Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las Resoluciones Nros. 2022-185-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, 2022-181-E-AFIP- DIADEZ#SDGOAM, 2022-183-E-AFIPDIADEZ#SDGOAM y 2022-184-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, todas de la División Aduana de Ezeiza, en cuanto dispusieron no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “LIXIS S.A.”, con costas por su orden (Art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-62083834-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 31 de Mayo de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Christian M. González Palazzo (Vocal subrogante de la Vocalía de 14° Nominación), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2022-85310622- -APN- SGASAD#TFN (“LIXIS SA”), El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. El 17.08.22, mediante el RE-2022-85307390-APN-SGASAD#TFN, la firma LIXIS SA, a través de su apoderado, interpone recurso de apelación contra las Resoluciones RESOL 2022-185-E-AFIP- DIADEZ#SDGOAM, RESOL 2022-181-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, RESOL 2022-183-E- AFIPDIADEZ#SDGOAM y RESOL 2022-184-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, de la Aduana de Ezeiza, tramitadas en los expedientes SIGEA 19144-14216-2019, 19144-14204-2019, 19144-14211-2019 y 19144- 14219-2019 en donde la Aduana deniega la repetición de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación -establecidos conforme el decreto 793/2018- relativos a la exportación a consumo documentada en los Permisos de Embarque 18073EC01034959F oficializado el 03/12/2018, 18073EC01029915B oficializado el 22/10//2018, 18073EC01026965D oficializado el 27/09//2018 y 18073EC01036188B oficializado el 11.12.18.
La suma reclamada por los referidos PE asciende a un total de tres cientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos con 64/100 centavos. ($334.870,64). La actora hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que, mediante los PE involucrados documentó el 24 de octubre de 2019, las exportaciones allí declaradas y, al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, pagó los derechos de exportación establecidos mediante el decreto 793/18. Solicita se haga lugar al recurso interpuesto y se revoquen las resoluciones aduaneras que rechazaran la repetición y, en consecuencia, se ordene el pago de las sumas reclamadas, con más sus intereses conforme a lo establecido en el art. 811, del CA.
Todo ello, con costas. Explica que, su mandante documentó la exportación de las mercaderías allí declaradas y al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, se pagó obligatoriamente el derecho de exportación establecido por el Decreto N° 793/18, el cual, a través del Poder Ejecutivo, fijó para todo el universo arancelario, un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería), invocando, a su respecto, el art. 99, inc. 1 y 2, de la Constitución Nacional y el art. 755, del CA. Manifiesta que, su mandante inició el procedimiento de repetición previsto en los artículos 1068, ss. y cc., CA. Citó, a su respecto, los principios constitucionales que así lo demostraban y, fundamentalmente, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 15/4/14, en el caso “Camaronera Patagónica S.A. c/EN-M de Economía s/amparo”.
Señala que el derecho de exportación es un impuesto y, como tal, debe aplicársele –entre otros-, el principio de reserva legal, el cual no podía ceder en ninguna circunstancia y, por lo tanto, ese derecho debía ser impuesto por el Congreso Nacional y no por el Poder Ejecutivo. Señala, asimismo, que llegado el caso, podía ser aplicado, en tanto y en cuanto exista una clara política legislativa que en el caso no existió. Agrega que la Aduana dictó las resoluciones aquí recurridas, por las que denegó las repeticiones incoadas y que reprodujo el dictamen jurídico emitido por del Departamento Asesoramiento (DI ASLA), describiendo resumidamente los puntos de la resolucion que enumera alfabéticamente; a) Que la Administración no está habilitada para decretar la inconstitucionalidad de una norma, en tanto aquella es una tarea que la compete al Poder Judicial de la Nación; b) Que no estamos frente a un caso de “delegación legislativa”, tal como ocurrió en “Camaronera Patagónica”, en tanto el decreto 793/18 se dictó en el marco de las facultades otorgadas por el art. 99, inc. 1 y 2 de la Constitución Nacional, concordante con las facultades conferidas por el art. 755, del CA. c) Que el decreto 793/18 ha sido dictado por el Presidente de la Nación, a fin de responder a las exigencias de la política económica y en el marco de sus facultades reglamentarias como Jefe de Gobierno (art. 99, inc. 1 de la CN), reglamentando, a su vez, el art. 755 del CA (art. 99, inc. 2, de la CN); el que fue ratificado mediante la Ley 26.939 que aprobó el “Digesto Jurídico Argentino”. d) Que el decreto 793/18 se dictó conforme los lineamientos fijados por el legislador en materia fiscal y tributaria. f) Que el decreto 793/18 fue posteriormente ratificado por los art N° 82 de la Ley 27467 y luego por medio del art. 54 de la Ley 27541.
Luego indica que, a partir de la sanción de la ley 26.939 que aprobó el Digesto Jurídico era clara la intención del Honorable Congreso de la Nación de dotar al Poder Ejecutivo Nacional de herramientas que le permitan adoptar, en forma ágil, medidas de política económica para ejecutar, entre otros objetivos, la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior, estabilizar los precios internos y atender las necesidades de las finanzas públicas. Asimismo, señala que por medio de las Leyes Nros. 27.428 (modificatoria de la Ley Nº 25.917 de Régimen de Responsabilidad Fiscal), 27.429 (aprobatoria del Consenso Fiscal), 27.430 (de reforma integral del Sistema Tributario), y 27.431 (de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018), se establecieron pautas, límites y lineamientos en materia fiscal y regulatoria para asegurar la convergencia fiscal, una política tributaria eficiente y la reducción paulatina de la carga tributaria y que el nuevo contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal, y las recientes alteraciones cambiarias y su efecto en los precios internos hacen necesario modificar transitoriamente los niveles de derechos de exportación.
Deduce de lo antes dicho, entonces, que, por el decreto 793/18, el Poder Ejecutivo fijó, para todo el universo arancelario, un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería), invocando, a su respecto, el art. 99, inc. 1 y 2, de la Constitución Nacional y el art. 755, del CA. Agrega que, si bien en los considerandos del decreto –y en el dictamen jurídico que sustenta la resolución apelada- se destaca que la norma es un decreto reglamentario (dictado en ejercicio de la facultad prevista en el art. 99, inc. 2 de la CN), lo cierto es que opera como un reglamento delegado; es decir, aquél que se dicta en mérito a una habilitación conferida por el poder legislativo.
El decreto aquí cuestionado, entonces, no es un mero reglamento, sino que opera como el antiguamente denominado reglamento delegado (autorizado a partir de la doctrina sentada por la Corte en Delfino-Mouviel-Cocchia que admitió la delegación impropia) y que tenía sustento en el antiguo art. 86, inc. 2 de la Constitución Nacional y que hoy en día –luego de la reforma del año 1994- se encuentra prohibido por el art. 76. Manifiesta que, la Aduana omite considerar, no sólo que el decreto en cuestión es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice (en tanto el art. 755 del CA no supera el test de constitucionalidad), sino que el tema analizado en dicho precedente es ciertamente análogo al que aquí se cuestiona y que, además, motivó el dictado de la ley 27.467 que, luego de ratificar la validez y vigencia del decreto aquí cuestionado, sí estableció una clara política legislativa, a la luz de la doctrina allí fijada.
Agrega que, corresponde, entonces, analizar los alcances del decreto y la norma prevista en el art. 755 del CA para concluir que la fijación de un derecho de exportación mediante un decreto del Poder Ejecutivo merece un reproche constitucional. Señala que, el decreto 793/18, si bien se dictó en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional, también se dictó por directa aplicación del artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, el que, en cuanto interesa, delega en el Poder Ejecutivo, la posibilidad de, a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido, con el objeto de cumplir alguna de las finalidades allí estipuladas de modo genérico.
Relata que, el servicio aduanero omite considerar que la facultad reglamentaria prevista en el art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional es exactamente la misma facultad que antes estaba prevista en el art. 86, inc. 2 y que, como vimos, dio lugar a la denominada delegación impropia desarrollada por la Corte Suprema en la doctrina Delfino-Mouviel-Cocchia. Analiza la inconstitucionalidad del decreto a la luz de esta doctrina, restringida aún más con el art. 76 de la Constitución agregado en la última reforma del año 1994 y la doctrina que se extrae de “Camaronera Patagónica”. Agrega que, la doctrina y la jurisprudencia han coincidido desde antiguo en que los derechos de aduana -y en lo que aquí especialmente interesa, los derechos de exportación- son tributos que clasifican en la categoría de impuestos, teniendo en cuenta la división tripartita de los recursos tributarios en impuestos, contribuciones y tasas, y en la imposición de tales impuestos, deben tenerse en cuenta los derechos y garantías a favor de los sujetos tributarios obligados contenidos en la Constitución; que comprende, entre otros, los de reserva de ley, indelegabilidad legislativa, irretroactividad, no confiscatoriedad, igualdad, generalidad, proporcionalidad, equidad, capacidad contributiva y razonabilidad, principios constitucionales que actúan como límite y cauce para el ejercicio de la potestad normativa tributaria.
Señala que, el principio de legalidad constituye una garantía esencial en el derecho constitucional tributario y requiere que todo tributo sea sancionado por una ley material y formal, entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución para la sanción de las leyes. En relación con el principio de legalidad, relata que, la Corte Suprema ha señalado que el cobro de un impuesto sin ley que lo autorice es una exacción o un despojo que viola el derecho de propiedad, reconocido por la Constitución Nacional y que la facultad del Congreso de crear impuestos constituye uno de los rasgos esenciales del régimen republicano.
Asimismo, manifiesta que en tiempos más recientes la Corte ha dicho que "el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía sustancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones". Agrega que, es indudable que en el caso bajo estudio, el Poder Ejecutivo se irrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación para el universo arancelario, sin que exista una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional; ya que, como bien lo ha dicho la Corte en el considerando 9º del caso “Camaronera Patagónica”, “ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”.
No desconoce que el fallo allí emitido se refería a la Resolución ME Nº 11/02, pero tampoco desconoce que allí, la Corte señaló que, en el Código Aduanero no se prevé “la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”. Destaca que, resulta importante, llegado a este punto, destacar que, algunos años antes de “Camaronera Patagónica”, la Corte anticipó su parecer en “Selcro” al señalar que “ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete de Ministros pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo” y por ello “al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida la delegación legislativa efectuada por el segundo párrafo del art. 59 de la ley 25.237, en tanto autoriza a la Jefatura de Gabinete de Ministros a fijar valores o escalas para determinar el importe de las tasas sin fijar al respecto límite o pauta alguna ni una clara política legislativa para el ejercicio de tal atribución.”.
Hace referencia al art. 59 de la ley 25.237 y también plantea similitudes con el art. 755, del CA, en tanto este último también autoriza al Poder Ejecutivo a gravar con derechos de exportación mercadería que no estuviera gravada y a modificar el derecho de exportación previamente establecido, sin ningún tipo de tope o parámetro, dejando al arbitrio del Poder Ejecutivo, no solo la fijación de la alícuota, sino también la determinación y creación en sí misma del derecho. Agrega que, el decreto 793/18 no resiste el test de constitucionalidad, en tanto se excede en sus facultades y regula materias prohibidas por la Constitución. Manifiesta que, en otro caso, aún más reciente a “Selcro”, la Corte ratificó lo dicho en el punto anterior con mayor ahínco.
Así, en relación a una ley dictada luego de la reforma constitucional del año 1994, la Corte, en el caso “Consolidar”, compartió los fundamentos de la Procuradora Fiscal, quien señaló que “si bien la ley 24.938 creó el tributo, determinó su hecho imponible y los sujetos pasivos -manteniendo lo hecho precedentemente en la ley 24.557-, no hizo lo propio con relación a su cuantificación, la que quedó completamente librada al arbitrio del Poder Ejecutivo, con mella irreversible de la garantía constitucional señalada, para seguir señalando que toda pretensión de admisibilidad de la delegación en esta materia, que busque guarecerse bajo el art. 76 de la Constitución Nacional, queda desarticulada a la luz de lo expresado en Fallos: 326:4251 en Selcro.
Señala que, no habiendo una clara política legislativa, el Poder Ejecutivo no tenía derecho alguno a fijar un derecho de exportación para el universo arancelario ni a establecer la alícuota. Y manifiesta que es lo que finalmente la Corte confirmó en “Camaronera Patagónica”. Describe que, en el considerando 8º de ese fallo, señaló: “En fecha más reciente, la Corte ha señalado que “el principio de legalidad o de reserva de ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal sentido, agrega que, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos 329:1554).” Relata que, el art. 755 del CA, lejos de fijar una clara política legislativa, deja al arbitrio del Poder Ejecutivo la facultad de gravar y modificar las alícuotas.
Agrega que, los derechos de exportación fijados, entonces, en el decreto 793/18, resultan inconstitucionales, por violentar el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, tal como lo dijo la Corte en el ya tantas veces citado caso “Camaronera Patagónica”. Destaca que la Corte señaló lo siguiente: “Nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4° como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos. Asimismo, manifiesta que, este Tribunal ha expresado categóricamente que ‘los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas’ (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros) y, en forma concordante, ha afirmado en reiteradas oportunidades que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (Fallos: 316:2329; 318:1154; 319:3400; 321:366 y 263; 323:240, entre muchos otros)”.
En ese sentido, señala luego que “la razón de ser de dicha limitación se funda en que la atribución de crear los tributos es la más esencial a la naturaleza del régimen representativo y republicano de gobierno (Fallos: 182:411)”; y agrega más adelante que “este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos: 329:1554)”. Aclara que, para la validez constitucional de un tributo, es imprescindible que el Congreso sea el que lo cree o modifique, entendiendo en este aspecto que el Congreso debe ser quien delimite el hecho imponible, los sujetos alcanzados, las exenciones previstas y la alícuota o cuantía del impuesto.
Considera que, la facultad del Poder Ejecutivo para modificar un impuesto establecido por el Congreso se limita al aspecto cuantitativo (alícuota), y sólo puede ejercerse cuando el Congreso expresamente delega tal facultad y delimita márgenes mínimos y máximos de modificación. Manifiesta que, la Corte Suprema remarcó, además, que el principio de legalidad en materia tributaria no cede en circunstancias de emergencia pública y se refiere, como se dijo, no sólo a la creación, pero también a la modificación de los aspectos sustanciales de un tributo. Considera que, se sostuvo, además, que el principio de legalidad en materia tributaria tampoco cede en circunstancias en que se actúa con el mecanismo de delegación legislativa y siguiendo sus argumentos expuestos, considera que, es indudable que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley que lo validó.
Agrega que, esa postura fue recogida por el Juzgado Federal de Caleta Olivia y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Manifiesta que, en primera instancia y siguiendo la doctrina de la Corte en “Camaronera Patagónica”, la Jueza interviniente entendió que los decretos 793/18 y 865/18 se fundan en una norma que, a la luz de la reforma del año 1994, no resiste el test de constitucionalidad y declara, en consecuencia, la inconstitucionalidad de las normas delegantes (art. 755 del CA) y delegadas (decretos 793/18 y 865/18). Señala que “la creación de tributos es potestad exclusiva del Honorable Congreso de la Nación” y que “tan estricto es ese principio de reserva, que en el art. 76 se prohíbe al Congreso de la Nación la delegación legislativa, y el art. 99 inc. 3º veda al Poder Ejecutivo Nacional dictar normas de tal naturaleza”; aunque, sigue, “dicha prohibición no obsta a que el Poder Legislativo, luego de haber creado los elementos esenciales del tributos (aspectos material, personal, temporal, territorial y de base imponible), delegue en el Poder Ejecutivo Nacional la fijación de la alícuota”, en tanto y en cuanto exista una “clara política legislativa, consistente en que la ley formal establezca pautas claras en lo relativo a la fijación de un mínimo y un máximo de las alícuotas que el PEN pueda establecer por vía reglamentaria.”.
De tal modo, concluye que “el art. 755 del Código Aduanero no resiste el test de constitucionalidad, pues de su simple lectura se evidencia que no ha sido el legislador el que ha determinado, de manera cierta e indudable, cuál es la forma de cuantificar la prestación, sino que ha de recurrirse necesariamente a lo dispuesto en el decreto 793/18”. Agrega que, a su turno, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia convalidó la postura de primera instancia y agregó que la invalidez de los decretos 793/18 y 865/18 y del artículo 755 del CA, en este caso en concreto y con los alcances antes acordados, se circunscriben al período comprendido entre el 4/9/18 y el 3/12/18, momento a partir del cual se les otorgó a dichas normas contenido legal conforme la ley 27.467.
Manifiesta que, la Cámara señaló que “ha sido el Poder Ejecutivo quien ha establecido el derecho del 12% a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) hasta el límite de cuatro o tres pesos por cada dólar estadounidense del valor imponible, y no lo ha hecho el Congreso de la Nación, a través del dictado de una ley, como lo exige nuestra Constitución Nacional y toda la jurisprudencia de la Corte Suprema reseñada precedentemente.”. Agrega que, definida la inconstitucionalidad de las normas, la Cámara señaló que al dictar la ley 27.467, “el legislador de manera explícita ha ratificado la legislación delegada que nos ocupa, citando expresamente la norma sujeta a ratificación, manifestando de manera clara su voluntad de otorgarle efectos jurídicos”, aunque ello “no importa la posibilidad de convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable desde sus inicios, aun cuando no exista motivo alguno para privarla de sus efectos propios a partir de la fecha de promulgación de la ley de presupuesto.” Manifiesta que, la justicia federal de Chubut declaró la inconstitucionalidad del art. 755, del CA y del decreto 793/18 por el período comprendido entre el 4/9/18 hasta el 3/12/18.
Relata que, en el mismo sentido, se expidió la justicia federal de Rosario, “Danes S.R.L. c/Poder Ejecutivo Nacional s/Amparo Ley 16.986”, Expte. 83.479/18.) quien, luego de señalar que “el derecho de exportación establecido por el Decreto 793/2018 es un tributo y que, como tal, es facultad exclusiva del Congreso Nacional su imposición”, concluyó que ninguna de las normas en las que se fundó la delegación legislativa invocada “haya establecido una escala o alícuota para gravar con el derecho de exportación las ventas al exterior de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Cita jurisprudencia de la justicia federal de Bahía Blanca en el caso “Bunge Argentina”.
Señala que, en el mismo sentido, también se expidieron en la Cámara Federal de Mendoza. Luego hace referencia a la facultad del Tribunal para dictar la inconstitucionalidad de la norma y manifiesta que, si bien es cierto que el art. 1164, del Código Aduanero les impide, en principio, a los integrantes del Excmo. Tribunal pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de una norma tributaria o aduanera, se lo permite, en tanto la Corte hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas. Solicita a V.E. que aplique la doctrina sentada por la Corte en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”, en tanto allí se declaró la inconstitucionalidad de una resolución ministerial que estableció derechos de exportación a partir de una delegación inválida y que fue ratificada luego de que haya entrado en vigencia.
Manifiesta que, su mandante pretende que al caso, se aplique esa misma doctrina y se determine, que el Decreto 793/18 sólo resultó válido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.647 que la ratificó, ello así, por cuanto su dictado se sustentó en una norma inválida (art. 755, del CA) y, por lo tanto, solo pudo tener efectos una vez que el Congreso Nacional la ratificó. Cita jurisprudencia del caso "Alpemar” y destaca el voto del Dr. Garbarino en la causa en donde se expide respecto al planteo de inconstitucionalidad de los intereses aduaneros, planteados por la parte actora. Concluye que, corresponderá, entonces, por las consideraciones expuestas, declarar la inconstitucionalidad o ilegitimidad del Decreto Nº 793/18, en tanto es una norma inválida que recién pudo haber generado efectos a partir de su ratificación legislativa por el Congreso Nacional.
Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, y ordenando la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido el 09.02.23 mediante el IF-2023-15412568-APN- DTD#JGM. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Hace referencia a los hechos que originaron la cuestión. Invoca los arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que le dio la Corte Suprema.
Cita jurisprudencia de este tribunal en los autos “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación”, Expte. 38.422-A, haciendo propias las consideraciones del Vocal preopinante respecto a la interpretación que corresponde dar a la ley 26.122, explayándose a dicho respecto. Asimismo, cita los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al decreto 793/18, que le dieron razón a su mandante ("Indunor SA c/EN- PEN y otro s/amparo Ley 16.986". Fallo de fecha 25/04/2019, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala II -Expte. 67133/2018; “Patagonic Gas SRL C/ EN-AFIP-DGA S/Amparo Ley 16.986”. Fallo de la Sala III de la CNACAF, de fecha 14/11/19- Expte. 74554/2018) señalando al fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
C/ DGA. S/ Apelación”, Expte. EX-2020-15395348--APN-SGASAD#TFN, del 18.02.21, que da por reproducido. Fundamenta luego que el Tribunal Fiscal resulta incompetente para declarar la inconstitucionalidad de las normas, refiriendo al art. 1164 del CA, jurisprudencia y doctrina. Cita la Causa Nº 9434-A “RBK ARGENTINA S.A. c/DGA s/ RECURSO DE APELACION”. Por último, trae a colación el decisorio arribado en el Plenario TFN del 26/04/2022 (IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN). Finalmente indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” respecto de la moneda en que deben devolverse las diferencias de derechos que deban pagarse, y los artículos 811 y 812 del CA en relación a los intereses aplicables.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. El 12.05.23 la demandada acompaña las actuaciones administrativas SIGEA 19144-14216-2019, 19144- 14204-2019, 19144-14211-2019 y 19144-14219-2019. El 30.05.2023 se elevan los autos a esta Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA 19144-14216-2019, 19144-14204-2019, 19144-14211-2019 y 19144-14219-2019, se inician con fecha 24.10.19, mediante la presentación de los escritos reclamando la repetición de los derechos de exportación respecto de los PE 18073EC01034959F, 18073EC01029915B, 18073EC01026965D y 18073EC01036188B, respectivamente. A continuación, lucen los permisos de embarque. Con fecha 24.02.22, el Administrador de la Aduana de Ezeiza en todas las actuaciones dispone: (i) tener por presentada y parte a la empresa actora a través de su apoderado; (ii) por iniciado el procedimiento de repetición en los términos de la Resolución General (AFIP) 2365/07; (iii) por agregada la documental aportada; (iv) que se produzca el informe técnico requerido y por Sección Económica y Financiera se certifiquen los montos abonados y se extraigan las constancias del Sistema SIADERE, para su agregación. A continuación, lucen planillas del sistema informático Malvina. Luego, lucen los listados de afectación de depósitos. Con fecha 09.03.22 pasan a la División Arancel informático para elaborar un informe técnico sobre el porcentaje de los derechos de exportación que le correspondía tributar. El 14.03.22, luce el informe del Departamento Técnica de Exportación. El 17.03.22 pasa a la sección Div. Sumarial y Repeticiones. El 01.04.22 pasa a la Sección EX ANTE donde obra el dictamen jurídico de la Aduana de Ezeiza que fundamenta que no corresponde hacer lugar a la solicitud de devolución de tributos solicitada. A continuación, obran las Resoluciones RESOL 2022-185-E-AFIP- DIADEZ#SDGOAM, RESOL 2022-181-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, RESOL 2022-183-E- AFIPDIADEZ#SDGOAM y RESOL 2022-184-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM apeladas en estos autos, por las que no se hace lugar a las repeticiones solicitadas.
V. Corresponde analizar si las Resoluciones RESOL 2022-185-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, RESOL 2022-
181-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, RESOL 2022-183-E-AFIPDIADEZ#SDGOAM y RESOL 2022-184-E-AFIP- DIADEZ#SDGOAM, firmadas por la responsable Adjunta de la Aduana de Ezeiza, en cuanto resolvió denegar la devolución de las sumas pretendidas por LIXIS SA en concepto de derechos de exportación (abonados por los PE 18073EC01034959F oficializado el 03/12/2018, 18073EC01029915B oficializado el 22/10//2018, 18073EC01026965D oficializado el 27/09//2018 y el 18073EC01036188B oficializado el 11.12.18), se ajustan a derecho.
En consecuencia, y basados en las fechas de oficialización de las exportaciones a consumo bajo estudio, corresponde analizar los Permisos de Embarque involucrados, dividiéndolos en dos grupos: aquellos que fueron oficializados con anterioridad al 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (los que se evalúan en los puntos VI a X y XII del presente resolutorio), y el que fue presentado con posterioridad a su vigencia -PE 18073EC01036188B oficializado el 11.12.18- (que se analiza en los puntos XI y XII). Ello así por cuanto el art. 726 del Código Aduanero dispone que sea aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo.
VI. Que en relación al primer grupo y atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, en primer término corresponde dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la fecha, no se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad del Decreto N° 793/18, ni tampoco resulta aplicable –ver fundamentos en el punto X “infra”- el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388), por lo que a su respecto corresponde rechazar el planteo efectuado por la recurrente.
VII. Efectuada la aclaración precedente, corresponde analizar si las solicitudes de devolución de los derechos de exportación abonados por la firma “LIXIS SA” en los términos de lo dispuesto en el Decreto N° 793/18 respecto a los P.E. Nros. 18073EC01034959F oficializado el 03/12/2018, 18073EC01029915B oficializado el 22/10//2018, y el PE 18073EC01026965D oficializado el 27/09//2018, se ajustan a derecho.
Al respecto, y conforme se ha mencionado precedentemente, el art. 726 del Código Aduanero dispone que es aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, y dada la vigencia del Decreto N° 793/18 la recurrente, abonó los derechos de exportación liquidados a la fecha de registro de la operación.
Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero” (las negritas me pertenecen).
VIII. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban (e interactúan) en forma conjunta con las leyes 26.939 (B.O. 29-04-2014) que al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
En el caso de autos, y toda vez que -como se expondrá en los puntos siguientes- el Congreso de la Nación procedió a la ratificación legislativa del Decreto 793/2018, en consecuencia, no se ha producido la vulnerabilidad al principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria planteada por la parte apelante.
IX. Que en relación al planteo de la recurrente en cuanto a que el decreto 793/18 es nulo, de nulidad absoluta e insanable y que, recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley 27.467 que lo validó, corresponde tener presente las siguientes consideraciones:
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisamente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Aclarado ello, corresponde analizar si la aprobación expresa realizada por el Congreso de la Nación mediante la Ley de Presupuesto N° 27.467 resulta suficiente para convalidar la validez del Decreto 793/2018 entre los días 04/09/18 y 04/12/2018, toda vez que a partir de ahí y hasta el final del periodo de tiempo de fijación de las alícuotas (30/12/2020) nada se ha cuestionado.
Este punto es medular a los fines de comprender la controversia planteada. La recurrente no plantea la invalidez del Decreto “in totum” sino solo respecto del período de tiempo comprendido entre el día 04/09/18 y el 04/12/2018, por lo que se deduce, que la aprobación realizada por el Congreso de la Nación, a partir de ahí es suficiente, caso contrario se hubiera planteado su invalidez absoluta.
En otros términos, la parte no cuestiona que la aprobación del Congreso mediante la Ley 27.467 es nula por no haber seguido los procedimientos formales de la ley 26.122, sino que solamente plantea que su aprobación no puede ser retroactiva, lo que nos conduce nuevamente al punto previo ya analizado y resuelto por el artículo 17 de la ley 26.122.
Pero si existieran dudas sobre la interpretación respecto de la fecha de vigencia de las alícuotas, la misma ha quedado expresamente aclarada en el art. 82 de la ley 27.467 que expresamente dispone: “ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos…y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades.” (las negritas me corresponden). Es decir, que el Congreso de la Nación expresamente “mantuvo” la validez y vigencia del Decreto 793/18 desde su dictado y publicación ocurrida con fecha 04/09/2018.
Con respecto al argumento de que la aprobación del Congreso mediante la ley 27.467 no tendría efecto convalidante toda vez que no se ajusta al procedimiento instaurado por la ley 26.122, debe tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación, habitualmente denominada “ley de leyes”, tiene precisamente por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar -entre muchos otros- los gastos de la nación.
En definitiva, se ha cumplido (dentro de un plazo razonable: 3 meses) con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas. En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
Además de ello, el legislador reiteró nuevamente la integra aprobación del Decreto N° 793/18 en el artículo 54 de la ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), en donde, también fijó un tope arancelario máximo (33 % del valor imponible o del precio oficial FOB) por lo que la voluntad del legislador en este sentido es indubitable.
Que en este mismo sentido, con fecha 26/04/2022, este Tribunal Fiscal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437- APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467” (las cursivas y negritas me corresponden). Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad del Decreto N° 793/2018 y demás pretensiones planteadas por la parte recurrente.
X. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa (Leyes 27.467 y 27.541) de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
XI. Respecto al Permiso de Embarque 18073EC01036188B, oficializado el 11.12.18, corresponde tener presente que la actora, en todo su escrito de apelación, cuestiona la legitimidad del Dec. 793/18 en tanto y en cuanto no tenía el respaldo de una ley del Congreso de la Nación, que conforme ella misma manifiesta, se produjo con el dictado de la ley 27.467.
Que la sanción de la ley 27.467 se produjo el día 15/11/2018, fue protocolizada por el Poder Ejecutivo Nacional en fecha 3/12/18 (Decreto Nro. 1094/2018) y publicada en el Boletín Oficial con fecha 4/12/18.
Que en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, se fijó como doctrina legal (art. 151 de la ley 11.683) lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467” (negritas y subrayado me pertenecen), quedando perfectamente aclarado en dicho texto, la fecha de entrada en vigencia de la norma: 04/12/2018.
En virtud de ello, y atento que el Permiso de Embarque Nro. 18073EC01036188B fue oficializado el día 11/12/2018, corresponde confirmar el rechazo de la solicitud de devolución de los Derechos de Exportación en él pagados, toda vez que los mismos fueron abonados encontrándose vigente la ley 27.467, respecto de la cual no se ha realizado cuestionamiento alguno.
XII. En relación a las costas, y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica –parcialmente: puntos VI a IX del presente- al caso, es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas a la parte actora. (art. 1163 del C.A.).
En idéntico sentido, corresponde imponer las costas a la actora en relación con el PE 18073EC01036188B conforme los fundamentos expuestos en el punto XI precedente y lo dispuesto en el art. 1163 del Código aduanero.
En virtud de los fundamentos expuestos, VOTO por:
Confirmar las Resoluciones Nros. 2022-185-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, 2022-181-E-AFIP- DIADEZ#SDGOAM, 2022-183-E-AFIPDIADEZ#SDGOAM y 2022-184-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, todas de la División Aduana de Ezeiza, en cuanto dispusieron no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “LIXIS S.A.”, con costas a la actora (Art. 1163 del CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Fondo de la cuestión:
I.1. Adhiero al voto del vocal preopinante, exclusivamente, en cuanto aplica la doctrina legal del punto 3 del Plenario del 26.04.22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (ver if- 2022-40809437-apn-vocxixtfn_plenario_del_26-04-2022.pdf) y confirma la resolución aduanera.
Lo anterior se decide dejando a salvo mi opinión expuesta en el precedente de esta Sala E, del 29.10.21, “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.” (EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN) en el que se trataron los argumentos expuestos por las partes y que, en mérito a la brevedad, se considera integrando este pronunciamiento (ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020- 24698973-APN -SGASADTFN-29-10-2021.pdf). En consecuencia, considero que en autos hubiera correspondido declarar que el decreto 793/18, entre el 04.09.18 y el 04.12.18, es nulo de nulidad absoluta e insanable (art. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución) y hacer lugar a la repetición de la suma en Pesos que corresponda, con más sus intereses, correspondientes a las destinaciones de exportación PE 18073EC01034959F (of. 03.12.18), 18073EC01029915B (of. 22.10.18) y 18073EC01026965D.
I.2. En relación al PE 18073EC01036188B, oficializado el 11.12.18, la repetición debe ser rechazada y confirmada la resolución apelada conforme los dos fundamentos que se exponen a continuación: (i) Pese a la identidad de cuestiones existente entre las planteadas en este litigio y las debatidas en el Fallo Plenario IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN del 26.04.22 (causa EX-2020-24600163--APN-SGASAD#TFN “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”) lo cierto es que la doctrina sentada por el artículo 3 del plenario dispone: ARTICULO 3º.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.467” (el destacado es propio).
En consecuencia, tratándose la destinación de exportación de autos de una registrada el 11.12.18 -fuera del período que transcurre entre 04.09.18 y el 04.12.18- no resulta aplicable la doctrina del art. 3 plenario, conforme sus propios términos; (ii) Por demás, no resulta casual el límite temporal dispuesto por la doctrina del plenario dado que, efectivamente, al entrar en vigencia la ley 27.467 el 04.12.18, en lo que importa a esta causa, desapareció la cuestión de la validez constitucional del decreto 793/18 planteada por la actora, conforme el mismo precedente de la Corte Suprema “Camaronera Patagónica” que invoca. En efecto, desde el 04.12.18 el decreto 793/18 -conforme incluso, implícitamente, con el art. 3 del plenario que señala a esa fecha como la de entrada en vigencia la ley 27.467- goza de plena validez constitucional por su ratificación por el Congreso, en los términos de la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera”) siendo improcedente que se intente con tal fundamento invalidar su aplicación a una exportación como la de autos, oficializada el 12.12.18.
Así se fundamentó en el precedente de esta sala del 29.10.21 “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.” (EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN -SGASADTFN- 29-10-2021.pdf) cuya parte pertinente sobre tal cuestión transcribo -ver Capitulo XIII.3. punto (viii) de la sentencia-:
El decreto 793/18 (BO: 04.09.18) fue específicamente ratificado por el art. 82 de la ley de presupuesto 27.467 (BO: 04.12.18). Tal ratificación legislativa otorga vigencia y validez constitucional a las alícuotas del decreto 793/18 solamente desde el 04.12.18, conforme la interpretación constitucional que debe hacerse de los términos ("mantener") del art. 82 de la ley 27.467.(…) la norma (…) expresa una voluntad específica del Congreso de que el decreto 793/18 goce de vigencia inmediata, con independencia de las normas generales de vigencia de las leyes nacionales (art. 5 del Código Civil). En tal sentido, debe considerarse al art. 82 como una norma especial de entrada de vigencia inmediata -desde el 04.12.18- de las alícuotas y demás previsiones del decreto 793/18, con efectos hacia el futuro (Fallos: 321:366; 323:1566; 325:1418 y 2509).
El art. 82 de la ley 27.467 cristaliza, desde el 04.12.18, una voluntad legislativa, clara y explícita, que puede ser entendida -más allá de las imperfecciones técnicas de su instrumentación- como un aval de los contenidos de la norma que ratifica: el decreto 793/18. El período de tres meses (04.09.18 al 04.12.18) durante el cual, conforme lo decidido, el decreto 793/18 careció de vigencia y validez constitucional, consagra un criterio que resulta conteste con el estricto seguido en esta materia por la jurisprudencia de la Corte Suprema, corolario del fundamental principio constitucional de legalidad en materia tributaria. (ver Fallos: 321:347; 325:2394, en especial el voto del juez Petracchi, y disidencia de los jueces Argibay y Petracchi in re "Camaronera", considerandos 19 y 20). Así lo estableció el Alto Tribunal, por ejemplo, en los precedentes (ver supra considerando VIII): (i) "ZOFRACOR S.A. c/ESTADO NACIONAL s/AMPARO" (Fallos 325:2394) en el que se determinó la nulidad constitucional del DNU 285/1999 (BO: 30.03.99) por el periodo de nueve meses transcurrido entre abril de 1999 y enero del año 2000, en que el mentado DNU fue específicamente ratificado por el art. 86 de la ley de presupuesto 25.237 (B0:10.01.00) para el año 2000; (ii) "KUPCHIK, LUISA SPAK DE Y KUPCHIK, ALBERTO MARIO C/ B.C.R.A. Y ESTADO NACIONAL (M.E.) SNARIOS" (Fallos: 321 :366) en el que se determinó la nulidad constitucional del DNU 580/89 (BO: 22.08.89) por el período de casi cuatro meses transcurrido entre agosto de 1989 y diciembre del mismo año, en el que el DNU fue específicamente ratificado por la ley 23.757 (BO: 18.12.1989); (iii) el invocado por la actora, "CAMARONERA PATAGÓNICA S.A. C/ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTROS S/AMPARO" (Fallos: 337:388), en el que se determinó la nulidad constitucional de la Resolución (MEI) 11/2002 (BO: 05.03.02) por el período de poco más de seis meses transcurrido entre marzo del año 2002 y agosto del mismo año, en que la resolución fue genéricamente ratificada por el artículo 3 de la ley 25.645 (BO:09.09.02).
(…)
Las alícuotas del decreto 793/18 gozan, conjuntamente, de vigencia y validez legal desde el 04.12.18 con el dictado y la publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.467; (…)
En conclusión, no siendo aplicable el plenario, conforme sus propios términos (art. 3) a la operación de exportación de autos -PE 18073EC01036188B oficializado el 11.12.18- y que no existen mayores dudas -incluso bajo la doctrina implícita del art. 3 del plenario- de que, desde el 04.12.18, el decreto 793/18 goza de plena validez constitucional por su ratificación por el art. 82 de la ley 27.467 y bajo la jurisprudencia de la Corte de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”), corresponde: (i) rechazar los argumentos sobre su invalidez planteados por la actora, por inaplicables al PE de autos; (ii) ratificar la resolución apelada y (iii) rechazar el reclamo de repetición.
III. Costas: En cuanto a la imposición de las costas, pese a tratarse de un recurso de apelación interpuesto con posterioridad al plenario del tribunal del 26.04.22, no pueden desconocerse a esta altura ni la jurisprudencia de la instancia revisora de este tribunal, ni el contexto judicial que rodea al caso.
Tenemos así que, a la fecha, las cinco salas de la Cámara del Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal han resuelto, de modo unánime, que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable entre el 04.09.18 y el 04.12.18, aplicando el precedente “Camaronera” de la Corte; ello, en los mismos términos en que fue declarado por esta Sala E en el caso referido supra (ver Sala I, causa 13061/2022 “Newsan SA (TF 9748062- A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo – Sala G”, sentencia del 02.02.23; Sala II, causa 22.219/21 “Minera Santa Cruz c/ EN- AFIP- DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 05.07.22; Sala III, causa 377/2021 “Catajuy SRL c/EN – DGA s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 18.10.22 y causa 26.963/2022 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, confirmatoria de una sentencia de esta Sala “E” previa al plenario del 26.04.22; Sala IV, causa 20.415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31.05.22 y Sala V, causa 51.458/19 “Gut Metal SRL c/ EN AFIP s/ recurso directo de organismo externo”, causa 21.909/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y causa 10.914/20 “Catajuy SA c/ EN- DGA s/ Dirección General de Aduanas”, sentencias del 05.05.22, 24.06.22 y del 02.08.22 respectivamente; entre otras).
Asimismo, cómo ya se señaló en el precedente de esta sala del 29.10.21 -comprensible para quienes pueden leer la jurisprudencia de la Corte por lo que hace y no solamente por lo que dice- el Alto Tribunal, mediante la aplicación sistemática del art. 280 del Código Procesal, viene otorgando firmeza a todas las sentencias de las cámaras federales que invalidaron el decreto 793/18 aplicando el precedente “Camaronera”, haciendo lugar a las repeticiones de diferencias de derechos de exportación y ordenando a la Aduana la devolución de esas sumas. Vale recordar que, en una fecha tan lejana como lo es el 9 de enero de 1950, en su voto en el caso Maryland v. Baltimore Radio Show (338 U.S. 912, 917-918) haciendo uso de su sugestiva pluma, el juez Félix Frankfurter, luego de ilustrar las unívocas, divergentes o contradictorias razones que podrían animarla, escribió que la Corte ha dicho, again and again, que la denegatoria discrecional del certiorari -el hermano de nuestro art. 280- no implica pronunciamiento alguno del tribunal sobre el mérito de la sentencia apelada, martillando inmediatamente que again and again the admonition has to be repeated.
En conclusión, entiendo que la actora contó desde siempre -con independencia del plenario del 26.04.22- con fundamentos más que suficientes (Fallos 337:388 in re “Camaronera”) para interponer el recurso de apelación que encabeza estos autos, con lo que, dado el modo en que se resuelve, las costas deben imponerse por su orden (art. 1163 del CA).
III. Por lo expuesto, voto por:
Confirmar las Resoluciones Nros. 2022-185-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, 2022-181-E-AFIP- DIADEZ#SDGOAM, 2022-183-E-AFIPDIADEZ#SDGOAM y 2022-184-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, todas de la División Aduana de Ezeiza, en cuanto dispusieron no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “LIXIS S.A.”, con costas por su orden (Art. 1163 del CA). El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Adhiero a la propuesta del Dr. Soria, dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el Plenario de referencia, respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas en razón de lo dispuesto en el art.75 inc.22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma aquí cuestionada, tal como lo sentara oportunamente en mi voto. Hasta tanto se mantenga vigente el Plenario de referencia, habré de aplicar - con la salvedad expuesta- el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un Acuerdo Plenario aunque no comparta -estricto sensu- lo allí resuelto. Así lo voto. En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Confirmar las Resoluciones Nros. 2022-185-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, 2022-181-E-AFIP- DIADEZ#SDGOAM, 2022-183-E-AFIPDIADEZ#SDGOAM y 2022-184-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, todas de la División Aduana de Ezeiza, en cuanto dispusieron no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “LIXIS S.A.”, con costas por su orden (Art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Christian M. González Palazzo –vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación- (conf. art. 1162 del C.A. y art. 59 del Reglamento de Procedimiento ante el TFN).
Date: 2023.05.30 20:21:24 -03:00 Date: 2023.05.31 08:52:01 -03:00 Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.31 13:00:03 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.31 13:00:04 -03:00
Fin de la sentencia