Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33253191-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 20 de mayo de 2021 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto;
2Hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de devolución de la parte actora ligado al permiso de embarque 18073EC01025586B, y
3Modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
21860/2021 LIXIS SA (TF 33253191-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 11 de febrero de 2022.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 20 de mayo de 2021, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por unanimidad, rechazar la presente acción de amparo y distribuyó las costas en el orden causado.
Para así decidir, en primer término relató los antecedentes fácticos del caso, al tiempo que recordó los requisitos de admisibilidad que el artículo 1160 del Código Aduanero establece para la procedencia de acciones como la aquí intentada. En ese contexto, rememoró los efectos provocados por la pandemia vinculada al virus COVID-19 sobre las diferentes tramitaciones administrativas, destacando que dicha circunstancia no podía ser obviada a los efectos de resolver la cuestión controvertida.
Ello así, advirtió que no se observaban en las actuaciones administrativas acompañadas lapsos prolongados de inactividad que guardaran “meridiana actualidad” y que no hubieran sido subsanados por el servicio aduanero. De tal modo, estimó que no se verificaba una demora global que pudiera reputarse como excesiva, si se tenía en cuenta que el procedimiento del caso (de devolución de tributos aduaneros) revestía cierta complejidad para la demandada y que su resolución requería de consultas a diferentes áreas internas. Además, puso de resalto que el servicio aduanero había impulsado el procedimiento con posterioridad a la presentación del “pronto despacho” del 1 de febrero de 2021, girando las actuaciones administrativas para la designación de un instructor sumariante el 11 de marzo de 2021 y que, a la fecha de inicio de esta acción (el 16 de abril de 2021), únicamente habían transcurrido 23 días hábiles.
En tal línea argumental, sostuvo que tampoco debía perderse de vista que 4 meses después de la promoción del procedimiento de repetición se comenzaron a estipular períodos ininterrumpidos de ferias administrativas extraordinarias y citó las resoluciones y decretos dictados en tal sentido.
Finalmente, y en cuanto a las costas, invocó las particulares circunstancias que concurrieron en la especie para distribuirlas por su orden (páginas 129/133 del archivo en formato PDF de las actuaciones administrativas).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 8 de junio de 2021 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en el mismo acto (páginas 138/151 del PDF de las actuaciones administrativas), el que fue contestado el 5 de julio de 2021 (páginas 162/171 del archivo PDF de las actuaciones administrativas ya reseñado). Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida.
En primer término, reseñó los antecedentes fácticos de la cuestión controvertida y la decisión del Tribunal Fiscal. Posteriormente, destacó que su parte había acudido ante la instancia de origen por haber mediado una excesiva demora de su contraria en el trámite de las actuaciones administrativas del caso, transcurriendo un plazo que excedía ampliamente lo razonable.
Señaló que se encontraban afectados los principios administrativos de sencillez, celeridad y economía procesal y aquellos constitucionales de razonabilidad, legalidad y propiedad. Asimismo, puso de resalto que desde el inicio del procedimiento administrativo habían transcurrido más de un año y seis meses y que, durante ese lapso, solamente se había realizado un movimiento.
Repasó algunos de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Fiscal en la sentencia discutida, al tiempo en que advirtió que el movimiento ocurrido en los actuados del caso el 11 de marzo de 2021 no podía ser considerado impulsorio ni un proveído de mero trámite. Igualmente, recordó que el expediente administrativo se encontró durante un año y cuatro meses paralizado, y que, con posterioridad a que su parte CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II presentara un pedido de “pronto despacho”, la demandada únicamente selló el anverso de tal presentación.
Explicó que las circunstancias descriptas bastaban para tener por configurada la demora excesiva a la que refería el artículo 1160 del Código Aduanero. Agregó que el sello aludido en el párrafo que antecede (que habría designado sumariante) no podía considerarse suficientemente impulsorio, y citó jurisprudencia para sustentar tal postulado.
Reiteró que la demora en dictar la resolución correspondiente le causaba un perjuicio grave a su parte, quien se veía impedida de recuperar los derechos de exportación abonados indebidamente.
En otro orden de ideas, destacó que no se habían cumplido con los plazos legales (contenidos en los artículos 1068 y ss. del Código Aduanero, la ley 19.549, las Resoluciones ANA 2846/94 y 3428/96, la Instrucción General DGA 8/05 y el decreto 1883/91) aplicables a la especie y manifestó que, teniendo en consideración algún retraso habitual, podía estimarse “[u]n plazo máximo total de aprox. 6 meses para la tramitación del pedido de devolución [y que] En el presente caso ese plazo [había] sido prácticamente duplicado, con el agravamiento que como se dijo se trata[ba] de una cuestión de puro derecho con criterio ya sentado por la propia Aduana, que no entra[ba] a considerar el fondo de la cuestión, no habiendo período de prueba […]”.
Finalmente, adujo que en todo el lapso aludido la demandada no había dictado ni siquiera el auto inicial del procedimiento de repetición, ubicando a su parte en un estado de incertidumbre y, por todo lo expuesto, solicitó que se revocara lo decidido.
III. Que, así las cosas, corresponde señalar que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones (dentro de las cuales obran los antecedentes del procedimiento administrativo iniciado por la firma actora destinado a obtener la repetición de tributos abonados en el marco de una operación de exportación a consumo y que tramitó bajo la denominación SIGEA Nº 19144-14223-2019) surge, en lo sustancial, que: a) El 24 de octubre de 2019 la accionante solicitó, ante la autoridad de aplicación, que se procediera a la devolución (en los términos establecidos por los artículos 809, 1068 y ss. del Código Aduanero) de las sumas abonadas en concepto de tributos aduaneros con relación al permiso de embarque 18073EC01025586B (páginas 21/30 del archivo en formato PDF de las actuaciones administrativas). b) El 1 de febrero de 2021 la actora peticionó el “pronto despacho” de su solicitud, en atención a la demora en la tramitación de los actuados de referencia (páginas 32 y 117 -copia- del documento PDF de las actuaciones administrativas). Asimismo, se constata el sellado de la presentación aludida por la accionada pero no resulta posible constatar completamente la fecha en la cual ello ocurrió (página 118 del PDF de las actuaciones administrativas).
IV. Que, en tales condiciones, es menester advertir que se encuentra excedido el lapso aplicable para que el servicio aduanero se pronuncie sobre lo requerido por la parte actora, tornando admisible el recurso intentado por ella.
Al respecto, recuérdese que el artículo 1160 del Código Aduanero establece que “[L]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos. El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite […]”.
Así, en el caso es posible verificar la existencia de: a) una petición sobre la cual la demandada debe expedirse (esto es, la mencionada solicitud actoral de devolución asociada al permiso de embarque 18073EC01025586B, que data del 24 de octubre de 2019); b) un pedido de “pronto despacho” efectuado el 1 de febrero de 2021 y c) el transcurso en exceso del lapso de quince días que la normativa aduanera CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II prevé como requisito de admisibilidad para acciones como la que aquí se encuentra bajo estudio.
En este sentido, cabe destacar que tampoco obstan a lo decidido las suspensiones de plazo invocadas por la instancia de origen para desestimar el planteo actoral, si se repara en que las suspensiones de plazos establecidas por las Resoluciones Generales 4682/2020, 4692/2020, 4695/2020, 4703/2020, 4713/2020, 4722/2020, 4736/2020, 4750/2020, 4766/2020, 4786/2020, 4794/2020, 4807/2020, 4818/2020, 4835/2020, 4840/2020, 4856/2020 y 4999/2021 establecieron como último lapso suspendido aquel ocurrido entre los días 26 y 28 de mayo de 2021, de modo tal que -teniendo en cuenta que ha transcurrido más de un año desde la articulación del pedido de “pronto despacho” de la accionanteactualmente ello carece de relevancia a los efectos de dirimir la cuestión planteada.
Por lo expuesto, debe concluirse que la demanda intentada por la firma actora resulta sustancialmente admisible y que, consecuentemente, corresponde fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de devolución de la parte actora ligado al permiso de embarque 18073EC01025586B.
VI. Que, finalmente y en razón del modo en que se decide, corresponde también modificar el régimen de costas (cfr. artículo 279 del C.P.C.C.N.), que habrán de ser impuestas en ambas instancias a la demandada, en tanto y cuanto con su injustificada demora ha dado lugar a la promoción del amparo y consiguiente emisión de la orden de despacho, resultando por lo mismo sustancialmente vencida (cfr. artículo 68 del C.P.C.C.N.).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
1. admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 20 de mayo de 2021 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto; 2º) hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de devolución de la parte actora ligado al permiso de embarque 18073EC01025586B, y 3º) modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia