Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33207361-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional; 2º) confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida, de conformidad con lo dispuesto en el considerando que antecede; y 4°) elevar los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Expte. nro. 9367/2022 - LIXIS SA (TF 33207361-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 03 de junio de 2022.- MBR VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 28 de junio de 2021, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por unanimidad- hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por la firma LIXIS SA en el marco del expediente administrativo nro. EX-2021-33207361- -APN- SGASAD#TFN, ordenándole a la DGA -una vez firme dicha sentenciaque en el plazo allí fijado resuelva el pedido de devolución de tributos planteado por la actora, con costas al Fisco Nacional.
Para así decidir, en primer término, relató la pretensión actoral y las consideraciones vertidas por la demandada al acompañar a estos actuados el informe de ley. Ello así, citó lo prescripto por el artículo 1160 del Código Aduanero y destacó que deberían configurarse, como requisitos necesarios para la procedencia de pretensiones como la presente, un perjuicio para la actora vinculado a una “demora excesiva” del servicio aduanero en la tramitación de una petición.
En cuanto aquí interesa, puso de resalto que dicho extremo fue cumplido por la amparista con la prueba oportunamente acompañada (RE-2021-33207273-APNSGASAD#TFN).
Señaló que la actora solicitó con fecha 1-2-2021 el pronto despacho del procedimiento de repetición y que habiéndose vencido dicho plazo restaba expedirse sobre si se había producido la demora excesiva prevista por la norma citada ut supra.
En tal sentido, destacó el lapso prolongado -sin ningún tipo de movimiento- comprendido desde la fecha de ingreso a la División Sumarial y Repeticiones esto es 31-10-2019 hasta el 11-3-2021 fecha en que se giran las actuaciones al “instructor”.
A lo que añadió que a la fecha de interposición del amparo (16-4- 2021) se encontraba sin proveer la solicitud de devolución y el pedido de pronto despacho del 1-2-2021.
Luego de señalar el tiempo transcurrido -considerando la feria ordinaria y extraordinaria- sin que haya dictado ningún acto útil y que el pronto despacho había motivado la designación de un abogado instructor, tuvo por configurada la demora prevista en el art. 1160 del CA, toda vez que se trata de un procedimiento reglado, con plazos establecidos. A lo que agregó el consiguiente perjuicio que la demora acarreaba a la firma amparista, por el estado de incertidumbre que generaba un tiempo irrazonable para la decisión administrativa.
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 3 de agosto de 2021 apeló la parte demandada, quien fundó su recurso en el mismo acto y cuyos fundamentos fueron contestados el 20 de agosto de 2021 por la actora (pág. 164/177 del archivo en formato PDF de las actuaciones administrativas). Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida y la imposición de las costas.
En primer término, reseñó los antecedentes fácticos de la cuestión controvertida y la decisión del Tribunal Fiscal.
En el apartado segundo de su escrito recursivo el Fisco Nacional expresa agravios, alegó que no ha quedado configurada la demora excesiva del art. 1160 del CA.
En ese entendimiento recordó que el artículo citado requiere como requisito de procedencia sustancial del amparo, además de un “perjuicio” para la actora causado por la demora del servicio aduanero y que aquella sea excesiva.
Alegó que el 31/10/2019 la División Sumaria y Repeticiones recibió las actuaciones administrativas referidas al reclamo actoral. Asimismo, agregó que en el mes de enero de 2020 -como sucede todos los años- se dispuso la feria administrativa para toda la administración pública y también para la justicia.
Para intentar justificar la demora, manifestó que luego de concluir la feria, semanas mas tarde se decretaba el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a raíz de la pandemia coronavirus (COVID-19), y que dicho contexto excepcional de público conocimiento no podía soslayarse.
Destacó que no hubo concurrencia de personal en las oficinas públicas administrativas, lo que provocó un gran cúmulo de tareas, a lo que sumó la complejidad derivada de la implementación de las nuevas modalidades de trabajo remoto.
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Señaló que dicha situación no podía ser dejada de lado cuando el objeto de un recurso de amparo es subsanar la demora de la administración en tramitar los expedientes en un tiempo razonable. Luego cuestionó el modo en que cada empresa reclama a la Aduana, viéndose afectada directamente su eficiencia, se quejó de que la firma LIXIS SA ha iniciado una actuación por cada destinación mediante la cual solicita la devolución de tributos.
A modo de ejemplo realizó un análisis del modo en que la firma citada reclamaba, imputándole responsabilidad en la demora a aquella debido a la cantidad de reclamos que inicia.
Luego de ello, citó jurisprudencia que -según entiende- avala su postura.
Concluyó esa idea manifestando que contrario a la sentencia apelada, entendió que no se encontraba configurada la demora excesiva dado el exiguo plazo en días hábiles desde que el expediente administrativo fue recibido por el área instructora, sumado a las razones oportunamente expuestas.
Citó doctrina a modo de respaldo de sus argumentos.
Por último, se agravió respecto de la imposición de las costas. Citó doctrina que -según entiende- avala su postura.
Luego reiteró lo expuesto en los párrafos precedentes en cuanto a la cantidad de procesos iniciados por la actora y que la demora generada no podía ser imputable a la administración.
En ese sentido remarcó que resultaba ser un acto procesal abusivo de parte de la actora.
Subrayó que su mandante tiene a cargo una gran cantidad de trámites administrativos y la carga de trabajo que es un álea o eventualidad no imputable a él mismo.
Se quejó de que es inexcusable el hecho de que con la interposición del remedio intentado solo podría obtenerse una condena en costas.
Por las razones expuestas, solicita que se rechace la sentencia recurrida del Tribunal Fiscal de la Nación y se impongan las costas a la actora o bien, en el orden causado.
II.1. Que, con fecha 20-8-2021 la parte actora interpuso recurso de apelación en los términos del art. 244 contra la regulación de honorarios de fecha 13-8-2021, la que también fue recurrida por el Fisco Nacional con fecha 25-8-2021.
III. Que, así las cosas, corresponde señalar que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge, en lo sustancial, que: a) El 24 de octubre de 2019 la parte actora solicitó la devolución de las sumas que consideró abonadas indebidamente por su parte en conceptos de tributos aduaneros vinculados a una operación de exportación a consumo.
b) El 1 de febrero de 2021 la accionante peticionó el “pronto despacho” de las actuaciones, sin que obre constancia de movimiento útil alguno posterior (todo ello conf. lo relatado por el TFN en la sentencia recurrida).
IV. Que, en tales condiciones, es menester advertir que se encuentra excedido el lapso normativamente previsto para que el servicio aduanero se pronuncie sobre lo requerido por la parte actora, tornando admisible el recurso intentado por ella.
Al respecto, recuérdese que el artículo 1160 del Código Aduanero establece que “[L]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos. El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite […]”.
Así, en el caso es posible verificar la existencia de: a) una petición sobre la cual la demandada debe expedirse (esto es, la mencionada solicitud actoral de devolución, que data del 24 de octubre de 2019); b) un pedido de “pronto despacho” efectuado el 1 de febrero de 2021 y c) el transcurso en exceso del lapso de quince días que la normativa aduanera prevé como requisito de admisibilidad para acciones como la que aquí se encuentra bajo estudio.
En este sentido, cabe destacar que tampoco obstan a lo decidido las suspensiones de plazo invocadas por la instancia de origen para desestimar el planteo actoral, si se repara en que las suspensiones de plazos establecidas por las Resoluciones Generales 4682/2020, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 4692/2020, 4695/2020, 4703/2020, 4713/2020, 4722/2020, 4736/2020, 4750/2020, 4766/2020, 4786/2020, 4794/2020, 4807/2020, 4818/2020, 4835/2020, 4840/2020, 4856/2020 y 4999/2021 alcanzaron en cuanto al último periodo de suspensión, el comprendido entre los días 26 y 28 de mayo de 2021, de modo tal que –teniendo en cuenta que ha transcurrido más de un año desde la articulación del pedido de “pronto despacho” de la accionante– actualmente ello carece de relevancia a los efectos de dirimir la cuestión planteada.
Por lo expuesto, debe concluirse que la demanda intentada por la firma actora resulta sustancialmente admisible y que, consecuentemente, corresponde confirmar el pronunciamiento de la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación del 28-6-2021.
V. Que, por último, corresponde expedirse respecto del agravio formulado por el Fisco Nacional en cuanto a la imposición de las costas contenida en la sentencia recurrida.
En ese marco, cabe recordar lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados precedentes; el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (Fallos: 323:3115; 325:3467), de modo que quien pretenda exceptuarse de esa regla debe demostrar acabadamente las circunstancias que justificarían el apartamiento de ella (Fallos: 312:889; 329:2761).
Ahora bien, a entender del Tribunal, las particulares circunstancias del caso revelan que la inactividad y demora en la que incurrió la Administración determinó la interposición del amparo por mora en sede administrativa, lo que debe verse reflejado en la distribución de las costas. En consecuencia, corresponde también confirmar lo decidido por la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación en lo que respecta a las costas, y asimismo imponer las costas de esta instancia a la demandada (confr. art. 68, 1ra parte, CPCCN).
VI. Que, a fin de tratar los recursos interpuestos, en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras). Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S., Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que, sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, lo preceptuado por el art. 48 de la ley 27.423, en cuanto fija un honorario mínimo en los procesos de amparo; atento el motivo, extensión, calidad jurídica y resultado de la labor desarrollada, es preciso remitirse a lo dispuesto en los incs. b) a g) del art. 16 de la referida Ley de Arancel. En tales condiciones, atendiendo a la etapa del pleito cumplida, corresponde, elevar a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL SIETE ($63.007) – equivalente a 7 UMA– los emolumentos del DR. RUFINO BECCAR VARELA, letrado apoderado, actuante en defensa de la actora (arts. 16, 20, 29, 44, inc. b), 48 y ccdtes. y citados de la ley 27.423 y Dto. 1077/17). Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS CON DIEZ CENTAVOS ($18.902,10) –equivalente a 2,10 UMA– los emolumentos del DR. RUFINO BECCAR VARELA, por la actuación ‘supra’ indicada (art. 16, 20, 29, 30, 48 y ccdtes, y citados de la ley 27.423 y Dto. 1077/17).
El importe del Impuesto al Valor Agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º)
desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional; 2º) confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida, de conformidad con lo dispuesto en el considerando que antecede; y 4°) elevar los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia