Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33227184-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 18 de mayo de 2021 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto;
2Hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de devolución de la parte actora ligado al permiso de embarque 18073EC01026178W y
3Modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
19546/2021 - LIXIS SA (TF 33227184-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 17 de mayo de 2022.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 18 de mayo de 2021 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por mayoríarechazar la presente acción de amparo y distribuyó las costas en el orden causado.
Para así decidir, el Vocal preopinante relató la pretensión actoral y las consideraciones vertidas por la demandada al momento de producir el informe de ley. Ello así, posteriormente refirió a los artículos 1160, 1072, 1075, 1076 y 1078 del Código Aduanero y estimó que no podía obviarse la situación fáctica y jurídica existente entre la presentación de la solicitud de devolución efectuada por la actora ante el servicio aduanero y la interposición de esta acción.
De tal modo, recordó el dictado de la ley 27.541, del decreto 260/20 y de las diferentes Resoluciones Generales a través de las cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos suspendió (o declaró no computables) los plazos de aplicación a los diferentes trámites administrativos. En tales condiciones, estimó que si bien los únicos movimientos obrantes en las actuaciones administrativas del caso (iniciadas el 24 de octubre de 2019) diferenciados del pedido de “pronto despacho” (del 1 de febrero de 2021) habían sido la recepción y remisión de los actuados para su tramitación (de fechas 21 de octubre de 2019 y 11 de marzo de 2021), no era menos cierto que los días hábiles transcurridos desde la presentación de la petición actoral y el inicio de la acción no resultaban ser suficientes para el dictado de una resolución definitiva respecto de la procedencia de la repetición.
Rememoró la excepcionalidad que caracteriza a la acción de amparo y señaló que no correspondía hacer lugar a esta cuando “[l]as demoras que se alegan provienen de las atípicas circunstancias imperantes ante la emergencia pública sanitaria que atraviesa el país y las dificultades ocasionadas por la pandemia […]”.
Por último, y respecto de las costas, estimó que deberían distribuirse en el orden causado por las particularidades del caso (páginas 109/113 del PDF de las actuaciones administrativas).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 31 de mayo de 2021 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en el mismo acto y cuyas consideraciones fueron contestadas por la demandada el 9 de junio de ese año (páginas 120/146 del PDF de las actuaciones administrativas). Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida.
En primer término reseñó los antecedentes fácticos de la cuestión controvertida y la decisión del Tribunal Fiscal. Posteriormente, destacó que su parte había acudido ante la instancia de origen por haber mediado una excesiva demora de su contraria en el trámite de las actuaciones administrativas del caso, transcurriendo un plazo que excedía ampliamente lo razonable.
Señaló que se encontraban afectados los principios administrativos de sencillez, celeridad y economía procesal y aquellos constitucionales de razonabilidad, legalidad y propiedad. Asimismo, puso de resalto que desde el inicio del procedimiento administrativo habían transcurrido más de un año y seis meses y que, durante ese lapso, solamente se había realizado un movimiento.
Repasó algunos de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Fiscal en la sentencia discutida, al tiempo en que advirtió que el movimiento ocurrido en los actuados del caso el 11 de marzo de 2021 no podía ser considerado impulsorio. Igualmente, recordó que el expediente administrativo se encontró durante un año y cuatro meses paralizado y que, con posterioridad a que su parte presentara un pedido de “pronto despacho”, la demandada únicamente selló el anverso de tal presentación.
Explicó que las circunstancias descriptas bastaban para tener por configurada la demora excesiva a la que refería el artículo 1160 del Código Aduanero. Agregó que el sello aludido en el párrafo que antecede (que habría designado sumariante) no podía considerarse suficientemente impulsorio y citó jurisprudencia para sustentar tal postulado.
Reiteró que la demora en dictar la resolución correspondiente le causaba un perjuicio grave a su parte, quien se veía CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II impedida de recuperar los derechos de exportación abonados indebidamente.
En otro orden de ideas, destacó que no se habían cumplido con los plazos legales (contenidos en los artículos 1068 y ss. del Código Aduanero, la ley 19.549, las Resoluciones ANA 2846/94 y 3428/96, la Instrucción General DGA 8/05 y el decreto 1883/91) aplicables a la especie y manifestó que, teniendo en consideración algún retraso habitual, podía estimarse “[u]n plazo máximo total de aprox. 6 meses para la tramitación del pedido de devolución [y que] En el presente caso ese plazo [había] sido prácticamente duplicado, con el agravamiento que como se dijo se trata[ba] de una cuestión de puro derecho con criterio ya sentado por la propia Aduana, que no entra[ba] a considerar el fondo de la cuestión, no habiendo período de prueba […]”.
Finalmente, adujo que en todo el lapso aludido la demandada no había dictado ni siquiera el auto inicial del procedimiento de repetición, ubicando a su parte en un estado de incertidumbre y, por todo lo expuesto, solicitó que se revocara lo decidido.
III. Que, así las cosas, corresponde señalar que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones (dentro de las cuales obran los antecedentes del procedimiento administrativo iniciado por la firma actora y que tramitó bajo la denominación SIGEA Nº 19144-14209- 2019) surge, en lo sustancial, que:
a) El 24 de octubre de 2019 la parte actora solicitó la devolución de las sumas que consideró abonadas indebidamente por su parte en conceptos de tributos aduaneros vinculados a una operación de exportación a consumo (páginas 72/81 del PDF acompañado en la causa).
b) El 1 de febrero de 2021 la accionante peticionó el “pronto despacho” de las actuaciones, sin que obre constancia de movimiento útil alguno posterior (páginas 96/97 del PDF acompañado en la causa).
IV. Que, en tales condiciones, es menester advertir que se encuentra excedido el lapso aplicable para que el servicio aduanero se pronuncie sobre lo requerido por la parte actora, tornando admisible el recurso intentado por ella.
Al respecto, recuérdese que el artículo 1160 del Código Aduanero establece que “[L]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos. El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite […]”.
Así, en el caso es posible verificar la existencia de: a) una petición sobre la cual la demandada debe expedirse (esto es, la mencionada solicitud actoral de devolución, que data del 24 de octubre de 2019); b) un pedido de “pronto despacho” efectuado el 1 de febrero de 2021 y c) el transcurso en exceso del lapso de quince días que la normativa aduanera prevé como requisito de admisibilidad para acciones como la que aquí se encuentra bajo estudio.
En este sentido, cabe destacar que tampoco obstan a lo decidido las suspensiones de plazo invocadas por la instancia de origen para desestimar el planteo actoral, si se repara en que las suspensiones de plazos establecidas por las Resoluciones Generales 4682/2020, 4692/2020, 4695/2020, 4703/2020, 4713/2020, 4722/2020, 4736/2020, 4750/2020, 4766/2020, 4786/2020, 4794/2020, 4807/2020, 4818/2020, 4835/2020, 4840/2020, 4856/2020 y 4999/2021 establecieron como último lapso suspendido aquel ocurrido entre los días 26 y 28 de mayo de 2021, de modo tal que -teniendo en cuenta que ha transcurrido más de un año desde la articulación del pedido de “pronto despacho” de la accionanteactualmente ello carece de relevancia a los efectos de dirimir la cuestión planteada.
Por lo expuesto, debe concluirse que la demanda intentada por la firma actora resulta sustancialmente admisible y que, consecuentemente, corresponde fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de devolución de la parte actora ligado al permiso de embarque 18073EC01026178W.
V. Que, finalmente y en razón del modo en que se decide, corresponde también modificar el régimen de costas (cfr. artículo 279 del C.P.C.C.N.), que habrán de ser impuestas en ambas instancias a la demandada, en tanto y cuanto con su injustificada demora ha dado lugar CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II a la promoción del amparo y consiguiente emisión de la orden de despacho, resultando por lo mismo sustancialmente vencida (cfr. artículo 68 del C.P.C.C.N.).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
1. admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 18 de mayo de 2021 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto; 2º) hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de devolución de la parte actora ligado al permiso de embarque 18073EC01026178W y 3º) modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
Se deja constancia de que el Dr. Luis M. Márquez no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (cfr. artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia