Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123589
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.589, "A., M. L. A. contra S. W., D. Liquidación de régimen patrimonial del matrimonio", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, en cuanto interesa destacar, acogió el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 515 e incluyó como bienes gananciales de titularidad de la comunidad tanto al inmueble sito en el Club de Campo Abril, Barrio Los Teros -designado como parcela 18 de la fracción 63, como a los derechos personales sobre el bien inmueble pendiente de escrituración sito en Avenida Belgrano ... -individualizado como Unidad 84, piso séptimo, departamento "N"- adquirido a través del "Fideicomiso de Construcción Avenida Belgrano ... ". Asimismo, revocó la calificación como bienes propios tanto de las inversiones bursátiles realizadas a través de la sociedad de bolsa Arpenta como las existentes en el fondo común de inversión administrado por el Banco Standard Bank (v. fs. 585/591).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 596/626).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Se iniciaron las presentes actuaciones con la demanda de liquidación de la sociedad conyugal promovida por el señor M. L. A. A. contra la señora D. S. W. (v. fs. 17/23). Las partes contrajeron matrimonio el día 7 de diciembre de 1998. El día 2 de agosto de 2016 el Juzgado de Familia n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes dictó sentencia decretando su divorcio vincular, produciéndose la extinción de la sociedad conyugal con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda (v.gr. 17 de marzo de 2016, v. fs. 280/281, causa acollarada sobre divorcio por voluntad unilateral).
En dicho marco, el accionante denunció dos vehículos como bienes integrantes de la sociedad conyugal: 1) un automóvil marca Peugeot 405 Style modelo 2000, dominio ... y 2) un automóvil Alfa Romeo 146 modelo 1997, dominio ... . Asimismo, dejó constancia de que a los muebles y enseres que adornaban el inmueble que fuera asiento de la sociedad conyugal se había sumado mobiliario proveniente de dos viviendas propias del actor -que este había vendido-, solicitando la designación de perito inventariador y tasador a los fines de su individualización y posterior distribución.
Por su parte, denunció dos inmuebles como bienes propios del accionante: 1) el hogar conyugal sito en el Club de Campo Abril, Barrio Los Teros (circunscripción VI, sección "M", fracción 63, parcela 18) y 2) los derechos sobre un departamento pendiente de escrituración sito en la Avenida Belgrano ... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (designado como Unidad 84, 7° piso "N", habiéndose incorporado como fiduciante adherente al contrato "Fideicomiso de Construcción Avenida Belgrano ... "). Si bien el actor no había dejado oportuna constancia del origen de los fondos utilizados en ninguno de los documentos mediante los que se instrumentaron tales adquisiciones, adujo -respecto del primer inmueble- que el lote había sido comprado y la vivienda construida con fondos propios provenientes (i) de su actividad comercial previa al matrimonio y (ii) de la venta de dos inmuebles también de su exclusiva propiedad, agregando -respecto del segundo inmueble- que la totalidad de los pagos al fideicomiso se habían afrontado con los saldos por las ventas de los señalados inmuebles propios.
Al respecto, sostuvo que al casarse con la demandada era propietario de un departamento ubicado en la calle Junín .../... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se instalaron luego de la unión. También, que era dueño de una casa de veraneo en la ciudad balnearia de Pinamar, sita en la calle Martín Pescador, adquirida en el año 1997.
Agregó, por otro lado, que en el mes de marzo de 1996 había adquirido juntamente con su otrora socio -Enrique Monastra- un inmueble de quinientos cincuenta y seis metros cuadrados (556 m2) en el Partido de Tres de Febrero (Santos Lugares), sito en las calles Beazley nº .../... y esquina Diagonal Intendente Landin nº .../... en donde edificaron nueve unidades funcionales para su posterior venta, de las cuales enajenaron dos en el año 1997, cinco en 1998, otra en 1999 y la restante en el año 2000, resultándole de ello un producido por la suma de ciento treinta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 135.000).
Pues bien, luego narró que a fines del año 2003 la familia viajó a pasar las fiestas de fin de año a la ciudad de Lima, República del Perú, de donde es oriunda la demandada, pero a la hora de emprender el regreso su excónyuge se quedó con J., el hijo habido en común. Él debió regresar por razones laborales y fue en dicho contexto que logró que madre e hijo regresaran al país en el mes de marzo de 2004 a cambio de la promesa de una mudanza a una casa más amplia fuera de la ciudad porteña, a cuyo fin compró en el mes de junio de 2004 el lote de terreno en el Barrio Los Teros, Club de Campo Abril, por la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000, equivalentes en ese entonces a la suma de noventa y cinco mil dólares, U$S 95.000), utilizando para ello parte del dinero obtenido del desarrollo inmobiliario de Santos Lugares y accediendo a escriturar a nombre del matrimonio.
Continuó diciendo que posteriormente hizo construir la casa que actualmente ocupa la demandada junto con J., a un costo de ciento veintiséis mil dólares (U$S 126.000), el que se solventó con el saldo del emprendimiento inmobiliario de Santos Lugares y con parte de los fondos provenientes de la venta de los dos inmuebles propios referidos, vendidos en los meses de abril y mayo de 2005. Para más, recordó que los detalles de terminaciones de carpintería y la construcción de la pileta de natación fueron afrontados inicialmente con un préstamo hipotecario del Banco Supervielle por ciento veinte mil pesos ($120.000), que en un primer momento abonó mensualmente y que finalmente precanceló con fondos propios el día 26 de noviembre de 2009, provenientes de su cuenta en el Standard Bank, por ochenta y cinco mil pesos ($85.000).
Finalmente, refirió que el producido de las ventas de los inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Pinamar le reportó las sumas de ciento diez mil y cincuenta y cinco mil dólares (U$S 110.000 y U$S 55.000) respectivamente y que, luego de abonar la construcción de la vivienda del club de campo, el saldo remanente fue invertido a través de la sociedad de bolsa Arpenta, en cuentas comitentes de cotitularidad con su esposa y en otras en cotitularidad con su sobrino, quien también aportara fondos propios. Que también depositó fondos del mismo origen en un fondo común de inversión en el Standard Bank (con cuenta asociada en dólares n° 0501/11129280/28). Y que -con el correr de los años- una parte de lo invertido en tales cuentas fue consumido por el matrimonio y la parte remanente derivada para la adhesión al fideicomiso para la construcción del departamento de la Avenida Belgrano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de octubre de 2012.
Al contestar la demanda, la señora S. W. se opuso a la clasificación de los bienes propuesta por el actor, denunciando el carácter ganancial de todos los mencionados, adquiridos durante la vigencia del vínculo matrimonial (v. fs. 178/189 vta.). Relató que pertenece a una familia acomodada de Perú, que debido a ello posee una sólida formación cultural y amplia educación. Que siendo profesora de tres idiomas sus aportes a la comunidad consistieron en los frutos de sus clases particulares (fundamentalmente para los compañeros de colegio de su hijo), la atención del hogar familiar (y del hijo en común) y alguna ayuda recibida de su familia de origen.
Expresó que, habiendo otorgado al hijo de ambos un alto nivel de vida, el actor había comenzado -luego de la separación- a dejar de abonar los alimentos comprometidos (colegio del hijo, expensas del hogar familiar) con la intención de forzarla a aceptar su propuesta económica de dejar el asiento del hogar conyugal. Asimismo, que paralelamente el señor A. resultaba propietario de varios e indeterminados bienes, que no podía precisar debido a su ocultamiento. Refirió, como muestra, que cuando el día 19 de octubre de 2012 el señor A. suscribió la adhesión al ya mencionado fideicomiso inmobiliario denunció su estado civil como soltero, lo cual demuestra su intencionalidad y malicioso proceder. Planteó así que se vio obligada, en pos de la protección de sus derechos y los de su hijo, a iniciar una serie de procesos sobre Alimentos, Medidas Precautorias y Protección contra la violencia familiar (acollarados al presente).
De modo tal que -aclarando que ambos cónyuges habían ayudado al crecimiento económico familiar- concluyó que los bienes gananciales se componían de 1) los frutos de los bienes propios del accionante generados durante la vigencia de la sociedad conyugal, 2) el inmueble del country Abril asiento del hogar conyugal, 3) los derechos de escrituración del departamento sito en Avenida Belgrano ... , 4) las inversiones realizadas a través de la empresa Bell Investments S.A. y Arpenta Sociedad de Bolsa S.A., 5) el automóvil Peugeot 405 dominio ... y 6) el automóvil Alfa Romeo dominio ... . Adicionalmente, realizó un listado de los bienes muebles gananciales que fueron retirados por el señor A. en las mudanzas realizadas en fecha 27 de abril y 6 de diciembre de 2013.
II. A su turno, el Juzgado de Familia n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes -en lo que respecta a las cuestiones que se debaten en esta instancia- hizo lugar parcialmente a la demanda y calificó como propios del actor los inmuebles sitos en el Club de Campo Abril y los derechos sobre el fideicomiso inmobiliario de la Avenida Belgrano ... , como así también las inversiones realizadas en la sociedad de bolsa Arpenta y en el fondo común de inversión en el Standard Bank. Y, como gananciales, a los dos rodados y a la totalidad de muebles y enseres que adornaran el inmueble sede del hogar conyugal, debiendo ser tasados y valuados a los fines de la efectiva liquidación (v. fs. 483/504).
III. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, como fue dicho, revocó parcialmente lo decidido e incluyó como bienes gananciales tanto al inmueble sito en el Club de Campo Abril como a los derechos personales sobre el bien inmueble pendiente de escrituración sito en Avenida Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, por no resultar existentes al presente, revocó la calificación como bienes propios tanto de las inversiones bursátiles realizadas a través de Arpenta Sociedad de Bolsa S.A. como de las existentes en el fondo común de inversión administrado por el Banco Standard Bank (v. fs. 585/591).
IV. Contra dicho pronunciamiento se alza el actor mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando absurdo y violación de los arts. 464 inc. "c", 466, 710 y concordantes del Código Civil y Comercial; 14 y 17 de la Constitución nacional y 163 incs. 5 y 6, 164, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 596/626).
Alega que la Cámara ha efectuado un análisis fragmentado de la prueba, extrayendo inferencias de pruebas irrelevantes, valorando parcialmente la prueba testimonial y documental, prescindiendo de indicios que por su número, precisión y gravedad dan sustento suficiente al reclamo impetrado (v. fs. 614 y vta.). Aduce que el fallo atacado no se hace cargo de la dificultad probatoria que emerge de situaciones como la planteada en autos, haciendo caso omiso de lo dispuesto por el art. 163, inc. 5, del Código Procesal Civil y Comercial.
Sostiene que, contrariamente a lo concluido en el fallo impugnado, de la prueba rendida ha quedado suficientemente demostrado que al ingresar al matrimonio el actor contaba con un patrimonio propio consistente (i) en el producido de la previa venta de varios inmuebles (nueve de los cuales -pertenecientes al desarrollo comercial inmobiliario de Santos Lugares- se acreditaron documentalmente y otros testimonialmente), (ii) dos inmuebles de su titularidad (calle Junín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar) y (iii) su trabajo personal como docente y en el ejercicio de cargos públicos de relevancia. Insiste en que -por el contrario- la demandada no ingresó al matrimonio con bienes o aportes de ninguna especie (v. fs. 616).
Subraya que -aun considerando que se pretende revelar una realidad ocurrida hace más de quince (15) años- de todos modos la documental agregada en esta causa y en las relacionadas sobre medidas precautorias y alimentos dan por debidamente acreditada la existencia del patrimonio propio del actor previo al matrimonio, así como de las tareas que habitualmente el mismo desempeñó durante el vínculo conyugal (v. fs. 161 vta.). Considera, entonces, que el fallo de Cámara ha efectuado una lectura estática y fragmentaria de la prueba, dejando oculta la verdad real, limitándose a "congelar" la vida patrimonial del reclamante, reduciéndola a los inmuebles acreditados documentalmente y a sus fechas de adquisición (v. fs. 618 vta.).
Así, respecto de la adquisición del lote de terreno en el club de campo, alega que quedó comprobado que la demandada estuvo en Perú durante los siete meses previos a la compra del mismo, lo que demuestra que no participó de la operación (v. fs. 620 y vta.). Luego, controvierte por absurda la valoración de la prueba testimonial efectuada en la sentencia en crisis respecto de la realización de tareas remuneradas o aportes provenientes de la demandada para tales fines, puesto que los mismos solamente pudieron ocurrir con posterioridad a la instalación familiar en el country , después del año 2006 (v. fs. 617/618 vta.).
Por otro lado, impugna como absurda la parcela del decisorio que no tuvo por acreditado el destino de los fondos obtenidos por la venta de los inmuebles de la calle Junín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Pinamar y su relación con los costos de la construcción del hogar conyugal. En este punto, reprocha por absurda la conclusión del Tribunal de Alzada sobre la falta de prueba sobre los costos de edificación de la vivienda familiar, los que -remarca- fueron consentidos por la demandada en su contestación de demanda (v. fs. 619/621).
También critica el razonamiento efectuado por el tribunal a quo respecto de la injustificada ausencia de debida manifestación -en las escrituras de compraventa de los inmuebles o a posteriori en algún momento razonable- sobre el carácter propio de los fondos con los que se adquirían o habían adquirido, esgrimiendo que tal exigencia desnaturaliza el principio de la incolumidad de las masas y las reglas establecidas por las normas aplicables del Código Civil y Comercial (arts. 464 incs. "c" y "f" y 466, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 622).
Explica que las inversiones realizadas en la sociedad de bolsa Arpenta y en el fondo común de inversión del Standard Bank (con los remanentes luego de la construcción de la casa en el club de campo) fueron las que le permitieron al actor la ulterior adhesión al fideicomiso inmobiliario de la Avenida Belgrano, pues fue a través de tales inversiones que los fondos obtenidos en el año 2005 por la venta de los dos inmuebles propios se canalizaron y trasladaron hasta el año 2012, cuando fueron empleados para la cancelación del precio del referido contrato (v. fs. 623 y vta.). Considera que resulta incongruente suponer que tras las erogaciones de considerable valor que resultaron en la compra y posterior construcción de la casa del country Abril, así como en la adquisición de los derechos sobre el monoambiente de la Avenida Belgrano, los fondos recibidos en el año 2005 siguieran aun existiendo en su totalidad (v. fs. 623).
Finalmente, asumiendo la modificación de lo decidido por el Tribunal de Alzada, reitera el planteo efectuado con relación a la carga de las costas dispuesta por el señor magistrado de primer grado, solicitando que se lo declare sustancialmente "parte vencedora" y se impongan las costas en todas las instancias por el principio objetivo consagrado por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 625 vta.).
V. Pues bien, el recurso extraordinario traído no puede recibir favorable acogida, toda vez que no rebate adecuadamente los fundamentos sobre los que se basa el decisorio impugnado.
V.1. En efecto, para fundar su revocación de lo resuelto en la instancia inaugural, en cuanto interesa destacar, la Cámara analizó las fechas de adquisición de los bienes involucrados en la liquidación, así como las actividades de los otrora cónyuges durante dicho tiempo, y consideró que -resultando carga del interesado la prueba del carácter propio de los bienes denunciados como tales- este no había logrado rebatir seriamente la presunción de ganancialidad de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, pues aun cuando se había acreditado que el actor había vendido bienes propios con posterioridad a la celebración de la unión, no podía afirmarse -con el necesario rigor impuesto por el instituto- que los nuevos bienes o inversiones adquiridos tiempo después hubieran sido por subrogación real de los anteriores (v. fs. 587 vta. y 588).
Así, respecto de la compraventa del lote de terreno emplazado en el country Abril, sostuvo que su adquisición en el mes de junio de 2004 se había producido cuatro años después de ocurrida la última venta de las unidades funcionales correspondientes al desarrollo inmobiliario de Santos Lugares, que el accionante llevara adelante con anterioridad a su matrimonio y en sociedad con el señor Monastra, sin que por la propia actividad económica habitual de aquel en dicho tiempo (operatoria inmobiliaria) ni por la transferencia al exterior que en el año 2001 realizara a través del Banco de Boston (hoy ICBC) se pudiera afirmar categóricamente que la ganancia obtenida por aquellas ventas sucedidas entre los años 1997 y 2000, en su porcentaje, hubiera sido directamente reinvertida en la compra de la referida parcela de tierra (v. fs. 588 vta.).
Por otro lado, en relación con los dos inmuebles propios del accionante vendidos con posterioridad a la compra del mencionado terreno (el de la calle Junín .../... en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enajenado en abril de 2005 y el ubicado en la ciudad de Pinamar, transferido en mayo de 2005), si bien el tribunal a quo entendió que podía aventurarse sobre la contribución de su producido a la construcción del inmueble conyugal y su equipamiento, agregó que tal especulación no podía resultar suficiente para afirmar la existencia de la mentada subrogación real, en tanto el interesado no había logrado acreditar el destino de esos fondos y su relación con el costo de la construcción, aspecto -este último- sobre el cual no se había aportado ningún elemento de prueba para su estimación, además de haber quedado demostrada la contratación de una hipoteca sobre el terreno, en el mes de mayo de 2005, con el Banco Supervielle, con destino a su mejora (v. fs. 588 vta.).
Por ello, concluyó que no era posible hallar seriamente configurada la sustitución jurídica de aquellos bienes inmuebles propios del accionante por el terreno adquirido en el barrio Abril y la construcción edificada en él, sin perjuicio del derecho de recompensa que eventualmente correspondiere a este de conformidad con las pre
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