Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122895
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.895, "T., G. R. contra F., C. A. J. Liquidación de la sociedad conyugal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó el fallo de primera instancia en cuanto había rechazado la defensa de prescripción liberatoria opuesta por la parte demandada al reclamo del actor de que se le abone una recompensa por el 50% del valor de las mejoras realizadas en el inmueble de propiedad exclusiva de la demandada, la cual acogió, declarando prescripta dicha pretensión. Asimismo, modificó el pronunciamiento de origen dejando establecido que el actor deberá rendir cuentas de los frutos civiles percibidos por la locación del local comercial sito en calle ... n° ... de La Plata desde el inicio de la relación jurídica con el tercero locador y que, una vez determinada con precisión la suma total con la aprobación de las cuentas, el mismo abone a la demandada, en concepto de recompensa por los frutos civiles gananciales no percibidos, el monto que resulte de calcular el 50% de aquella. Confirmó el resto de la sentencia impugnada e impuso las costas de segunda instancia a la actora (v. fs. 924/929 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 934/964 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor G. R. T. promovió demanda de liquidación de sociedad conyugal, denunciando como bienes integrantes de la comunidad ganancial los siguientes: 1) el 50% del inmueble sito en avenida ... n° ..., piso 2, departamento B de la ciudad de La Plata; 2) el 50% del inmueble sito en avenida ... n° ..., local comercial de la ciudad de La Plata; 3) un vehículo Renault Kangoo, dominio ..., modelo 1999; 4) el 100% de las mejoras efectuadas en el inmueble sito en calle ... n° ... de la misma ciudad, sede del hogar conyugal y 5) muebles existentes en el hogar en el porcentaje y la proporción correspondiente (v. fs. 579/588 vta.).
En lo que cabe destacar, solicitó en concepto de recompensa el 50% de las mejoras realizadas en el inmueble sito en calle ... n° ... de La Plata, que fuera asiento del hogar conyugal, las cuales han generado un mayor valor a dicho bien -que es propio de la demandada por haber sido adquirido mediante donación del padre de esta- (v. fs. 580 vta./582).
Requirió que se le reintegren los honorarios derivados de la labor del accionante en el proyecto de la vivienda unifamiliar, dirección técnica y ejecutiva de la obra en la proporción correspondiente, considerándolo un crédito de la masa de la sociedad conyugal (v. fs. 582 vta. y 583).
Por último, esgrimiendo que las mejoras efectuadas en el citado bien lo transformaron en una vivienda íntegra en sí misma, dado que anteriormente solo consistía en un terreno con una construcción precaria de antigua data, reclamó que se le reintegre, en su porcentaje, el valor locativo de la misma (v. fs. 585 vta. y 586).
Al contestar la demanda promovida, la señora F. opuso excepción de prescripción, tanto en relación con el reclamo vinculado con los honorarios profesionales como por la pretendida recompensa por mejoras (v. fs. 672/679 vta.). Asimismo, señaló que el local comercial sito en el inmueble de la calle ... n° ..., planta baja, de La Plata, fue alquilado y su producido percibido de manera exclusiva por el señor T., razón por la cual pretende que, una vez establecido el valor locativo del mismo, se practique liquidación de las sumas adeudadas a la comunidad (v. fs. 676 vta. y 677).
El Juzgado de Familia n° 6 de La Plata resolvió:
1. Declarar bien propio de la señora C. A. J. F. el inmueble sito en calle ... n° ... de La Plata; y como bienes gananciales el 50% de los inmuebles sitos en calle ... n° ..., departamento 2 B y local comercial de la misma ciudad, como así también al 100% del automotor Renault Kangoo, dominio ..., modelo 1999.
2. Declarar la procedencia de un derecho de recompensa en favor del señor T. respecto del 50% de las mejoras realizadas en el bien propio de la demandada, las que se encuentran detalladas en el informe pericial de fs. 818/826.
3. Decretar la atribución del automotor integrante del acervo comunitario en favor de la demandada, disponiendo que la misma quedará a cargo de los gastos emergentes desde el momento de la separación de hecho de los cónyuges.
4. Disponer que la señora F. practique liquidación por los meses de locación percibidos unilateral y exclusivamente por el señor T. respecto del local comercial sito en calle ... n° ... de La Plata desde el 1 de noviembre de 2013.
5. Declarar que a los fines de la partición de la comunidad conforme la liquidación ordenada queda expedita la vía procesal para las partes una vez que se encuentre firme el pronunciamiento.
6. Imponer las costas por su orden.
7. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre base regulatoria.
II. Apelado dicho fallo por la parte demandada (v. fs. 899 y vta.) la Sala I de la Cámara Primera de Apelación departamental lo revocó en cuanto aquel había rechazado la defensa de prescripción liberatoria opuesta frente al reclamo del actor de que se le abonara una recompensa por el 50% del valor de las mejoras realizadas en el inmueble de propiedad exclusiva de F., la cual acogió, declarando prescripta dicha pretensión. Asimismo, modificó el pronunciamiento de origen dejando establecido que el actor deberá rendir cuentas de los frutos civiles percibidos por la locación del local comercial sito en calle ... n° ... de La Plata, desde el inicio de la relación jurídica con el tercero locador y que, una vez determinada con precisión la suma total con la aprobación de las cuentas, el mismo deberá abonar a la demandada, en concepto de recompensa por los frutos civiles gananciales no percibidos, el monto que resulte de calcular el 50% de aquella. Confirmó el resto de la sentencia impugnada e impuso las costas de segunda instancia a la actora (v. fs. 924/929 vta.).
III. Contra dicho pronunciamiento se alza el actor mediante recurso extraordinario de nulidad (v. escrito de fs. 934/964 vta.), denunciando la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Aduce que la Cámara ha omitido el tratamiento de todas las defensas traídas por el actor en oportunidad de contestar la excepción de prescripción articulada por la contraria (v. fs. 937).
Asimismo, arguye que carece de fundamentación legal la calificación de la pretensión de incorporación como recompensa del crédito derivado de la afectación de recursos gananciales, en la mejora de un bien propio introducida por su parte con la finalidad de excluir la normativa aplicable a tal categoría (v. fs. 946 vta.).
IV. Comparto y hago propios los fundamentos vertidos por el señor Procurador General en el dictamen de fs. 980/982 en cuanto observa que "...las cuestiones que se alegan preteridas han recibido respuesta implícita en el pronunciamiento de grado, si bien en sentido contrario a las pretensiones del impugnante" (fs. 981 vta.).
Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que esta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Asimismo, merece rechazo el agravio dirigido a denunciar el quebrantamiento a la garantía consagrada por el art. 171 de la Constitución provincial (v. fs. 946/948), en tanto dicha infracción solo se produce cuando la decisión carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. fs. 925/929; conf. doctr. causas C. 111.300, "Moreno", sent. de 16-IV-2014; C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.665, "Salamone", resol. de 20-IX-2017; e.o.).
En definitiva, tal como señala el señor Procurador General, "...los motivos de impugnación vertidos en el escrito de protesta encierran, en rigor, el descontento y disconformidad del quejoso frente a un aspecto del pronunciamiento que le resulta adverso, mas del caso es recordar que el mérito o acierto de lo decidido en torno de la prescripción de su reclamo no es un tema que pueda ser objeto de análisis en el marco del recurso extraordinario de nulidad, ya que es materia propia del carril de la inaplicabilidad de ley..." (fs. 982).
V. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (arts. 68 y 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Contra la sentencia de fs. 924/929 vta. el actor interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la violación de los arts. 485, 488, 491, 493, 494, 495, 496, 497 y 498 del Código Civil y Comercial; 1.272 del Código Civil derogado y 163 incs. 3 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. escrito de fs. 934/964 vta.).
En primer lugar controvierte el criterio seguido por el Tribunal de Alzada respecto de la normativa aplicable para el tratamiento de la cuestión de derecho transitorio, provocado por la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, argumentando que se ha efectuado una inadecuada interpretación del art. 7 del mismo, al considerar la aplicación de dicha normativa en forma total a todas las cuestiones sometidas a la jurisdicción, sin particularizar que algunos de los efectos de la disolución ya se han consumado durante la vigencia del régimen anterior (v. fs. 948 vta., 953 vta./955).
Afirma que resulta errónea la calificación de la pretensión de incorporar el crédito por mejoras realizadas con bienes gananciales en beneficio de un bien propio de la accionada, al considerarlo como un crédito personal del reclamante (v. fs. 954 vta./958 vta.).
Rebate que se haya receptado la defensa de prescripción opuesta por la demandada esgrimiendo que la misma no debió haber sido admitida dada su tardía invocación (v. fs. 959 vta.).
Aduce que la exigibilidad del crédito por recompensas no se produce con la disolución de la sociedad conyugal, sino que requiere de la promoción de la acción de liquidación o de la existencia de un acuerdo de liquidación (v. fs. 960 vta.).
Denuncia que la Cámara ha excedido la congruencia al reconocer un derecho por la locación del inmueble de calle ... en una proporción mayor a la solicitada y reconocida por ambas partes (v. fs. 960 vta.).
Alega que la sentencia impugnada parte de una premisa errónea (porcentualidad de los gananciales en el todo); y de allí surge que están viciados por error los otros aspectos del fallo vinculados con ese tópico (v. fs. 962).
Finalmente, esgrime que se ha incurrido en un error conceptual al haber determinado porcentajes de participación en activos y créditos gananciales, previo a la liquidación de cada una de las masas gananciales (v. fs. 963).
II. El recurso no prospera.
II 1. En lo que respecta a los agravios dirigidos contra al derecho aplicable a la presente contienda, se observa que en la sentencia de primera instancia la magistrada interviniente dispuso adecuar el trámite, considerando que la situación jurídica (liquidación de la comunidad de bienes), al no encontrarse extinguida, resultaba alcanzada por la nueva legislación (v. fs. 887 vta.).
Ese pronunciamiento fue apelado solo por la parte demandada y, a su turno, la Cámara -frente al agravio desplegado por la apelante en tal sentido- también juzgó aplicable a la contienda el Código Civil y Comercial vigente desde el 1 de agosto de 2015 (v. fs. 924 vta./925 vta.).
Así, al no haber alegado el accionante dicho agravio en la oportunidad debida, es de aplicación la doctrina de este Superior Tribunal que establece que los argumentos novedosos que -al no haber sido oportunamente planteados- no han podido ser objeto de debate ni de juzgamiento en las instancias anteriores, resultan inabordables en esta instancia extraordinaria, toda vez que resultan ser el fruto de una reflexión tardía e inhábil para la apertura de la revisión casatoria (conf. causas C. 117.127, "Courouniotis", sent. de 22-IV-2015; C. 120.490, "Estudio 81 S.A.", sent. de 3-V-2018; entre muchas), motivo por el cual se impone la repulsa de este planteo.
II. 2. La misma suerte han de llevar las críticas dirigidas contra la solución adoptada por la Cámara al declarar prescripto el reclamo de recompensas formulado por el actor.
Liminarmente, debe señalarse que al igual que el agravio referido, el cuestionamiento dirigido a la supuesta tardía invocación de la defensa de prescripción (v. fs. 959 vta.) resulta un planteo novedoso que introduce el actor.
En efecto, en oportunidad de contestar el traslado de la referida excepción no se hizo ninguna mención a la extemporaneidad de la defensa invocada por la demandada (v. fs. 685/688), alegándolo recién en esta instancia extraordinaria.
Frente a ello, no cabe más que desechar la crítica por aplicación de la doctrina referida en el punto II.1. del presente voto, la que cabe dar aquí por reproducida.
II. 3. Pasando a tratar ahora el resto de los argumentos traídos contra el acogimiento de la mentada excepción de prescripción, es de observar que el Tribunal de Alzada, al abordar la cuestión relativa al límite temporal de la exigibilidad de los créditos derivado de la aplicación de fondos gananciales en provecho del bien propio de la demandada, se apartó de la solución adoptada por la magistrada de origen, quien había juzgado que al no encontrarse determinadas las mejoras reclamadas no podía considerarse prescripto el crédito generado por las mismas (v. fs. 889).
Así es que el Tribunal aseveró que, siendo las recompensas créditos, quien se considere con derecho a percibirlos lleva la carga de accionar en tiempo y forma procurando su reconocimiento y determinación, siendo dicho criterio el aplicable para tantas otras acciones que procuran el reconocimiento de un derecho y que deben ejercerse aun cuando el alcance se determine -luego de tramitado el proceso- por sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 927).
Y, en torno al cómputo del plazo de prescripción, considerando aplicable el previsto en el art. 4.023 del Código Civil (en función de lo establecido por el art. 2.537 del Cód. Civ. y Com. de la Nación), observó que el mismo había comenzado a correr desde el día 17 de abril de 2001, fecha en la cual la sentencia que decretó el divorcio vincular de las partes pasó en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 926 vta.).
Para rebatir esa decisión, el impugnante argumenta que la exigibilidad del crédito por recompensas no se produce con la disolución de la sociedad conyugal, sino que requiere de la acción de liquidación o de la existencia de un acuerdo de liquidación (v. fs. 960 vta.).
Respecto de dicha temática, bajo la vigencia del Código Civil, se ha dicho que "No cabe ninguna duda de que las recompensas sólo pueden ser pretendidas con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal, en el proceso de liquidación" (conf. Belluscio, Augusto C., Manual de Derecho de Familia , t. II, n° 412, p. 156, Ed. Depalma, año 1993).
Actualmente, el Código Civil y Comercial establece "...normas específicas para el proceso de liquidación de la comunidad [...]; decisión legislativa, que se completa con la sistematización de su extensión, oportunidad para su reclamo, procedimiento de valuación y la posibilidad de devengar intereses, ausentes en el ordenamiento anterior [...].
Reciben la denominación de recompensas los créditos entre los cónyuges que surgen con motivo de la gestión patrimonial de los bienes propios y gananciales durante la comunidad, que han de determinarse después de su disolución, a fin de establecer con exactitud la masa que entrará en la partición.
Su propósito es restablecer la debida composición de las masas patrimoniales propias de cada cónyuge, teniendo en cuenta los bienes que las constituían al iniciarse la sociedad conyugal y los que fueron adicionándose o sustrayéndose después.
El enorme valor de esta norma reside en la consagración explícita de la noción de recompensa -inclusiva de cualquier supuesto en que hubiere beneficio de una masa de bienes a expensas de otra- designando las reglas que la rigen, superando así al régimen anterior, que solo las admitía casuísticamente.
El concepto teórico subyacente para reclamar el derecho a recompensa es el de enriquecimiento sin causa, previsto expresamente en el art. 1794 CCyC. Es importante señalar que esta teoría recién cobra virtualidad una vez extinguida la comunidad" (Peracca, Ana en "Comentario a los arts. 446 a 508 del CCyC" en Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián [Directores], Código Civil y Comercial comentado , Tomo II, Libro Segundo, páginas 164 y 165).
De lo expuesto, se desprende que, si bien es cierto que las recompensas pueden reclamarse recién a partir de la disolución de la sociedad conyugal y que la acción de liquidación de la sociedad conyugal disuelta es imprescriptible, ello no significa que la acción para reclamar recompensas no esté sujeta a un plazo de prescripción liberatoria.
En efecto, bajo la vigencia del Código Civil se ha dicho que "La acción de liquidación de la sociedad conyugal disuelta es imprescriptible" y que "La acción para reclamar recompensas prescribe a los diez años de disuelto el vínculo matrimonial" (Roveda, Eduardo G.; "La acción de liquidación de bienes gananciales ¿Prescribe?", publicado en LA LEY 2003-B, 944, Cita Online: AR/DOC/12964/2001).
Luego, con la sanción del Código Civil y Comercial, los autores han observado que: "...tratándose de una obligación personal y no teniendo plazo especial legalmente previsto, la acción para reclamar las recompensas se rige por el término genérico (art. 2560 CCyC, que lo establece en cinco años), computable a partir de que queda firme la sentencia de divorcio" (Peracca, Ana en "Comentario a los arts. 446 a 508 del CCyC" en Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián [Directores], Código Civil y Comercial comentado , Tomo II, Libro Segundo, página 166).
En virtud de ello y más allá de la imprescriptibilidad de la acción para solicitar la liquidación de la sociedad conyugal disuelta, resulta claro que el reclamo por recompensas tiene un límite temporal que comienza a correr desde la firmeza de la sentencia de divorcio.
Sobre dicha base, los agravios traídos, tanto los vinculados con la infracción de las normas que establecen las pautas para la liquidación de la sociedad conyugal como los referidos a la caracterización del crédito por
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