo incluirse el mismo dentro de la masa a partir, MODIFICARLA asimismo en cuanto a la cuestión de los ingresos de las partes por su trabajo o profesión, debiendo incluirse también en dicha masa los existentes, de ambas partes, al momento de la separación; modificando el fallo en cuanto a la imposición de costas, dejando establecido que las costas por la demanda quedan en cabeza de la accionada y las costas por la reconvención quedan en el orden causado, CONFIRMANDOLO en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, en un 90% a cargo de la demandada y en el 10% restante a cargo del actor (arts. 68 y 71 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
“PEREZ DANIEL OSCAR C/ HERNANDEZ ADRIANA ZULMA S/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL ”
Causa Nº F8-20084 R.S. 86/2020
Con fecha 12 de Mayo de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 3 de la Res. 480/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "PEREZ DANIEL OSCAR C/ HERNANDEZ ADRIANA ZULMA S/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL", Causa N º F8-20084 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Familia nro. 8 Departamental con fecha 29 de Mayo de 2018 dictó sentencia en la que admitió parcialmente la demanda y la reconvención en los términos que de allí surgen.-
2. Contra tal forma de decidir solamente se alzó la actora, interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente y se fundó con la expresión de agravios de fecha 25 de Junio de 2019 replicada con el escrito de fecha 10 de Julio de 2019.
3. A fs. 537vta. se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La actora objeta varios aspectos del fallo.
En resumidas cuentas, se queja de la no inclusión de algunos de los bienes que fueron objeto de reclamo inicial, como así también de la no fijación de un valor al inmueble de autos y, finalmente, de la forma en que fueron impuestas las costas.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en homenaje a la brevedad.-
A) Preliminarmente debo señalar que, a mi modo de ver, la expresión de agravios de la parte actora sortea, en líneas generales y sin perjuicio de lo que indicaré respecto de algunos aspectos en particular, la valla del art. 260 del CPCC.-
Con lo cual, puedo ya ocuparme del fondo del asunto.-
B) Y a modo de cuestión preliminar es necesario efectuar una precisión acerca del ordenamiento jurídico que resulta de aplicación al presente.-
La Sra. Juez de Grado aborda el tema desde la perspectiva de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos en análisis, siguiendo el mismo criterio que desde esta Sala hemos utilizado, y sobre el tema no existe agravio de las partes, con lo cual he de asumir idéntica postura.-
C) Sobre este piso de marcha, y definido ya el ordenamiento jurídico aplicable, continúo mi análisis con el abordaje de las quejas.-
Y lo haré parceladamente, para dotar a mi razonamiento de la mayor claridad expositiva.-
Comienzo con lo atinente a la no inclusión en el listado de bienes objeto de liquidación al fondo de comercio.
Para ello, es bueno historiar las pretensiones, y oposiciones, de las partes.
Si vamos al escrito de demanda, vemos que allí el actor enumera los bienes que -desde su perspectiva- debían ser objeto de liquidación.
Al promover su demanda, el actor fue bien claro al señalar -entre esos bienes- el fondo de comercio y las utilidades del que funciona como Farmacia, ubicado en la localidad de Libertad, entre las calles Gaboto y Lorenzini (ver fs. 6vta.)
Ahora bien, conferido el traslado del caso, y como bien se lo resalta en los agravios, la demandada no desconoce la existencia de este fondo de comercio (ver fs. 40/vta.) sino que menciona otro fondo de comercio y, en el contexto de su escrito, habla expresamente de " las farmacias " (ver fs. 41) y de " sendos comercios ".
Es mas, a fs. 42, cuando lista los bienes mencionados por el actor, se limita en su réplica a escribir un renglón inacabado como punto 4.
Llegado este punto, es tiempo de memorar lo establecido por el art. 354 del CPCC, en su inciso 1º.
El mismo pone en cabeza del accionado la carga de
" 1 °) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso" .
Ahora bien, aquí no tenemos solo ausencia de negativa, sino -desde mi punto de vista- específico reconocimiento, al hablar la accionada (en el contexto de dicho escrito) de " las farmacias ".
Entonces, y desde mi punto de vista, este hecho (la existencia del fondo de comercio como bien integrante de la masa liquidable) ni siquiera estaba controvertido.
Pero, ya que se produjo prueba al respecto, no podemos dejar de señalar que los testigos han sido bien explícitos en cuanto a la existencia de esta farmacia.
Pazo, en su declaración del 28 de Septiembre de 2016, cuando se le pregunta por los bienes del matrimonio dice que tenían " una casa en Libertad, la que conocía, dos farmacias, una en la calle Montalvo y otra en la calle Peyret, muy cerca una de la otra cree que es Paso del Rey, el testigo conocía las farmacias, y cree que un vehículo no recuerda la marca, cree que era un Ford" y luego brinda varios detalles acerca de las farmacias, su funcionamiento y sus características.
El testigo Frias, en su declaración del 30 de septiembre de 2016, dice que " tenían las dos farmacias una en la calle Gaboto y Peyret - la farmacia más grande, la que se llamaba Farmacia Hernandez - y la otra que no recuerda la calle por que iba de memoria, era la más chica, se llamaba Scotti, por que recuerda que así lo llamaban a Daniel" y posteriormente habla extensamente de las farmacias.
El testigo Acevedo, en su declaración del 25 de Octubre de 2016, también habla de las dos farmacias.
En su declaración del mismo día, el testigo Hernandez (hermano de la demandada) habla de " la farmacia Hernandez es de propiedad de su hermana, que es la titular, se abrio en el año 1994, ella se recibio unos años antes, lo sabe porque lo ve; y la farmacia Montalvo, era la farmacia del testigo, porque era el farmaceutico a partir del año 1998, la farmacia se abrio a fines del año 1996 bajo la titularidad de una farmaceutica apellidada Scotti, y una vez que el testigo se recibió pasó a ser suya" y habla del funcionamiento de las farmacias.
De este modo, los testigos son contestes en cuanto a la existencia de las dos farmacias (arts. 384 y 456 CPCC).
Ciertamente, desestimo la apreciación del testigo Hernandez, pues la calificación jurídica de la titularidad de los bienes, es algo que trasciende al aporte del testigo.
Por lo demás, no hay ninguna prueba en contrario en el expediente (art. 384 del CPCC).
Entonces, tenemos no solo la postura inicial de las partes, sino también los dichos testimoniales, en cuanto a la existencia de la farmacia.
Llegado este punto, es tiempo de recordar que desde esta Sala hemos dicho que " el fondo de comercio constituye un bien en si mismo, resultando diferente de los bienes singulares que lo integran o componen " (esta Sala en causa nro. 46.053 R.S. 516/01).
Por otro lado, hemos señalado también que la ley 11867 regula lo atinente a su transferencia, poniendo allí énfasis en el distingo entre la titularidad del fondo y la de la habilitación municipal (esta Sala en causa nro. 57.174 R.S. 11/10).
Desde mi punto de vista, en este contexto, no resultaba determinante la cuestión de la habilitación, ni tampoco los temas de índole administrativo, pues estamos hablando de un fondo de comercio (integrado por varios elementos) y no de alguno de esos elementos en particular.
Luego, probada la existencia de la farmacia y en los términos de los arts. 1271 y 1272 del Código Civil, considero que no se ajusta a derecho la sentencia apelada en este aspecto, debiendo modificársela y admitir la demanda en este sentido, incluyendo entre los bienes al fondo de comercio en cuestión.
Siguiendo con el tratamiento de las quejas, estimo que también lleva razón el actor en cuanto a la no inclusión, dentro de la condena, del producto del trabajo personal.
El art. 1272 del Código Civil incluía, entre los gananciales, a " los frutos civiles de la profesión, trabajo, o industria de ambos cónyuges, o de cada uno de ellos" .
Ello fue objeto de reclamo específico en el escrito inicial y también peticionó lo mismo la demandada, al evacuar el traslado y reconvenir.
Lo cierto es que el fallo guarda silencio sobre este punto, pues no lo aborda; pues la cuestión de las "ganancias" la incluye en la parte atinente a la explotación farmacéutica, cuando en tal sentido había mediado planteos específicos de las partes e independiente de las utilidades derivadas de la explotación de las farmacias.
Luego, mediando específica petición de ambas partes y silencio del fallo en tal sentido, nos hallamos ante un defecto de congruencia que, si bien podría conllevar la invalidez del decisorio, puede ser perfectamente subsanado en la segunda instancia, mediante el tratamiento del recurso de apelación (art. 273 del CPCC).
Ello así, deberá incluirse en el objeto de la liquidación, en el momento procesal oportuno, los frutos civiles de la profesión, trabajo o industria de ambos cónyuges, existentes al momento de la separación.
Dejo aclarado que habiendo sido soslayada la cuestión en primera instancia y teniendo en cuenta que, lo aquí actuado, implica prescindir de la invalidación del fallo y enmendar el tema directamente en la Alzada, entiendo que deben computarse los planteos formulados por ambas partes en primera instancia, y que implicaría una solución inconciliable con principios básicos procesales, e incluso sustanciales (de igualdad), el limitarse a mandar a computar solo los ingresos de la demandada y no también los del actor.
Pasando a dar respuesta al siguiente agravio, se queja el actor de que no se haya fijado el valor del inmueble.
Entiendo que no le asiste razón.
El fallo ha sido claro y concreto al destacar las etapas de la liquidación de la sociedad conyugal (ver fs. 505).
La sentencia de liquidación de la sociedad conyugal se limita a establecer cuales bienes serán objeto de aquella.
Luego, la liquidación en sí misma, se efectiviza en la etapa de ejecución del fallo, siguiendo las reglas propias y específicas de la materia
Ningún sentido tendría que al momento del fallo, se establezca un valor, cuando ello se va a materializar en un tiempo futuro.
Por lo demás, al incluirse otros bienes, debe operarse respecto de todo ello en un conjunto.
Con lo cual, la sentencia es -en el punto- acertada.
Por otro lado, en cuanto a lo decidido en relación a los vehículos, entiendo que la fundamentación recursiva no sortea, en este punto, las exigencias del art. 260 del CPCC, trayendo solo una discrepancia subjetiva de criterio, que en modo alguno llega a erigirse en crítica concreta y razonada de la decisión apelada.
Donde sí discrepo con la metodología seguida por el fallo, es en cuanto a la imposición de costas.
Esta Sala ha remarcado (causas 28.557 R.S. 221/92) y 37.110 (R.S. 35/99) que, como principio, en los procesos de liquidación de sociedad conyugal disuelta las costas deben distribuirse en proporción al interés patrimonial de cada cónyuge en aquella.-
Además -se ha señalado- devienen de aplicación al caso, como bien lo sostiene la quejosa, las normas de los arts. 68 y 71 del C.P.C.C (causa 55284 R.S. 343/08).
Es que mediando demanda y reconvención, cada una de ellas debe portar su propio régimen de costas (esta Sala en causa 49.645 R.S. 263/05, entre otras) incluso teniendo en cuentas las previsiones de la ley arancelaria en cuanto a la regulación independiente (Dec. Ley 8904/77, art. 26; idem, ley 14.967; esta Sala en causa nro. 46.359 R.S. 243/08, entre infinidad de otras).
Aquí no ha sucedido así, sino que las costas se distribuyeron porcentualmente en una única decisión, lo que -a tenor de lo dicho anteriormente- debemos encausar aquí.
Ahora, sucede que -en lo que hace a la demanda- esta ha prosperado prácticamente en su totalidad, quedando solo afuera lo tocante a los automotores (por las razones dadas en el fallo), lo que deja a la accionada en condición de sustancialmente vencida; mientras que la reconvención también ha prosperado, aunque solo de manera parcial, por lo que aquí habrán de quedar impuestas -si mi tesis se comparte- en el orden causado.
De este modo, entiendo que corresponderá modificar el fallo de primera instancia, dejando establecido que las costas por la demanda quedan en cabeza de la accionada y las costas por la reconvención quedan en el orden causado (arts. 68 y 71 del CPCC).
Finalmente, y en cuanto a las costas de Alzada, teniendo en cuenta el éxito parcial (aunque en medida considerable) del recurso, las mismas deberán quedar impuestas en un 90% a cargo de la demandada y en el 10% restante a cargo del actor (arts. 68 y 71 del CPCC).
Si mi propuesta es compartida se deberá modificar la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda de liquidación conyugal respecto del fondo de comercio indicado en el escrito liminar, la que habrá de admitirse y debiendo incluirse el mismo dentro de la masa a partir, modificarla asimismo en cuanto a la cuestión de los ingresos de las partes por su trabajo o profesión, debiendo incluirse también en dicha masa los existentes, de ambas partes, al momento de la separación; deberá igualmente modificarse el fallo en cuanto a la imposición de costas, dejando establecido que las costas por la demanda quedan en cabeza de la accionada y las costas por la reconvención quedan en el orden causado (arts. 68 y 71 del CPCC), confirmándolo en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio..
Las costas de Alzada, teniendo en cuenta el éxito parcial (aunque en gran medida) del recurso, deberán quedar impuestas en un 90% a cargo de la demandada y en el 10% restante a cargo del actor (arts. 68 y 71 del CPCC).
La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad.
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE MODIFICA la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda de liquidación conyugal respecto del fondo de comercio indicado en el escrito liminar, la que SE ADMITE y debiendo incluirse el mismo dentro de la masa a partir, MODIFICARLA asimismo en cuanto a la cuestión de los ingresos de las partes por su trabajo o profesión, debiendo incluirse también en dicha masa los existentes, de ambas partes, al momento de la separación; MODIFICANDO el fallo en cuanto a la imposición de costas, dejando establecido que las costas por la demanda quedan en cabeza de la accionada y las costas por la reconvención quedan en el orden causado, CONFIRMANDOLO en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, en un 90% a cargo de la demandada y en el 10% restante a cargo del actor (arts. 68 y 71 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE, Oportunamente, DEVUELVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2020 11:49:06 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 12/05/2020 11:50:32 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 12/05/2020 11:52:43 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia