Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33231711-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 16 de junio de 2021 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto;
2Hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de devolución de la parte actora ligado al permiso de embarque involucrado, y
3Modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 52918/2022– “LIXIS SA (TF 33231711-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
///nos Aires, 1° de marzo de 2024.- MBR VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 16 de junio de 2021, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por unanimidad- rechazar la presente acción de amparo y distribuyó las costas en el orden causado. Para así decidir, en primer término, relató la pretensión actoral y las consideraciones vertidas por la demandada al acompañar a estos actuados el informe de ley. Ello así, citó lo prescripto por el artículo 1160 del Código Aduanero y destacó que deberían configurarse, como requisitos necesarios para la procedencia de pretensiones como la presente, un perjuicio para la actora vinculado a una “demora excesiva” del servicio aduanero en la tramitación de una petición.
Luego, recordó las consecuencias provocadas a raíz de la pandemia vinculada al virus COVID-19 y las normas que dispusieron la suspensión de plazos procesales, así como las posteriores resoluciones generales que fijaron la feria fiscal extraordinaria y sus prórrogas.
Por su parte destacó que, los días hábiles transcurridos desde la presentación de solicitud de devolución de tributos (24-10-2019) a la fecha de interposición del recurso (16-4-2021) en sede administrativa, teniendo en consideración el procedimiento de que se trataba, no resultaban ser suficientes para el dictado de una resolución definitiva respecto de la procedencia de la repetición.
De esa manera, concluyó que el recurso de amparo es un remedio excepcional que es sólo procedente cuando situaciones objetivas demuestran la existencia de demoras infundadas y excesivamente prolongadas del servicio aduanero, que ocasionan perjuicio. Y que, por esa razón, en el caso, consideró que la demora alegada tiene su base en las atípicas circunstancias imperantes por la emergencia pública sanitaria que atraviesa el país y las dificultades ocasionadas por la pandemia.
Por ende, no advirtió una demora en el trámite que resulte totalmente reprochable al servicio aduanero. Como consecuencia de ello, rechazó el recurso de amparo interpuesto por la firma “LIXIS S.A.”.
Finalmente, respecto de las costas señaló que las particularidades circunstancias impuestas por la pandemia, justificaban su distribución en el orden causado (páginas 155/157 del PDF de las actuaciones administrativas).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 1 de julio de 2021 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en el mismo acto y cuyos fundamentos no fueron replicados por la demandada (páginas 165/177 del PDF de las actuaciones administrativas). Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida.
En primer término, reseñó los antecedentes fácticos de la cuestión controvertida y la decisión del Tribunal Fiscal. Posteriormente, destacó que su parte había acudido ante la instancia de origen por haber mediado una excesiva demora de su contraria en el trámite de las actuaciones administrativas del caso, transcurriendo un plazo que excedía ampliamente lo razonable. Señaló que se encontraban afectados los principios administrativos de sencillez, celeridad y economía procesal y aquellos constitucionales de razonabilidad, legalidad y propiedad. Asimismo, puso de resalto que desde el inicio del procedimiento administrativo habían transcurrido más de un año y seis meses y que, durante ese lapso, solamente se había realizado un movimiento.
Repasó algunos de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Fiscal en la sentencia discutida, al tiempo en que se quejó de que el expediente se encontró más de un año totalmente paralizado y, después del pronto despacho, entendió que la Aduana ni siquiera se tomó el trabajo de armar un proveído con su correspondiente día y fecha para iniciar las actuaciones.
Explicó que las circunstancias descriptas bastaban para tener por configurada la demora excesiva a la que refería el artículo 1160 del Código Aduanero.
Reiteró que transcurrió más de un año desde el inicio de la solicitud de repetición no habiéndose dictado ningún acto útil, a pesar del pronto despacho presentado con fecha 1-02-2021 por su mandante, vencido ampliamente el plazo de quince días dispuesto en el art. 1160 del CA. Postuló que la repetición es un proceso que requiere de consultas a distintas áreas internas, como expresó el a quo, acción que desde el 2019 entiende que aún no se ha llevado a cabo por la Aduana, así como tampoco se ha dictado proveído alguno en las actuaciones.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Reiteró que la demora en dictar la resolución correspondiente le causaba un perjuicio grave a su parte, quien se veía impedida de recuperar los derechos de exportación abonados indebidamente.
A modo de respaldo de su pretensión, citó jurisprudencia. En tal sentido, destacó diversos fallos emitidos por las Salas del Tribunal Fiscal de la Nación, por las Salas del Fuero Contencioso Administrativo, como así también, lo resuelto por la C.S.J.N., en la causa “Hollywood Store”. Resaltó que la mera designación de un sumariante no podía considerarse acto impulsorio suficiente.
Citó doctrina y jurisprudencia que -según entiende- avalan su postura.
En otro orden de ideas, destacó que no se habían cumplido con los plazos legales (contenidos en los artículos 1068 y ss. del Código Aduanero, la ley 19.549, las Resoluciones ANA 2846/94 y 3428/96, la Instrucción General DGA 8/05 y el decreto 1883/91) aplicables a la especie y manifestó que, teniendo en consideración algún retraso habitual, podía estimarse “[u]n plazo máximo total de aprox. 6 meses para la tramitación del pedido de devolución [y que] En el presente caso ese plazo [había] sido prácticamente duplicado, con el agravamiento que como se dijo se trata[ba] de una cuestión de puro derecho con criterio ya sentado por la propia Aduana, que no entra[ba] a considerar el fondo de la cuestión, no habiendo período de prueba […]”.
Finalmente, adujo que en todo el lapso aludido la demandada no había dictado ni siquiera el auto inicial del procedimiento de repetición, ubicando a su parte en un estado de incertidumbre y, por todo lo expuesto, solicitó que se revocara lo decidido.
III. Que, así las cosas, interesa señalar que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones (dentro de las cuales obran los antecedentes del procedimiento administrativo iniciado por la firma actora y que tramitó bajo la denominación SIGEA Nº 19144-14210-2019) surge, en lo sustancial, que:
a) El 24 de octubre de 2019 la parte actora solicitó la devolución de las sumas que consideró abonadas indebidamente por su parte en conceptos de tributos aduaneros vinculados a una operación de exportación a consumo (páginas 21/30 del archivo en formato PDF acompañado en la causa). b) El 1º de febrero de 2021 la accionante peticionó el “pronto despacho” de las actuaciones, sin que obre constancia de movimiento útil alguno posterior (páginas 34 del PDF acompañado en la causa).
IV. Que, en tales condiciones, es menester advertir que se encuentra excedido el lapso aplicable para que el servicio aduanero se pronuncie sobre lo requerido por la parte actora, tornando admisible el recurso intentado por ella. Al respecto, recuérdese que el artículo 1160 del Código Aduanero establece que “[L]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos. El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite […]”. Así, en el caso es posible verificar la existencia de: a) una petición sobre la cual la demandada debe expedirse (esto es, la mencionada solicitud actoral de devolución, que data del 24 de octubre de 2019); b) un pedido de “pronto despacho” efectuado el 1 de febrero de 2021 y c) el transcurso en exceso del lapso de quince días que la normativa aduanera prevé como requisito de admisibilidad para acciones como la que aquí se encuentra bajo estudio. En este sentido, cabe destacar que tampoco obstan a lo decidido las suspensiones de plazo invocadas por la instancia de origen para desestimar el planteo actoral, si se repara en que las suspensiones de plazos establecidas por las Resoluciones Generales 4682/2020, 4692/2020, 4695/2020, 4703/2020, 4713/2020, 4722/2020, 4736/2020, 4750/2020, 4766/2020, 4786/2020, 4794/2020, 4807/2020, 4818/2020, 4835/2020, 4840/2020, 4856/2020 y 4999/2021 alcanzaron en cuanto al último periodo de suspensión, el comprendido entre los días 26 y 28 de mayo de 2021, de modo tal que - teniendo en cuenta que ha transcurrido más de dos años desde la articulación del pedido de “pronto despacho” de la accionante- actualmente ello carece de relevancia a los efectos de dirimir la cuestión planteada.
Por lo expuesto, debe concluirse que la demanda intentada por la firma actora resulta sustancialmente admisible y que, consecuentemente, corresponde fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II requerimiento de devolución de la parte actora ligado al permiso de embarque involucrado.
V. Que, en razón del modo en que se decide, corresponde también modificar el régimen de costas (cfr. artículo 279 del C.P.C.C.N.), que habrán de ser impuestas en ambas instancias a la demandada, en tanto y cuanto con su injustificada demora ha dado lugar a la promoción del amparo y consiguiente emisión de la orden de despacho, resultando por lo mismo sustancialmente vencida (cfr. artículo 68, CPCCN).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º) admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 16 de junio de 2021 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto; 2º) hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de devolución de la parte actora ligado al permiso de embarque involucrado, y 3º) modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia