Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-2382/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 458/471 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 473/474 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: L-2382/19-TSJ Interlocutorio N°: 3615 Actor: LITVACHKES RICARDO LUIS Demandada: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: COBRO DE PESOS Fecha: 15-07-2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3615 FOLIO Nº 6273/6276 PROT. ELECT. TSS1 036 I.211
Rio Gallegos, 15 de julio de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “LITVACHKES RICARDO LUIS c/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ COBRO DE PESOS”, Expte. Nº L-15.330/11 (L-2382/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora Dr. Ricardo Luis Litvachkes por derecho propio, (cfr. fs. 458/471 vta.), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 445/452 vta., en cuanto rechaza el recurso de apelación deducido por dicha parte confirmando la sentencia de Primera Instancia en todo cuanto fuera materia de agravio con costas (cfr. foja 452 y vta.).- Que, en lo que aquí interesa, esta última rechazó la demanda promovida en relación al reclamo de intereses compensatorios (cfr. foja 389 vta.).-
II. La parte accionante recurre el fallo de Segunda Instancia en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. fs. 458, 464 vta. y 465).-
Expresa que el pronunciamiento de la anterior instancia viola tanto la ley de fondo como la ley procesal aplicable y vulnera los derechos garantizados por los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. fs. 464 vta./465).-
Funda su recurso sosteniendo que: “De la prueba regularmente traída a juicio, surge que es falsa la afirmación de la demandada de haber pagado a mi parte los haberes jubilatorios estimados en el pago del retroactivo en forma actualizada y, no obstante ello, argumentando, erradamente, que no podían pronunciarse sobre el punto, el decisorio, lo toma como un hecho cierto, sin preocuparse por la obtención de la verdad material; esto es evidentemente, un presupuesto que permite calificar al fallo como arbitrario y violatorio de los derechos de propiedad; igualdad y al debido proceso legal, que me corresponde como litigante; es decir, se dan las notas de arbitrariedad que ameritan la revisión por la vía del recurso de casación aquí intentado…” (cfr. foja 466 vta.).- Indica que es manifiestamente equivocado sostener que, para resolver la procedencia del pago de los intereses reclamados en la demanda, hay que efectuar un cuestionamiento a los actos administrativos dictados por la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, apreciación que nada tiene que ver con la esencia del planteo de su parte (cfr. foja 468).-
Acusa que la sentencia tiene: “…un grave defecto de fundamentación normativa y en la consideración de los extremos conducentes…Obviamente, la sentencia, en esta porción, tampoco cubre los standards mínimos exigidos por la jurisprudencia y la doctrina para validarla, afectando desde este ángulo también, los derechos constitucionales de propiedad, de igualdad y de defensa en juicio, amparados por los arts. 17; 16 y 18 de la Carta Magna Nacional.” (cfr. foja 468 vta.).-
Por otro lado sostiene que: “Si bien el voto alude a los artículos 767 y 768 del C.C y C.N., no se entiende de dónde extrae V.V.E.E. que los mismos no aplican cuando el deudor es el administrado, por considerar unilateral la vinculación con el administrado, en virtud de su poder de imperio y la actividad que ejerce. Esta distinción no aparece en ningún precepto positivo vigente; más aún, si hipotéticamente la ley así lo dijera, chocaría directamente contra el derecho de propiedad reglado por el art. 17 de la Constitución Nacional; ya que la adición de intereses en el caso de pagos tardíos de obligaciones, aún no pactados, deriva directamente de la garantía de citado art. 17 de la Ley Fundamental.” (cfr. foja 469). Obviamente que la contradicción de la hermenéutica esgrimida por el decisorio, con el régimen constitucional y legal vigente, tornan absurdo y descalificable como acto judicial válido al pronunciamiento bajo tratamiento; tema que, ninguna duda cabe, debe ser materia de contralor y revisión por el tribunal casatorio…” (cfr. foja cit.).- Finalmente aduce que: “Se ha omitido, considerar una argumentación oportunamente introducida y que asumía relevancia…para el tratamiento de la apelación bajo examen y no se ha brindado tampoco, justificación alguna que hiciera innecesario o improcedente el detenerse en esta porción del memorial de agravios…El pronunciamiento que ataco omite toda referencia a estos planteos de mí parte, ignorándolos totalmente, obviamente, sin brindar la menor fundamentación de esa actitud; es decir, faltando a su deber de 'motivar' la sentencia y de contestar las articulaciones y defensas propuestas por las partes en debido tiempo y forma que tengan relación con la solución del caso…”(cfr. foja 470 y vta.).- Mantiene reserva del Recurso Extraordinario Federal (cfr. foja 471 y vta.).-
A foja 473/474 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la actora.-
A foja 482 pasan los presentes al acuerdo.-
III. Corresponde en ésta oportunidad efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que autoricen la admisibilidad del recurso intentado; teniendo en cuenta que -tal cual reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.-
IV. En lo referente a la violación del principio de congruencia, es preciso recordar que la segunda instancia no constituye una revisión integral de todo lo ocurrido en la primera instancia. Se trata de una revisión restringida, cuyos hechos constitutivos son los aspectos de la resolución recurrida que la parte recurrente impugna. De ahí se sigue que el recurso no puede ser asimilado a la iniciación de un nuevo juicio, con la amplitud que ello supone, sino que se trata del continente de agravios derivados exclusivamente de las partes de la resolución que son impugnadas por el recurrente. Su ámbito es restringido y, sin duda alguna, mucho más limitado que el de la demanda (cfr. Masciotra Mario - Rosales Cuello Ramiro, coordinadores, “El Principio de Congruencia, Libro homenaje a Augusto Mario Morello”, Librería Editora Platense, La Plata, 2009, Pág.182/183).- En el caso de las resoluciones judiciales deberá cuidarse que se ajusten al principio de congruencia, debiendo coexistir adecuación entre el contenido de la mismas y lo que ha sido materia de pretensión por las partes (cfr. aut. y ob. cit. Pàg. 193).-
También debe rememorarse que los agravios relativos a la conculcación del mencionado principio, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de la denuncia y condigna demostración del absurdo que afectó la tarea del juzgador y, desde luego, también denunciar la infracción de las normas que receptan aquel principio. (cfr. SCBA “Erramouspe, Juan Francisco c/ de la Bouillerie, Sebastián y otros s/ Simulación”, causa LP C 121352 S, del 21/11/2018, “Vallejos, Margarita Rosa c/ Verkuyl, Martín Conrado y otros s/ Nulidad de donación” Causa LP C 119525 S, del 10/08/2016, entre otros), lo que, debemos adelantar, no se encuentra cumplido en el recurso en análisis.- En sub lite, la recurrente acusa violación del principio de congruencia alegando que la anterior instancia ha omitido considerar una argumentación oportunamente introducida y que asumía relevancia para el tratamiento de la apelación bajo examen, sin embargo, no lo logra poner de manifiesto la infracción que aduce.-
En el particular caso de autos, resulta indudable que la Excma. Cámara de Apelaciones se adentró en el tratamiento de todas las cuestiones que han sido materia de agravios dando una oportuna, efectiva y plena respuesta jurisdiccional.-
En efecto, no se encuentra demostrado, en el recurso de casación, que la judicatura haya omitido abordar o decidir íntegramente los argumentos brindados en memorial fundante del recurso sometido a su competencia. De la íntegra lectura de la sentencia en crisis no se advierte que los jueces se hayan desentendido de las pretensiones sometidas a su decisión resultando, la alegada conculcación del principio de congruencia, una mera disconformidad de la recurrente con la interpretación y solución dada por la Excma. Cámara de Apelaciones.- Siguiendo el criterio apuntado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto que: “…no se viola la regla de congruencia si los jueces de la causa no se desentendieron de los temas litigiosos sometidos a su conocimiento, los que tuvieron respuesta suficiente mediante la debida fundamentación legal en el pronunciamiento dictado (conf. causas A. 70.212, 'Brown', sent. de 28-XII-2010; A. 70.280, 'Couturier', sent. de 19-IX-2012 y sus citas). En adición cabe considerar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia, el recurrente manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos del proceso, sin lograr acreditar la existencia de absurdo (conf. causas C. 105.970, 'Ortiz Viuda de Polo', sent. de 9-VI-2010; C. 117.015, 'Loaiza', sent. de 30-X-2013)”.(cfr. “Mugarza, Jorge E. c/ Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria, R.L” Causa LP A 72745 S del 13/12/2017).- No merece andamiaje el acuse de infracción al principio de con-gruencia, cuando el recurrente no ha desarrollado un argumento suficientemente eficaz que permita visualizar el apartamiento del Tribunal de Alzada del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, en tanto la sentencia en crisis se muestra atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (cfr. SCBA “Bernal, Jorge Luis y otro c/ Sucesores de Gómez Lazo Alejandro s/ Daños y perjuicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley), causa LP A 72858 del 08/11/2017).- Por otra parte la recurrente también alega que se ha violado el principio de congruencia al no considerarse que la demandada no ofreció prueba alguna que acredite el pago actualizado de los haberes jubilatorios.-
Sin embargo nuevamente debemos sostener que estos fundamentos -en los términos planteados- tampoco resultan suficientes a los fines de la apertura del presente recurso. Ello es así toda vez que, los argumentos desplegados remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos.-
Es que, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión objetada, la recurrente se limita a proponer un renovado análisis de los hechos y las pruebas según su propio y personal criterio valorativo sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada. (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 880, Folio 1019/1021).-
Sabido es que no procede, por vía del recurso de casación, provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la sentencia pues se trata de una materia privativa de los jueces de grado quienes tienen la facultad de seleccionar las pruebas que entienden conducentes sin estar obligados a justificar por qué otorgan mayor o menor mérito a una prueba que a otra y esto no puede ser revisado en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante si no se alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Cabe agregar que tampoco se observa, en el caso, que el recurrente intente demostrar una absurda valoración de la prueba que pueda tener la entidad suficiente como para traer aparejada arbitrariedad (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3172, Folio 5215/5218.).- En definitiva cabe concluir que la recurrente no ha logrado demostrar con éxito que el Tribunal de Alzada haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna omisión susceptible de configurar una transgresión al principio de congruencia, puesto que los puntos indicados por la casacionista fueron objeto de análisis, valoración y juzgamiento resultando, a todas luces, insuficiente el planteo formulado a los fines de la apertura de la instancia casatoria.-
V. Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia se observa que la casacionista expresa que el decisorio de Segunda Instancia vulnera los derechos garantizados por los artículos 16, 17 y 18 de la Constitucion Nacional, los derechos de propiedad, igualdad y del debido proceso legal sin efectuar un desarrollo argumental que demuestre el vicio alegado (cfr. foja 465/466 vta.).-
Es decir, la recurrente sólo se ha limitado a enumerar los derechos constitucionales que considera violados sin explicar, mínimamente, de qué manera el fallo de Cámara produjo esa violación. Es que la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156 y XXVII, Reg. 3200, Folio 5271/5274, Tomo XXXI, Reg. 3571 Folio 6176/6178), lo que convierte en inadmisible el recurso en análisis.-
VI. En cuanto a la violación o errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3º inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, cabe recordar que para que resulte procedente se debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate de la recurrente debe dirigirse a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273).- Resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr.
TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823), lo que no ha acontecido en el sub lite.- El casacionista entiende que la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones viola tanto la ley de fondo como la ley procesal aplicable, y que al adherir al criterio del Juez de grado respecto del principio de congruencia vulnera el ordenamiento procesal aplicable y por ende la garantía del debido proceso. Sin embargo no indica ni argumenta de manera idónea y clara cuál es la normativa violada o erróneamente aplicada, ni la existencia de un defecto de apreciación legal. En los fundamentos esgrimidos, solo se limita a indicar de manera genérica que se ha violado la ley de fondo como la ley procesal aplicable pero no brinda argumentos serios y concretos que demuestren la existencia del vicio alegado.- En suma, no sólo no se mencionan las normas supuestamente conculcadas sino que tampoco se realiza una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios del casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno a esta instancia.-
VII. En cuanto a la falta de fundamentación normativa alegada por el recurrente, nuevamente se debe adelantar que dicho agravio no es suficiente a los fines de la apertura del recurso de casación, ello es así toda vez que la casacionista no ha logrado demostrar la omisión indicada. -
En efecto, no puede imputarse como infundado el fallo atacado pues el mismo ha basado su conclusión sentencial no sólo en normativa aplicable sino que además incluye cita jurisprudencial y doctrina clara y concluyente.-
VIII. Es con estos sólidos argumentos lógico-jurídicos, que el recurso propuesto naufraga, por cuanto su contenido y técnica de fundamentación no suscita la cuestión de violación de la ley, ni del principio de congruencia y tampoco alcanza a afectar la sentencia atacada cuya equilibrada ponderación refleja la aplicación de un coherente desarrollo del pensamiento, subsumiendo con precisión los hechos probados con el derecho aplicable. Ello así, debido a que el disenso del recurrente al ser infundado, no se basta así mismo (cfr. CSJN,: “Molina Manuel J. c/ Grinberg Argentino I.” y su comentario del 02/04/1985 en ED, Tomo 114, págs. 145 y ss.), puesto que no es suficiente el disenso en sí mismo, sino que debe socavar los cimientos estructurales del acto sentencial, dado que las referencias sostenidas en el recurso como fundamentales, no resultan idóneas para quebrar la estructura de la sentencia definitiva atacada, y cuyas alegaciones por insuficientes, no pueden alcanzar el estadio excepcional de la casación (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo I, Reg. 33, Folio 65/66 y Tomo II, Reg. 137, Folio 225, entre otros).- Que, de conformidad a todo lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 458/471 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 473/474 vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7º y concordantes del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 458/471 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 473/474 vta..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1036I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3615 Folio N°: 6273/6276 Secretaría: 1
Fin de la sentencia