Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 23747
Causa Nº MO-23747-2018
Con fecha 08 de febrero de 2022, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G. E. G. C/ M. M. C. S/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Causa N º MO-23747-2018" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental, con fecha 28 de Mayo de 2021, dictó sentencia definitiva con los alcances que de la misma surgen.
La sentencia fue apelada por el actor y la demandada.
Sus recursos se concedieron libremente.
El actor fundó el suyo con la expresión de agravios de fecha 24 de Junio de 2021, que fue contestada con fecha 22 de Julio de ese mismo año.
La demandada expresó agravios con el escrito de fecha 1 de Julio de 2021, que fue contestada con el de fecha 28 de ese mismo mes y año.
El actor comienza sus agravios quejándose de lo decidido en cuanto a la licencia de taxi, planteando -en primer lugar- que la inclusión de dicha licencia no fue peticionada por la accionada en su contestación de demanda; luego habla de la naturaleza de la licencia de taxi argumentando al respecto y en cuanto a su transmisibilidad.
También habla de la fecha de adquisición del dominio por su parte, del automotor allí referido, con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal.
Mas adelante argumenta en cuanto a la naturaleza del canon locativo, sosteniendo que las sumas debidas tienen carácter indemnizatorio; cuestionando, en seguida, la fecha desde la cual se fija el cómputo del mismo, su monto y la falta de fijación de intereses al respecto.
Posteriormente objeta el reconocimiento a favor de la contraparte de un crédito por mejoras, haciendo alusión a la pericia llevada a cabo y a la improcedencia de fijar recompensas por mejoras dada la fecha de la disolución de la sociedad; cuestionando que el fallo haga una aplicación retroactiva del CCyCN, y continúa argumentando ampliamente en pos de la revocación de este aspecto del fallo.
Luego sostiene que la sentencia lo agravia por cuanto reconoce una recompensa por mejoras que no están acreditadas, haciendo alusión a la documentación aportada por la demandada y a la testimonial rendida, como así también a la pericial de arquitectura llevada a cabo en autos,
También se queja del monto fijado en relación a las mejoras, sosteniendo que la totalidad del mismo se cargó al actor, aun cuando se consideró ganancial el crédito.
Denuncia que el monto de las mejoras ha sido doblemente actualizado, haciendo referencia a la forma en que se lo estableció y al cómputo de intereses, agraviándose -además- de la tasa que se mandó a aplicar en concepto de accesorios.
La demandada, mientras tanto, comienza sosteniendo que la sentencia ha sido dictada sin perspectiva de género.
Comienza quejándose del rechazo de la excepción de prescripción de la acción, para luego atacar el rechazo de la prescripción adquisitiva, argumentando acerca de la prueba rendida.
Luego se queja de la falta de liquidación del automóvil Peugeot 404, de lo decidido en cuanto a la forma de computar el valor de la licencia de taxi; además del rechazo del rodado modelo Ford Fairlaine y del fondo de comercio allí identificado
También cuestiona la procedencia del canon fijado, y así también se queja de la forma en que se lo ordenó actualizar.
Del mismo modo, ataca el monto fijado para las recompensas y cierra su presentación objetando la forma en que fueron impuestas las costas.
A los términos de cada una de estas expresiones de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Cumplidos los recaudos procesales pertinentes, con fecha 12 de Agosto de 2021 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose luego al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a los diversos temas que se traen a nuestro conocimiento y decisión, debo decir -en primer lugar- que coincido con la orientación adoptada por la sentenciante de instancia previa en cuanto juzgó el caso con la normativa vigente al momento de ir aconteciendo los diversos hechos, y situaciones, objeto de análisis en este proceso; ello así por aplicación de lo establecido en el art. 7 del CCyCN. No existiendo, incluso, agravios suficientes para que adoptemos otro temperamento (art. 260 del CPCC).
Entonces, el caso se juzgará aplicando el Código Civil, hoy derogado
Por otro lado, dado que son múltiples los temas que se traen a nuestro conocimiento y decisión, iré fraccionando mi exposición para dotarla de la mayor claridad posible.
La prescripción de la acción de liquidación de sociedad conyugal
La demandada viene agraviándose de este punto.
En verdad, lo hace con pocos conceptos, transcribiendo -mas que nada- lo que ya expuso al intentar esta defensa (ver fs. 811vta./812) y algo de doctrina y jurisprudencia.
La sentencia apelada, por su parte y dados los fundamentos que esgrime, ha considerado esta acción imprescriptible, apoyándose en las normas de los arts. 1311, 1313, 3460 y 4019 inc. 3 del Código Civil.
Debemos recordar que estos dos últimos preceptos nos hablan de la imprescriptibilidad de las acciones de partición de herencia e indivisión, haciendo la sentencia aplicación analógica de ellos a casos como el de autos.
Ello, como lo vimos, disconformó a la demandada.
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia ha dicho, muy claramente, que la acción de liquidación de la sociedad conyugal disuelta es imprescriptible (Sup. Corte Bs. As., C 122895, 17/05/2021, "T., G. R. c/ F., C. A. J. s/Liquidación de la sociedad conyugal", Juba sumario Juba sumario B4501099)
En el mismo sentido, ha señalado la jurisprudencia provincial que " la acción de partición del patrimonio conyugal es imprescriptible, y sólo se pierde cuando uno de los cónyuges intervirtió su título y adquirió la propiedad total de uno o varios de los bienes que lo componen mediante su posesión a título de dueño durante más de veinte años (art. 4015, 4020 y 3460 Cód. Civ.) " (C. Civ. y Com. San Martin, sala 2ª, 14/10/2014, "Maffeo, María Alejandra c/ Di Brina, Osvaldo s/ materia a categorizar").
Comparto plenamente lo allí expuesto y, justamente, la aquí demandada ha opuesto la prescripción adquisitiva del bien como defensa (que también ha sido rechazada, agravios que en seguida voy a abordar).
De este modo, y coincidiendo con la postura de la Sra. Jueza de la instancia previa, entiendo que este agravio debe ser desestimado.
La prescripción adquisitiva opuesta por la demandada como defensa
El siguiente agravio de la demandada tiene que ver con el rechazo de la prescripción adquisitiva opuesta, en relación al bien inmueble que, en su momento, fuera el asiento de la vida familiar.
La sentencia desestimó dicho planteamiento, considerando que no se acreditó plano de mensura, analizando la prueba informativa y también la confesional, sosteniendo que no se demostró que la demandada hubiera intervertido el título.
De esto también se agravia la accionada.
Para ir entrando en tema es necesario recordar que -desde la Sala- se ha dicho que la usucapión supone el apoderamiento de la cosa con ánimo de dueño (esta Sala en causa nro. 56361 R.S. 162/11, entre otras).
Habiéndola definido como " el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa (dominio, usufructo, uso, habitación, servidumbre, etc.) por la posesión continuada por todo el tiempo exigido por la ley " (esta Sala en causa nro. 57919 R.S. 203/11).
Remarcando que "para poder adquirir el dominio de un inmueble por intermedio de una posesión "animus domini" es necesario acreditar una posesión continua e ininterrumpida durante un lapso no menor de veinte años, sin necesidad de título y buena fe. En tal sentido el art. 4.015 del Código Civil dispone: "Prescribe también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales, por la posesión continua de veinte años , con ánimo de tener la cosa para así, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor salvo lo dispuesto respecto a las servidumbres para cuya prescripción se necesita título".
Y que "la circunstancia de ocupar un inmueble aunque fuere por largo tiempo, no permite concluir que dicha ocupación se haya hecho con la intención de adquirir la propiedad mediante la usucapión. El locatario, el comodatario y aún el intruso que no posee "animus domini", jamas podrán adquirir la propiedad mediante prescripción veinteañal si no intervierten el título que originariamente motivara la ocupación (arts. 2458, 2353, 2394 y 2448 del Código Civil) -Causas 20370, R.S. 28 bis del 8/3/88 y 18.980, R.S. 67/91-.
La prueba de haber mediado posesión quieta pacífica e ininterrumpida sobre todo el inmueble que se pretende usucapir durante el lapso legal, queda exclusivamente a cargo del pretendido usucapiente -art. 375 del C.P.C.C.-, quien debe traer al litigio elementos de juicio suficientes que sirvan para desplazar la titularidad de dominio del demandado.
Se exige, en tal sentido, prueba compuesta.
También se ha declarado que la prueba testifical que se aporte debe ser fidedigna, completa y concluyente, sin que pueda dejar dudas sobre los hechos que autoricen a tener por cumplida la usucapión (Cám. 1ra. La Plata 15/6/89, D.J.B.A. 58/90; C m. 2da. La Plata 10/12/58, D.J.B.A. 56.105 -Conf. Salas-Trigo Represas "Código Civil Anotado" T3, p g 508; esta Sala en causa nro. 51188 R.S. 465/05, entre infinidad de otras).
Ciertamente, y en respuesta al planteo del actor, la prescripción adquisitiva puede oponerse como pretensión pero también como defensa encaminada a repeler alguna otra pretensión entablada por quien alegara haber adquirido el dominio por esta vía (esta Sala en causa nro, 46873 R.S. 341/08).
En tal caso, como se trata de una defensa y en el supuesto de llegar a demostrar los hechos en que la misma se funda, podrá obtener el rechazo de la demanda (esta Sala en causa nro. 17791 R.S. 39/14).
Pues bien, eso fue lo que sucedió aquí, donde la demandada opuso - como defensa - la prescripción adquisitiva del inmueble, requiriendo el rechazo de la demanda (ver, puntualmente, fs. 872 y 882).
Luego, si se concluyera que está probada la adquisición del dominio por usucapión, el bien inmueble no debería considerarse incluido en la masa a liquidar.
Ahora bien, llegado este punto, no puede perderse de vista la especificidad del caso: no se trata de cualquier prescripción adquisitiva, ni siquiera de un caso clásico de usucapión entre condóminos, sino de una controversia suscitada en el seno intrafamiliar, luego de la disolución del matrimonio .
Entiendo que, necesariamente, esto debe ser tenido en cuenta, precisamente por la especificidad de la relación: tratarla como una prescripción adquisitiva cualquiera, entre personas que no hubieran estado ligadas por un vínculo de este tipo, implicaría dispensar un trato igual a sujetos que se encuentran en circunstancias bien disimiles.
Y ello, desde mi punto de vista, impacta en las diversas cuestiones que hacen al instituto prescriptivo.
Incluso, creo, que es necesario contextualizarlo con la finalidad de la prescripción adquisitiva.
En tal sentido, se ha remarcado que, bajo este instituto, subyacen valores como el orden público, el interés social y el valor seguridad jurídica , destacando que " el factor tiempo modifica las situaciones jurídicas pues ningún derecho es eterno ya en su reclamo, caso de la prescripción liberatoria, ya en su uso, caso de la prescripción adquisitiva; en tal sentido Jorge Alterini expresa que "el instituto de la prescripción, tanto en su modalidad liberatoria como en la adquisitiva o usucapión esta directamente unido a la seguridad jurídica pues las situaciones jurídicas adquieren firmeza luego del transcurso del tiempo y con los demás requisitos previstos por la ley" (autor citado "La seguridad jurídica y las incertidumbres en la usucapión de inmuebles" en La Ley 2/8/2008 p g. 1); en idéntico sentido se pronuncian Llambías (Tratado de Derecho Civil, Parte General T°II P g. 672); Boffi Boggero (Tratado de las Obligaciones T° IV, Pag. 6129; Giuseppe Publiese (La Prescrizione", T° I p g. 19); e idéntica es la jurisprudencia de la Corte Nacional (ver entre otros, fallo del 4/10/67 en La Ley 131 pag. 1082, Fallos 269-51) " (esta Sala en causa nro. 56314 R.S. 259/11).
Por lo demás, entiendo que es correcta la postulación de la demandada en cuanto a que el caso debe juzgarse con perspectiva de género.
Desde esta Sala se ha dicho -en la causa MO-13375-2011 R.S. 416/2020- que
" en nuestro ámbito, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tiene jerarquía constitucional.
Sabemos, además, que en virtud de lo establecido en el art. 5 el Estado Nacional debe " a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres ".
Aparece, entonces, la necesidad (y el deber) de juzgar con perspectiva de género.
Así lo ha señalado, en reciente voto al que adherí, la Dra. Ludueña al decir que situaciones como estas deben ser abordadas teniendo presente todo el plexo normativo en materia de géneros, para asegurar una aplicación operativa, ya que no hacerlo iría en contra de los principios actuales (su voto en Causa n° MO-2314-2013, R.S. 95/2020 de la Sala 3ª de este Tribunal).
En tal sentido, se ha dicho que "la perspectiva de género constituye una herramienta tendiente a que todo el ordenamiento jurídico se interprete y aplique de manera tal que no resulte perjudicial a las mujeres. La neutralidad de género contenida en la literalidad de las normas puede resultar insuficiente para que su aplicación no sea más gravosa para las mujeres que para los hombres.
La perspectiva de género no es una moda, ni un consejo, ni una corriente ideológica, ni una aspiración o preferencia. Es una forma de concretar un mandato constitucional/convencional que obliga al Estado argentino. Adquirió plena efectividad sobre todo el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación en función de lo dispuesto en los arts. 1º, 2º y 3º del propio cuerpo legal, dada la centralidad que adquieren los derechos humanos en la interpretación y la aplicación de las normas. Constituye una de las medidas especiales destinadas a eliminar la desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, a los fines de garantizar una igualdad real por sobre la meramente formal (art. 4.1, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW]), y "modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (art. 5.a, CEDAW)"
Resaltando que la obligación de los operadores judiciales de aplicar la perspectiva de género en la interpretación y la aplicación de las normas no se reduce a su mera declamación" (PELLEGRINI, María Victoria, Compensación económica: caducidad, violencia y perspectiva de género, LL 13/10/2020, 6).
Es tiempo de explicitar por dónde pasa la mirada de género en casos como el presente.
Y, en tal sentido, es imprescindible acudir a un lúcido voto del Dr. de Lázzari (procesalista destacado, con quien hemos compartido múltiples actividades académicas) donde se pone de manifiesto esta cuestión.
Decía allí el Ministro que
"(...) es necesario hacer base del caso sobre el contexto vivencial de las personas involucradas. Desde allí se impone, por imperativo ético y convencional, una perspectiva basada en la igualdad de géneros, para advertir en el caso la existencia de una sociedad de hecho entre un hombre y una mujer que habían mantenido una relación de pareja durante décadas.
En relación a los aportes comunes (de trabajo o capital), todos los testigos son contestes en sus declaraciones sobre la labor mutua y cooperativa desarrollada por la pareja. La atención y cuidado del negocio común, compartiendo tareas como ha quedado probado y firme.
Debe tenerse en cuenta que aun cuando parte de los beneficios de la actividad común se destinaba a la subsistencia de los convivientes, hubo un excedente, no de otra forma se explica, por ejemplo, la adquisición de un vehículo de alta gama o la adquisición de inmuebles registrados en cabeza del masculino de la pareja. Ese excedente claramente fue reinvertido en tal bien como en otros que no ingresaron al patrimonio de la demandada, pero la decisión de titularidad de los bienes ha resultado en un marco cultural y social que llevaínsita la raigambre patriarcal de nuestra sociedad. Omitir tal aspecto nos aleja sensiblemente del contexto de las cosas y de una solución acorde a las exigencias constitucionales y convencionales de nuestros tiempos.
Desde otra perspectiva, y aceptando que determinados objetos forman parte de la sociedad de hecho pero otros no, se estaría plasmando una discriminación disvaliosa para la demandada donde sólo aquello propio de su trabajo cotidiano sí forma parte de la sociedad pero los beneficios de la misma y los objetos adquiridos con las ganancias de dicho emprendimiento para beneficio y disfrute de la pareja, no. Es decir, plasmar que, se es socio en el trabajo continuo y en la generación de ganancias, pero no en el goce concreto de las mismas.
Es inevitable observar que la demandada es mujer, ama de casa, trabajadora (sin sueldo ni derechos sociales) y conviviente. Es desde aquí que se entiende que las inscripciones registrales de algunos de los bienes se hayan realizado a nombre del integrante masculino de la sociedad. Es así que, atento a la necesaria perspectiva de género que debe adoptar la magistratura impartiendo una justicia igualitaria que abandone los estereotipos de una sociedad patriarcal superando las discriminaciones por género, debe analizarse la situación jurídica de los bienes que han sido adquiridos una vez iniciada la vida del ente societario" (voto del Dr. de Lázzari en Sup. Corte Bs. As., 25/10/2017, "A. M. Á. c/ A. C. A. s/ división de condominio")"
Incluso, a la luz de lo expuesto debe analizarse lo atinente a la interversión del título, tal como luego profundizaré.
Por lo demás, en la causa recién citada, al tratarse de hechos antiguos y propios de la vida familiar- están rodeados por cierto halo de dificultad probatoria.
Así en la causa nro MO-3828-2013, R.S. 65/17, hablábamos de la mayor, o menor, dificultad en la prueba de los hechos.
Decíamos allí que:
" quizás quien mejor lo explique es el jurista ibérico Muñoz Sabaté, a cuyos conceptos recurriré (Técnica probatoria. Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso, Capítulo V: Problemática intrínseca de la prueba, ps. 167 y ss).-
Cuando el autor nos habla de dificultades de la prueba, señala que para que los instrumentos probatorios puedan
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.