Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123589
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.589 "A. M. L. A. C/ S. W. D. S/ LIQUIDACION DE REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO"
I. El actor deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la falta de fundamentación suficiente, rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado, con costas (arts. 68 y 289, CPCC; v. sent. de 15-III-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 14-IV-2021 y su archivo adjunto identificado como "Carátula y Recurso Extraordinario Federa").
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente revocó parcialmente el fallo de primera instancia que, a su turno, había calificado como propios del actor los inmuebles sitos en el Club de Campo Abril y los derechos sobre el fideicomiso inmobiliario de la Avenida Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también las inversiones realizadas en la sociedad de bolsa Arpenta y en el fondo común del Standard Bank. En consecuencia, por un lado, incluyó como bienes gananciales los inmuebles citados y, por el otro, revocó la calificación como bienes propios de dichas inversiones bursátiles (v. sents. de 11-X-2018 y 4-VI-2019).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, igualdad, legalidad, razonabilidad y tutela judicial efectiva (arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, 21 y 25, CADH; v. págs. 3, 13/17, 20, 22/23, 25, 30/33 y 35/37, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la decisión atacada no constituye una derivación razonada del derecho vigente y debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido. Ello por cuanto, apartándose de las circunstancias comprobadas de la causa, de la normativa aplicable y de la prueba dirimente -específicamente la documental, informativa y testimonial- rechazó dogmáticamente el remedio local, con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales mencionadas. Asimismo, denuncia que el presente configura una cuestión federal y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 267:273; 302:1033; 311:1602; 317:874; 319:722; 14 323:2834 y 329:2563; entre muchos) y las causas "Colalillo" y "Rey c. Rocha" (CSJN Fallos: 238:550 y 112:384; v. págs. 16/33, adjunto cit.).
Alega que, contrariamente a lo expuesto en el fallo objetado, con los agravios esgrimidos en el recurso provincial -que ahora reproduce- referidos, por un lado, a que contaba con un patrimonio propio -consistente en el producido de la venta de varios inmuebles y las tareas laborales que habitualmente desempeñaba- y, por el otro, que la demandada reconoció lo antedicho y jamás produjo pruebas sobre aportes de fondos propios a la sociedad conyugal, se evidencia: 1) que el fallo del Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las pruebas aportadas y contradijo la doctrina de los actos propios y 2) que los cuestionamientos resultaron -a su entender- suficientes para refutar las razones dadas por el a quo (v. págs. 17/19, adjunto cit.).
En tal sentido, aduce que esta Corte le exigió un rigor probatorio extralegal, exorbitante y desproporcionado -según su modo de ver- a pesar de todas las evidencias e indicios presentados y soslayó -sin fundamentación suficiente- el principio de la carga dinámica de la prueba, en tanto no ponderó que quien se encontraba en mejores condiciones de acreditar el aporte realizado para la compra del bien en cuestión, era la demandada (v. págs. 19/20, adjunto cit.).
II.3. Arguye, también, que este Tribunal interpretó erróneamente -según su entender- el art. 466 del Código Civil y Comercial y convirtió la presunción iuris tantum de ganancialidad en una de tipo iure et de iure lesionando, así, su derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.). Explica que la mentada presunción de ganancialidad de los bienes existentes al tiempo de la disolución de la sociedad conyugal es susceptible de revisión, si se comprueba lo contrario.
En ese sendero asevera que, teniendo en cuenta las pruebas producidas en autos, conforme a las reglas de la sana crítica, cabe concluir que se han cumplido los requisitos que exige el instituto de la subrogación real. Ello, en tanto se acreditó la reinversión de los fondos de carácter propios en la adquisición y construcción del inmueble ubicado en el Club de Campo Abril y que para la compra a través del "Fideicomiso" del bien sito en Avenida Belgrano, fue utilizando lo producido por los fondos de inversión creados con el dinero de origen propio, obtenido a raíz de las ventas de los dos inmuebles de su propiedad (v. págs. 19/33, adjunto cit.).
II.4. Objeta, finalmente, la forma en que fueron impuestas las costas. Insiste en que, aún cuando la pretensión no haya prosperado en toda su extensión, no se modifica la condición de "vencida" de la contraparte, quien se resistió por completo a la procedencia de la demanda. Y agrega que dicha conclusión es congruente con el principio objetivo de la derrota, consagrado en el primer párrafo del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial (v. págs. 33/35, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 19 de abril de 2021), el mismo fue contestado por los apoderados de la demandada (v. escrito electrónico de fecha de 9 de mayo de 2021).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que los planteos referidos a cuestiones de hecho y prueba, así como los relacionados con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en autos, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia del recurso extraordinario local para desvirtuar esa decisión) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar el de inaplicabilidad de ley, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. págs. 16/35, adjunto cit.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación, irrazonable valoración del material probatorio, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y el de la instancia anterior- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando agravios allí expuestos y que ya han merecido respuesta (v. sent. objetada).
IV.3. Asimismo, la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, igualdad, legalidad, razonabilidad y tutela judicial efectiva; arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, 21 y 25, CADH; v. págs. 3, 13/17, 20, 22/23, 25, 30/33 y 35/37, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular, las causas "Colalillo" y "Rey c. Rocha", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2021 13:24:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 14:42:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2021 10:26:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 11:21:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2021 14:14:12 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia