Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 62516979-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; (ii) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de agravios y reconocer el derecho de la firma LIXIS SA a obtener el reintegro del derecho de exportación abonado sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos X y XI. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA N° 33033/2023 “LIXIS SA (TF 62516979-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de febrero de 2024. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Por sentencia del 1/12/2022, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó la Resolución RESOL-2022-182-E-AFIP- DIAZDEZ#SDGOAM, que se encuentra digitalizada en el DEO 10816624, mediante la cual se rechazó el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma LIXIS SA. Asimismo, impuso las costas por su orden.
Para así decidir, en cuanto al planteo relativo a la falta de legitimación activa de la firma LIXIS SA para reclamar la devolución de los derechos de exportación involucrados en la causa, señaló que el Código Aduanero no establece como requisito necesario para la repetición de tributos la prueba de la falta de traslación (confr. artículos 1068 y ss.), como sí se encuentra previsto en el artículo 81 de la Ley N° 11.683 (según la reforma introducida por la Ley N° 25.795).
En este sentido, puntualizó que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas a la causa resultaba que la firma actora en su carácter de exportadora habilitada había documentado el PE N° 18073EC01030035J y, que había abonado los derechos de exportación vinculados al mismo.
Así, manifestó que de la documentación obrante en las actuaciones administrativas se constataba que los argumentos del fisco nacional para fundar su planteo, no se encontraban debidamente acreditados. Ello, debido a que sin perjuicio del modo en que había sido documentada la operación bajo análisis, habiéndose incluido los derechos de exportación en el valor FOB declarado, no se había acompañado ninguna constancia a la causa de la que se desprendiera la real y efectiva incidencia/traslación de los derechos de exportación cuestionados en el precio pagado por el comprador del exterior.
A continuación, respecto del fondo de la cuestión, indicó que de las actuaciones administrativas del caso resultaba que la firma LIXIS SA había documentado mediante PE N° 18073EC01030035J, oficializado con fecha 23/10/2018, la exportación de mercadería por la que se habían abonado derechos de exportación en los términos dispuestos en el Decreto N° 793/18.
De este modo, expresó que el artículo 726 del Código Aduanero dispone que es aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, y que debido a la vigencia del Decreto N° 793/18 la recurrente había abonado los derechos de exportación liquidados a la fecha de registro de la operación. Seguidamente, consideró que, por aplicación de los principios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Fiscal no debía considerar válidos los derechos de exportación cuyas alícuotas se hubieran establecido por normas dictadas por el Poder Ejecutivo; la Jefatura de Gabinete o cualquier organismo administrativo, que tengan fundamento exclusivo en el artículo 755 del Código Aduanero.
Por lo tanto, entendió que por aplicación de los principios establecidos por la Corte Suprema en causas análogas, el Tribunal Fiscal debía declarar la invalidez del Decreto N° 793/18 en las acciones de repetición de los derechos de exportación pagados durante el período en que no había existido una ratificación legislativa, es decir, desde el 4/9/2018 hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 27.467 que los ratificó, por lo que dicha ratificación sólo rige para las exportaciones registradas ante la Dirección General de Aduanas a partir del 4/12/2018 y carece de efectos retroactivos, tal como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En concordancia, sostuvo que le asistía razón a la recurrente al considerar la invalidez del Decreto N° 793/18, a la fecha en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 33033/2023 “LIXIS SA (TF 62516979-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
que documentó el PE 18073EC01030035J, oficializado 23/10/2018; motivo por el cual resultaría procedente hacer lugar al pedido de devolución de la suma abonada en concepto de derechos de exportación, monto que debería liquidarse en pesos de conformidad al criterio sentado por la Corte Suprema en la causa “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA”, del 15/5/2014, con más los intereses establecidos en el artículo 811 del Código Aduanero desde el 24/10/2019 (fecha del pedido de devolución) hasta la fecha de efectivo pago.
Sin embargo, señaló que, el 26/4/2022 el Tribunal Fiscal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la doctrina legal en la cual se dispuso que “…no correspondía declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. En consecuencia, concluyó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 11.683 y, resultando en el caso aplicable la doctrina legal establecida en el plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, correspondía confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma LIXIS SA.
II. Contra el pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación el 9/2/2023 y expresó agravios el 2/3/2023, los cuales fueron contestados por la parte demandada el 29/3/2023. En primer lugar, la firma exportadora en el memorial del 2/3/2023 (v IF-2023-22731880-APN-DTD#JGM), aduce que los derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo que se cuestionan violentan el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, lo cual así fue definido por la Corte en la doctrina del caso “Camaronera Patagónica”.
En este sentido, sostiene que el Poder Ejecutivo no se encontraba facultado, ni siquiera por la amplia delegación que efectúa el artículo 755 del Código Aduanero, para imponer un derecho de exportación como el previsto por el Decreto N° 793/18, así como tampoco para “reglamentar” el derecho de exportación, como impuesto que es.
Ello así, puntualiza que, al fijar su doctrina legal, el Tribunal Fiscal pretendió apartarse absolutamente de los conceptos claros e indubitables que fijó la Corte y, que pretendió justificar la imposición de derechos de exportación por un decreto presidencial, sin ninguna garantía asociada al establecimiento de un tributo.
En esta línea, considera que la aplicación del precedente “Camaronera Patagónica” en la causa bajo análisis resulta indubitable. Al respecto, postula que la doctrina emanada de “Camaronera” es clara y contundente, por cuanto la Corte por unanimidad (incluso con el voto concurrente de Zaffaroni y la disidencia de Petracchi y Argibay) sostiene la prohibición al Poder Ejecutivo de crear y modificar los elementos esenciales del tributo (en particular derechos de exportación), haciendo expresa mención a la alícuota, como elemento esencial.
Por último, manifiesta que la jurisprudencia de las distintas Cámaras del país es conteste en reiterar la estricta aplicación de la doctrina sentada por la Corte en “Camaronera” declarando inválido el Decreto N° 793/18 y, por ende, el cobro injustificado de los derechos de exportación en las operaciones registradas entre el 4/9/18 y su ratificación legal.
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III. Por su parte, el 13/2/2023 interpuso recurso de apelación y expresó agravios la parte demandada, los cuales no merecieron réplica de la contraria.
En primer lugar, se agravia respecto del rechazo con costas de la excepción de falta de legitimación activa.
Al respecto, puntualiza que del trámite llevado a cabo en instancia administrativa surge debidamente acreditada la traslación del impuesto, la inclusión de este en el precio de venta (factura comercial) y la consecuente ausencia de perjuicio patrimonial a la firma actora, en la cual el Servicio Aduanero basó su defensa.
Ello así, entiende que de lo declarado en forma comprometida por la exportadora más el análisis de la documentación obrante en el expediente administrativo llevado a cabo por la parte demandada, se concluye que se produjo la traslación del tributo al comprador extranjero, quien, en definitiva, fue el que soportó económicamente los derechos de exportación.
En segundo, y último lugar, se agravia respecto de la imposición de las costas por su orden. En este sentido, sostiene que, el dictado del plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente N° EX-2020-24600163— APN- SGASAD#TFN, en virtud del cual el Tribunal Fiscal resolvió la confirmación de la Resolución Aduanera dictada por la parte demandada, no resulta ser un justificativo para apartarse del principio general que dispone que las costas deben ser soportadas por el vencido.
En concordancia, expresa que, en materia de costas, para apartarse del principio general de la derrota se requieren fundamentos suficientes que den lugar a la eximición, y el hecho de que se haya dictado el plenario con posterioridad a la interposición del recurso de apelación, no resulta ser un justificativo adecuado. Así, afirma que la demandada resultó vencedora en cada una de estas causas, correspondiendo entonces la imposición de costas a la vencida.
IV. De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, entre otros).
V. En este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1.180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (confr. CSJN, Fallos: 300:985 y; esta Sala, in rebus: “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/2006; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1.180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 33033/2023 “LIXIS SA (TF 62516979-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos otros).
VI. Ello así, la materia sobre la cual debe expedirse esta Alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta Litis– es: (i) el rechazo de la falta de legitimación activa de la firma actora planteada por la parte demandada; (ii) si el derecho de exportación abonado por la firma “LIXIS SA”, en ocasión de documentar el permiso de embarque 18 073 EC01 030035 J (en total $175.164,60), conforme a las disposiciones del Decreto N° 793/18 (B.O. 4/9/2018), resulta o no ajustado a derecho y; (iii) la imposición de las costas.
VII. En este orden de ideas, corresponde expedirse respecto de la falta de legitimación activa.
En este sentido, cabe señalar que la Aduana plantea que la firma actora trasladó el impuesto, en tanto el mismo fue incluido en el precio de venta (factura comercial), motivo por el cual LIXIS SA no habría sufrido perjuicio patrimonial alguno.
Al respecto, es dable puntualizar que debido al carácter de tributo indirecto que revisten los derechos aduaneros, su costo resulta trasladable al comprador del exterior, de manera tal que, de haber sucedido ello en la realidad de los hechos –lo que a la parte actora le correspondería probar que no fue así–, con el reintegro el exportador se estaría enriqueciendo incausadamente.
Ello así, el planteo no resulta atendible por dos motivos:
primero, porque la exigencia de probar la “no traslación” del gravamen no surge del Código Aduanero, y segundo, porque la Aduana no argumentó ni probó que el costo del derecho de exportación hubiere incidido en el precio de venta de la mercadería exportada (confr. esta Sala, in re: “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ Dga s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa N° 26963/2022, del 29/12/2022).
De este modo, corresponde rechazar el agravio deducido por la parte demandada.
VIII. Así las cosas, corresponde analizar si el derecho de exportación abonado por la firma “LIXIS SA”, en ocasión de documentar el permiso de embarque 18 073 EC01 030035 J (en total $175.164,60), conforme a las disposiciones del Decreto N° 793/18 (B.O. 4/9/2018), resulta o no ajustado a derecho.
A tal fin, resulta conveniente, previamente, describir el plexo normativo aplicable, junto con los principales lineamientos que emanan del precedente “Camaronera Patagónica SA” de la Corte Suprema, ya que resultan de insoslayable lectura para su resolución. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone que: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (artículo 76, primer párrafo).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 33033/2023 “LIXIS SA (TF 62516979-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99 inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido” (inciso 1º, artículo 755).
Por otro lado, en el precedente “Camaronera Patagónica SA” la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas…” (Considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público y, también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales. En este sentido, la Corte Suprema mencionó que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo – específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (Considerando 7º).
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Así las cosas, y luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate – especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la Resolución N° 11/02– con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”, y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (Considerando 8º).
A continuación, en relación con el principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que el mismo no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo…” (Considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la Resolución N° 11/02, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (Considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el Considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. A continuación, mencionó que en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autorizar elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
A partir de este análisis la Corte Suprema concluyó que la Resolución Nº 11/02 resultaba inválida.
Sin embargo, en el Considerando 11 desechó que pudiera desconocerse que la Ley N° 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “Es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 33033/2023 “LIXIS SA (TF 62516979-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la Ley N° 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la Resolución N° 11/02, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento –este último– a partir del cual había comenzado a regir la Ley N° 25.645.
IX. Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en las causas “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, Causa N° 377 /2021, del 18/10/2022, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A)”, ya citado, “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ DGA”, Causa N° 62.761/2019, del 3/2/2023 y “El Galgo SA c/ EN -AFIPDGA s/ DGA”, causa Nº 14.520/2020, del 28/3/2023, entre otras.
En dichos precedentes, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que, particularmente en la causa “Catajuy SRL”, se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala el 14 /11/2019 en la Causa N° 74.554/2018, “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ Amparo”.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el Decreto N° 793/18 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley N° 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.467, se dispuso que el Decreto N° 793/18 –aquí cuestionado– careció de vigencia entre el 4/9/2018 –fecha de entrada en vigor del aludido decreto– y el 4/12/2018 –fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.467– por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho periodo (confr. esta Sala, in re: “ARCOR SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 23225/2023, del 7/11/2023).
X. De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede –ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico–, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que la operación relativa al permiso de embarque N° 18 073 EC01 030035 J, de acuerdo con las constancias de autos, tuvieron lugar el 23/10/2018 (esto es, con anterioridad al 4/12/2018), deberán reintegrarse las sumas reclamadas por la firma actora.
XI. En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), toda vez que el reclamo de repetición –SIGEA 19144-14231-2019– fue presentado el 24/10/2019, una vez que ya surtía efectos la Resolución N° 598/19 MH (v. artículo 10, 1/8/2019), corresponderá estarse a sus términos hasta el 30/8/2022, y posteriormente a los de la Resolución N° 599/2022 –que la sustituyó– o la que en futuro pudiera regir, hasta el momento del pago.
XII. Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 33033/2023 “LIXIS SA (TF 62516979-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de la anterior instancia y, que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –en ambas instancias– a la parte demandada vencida (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: (i) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; (ii) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de agravios y reconocer el derecho de la firma LIXIS SA a obtener el reintegro del derecho de exportación abonado sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos X y XI. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia