Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-702/11-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 2/6 por el Dr. Ricardo Luis Litvachkes contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: L-702/11-TSJ Sentencia N°: 1040 Actor: LITVACHKES RICARDO LUIS Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 12/12/17 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1040 FOLIO Nº 3241/3246 PROT. ELECT. TSS1 013 C.171
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 12 días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos “LITVACHKES RICARDO LUIS C/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº L-702/11-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Angeles Mercau, 2º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 3º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 4º) Dr. Domingo Norberto Fernández, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que, a fs. 2/6 el Dr. Ricardo Luis Litvachkes, por derecho propio, interpone demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (en adelante CPS), solicitando que se modifiquen los artículos 1º y 2º del Acuerdo Nº 1057-CPS-2010, y que se declare la nulidad parcial del Acuerdo Nº 2735-CPS-2010 (conf. foja 2).-
En relación con el Acuerdo Nº 1057-CPS-2010, el actor peticiona, en primer lugar, que se modifique la fecha de su cese como dependiente de la Administración Pública Provincial, estableciendo como ocurrida el 10 de febrero de 2009 y no el 30 de junio de ese mismo año como se dispuso en el artículo 1º del citado Acuerdo. En tal sentido, afirma que según el informe de prorrateo de edad obrante en el expediente administrativo, cumplió con el requisito de la edad jubilatoria al cumplir cincuenta y seis (56) años, un (1) mes y seis (6) días de edad (conf. foja 3), y que teniendo en cuenta su fecha de nacimiento, estuvo en condiciones de obtener su jubilación ordinaria el 10 de febrero de 2009 (conf. foja cit.).
Por tal motivo, considera errado que se le haya concedido el beneficio jubilatorio a partir del 30 de junio de 2009 -fecha en la que dejó de prestar funciones en el entonces Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia de Santa Cruz (en adelante MAS)-, y peticiona que la concesión de la jubilación se retrotraiga de dicha fecha al 10 de febrero de 2009, puesto que en ese momento no se encontraba prestando servicios (conf. foja cit.). Respecto de los haberes que percibió por parte del MAS entre el 1º de marzo de 2009 y el 30 de junio de ese mismo año, solicita que se le ordene la devolución de los montos percibidos, aplicando analógicamente el artículo 118 de la Ley Nº 1782 (conf. foja cit.).- En cuanto al artículo 2º del Acuerdo Nº 1057-CPS-2010, el actor pretende que se recalcule el haber jubilatorio inicial teniendo en cuenta los cargos judiciales desempeñados en la Provincia de Río Negro.
Así pues, sostiene que el organismo previsional solo contempló, a efectos de calcular el haber inicial, los cargos administrativos y judiciales desempeñados en la Provincia de Santa Cruz, y omitió contemplar los cargos judiciales que desempeñó en la Provincia de Río Negro entre el 1º de noviembre de 1985 y el 1º de abril de 1992 (conf. foja 5), tal cual lo establecen los artículos 55, 57 y 96 de la Ley Nº 1782. Solicita, en consecuencia, que se deje sin efecto el haber jubilatorio determinado en el Acuerdo Nº 1057-CPS-2010 y que este Tribunal Superior le ordene a la CPS que lo recalcule teniendo en cuenta los cargos desempeñados en Río Negro (conf. foja cit.).- Por otra parte, solicita que declare la nulidad parcial del Acuerdo Nº 2735-CPS-2010, en cuanto omitió fundamentar las razones por las que desestimó tácitamente los planteos que realizó contra el Acuerdo Nº 1057-CPS-2010 (conf. foja 4 vta.).
También peticiona la modificación de aquél acto administrativo, y solicita que se le ordene a la CPS a que proceda al recálculo de los retroactivos en función del nuevo haber jubilatorio (conf. foja cit.).-
Por último, peticiona el pago retroactivo de las diferencias remuneratorias no percibidas que corresponden a la nueva fecha del inicio del beneficio y del nuevo haber jubilatorio (conf. foja 5 y vta.).-
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal (conf. fs. 5 vta./6).-
Que, a foja 25 se corre traslado de la demanda a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
La CPS representada por el Dr. Fernando Guillermo Agüero contesta demanda y solicita, en primer término, la citación de la Fiscalía de Estado (conf. foja 30). Luego, sostiene que el actor no estaba el 10 de febrero de 2009 en condiciones de jubilarse, dado que la CPS no había percibido los cargos por aportes personales y patronales que le correspondía ingresar a la Municipalidad de Río Turbio (conf. foja 31). Y alega que la fecha del cese no surge de una interpretación caprichosa de la ley sino de la estricta aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 1782 (conf. foja cit.), como así también de los artículos 110 y 112 de la citada ley (conf. fs. 31 y vta.).- En lo relacionado con la fijación del haber jubilatorio, afirma que el actor hizo valer servicios reconocidos en la Provincia de Río Negro, y de esta manera completar la cantidad de servicios requeridos por la Ley Nº 1782, lo que le permitió acceder al beneficio de la jubilación ordinaria (conf. foja 32). Alega que el actor pretende que su haber jubilatorio se determine según lo previsto en el artículo 57 de la Ley Nº 1782 y sus modificatorias (conf. foja 32 vta.), pero recuerda que dicho artículo -que actualmente se encuentra derogado- se aplicaba solamente en aquellos casos en los que un afiliado no había desempeñado servicios provinciales en los últimos diez años de actividad (conf. foja cit.); y que en los presentes autos dicho artículo 57 no resulta aplicable, ya que el caso del actor fue encuadrado en los términos del artículo 55 de la misma ley, que permitía considerar cargos o categorías desempeñados en toda la carrera provincial (conf. foja 33). Por último, en relación con el pago retroactivo de las diferencias remuneratorias no percibidas por el actor, argumenta que dicha petición resulta improcedente, ya que este último pretende incorporar cuestiones netamente de derecho privado en una acción contencioso administrativa (conf. foja 33 vta.).- Ofrece prueba y hace reserva del caso federal (conf. fs. 33 vta./34).-
A fs. 39/40 vta., previo traslado, este Tribunal Superior hace lugar a la solicitud de la citación de Fiscalía formulada por la CPS.-
A fs. 47/50 vta. contestan demanda el Sr. Fiscal de Estado y el Dr. Carlos Gabriel Tresguerres, ambos en representación de la Provincia de Santa Cruz. Allí manifiestan que adhieren “…en todas sus partes al relato de los hechos que efectúa la demandada Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz en su escrito de contestación de demanda, tanto en lo que respecta a la fecha de cese de la actividad laboral del reclamante, como de la fijación del haber jubilatorio…” (cfr. foja 48 vta.).-
Puntualmente sostienen que la fecha de cese establecida por la CPS surge en forma clara y precisa del texto legal aplicable, ya que los artículos 8º, 110 y 112 de la Ley Nº 1782 establecen que para gozar del beneficio de la jubilación los afiliados deberán cesar en toda actividad en relación de dependencia (conf. foja 48 vta.). Esgrimen que el 10 de febrero de 2009 la actora no estaba en condiciones de jubilarse, y además, continuó desarrollando su actividad laboral en el MAS, a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicha cartera, puesto que ocupó desde el 1º de marzo al 30 de junio de 2009, fecha en la que efectivamente cesó en su actividad laboral (conf. foja 49). En lo referido a la fijación del haber, sostienen que la actora para acceder a su beneficio jubilatorio hizo valer las certificaciones y aportes realizados ante el organismo competente de la Provincia de Río Negro, y así pudo obtener la cantidad de años de servicios que la ley le exigía (conf. foja 49 vta.); y lo que pretende el Dr. Litvachkes es que se le equipare el haber jubilatorio en base a las tareas y remuneraciones realizadas en otra provincia, pretendiendo ampararse en el derogado artículo 57 de la Ley Nº 1782, que regulaba situaciones distintas a las del accionante a los efectos de fijar la base del haber jubilatorio (conf. foja cit.). Por último, en lo que respecta al pago del retroactivo, sostienen que adhieren a los planteos efectuados en tal sentido por la CPS (conf. foja 50).- Hacen reserva del caso federal y se adhieren a la totalidad de la prueba ofrecida por la CPS en su escrito de contestación de demanda (conf. foja 50).-
A fs. 52/53 contesta vista el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que es formalmente admisible la demanda en cuanto al cuestionamiento de los actos administrativos, pudiendo ingresar este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones, aunque resulta inadmisible su intervención en lo relacionado al reclamo del pago retroactivo de las diferencias remuneratorias no percibidas por el demandante (conf. foja 53).-
A foja 55 se ordenó la apertura a prueba de la causa.-
Certificada la producción de la prueba y puestos los autos a disposición de las partes para alegar a foja 141 vta., hicieron uso de ese derecho la actora a fs. 147/159 vta. y la codemandada CPS a fs. 161/162 vta.-
A foja 163, se llamó autos para sentencia, pasando a estudio a foja 164.-
II. Que, conforme ha quedado trabada la presente litis, el primero de los puntos en debate gira en torno a la fecha del cese establecida en el artículo 1º del Acuerdo Nº 1057-CPS-2010.-
Al respecto debo adelantar que, por las razones que más abajo expondré, considero que la fecha fijada por la CPS en el artículo 1º del Acuerdo N° 1057-CPS-2010 (10 de febrero de 2009), a efectos de concederle la jubilación al actor, se encuentra ajustada a derecho.-
Así, debo recordar que el Dr. Litvachkes presentó la solicitud de jubilación ordinaria el 1º de septiembre de 2008 (conf. foja 1 y vta. del expediente administrativo Nº 230267/08), y que según la certificación de servicios obrante a foja 46 del citado expediente contaba al 2 de julio de 2008 -fecha en la que había realizado sus últimos aportes- con treinta y cuatro (34) años, cinco (5) meses y veintiocho (28) días de servicios. Del prorrateo de edad de foja 47 del expediente administrativo citado, surge asimismo, que el actor tenía en ese momento cuatro (4) años, cinco (5) meses y veintiocho (28) días de exceso de servicios, los cuales fueron compensados, por lo que la CPS concluyó que el actor cumpliría con el requisito de edad a los cincuenta y seis (56) años, cuatro (4) meses y seis (6) días y que, por lo tanto, al 2 de julio de 2008 aún le faltaban diez (10) meses y nueve (9) días para jubilarse (conf. el prorrateo de edad de foja 47 del expediente citado).
Si tenemos en cuenta la fecha de nacimiento del actor -4 de enero de 1953-, los diez (10) meses y nueve (9) días se cumplirían el 10 de mayo de 2009, pudiendo jubilarse a partir de esa fecha. Es decir que si bien al 2 de julio de 2008 el Dr. Litvachkes había cesado en sus funciones, y además contaba con el tiempo de servicios necesario, aún le faltaba otro de los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio: los años de edad.- Posteriormente, el 1º de marzo de 2009, el actor fue designado como Director General de Asuntos Jurídicos del MAS, cargo que desempeñó hasta el 30 de junio de 2009. Estos servicios fueron certificados a fs. 63/64 del expediente citado y en virtud de ese nuevo dato, se efectuó un nuevo prorrateo de edad en el que se determinó que el Dr.
Litvachkes cumplía al 30 de junio de 2009, es decir a la fecha de la cesación de servicios en el MAS, con el requisito de edad -recordemos que del anterior prorrateo resultaba que dicha exigencia la cumpliría el 10 de mayo de 2009- y que, como se le adicionaban los cuatro (4) meses que había trabajado en dicho ministerio, la nueva edad jubilatoria del actor era de cincuenta y seis (56) años, un (1) mes y seis (6) días.- Es por ello que el actor sostiene que no es correcto tomar como fecha del cese el 30 de junio de 2009 -es decir la fecha de su renuncia al MAS- como lo hace la CPS, puesto que según el prorrateo de edad obrante a foja 65 del expediente administrativo citado, había cumplido con el requisito de la edad jubilatoria al cumplir los cincuenta y seis (56) años, un (1) mes y seis (6) días de edad, ya que se tomó en cuenta el exceso de servicios, y que esa edad la tenía al 10 de febrero de 2009.
Por tal motivo, solicita que la fecha del cese se retrotraiga del 30 de junio de 2009 al 10 de febrero de ese mismo año, puesto que en ese momento no se encontraba trabajando (conf. foja 3).- Pero lo cierto es que el 10 de febrero de 2009, como vimos, el actor no cumplía con los extremos legales exigidos por la normativa a efectos de obtener el beneficio jubilatorio, ya que si bien a esa fecha no se encontraba aportando y contaba con exceso de servicios, aún no tenía la edad necesaria para jubilarse, algo que ocurriría el 10 de mayo de 2009. Todos esos requisitos recién confluyeron el 30 de junio de 2009, dado que en esa fecha el actor cumplía con las exigencias de edad y tiempo de servicios, y había cesado en la prestación de servicios en el MAS.
Recordemos, al respecto, que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto que “…es principio general en materia previsional que las condiciones de edad y servicios requeridas por cada norma a los fines del otorgamiento de una jubilación deben concurrir a la vez en el momento de dejar el empleo, aún cuando la ley que regula la cuestión no lo establezca expresamente…” (cfr. SCBA, “Pina, José Armando c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa”, causa B 56.995, sentencia del 10 de mayo de 2000); algo que solo ocurrió en el caso de autos el 30 de junio de 2009, y no el 10 de febrero de ese mismo año como invoca el actor, ya que en ese momento no era acreedor de la prestación puesto que no reunía, a la vez, los requisitos que la Ley Nº 1782 exige para acceder al beneficio, toda vez que carecía de la edad necesaria.- De aceptarse la postura del actor se llegaría a situaciones no contempladas por el legislador, creando a favor de aquél una excepción no prevista en la ley, dado que se estaría concediendo la jubilación a un beneficiario que no cumplía -en la fecha pretendida- con los requisitos establecidos en nuestra normativa previsional.
Y recordemos, en este último sentido, que la Ley Nº 1782 establece de modo claro e imperativo que “Para tener derecho a cualquiera de los beneficios que acuerda esta ley, el interesado deberá reunir los requisitos para su logro…” (cfr. artículo 110 de la Ley Nº 1782), los que, para la jubilación ordinaria, son la edad, el tiempo de servicios (conf. artículo 53 de la Ley Nº 1782) y el cese (conf. artículos 112, inciso a) y 133 de la Ley Nº 1782), los cuales, según se ha visto, deben concurrir a la vez, y eso fue algo que sólo aconteció el 30 de junio de 2009 por lo que la fecha tomada por la CPS en el artículo 1º del Acuerdo Nº 1057-CPS-2010 a efectos de concederle al actor el beneficio jubilatorio es correcta.- Asimismo no debe dejar de señalarse lo contradictorio que resulta lo peticionado por el actor al solicitar que, una vez que se determine el 10 de febrero de 2009 como la fecha del cese, se le ordene “…regularizar la devolución de los montos percibidos en el Ministerio de Asuntos Sociales, aplicando analógicamente el art. 118 de la Ley 1782…” (cfr. foja 3).
Es decir que pretende que se establezca como fecha de inicio de su jubilación el 10 de febrero de 2009 y que, además, se le ordene restituir los haberes que percibió entre el 1º de marzo y el 30 de junio de 2009, cuando dichos aportes fueron los que provocaron el nuevo cómputo en el cual basa su pretensión.- Todo ello termina sellando la suerte adversa de la petición en tratamiento y, lógicamente, de la referida a que se le ordene al actor que devuelva los haberes percibidos de parte del entonces Ministerio de Asuntos Sociales entre el 1º de marzo y el 30 de junio de 2009. Asimismo, considero que igual suerte debe correr la solicitud de nulidad parcial del Acuerdo Nº 2735-CPS-2010 en cuanto omitió dar las razones por las cuales desestimó tácitamente su planteo tendiente a que se modifique la fecha del inicio del beneficio jubilatorio, desde que, más allá de la inactividad formal que pudiere existir ante la petición realizada por el actor, la fecha de inicio del beneficio fue motivo de impugnación judicial en estas actuaciones y ha quedado claro que, en definitiva, la fecha tomada por la CPS, como se dijo más arriba, es la correcta.- En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar la pretensión del actor tendiente a que se modifique la fecha del cese de la actividad, puesto que de las constancias de autos y de la normativa aplicable surge que el actor no se encontraba en condiciones de acceder al beneficio de la jubilación al 10 de febrero de 2009.-
III. El segundo de los cuestionamientos contra el Acuerdo Nº 1057-CPS-10 se relaciona con la fijación inicial del haber jubilatorio. Así pues, solicita que se deje sin efecto el haber determinado por la CPS en el artículo 2º del referido Acuerdo y se disponga que se lo recalcule teniendo en cuenta los cargos judiciales desempeñados en la Provincia de Río Negro. Asimismo pretende que se disponga la modificación del Acuerdo Nº 2735-CPS-2010 y se le ordene a la CPS que recalcule los retroactivos en función del nuevo haber jubilatorio.-
En efecto, el actor sostiene que la CPS al determinar su haber jubilatorio, omitió aplicar los artículos 55, 57 y 96 de la Ley Nº 1782 y sus modificatorias (conf. foja 5), y “…contemplar los cargos judiciales desempeñados por el presentante en la Provincia de Río Negro, entre el 1º de Noviembre de 1.985 al 1º de Abril de 1.992…” (cfr. foja cit.). Así, luego de transcribir el artículo 57 de la Ley Nº 1782 (derogado actualmente por la Ley Nº 3189), alega que el Acuerdo N° 1057-CPS-2010 no se ha dictado conforme el citado artículo, ya que solamente se tomaron en consideración cargos judiciales y administrativos desempeñados en la Provincia de Santa Cruz (conf. foja cit.).- Recordemos al respecto, que este Tribunal Superior ha dicho que el sistema federal de Estado que nos rige lleva a que cada provincia y la Nación, posean sus propios regímenes previsionales y organismos (cajas) que los administren.
Esta situación impedía a los trabajadores que, en función de traslaciones laborales hubiesen desempeñado servicios en diferentes ámbitos, obtener la cobertura cuando no reunían en ninguna de las diferentes cajas a las que habían aportado los requisitos de antigüedad en los servicios para tal fin. Fue a raíz de ello que se creó el régimen de reciprocidad en materia previsional con el dictado del decreto 9.316/1946 (conf. Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 878, Folio 2545/2553). En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la creación de dicho sistema tuvo como objeto cardinal ampliar el campo de derechos jubilatorios, creando una antigüedad única generada por el cómputo de servicios prestados sucesivamente bajo distintos regímenes como si todos ellos lo hubieran sido bajo la Caja Jubilatoria (Fallos: 330:2786, del Dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema).
Pero, sin perjuicio de ello, la existencia de un convenio de reciprocidad no implica que deba dejar de aplicarse la normativa de la caja otorgante para determinar la procedencia del beneficio, y en este sentido no se encuentra en discusión que la ley aplicable es la Nº 1782 de esta provincia.- Entonces, la ley que rige el caso en estudio no solo es la Ley Nº 1782, sino, además, la vigente a la fecha de la cesación de servicios ya que es esta circunstancia la que genera el derecho previsional y lo incorpora al patrimonio del interesado, con fundamento en lo prescripto por el artículo 8º de la Ley N° 1782 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 782, Folio 2202/2206).
Ello tiene especial relevancia, dado que los artículos en los que el actor funda su petición, esto es, el 55, 57 y 96 de la Ley Nº 1782 fueron modificados (tal el caso del 55 y 96) o derogados (tal lo ocurrido con el 57) por la Ley Nº 3189 (B.O. 4458/11).- Así, conforme quedó establecido en el apartado II, la fecha de cese fue el 30 de junio de 2009, es decir que este punto habrá de juzgarse con la ley vigente en ese momento, que no era otra que la Ley N° 1782 previa a la reforma de la Ley Nº 3189 (B.O. 4458/11).-
En efecto, el artículo 55 de la Ley Nº 1782 (conforme el texto de la Ley N° 2060) establecía, en lo que aquí interesa, que “El haber inicial de la jubilación Ordinaria, será equivalente al Ochenta y Dos por Ciento (82%) de la remuneración actualizada del mejor cargo o categoría, desempeñado por el titular bajo el régimen de esta Ley, durante un término de Doce (12) meses consecutivos dentro del período de Diez (10) años inmediatos anteriores al cese o durante el término de Veinticuatro (24) meses consecutivos de todo el período con aportes efectivos al régimen de esta Caja de Previsión Social” (cfr. artículo citado). El artículo 57 disponía, por su parte, que “Si el haber de la Jubilación Ordinaria hubiera de determinarse íntegramente sobre la base de remuneraciones por tareas en relación de dependencia ajenas a esta Ley o por ingresos por actividades autónomas, la Caja de Previsión Social equiparará el cargo o cargos, la categoría o categorías o el monto remunerativo pertinente al que corresponda según el Escalafón o Escala Remunerativa mas afín a la actividad a reconocer, que tuviera vigencia en la provincia de Santa Cruz” (cfr. artículo citado).- De la lectura de la normativa citada, no surge que lo decidido por el organismo previsional resulte arbitrario, toda vez que el haber inicial jubilatorio del actor no hubo de determinarse íntegramente en base a remuneraciones ajenas a la Ley Nº 1782 conforme lo establecía el artículo 57 de dicha ley, y ello surge de la simple lectura de las dos certificaciones de servicios obrantes en el expediente administrativo Nº 230267/08.
Es decir que el haber inicial del Dr. Litvachkes fue determinado conforme las prescripciones del artículo 55 de la Ley Nº 1782 (según el texto de la Ley Nº 2060), en base a los servicios prestados bajo el régimen de nuestra normativa provincial y por el término allí establecido. Además, no debe pasarse por alto que el criterio adoptado por la CPS en estas actuaciones fue también observado en el expediente administrativo Nº 235003/93, agregado como prueba instrumental, donde se debatió una petición similar a la aquí ventilada, con lo cual no podría alegarse un cambio intempestivo de criterio por parte del organismo previsional.- Es decir que la fijación del haber jubilatorio realizado por la CPS no resulta irrazonable ni arbitrario, y ello surge ni más ni menos que del estudio de las actuaciones administrativas, y de la interpretación armónica de los artículos 55 y 57 de la Ley Nº 1782.
Sólo realizando una interpretación fraccionada de las reglas y principios aplicables al caso se podría arribar a una solución distinta. Recordemos, en este último sentido, que es pacífica doctrina de este Tribunal Superior la que establece que “...partiendo del carácter de ‘orden público’ de la Ley 1782, no puede soslayarse que a los fines de su interpretación y aplicación, no resulta procedente una visión fraccionada de la misma, sino que, por el contrario, se impone como necesidad ineludible una visión integradora de todas sus normas, de modo tal que conlleven a una interpretación armónica de todas sus partes, y primordialmente en sintonía con los principios fundamentales del régimen de jubilaciones…” (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomos XIII, Reg. 850, Folio 2410/2415; Reg. 869, Folio 2509/2514; y XVI, Reg. 1021, Folio 3176/3178).- Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la petición tendiente a que se modifique el haber jubilatorio establecido en el Acuerdo Nº 1057-CPS-10, y la referida a la que se modifique el Acuerdo Nº 2735-CPS-10 en lo que respecta al recálculo de los retroactivos en función del nuevo haber pretendido.-
IV. Por último, en virtud de lo decidido en los apartados II y III, corresponde rechazar lo peticionado por el actor en relación con el pago de los retroactivos jubilatorios según la nueva fecha de inicio de la jubilación y al nuevo haber jubilatorio pretendido (conf. foja 5 y vta.).-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Daniel Mauricio Mariani, Domingo Norberto Fernández y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Mercau.-
A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 2/6 por el Dr. Ricardo Luis Litvachkes contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y teniendo presentes las reservas del caso federal efectuadas por las partes.-
Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Daniel Mauricio Mariani, Domingo Norberto Fernández y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 12 de diciembre de 2017.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau, del Sr. Vocal Subrogante, Domingo Norberto Fernández y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 2/6 por el Dr. Ricardo Luis Litvachkes contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y judiciales mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vo cal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1013C.171 Tomo: XVII Sentencia: 1040 Folio Nº: 3241/3246 Secretaría: 1
Fin de la sentencia