Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 138.988
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles las impugnaciones deducidas.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas
III. Casar la sentencia y absolver a Ll., A. de los hechos por lo que fuera condenado.
IV. Disponer su libertad, la que deberá instrumentarse a través del tribunal de la instancia, previo a la constatación de la inexistencia de impedimentos legales.
V. Declarar abstractas las pretensiones de la particular damnificada y la fiscal, sin costas.
VI. Regular los honorarios profesionales al dr. Rodrigo Lucas Maccia y dra. D. V. I., por la labor desarrollada en esta sede en veinte jus para cada uno.
VII. Tener presente las reservas del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; ley 48, 5, , 9, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 55, 119 1°, 3° y 4° párr. inc. b y 125 1° y 3° párr. del CP; 1, 106, 209, 210, 373, 530, 531, cits. y c.c., CPP y ley 14967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° P4- 138988, y acumuladas 138992 y 138993 caratulada "Ll. A s/ recurso interpuesto por la defensa"; "Ll., A. s/ recurso interpuesto por el fiscal" y "Ll., A. s/ recurso interpuesto por la particular damnificada" conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 12 de diciembre del año 2024, el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial Morón, integrado con los doctores Omar Rodríguez Rey, Cristian Adrián Toto, y la doctora Karina Andrea De Luca, condenó -por mayoría de votos- a Ll., A. a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, como autor penalmente responsable de los delitos de corrupción agravada por la condición de ascendiente del imputado (en el caso de J.L.I.), abuso sexual con acceso carnal a un menor de 13 años de edad agravado por ser ascendiente de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la condición de ascendiente (en el caso de G.L.I.), (artículos 5, 9, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 55, 119 1°, 3° y 4° párr. inc. b y 125 1° y 3° párr. del Código Penal).
La particular damnificada, Dra. D. V. I., el defensor particular, Dr. Rodrigo Lucas Maccia, y la fiscal, Dra. Claudia Victoria Fernández, interpusieron recursos de casación (causas número 138988, 138992 y 138993, respectivamente).
Las causas ingresaron a la Sala I de este Tribunal con fechas 15 y 19 de mayo de 2025, se celebró audiencia de informes - artículo 458 del Código Procesal Penal-; se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
Los recursos fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 448, 450, primer párrafo, 451, 452 inc. 2, 453 y 454 del CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor VIOLINI, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
La doctora D. V. I., particular damnificada, cuestiona la decisión adoptada por el tribunal con relación a mantener la morigeración de Ll., A. hasta tanto el fallo adquiera firmeza. Considera que no rige el efecto suspensivo del recurso. Expone que la Constitución, para que quede derribada la presunción de inocencia, exige que sea declarada la culpabilidad. Subraya que la detención del imputado se convirtió en prisión preventiva conforme los requisitos determinados en el art 157 del C.P.P. y su situación no encuadra en ninguna de los supuestos establecidos en el art. 159 del mismo Código. Además, objeta la cuantía de pena establecida, por resultar “casi el mínimo”; señala el grave daño a la salud física, con respecto al prolapso que ocasionó en el recto del niño, y también el daño mental.
Entiende que debió computarse la pluralidad de víctimas y solicita se eleve el monto de sanción “con severidad”. Expone que no puede pasar por alto la personalidad violenta del imputado, y el consecuente miedo que genera al grupo familiar desde que se le concedió la morigeración. Expresa que en su alegato de cierre requirió la pena de treinta años. Hace reserva del caso federal La doctora Claudia Victoria Fernández indica que, con base a las reglas concursales, el tribunal no consideró a la pluralidad de víctimas, como pauta agravante de la pena. Reseña que solicitó se le imponga a Ll., A. la pena de veinticinco años de prisión. Considera que, en los delitos contra la integridad sexual, los parámetros indicados en el inc. 1 del art. 41 del CP, al referirse a la naturaleza de la acción y a los medios empleados para ejecutarla, importan “hallar la forma y circunstancias de realización de los abusos y el daño producido a las víctimas, consideradas aún dentro de una graduación ya agravada”.
Agrega que corresponde sopesar las consecuencias sobre la personalidad y el equilibrio psíquico que pueden ser determinantes para el resto de la vida de las víctimas. Entiende que, atento al concurso y en especial a la pluralidad de víctimas, la pena escogida, tan lejana del máximo legal, omite la característica de los damnificados”. Agrega el desprecio del imputado por el vínculo paterno filial. Reseña que la guarda importa una situación vinculada con el cuidado, la protección, la formación y la representación en forma regular del niño. Hace reserva del caso federal. El doctor Rodrigo Lucas Maccia califica como arbitrario el juicio de valoración que efectuó el voto que alcanzó la mayoría; considera transgredidas las previsiones de los arts. 210 y 373 del CPP.
Encuentra vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso (art. 18 de la C.N.), pues se asignó validez al contradictorio y poco preciso testimonio de la víctima. Señala que se valoró parcialmente las manifestaciones de la única y tendenciosa testigo, para tener por acreditadas circunstancias que no se verificaron en la audiencia de debate. Invoca el principio de la duda. Reclama que se omitió mencionar información relevante. Analizó declaraciones, entre ellas la que prestó D. V. I., y la considera incongruente y signada por el enojo; reseña determinados pasajes (el imputado estrangulando al bebé, la llegada del segundo hijo, cuanto estaba dormida y Ll. sobre ella); afirma que el prolapso rectal de G.L.I. fue desestimado por el pediatra.
Con relación a la declaración de Natalia Soledad Díaz, (psicóloga particular del menor G.L.I.), sostiene que evidencia el sesgo del entrevistador “resultando notables las subjetividades en las que incurrió”. Franco Agustín Santeramo, psicólogo particular del menor J.L.I., evidenció falta de objetividad y profesionalismo en el ejercicio de su arte; subrayó que sus conclusiones son distintas a las que arribaron las licenciadas Rada, Facio y Vago. Expresa que Silvio Gustavo Vezzosi, también perito de parte de la particular damnificada; dictaminó de modo diferente al resto de los profesionales, y resalta la falta de objetividad y carencia de rigor científico. Enfatiza que el hecho de que el padre le habría metido el dedo índice al menor de sus hijos, surgió de los dichos de la progenitora.
Califica como contundentes a los testimonios de Claudio Alejandro Rada, Perito Oficial del C.T.A. y del Licenciado en Psicología, quién intervino en la diligencia de Cámara Gesell; dijo que G.L.I. manifestó que el papá le había pegado y al mismo tiempo se tocó una parte del glúteo, en la parte lateral, respondiendo con monosílabos: luego en la entrevista que mantuvo en el año 2023 refirió que le puso un dedo en la cola, que había comido fideos, nada más. Rada refirió que le pareció veraz lo que dijo, respondió que fue algo muy acotado, no lo pudo relacionar con nada. Lo soltó en el pasillo, como al pasar y luego en el juego. Considera relevante el testimonio de Dr. Rubén Antonio González, médico pediatra, pues fue interrogado sobre el prolapso rectal.
Por lo demás, el Dr. Daniel Alejandro Navarro, médico psiquiatra forense y perito de parte de la Defensa que intervino en la diligencia probatoria practicada sobre su asistido; “afirmó que el dictamen fue coincidente con el resto de los peritos, que se trataba de un sujeto sin rasgos de impulsividad, ni de psicópata, que no se encontraron con un sujeto con perfil de abusador que les permitiera inferir que hubiese podido cometer el delito que se le enrostra”. Encuentra brillante la intervención de la licenciada Mirta Elena Vago; expresó que en la segunda entrevista, G.L.I. “como si nada” dijo que su padre le puso el dedo en la cola, “sin compromiso afectivo, sin connotación y sin acompañamiento desde lo gestual y emocional.
Apuntó que por las características y la edad de G.L.I., era imposible que haya dicho "me tocó la cola" sin inducción de un adulto, sin malas intenciones”; con relación a J.L.I., remarcó su postura distante, cargado de datos, le llamó la atención que fuera metódico. Resalta que de las pericias realizadas a Ll. por la licenciada Hoffmann no surgió perversión, ni alteraciones y que la madre de los damnificados se expresó con evasivas, fue reticente y se mostró oposicionista. Entiende que de la declaración de J.L.I. en Cámara Gesell se observa la repetición del contenido de la denuncia que formuló su progenitora; agrega la falta de indicadores específicos e inespecíficos de abusos (angustia, llanto, nerviosismo, miedo, etc.).
Subrayó que los peritos pertenecientes al Poder Judicial -Licenciados Fernández Santos y Rada-, “si bien fueron convocados para determinar si los niños estaban en condiciones de afrontar la Cámara Gesell, exposición que resultó afirmativa respecto del niño J.L.I. y lo contrario en relación a G.L.I., ninguno de ellos pudo determinar que se trataba de un sustrato real de abuso”. Sostiene que los diversos audios y videos aportados por la defensa, demuestran la violencia, agresividad y maltrato de la denunciante sobre su asistido e hijos.
La fiscal de Casación, Dra. Daniela E. Bersi, por los argumentos que desarrolla en su presentación, señala que el recurso interpuesto por la fiscal debe tener favorable recepción; acompaña la pretensión de la particular damnificada; mientras que solicita se rechacen los motivos de agravio expresados por el defensor particular. Analiza la prueba reunida en el proceso y considera que demuestra la existencia de los hechos ilícitos y la intervención del imputado en los mismos.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
La extensión del ámbito de revisión del fallo que, por vía de una interpretación compatible con las exigencias de los tratados sobre Derechos Humanos (arts. 8.2.h. CADH y 14.5 PIDCyP), se acordó al recurso de casación (por todos cfr. CSJN in re "Casal"), no opera cuando es el acusador público el que impugna un pronunciamiento final.
Ello así en la medida en que para el imputado el recurso es una garantía que deriva de la Constitución Nacional, en cambio para el Fiscal sólo es una prerrogativa legal (cfr. CSJN, Fallos: 320:2145). El Ministerio Público Fiscal no posee un "derecho al recurso" de carácter constitucional o convencional, sin embargo el legislador provincial le otorgó la posibilidad de interponer un recurso de casación (art. 452 CPP), la que se extiende al particular damnificado (art. 453 del CPP), sólo que no como reglamentación de la garantía sino como una decisión política (cfr. CSJN, Fallos 320:2145, 322:2488 y TCP, Sala Sexta, causa nro. 59.336, caratulada: "Martínez, Mario Daniel s/Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal", sent. del 23-2-15, reg.26/15).
En el caso en que el Estado ejerza dicha potestad legal - salvo cuando recurra en favor del imputado-, los motivos del recurso están limitados a lo consignados en la ley: art. 448, inc. 1º, del CPP, justamente porque es la ley la que lo ordena ("El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos..."; art. cit.).
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el y las impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.217, "Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 6 de julio de 2016, reg. 558/16, c. 79.219 "Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.247 "Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, re. 979/16; entre muchas otras).
Tal como he adelantado, la particular damnificada cuestiona el mantenimiento de la medida de coerción (arresto domiciliario) y la sanción determinada; la fiscal critica el monto de la pena impuesta; mientras que la defensa se disconforma con el juicio de valoración de la prueba. La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el y las impugnantes formulan contra la resolución cuestionada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad y, por tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si prescindió de formular una crítica eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia, el recurso deviene inidóneo para alterar la decisión.
I. Con el objeto de lograr un mejor orden expositivo, he de abordar en primer término, el recurso interpuesto por el defensor, Dr. Rodrigo Lucas Maccia.
No advierto déficit en la valoración de la prueba invocada, sino sólo una discrepancia del recurrente, que insiste con su punto de vista exteriorizado en el juicio oral con planteos que fueron atendidos y contestados con fundamentación suficiente.
La resolución tampoco puede descalificarse por carente de rigor lógico, pues se encuentra sobradamente fundada en las premisas que señala y la conclusión lógica a la que arriba.
En efecto, los argumentos expuestos en el recurso contrastan con la solidez y consistencia de la reconstrucción del realizada por el tribunal, que permite confirmar que existieron los ataques a las integridades sexuales de los niños, y que fueron protagonizadas por Ll..
II. El Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial Morón, por mayoría conformada con los votos del juez doctor Cristian Adrián Toto y la jueza doctora Karina Andrea De Luca, tuvo por acreditado que ”(e)n fecha y hora indeterminadas, pero que es dable establecer entre el 29 de octubre de 2016 hasta el mes de febrero de 2021, en el interior del domicilio sito en la calle R. de E. xxxx de la localidad de C., Partido de M., de esta Provincia, A. Ll., padre del niño J.L.I. que en esa época contaba entre 7 y 11 años de edad, mantuvo relaciones sexuales en al menos dos ocasiones con distintas mujeres en la cocina, en el cuarto del imputado o en el del menor, ello a la vista del citado niño, mientras que a su hermano lo dejaba en su cuarto con las luces apagadas.
En fecha indeterminada, pero que es dable establecer entre el mes de agosto y septiembre de 2019, en el interior del domicilio de la calle R. de E. xxxx de la localidad de C., Partido de M., A. Ll., padre del niño G.L.I., abusó sexualmente de éste, cuando tenía 3 años de edad, accediéndolo carnalmente tras introducirle el dedo en el ano, dentro del baño de la finca donde vivían, en horas de la tarde o noche. Luego de ello, ese mismo día, habiendo el niño J.L.I. -quien en esa época contaba con 9 añosirrumpido en la escena antes descripta, siendo testigo de lo que su padre le estaba haciendo a su hermano G.L.I., el imputado lo golpeó y lo llevó al cuarto del propio encartado, donde comenzó a masturbarse, ello a la vista del menor. Con posterioridad a este último evento y hasta el mes de febrero de 2021, en el interior del domicilio de mención, Ll., A.se masturbó en al menos dos ocasiones más en su propio dormitorio, ello delante de su hijo J.L.I., quien tenía entre 9 y 11 años de edad; circunstancias todas éstas idóneas para desvirtuar y corromper el normal desarrollo sexual de los menores de edad". No es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas y, en particular, frente a la edad y grado de madurez de los damnificados al momento de los hechos, la revisión de la valoración probatoria debe efectuarse con especial cautela, otorgando singular relevancia a su testimonio y sin desatender el principio rector del interés superior del niño, que representa una insoslayable pauta axiológica con jerarquía constitucional, de inexcusable acatamiento y operatividad, a partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño por vía del art. 75, inc. 22 de nuestra Carta Magna.
La violencia sexual es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación. Se caracteriza por consumarse generalmente dentro de un ámbito de intimidad o privacidad entre la víctima y el victimario.
En muchas ocasiones, no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional ("entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados" conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Resolución 904/2008 - Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (TCPBA, Sala VI, causa no 69.376 "Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación," sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
Entiendo pertinente señalar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico.
La palabra de quienes han sido víctimas directas del delito es hoy una prueba muy importante en el proceso penal, más aún en casos en los que el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso. La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de las declaraciones de las víctimas pueden surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, la declaración de J.L.I., no es solamente útil e imprescindible en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuye a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación. Sin embargo, la complejidad de los testimonios de abuso sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor crítico posibles, efectuadas con métodos múltiples y en fuentes de información diversas, con el fin de desentrañar el mérito o la inconsistencia de las declaraciones mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa.
Si bien es cierto que la plataforma probatoria se erige – en sustancia- desde el relato de la víctima, esta prueba no aparece desligadas de los hechos indicadores de carácter periférico que contribuyen a fortalecer la hipótesis de la acusación.
Por esta razón, no existen obstáculos para que, a partir del relato del damnificado, el tribunal reconstruya el hecho imputado con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa no 56.107 "Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación" del 21 de mayo 2013 y Causa no 56.097 "Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación" del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
III. Como motivo de agravio principal, la defensa sostiene que el tribunal condenó a Ll., sin reparar en la evidencia de refutación que invocó en la discusión final.
Las hipótesis planteadas en el juicio discurrieron, por un lado, en asignar radical entidad convictiva a lo declarado por el niño J., y su corroboración periférica -informes y testimonios de profesionales- (acusadoras pública y privada); por otro, en la falta de suficiencia, rendimiento y calidad del mismo complejo probatorio (tesis de la defensa).
De la lectura del pronunciamiento surge que el tribunal expresó consenso en que el relato del menor es la pieza esencial de la prueba de cargo. A partir de allí, edificó la imputación que, según la opinión mayoritaria -conformada por los sufragios del doctor Cristian Adrián Toto y la doctora Karina Andrea De Luca- revistió sustancial fuerza probatoria y encontró respaldo en otros datos de carácter indirecto.
Valoró los testimonios del niño J.L.I., de la licenciada Natalia Soledad Diaz, de los psicólogos Franco Agustín Santeramo y Silvio Gustavo Vezzosi, de la psicopedagoga María Celeste Vaccaro (la primera propuesta por la acusación pública y los restantes profesionales por la particular damnificada); del perito oficial Claudio Alejandro Rada, del médico pediatra Rubén Antonio González, del psiquiatra forense Daniel Alejandro Navarro (aportado por la defensa), de la licenciada Estela Marta Hoffman (perito de la Asesoría Pericial), y de la psicóloga Mirta Elena Vago (experta de la defensa). También los informes confeccionados por el licenciado Nicolás Marcelo Koncurat y Fernández Santos (psicólogo de J.L.I. y perito perteneciente al Poder Judicial, respectivamente), ingresados por su lectura al juicio, sin objeciones de las partes.
Luego de presentar la prueba disponible, estructuró secuencialmente, y a modo de recreación, la hipótesis acusatoria, y explicó que, según su criterio, alcanzó el grado de certeza que requiere un veredicto de condena.
El razonamiento jurisdiccional debe guiarse por encontrar una relación de correspondencia entre el resultado que arrojan las pruebas y el acontecimiento que permiten recrear, y en este punto cualquiera fuera la íntima convicción de quien valora, dirimir si el cuadro probatorio permite arribar a un grado de certeza, con criterios generalmente aceptados por la comunidad científica, respecto de la existencia del hecho. El caso sometido a revisión de esta Sala, cuenta con el relato de J.L.I., que transmitió a su progenitora, terapeutas y especialistas en psicología, y la versión que rindió el imputado.
No paso por alto el contexto familiar en el que se inscriben los hechos examinados, signado por una singular conflictiva parental, cuya incidencia en la dinámica del grupo no puede ser desatendida. Sin embargo, en el particular, tal circunstancia no se erige -por si sola- en una explicación suficiente de los acontecimientos, ni conduce a soslayar los elementos de convicción producidos en el juicio. De tales circunstancias el tribunal desarrolló un correcto abordaje.
Previo a examinar el veredicto, he de subrayar que los sentenciantes coincidieron con el contenido de la prueba producida en el debate y la ingresada por su lectura y/o exhibición al mismo. La disidencia de criterios radicó en su suficiencia y rendimiento probatorio. De allí que, para evitar innecesarias repeticiones, habré de remitirme a las mismas y destacaré los pasajes de mayor relevancia.
En la primer jornada de debate fue exhibida la grabación de la declaración de J.L.I., diligencia practicada el día 16 de agosto del año 2022, cuando tenía doce años, bajo la modalidad de Cámara Gesell; en presencia de la jueza de garantías, la fiscal, el licenciado Jorge Osvaldo Fernández Santos (perito oficial), el asesor de menores e incapaces, los asistentes letrados de la defensa y la particular damnificada, y los peritos de parte (las licenciadas Vezzosi y Vago, por la acusación privada y por la defensa, respectivamente); dispositivo que he tenido oportunidad de compulsar.
Respondió a la inicial pregunta, con relación a si sabía por qué estaba allí: "para contar lo que mi papá me hizo, y a mi hermano, y a mi mamá".
El niño dio cuenta sobre episodios que sufrió de manera directa y otro que afectó a su hermano menor; en ambos casos protagonizados por el imputado.
Dijo que cuando tenía seis años y mientras jugaba con el celular de su padre, encontró un video de éste “teniendo sexo con otra mujer”; que al advertirlo empezó a golpearlo, lo amenazó con un cuchillo, acercándoselo al pecho (zona del cuerpo que señaló). Que llevaba mujeres a su casa y estaba con ellas en cualquier lugar de la vivienda, lo que pasó muchas veces; también que en alguna oportunidad lo llevó a las casas de esas mujeres. Que cuando tenía siete años, su papá lo dejó en un cuarto con comida, salió porque tenía sed y lo vio teniendo relaciones.
Expresó que una vez llevó a su hermano que, -según estimó tenía cuatro años-, al baño y le metió el dedo en la cola. De seguido, dijo "esto terminó cuando tenía once", cuando su madre lo echó de la casa, que aún no había contado los sucesos, sino que lo hizo después de un par de meses, y luego su mamá inició el juicio. Que la relación con su madre y hermano es excelente “feliz de que su papá no estaba en la casa”.
Contestó preguntas aclaratorias:
“Su padre estaba con las mujeres en su cuarto o en la cocina de la casa y que también iba a casas de prostitutas. Que una vez o dos fue a su cuarto, porque él había bajado y estaba con su hermano”. Que luego de que le metió el dedo a su hermano, quiso sacarlo y su padre lo golpeó y encerró en su cuarto y empezó a masturbarse en su presencia.
Dijo que su papá, a veces, se inyectaba "algo acá"
(señalándose el brazo), y que cuando lo hacía "quedaba medio loco, los ojos se le ponían mal". Que tomaba alcohol, que no entendía por qué lo hacía y que "se ponía una pastillita que se la comía y era para que se le parara porque a él no se le podía parar". Que “lo hacía antes de que vinieran las mujeres, cuando su mamá no estaba y que sucedió muchas veces”.
Con relación al episodio del baño, refirió que llevó a su hermano “y le empezó a meter el dedo”; cuando llegó se lo sacó y lo dejó en su cuarto, hizo lo propio con él y allí empezó a masturbarse. Que más tarde fueron a buscar a su mamá.
Con respecto al lugar específico del baño, manifestó “cerca de donde te lavas las manos y el inodoro, cerca de esos dos, le estaba metiendo el dedo ahí”, y su hermano solo lloraba.
Indicó que “lo de la masturbación pasó unas dos, tres veces más, que lo de traer mujeres y golpearlo pasaba seguido”. Que se inyectaba, estaba con las mujeres, y le pegaba. "Era casi una rutina". Agregó, que su hermano era chiquito y no podía hacer nada, y él no podía contarle a su mamá, por la amenaza del cuchillo. Acerca de la posición en el baño dijo "mi papá estaba agachado y mi hermano con la cabeza para abajo y la cola para arriba, agachado". Escenificó el hecho: se colocó en cuchillas con la espalda paralela al piso y la cola hacia atrás, y su papá ubicado atrás del niño.
Sobre las pastillas que ingería el imputado, sostuvo que “era para que se le parara, porque se le ponía así" y que una vez encontró "un cosito" que decía que "eran para el aparato reproductor".
Por último, manifestó que lo que le hizo a su hermano pasó cuando éste tenía cuatro años, antes de su cumpleaños, entre los meses de agosto y septiembre, a la noche, previo a ir a buscar a su mamá al trabajo del cual salía a las 21 horas.
El tribunal afirmó no tener dudas acerca de que el niño J.L.I., en su testimonio brindado en Cámara Gesell en los términos del art. 102 bis del CPP, “dio una versión de los hechos, tanto de los padecidos por él, como por su hermano G.L.I., [que percibió] genuina, no habiéndose evidenciado que sus manifestaciones aparezcan volcadas con el ánimo de perjudicar a su progenitor…”. Asignó credibilidad a sus dichos.
Para arribar a dicha conclusión, también consideró lo expresado por los peritos en el debate (tanto oficiales como los aportados por las partes) y los respectivos informes confeccionados en la etapa anterior. Evaluó el testimonio del psicólogo de J.L.I., Franco Santeramo, testigo propuesto por la particular damnificada. Refirió que el niño dijo que fue testigo de hábitos sexuales por parte de su progenitor, con supuestas prostitutas y que también lo obligaba a verlo masturbándose, que lo amenazó con un cuchillo para que no le contase a su madre. Señaló que “se mostró con mucho peso, advirtiéndose ello en su lenguaje corporal y que lloraba cuando lo contaba, recordando que estaba cansado (…), evidenciándose sentimientos de "culpa" por no poder proteger a su hermanito, en especial, cuando su papá le metió el dedo a G.L.I.”. Que manifestó haber visto al imputado utilizando profilácticos; todo lo cual ocurría cuando su madre daba clases. Apreció creíble el discurso del menor, a quien notó más aliviado luego de contar los sucesos.
Asimismo, tuvo en cuenta la declaración de otro de los peritos propuestos por la particular damnificada, el psicólogo Silvio Vezzosi, quien fiscalizó las entrevistas de los menores, el imputado y estuvo presente en la diligencia de Cámara Gesell. Con relación a la última prueba, sostuvo que “la credibilidad de J.L.I. surgía de la espontaneidad del niño, que sabía muy bien el concepto de "cada cosa" que mencionaba, y que lo que decía era por su propio saber y porque le había contado haberlo aprendido en las clases de educación sexual”. Notó indicadores de credibilidad en el relato, en función de los detalles brindados y de la naturalidad con la que se manifestó. A preguntas de la defensa, respondió “los chicos tienen fantasías, ya que no poseen recursos para procesar todo lo real".
Por lo demás, con respecto a G.L.I. dijo que en una primera entrevista, no estaba en condiciones de declarar, ocasión en la que se señaló la cola; mientras que en una segunda oportunidad, pudo expresar –de manera fragmentada- que "el papá le hacía algo en la cola, que el papá era malo y que lo encerraba”; agregó que no se realizó la diligencia de Cámara Gesell.
Ponderó la declaración de la psicóloga del menor G.L.I., Natalia Soledad Díaz; profesional ofrecida por la acusación. Expresó que en un contexto terapéutico, el niño dijo haber visto a su padre desnudo, “tocándose los genitales por fuera del pantalón”. Que en el juego aparecían cuestiones sexuales (señalamiento de los genitales de los muñecos); tenía dificultades en el lenguaje, su discurso era desorganizado. Reseñó que, en una ocasión, G. le pidió que ingresara su hermano y con angustia pudo decir que su papá le metió el dedo en la cola. Indicó que desde su punto de vista, hubo una situación traumática de abuso sexual, que asoció a manifestaciones de vulnerabilidad. Aseveró que “el relato se mantuvo, fue espontáneo y asociado a mucha resistencia y angustia, todo lo cual, desde su óptica lo tornaba veraz, respondiendo que el niño no fue inducido”.
La psicóloga Mirta Vago, especialista aportada por la defensa, participó en las mismas entrevistas que el anterior profesional. En el caso de G.L.I. intervinieron los licenciados Rada y Fernández Santos (peritos oficiales), y Vezzosi (de parte). Expuso que el niño se sorprendió por la cantidad de personas presentes en el recinto y se ubicó debajo del escritorio, hablaba muy bajo y se valía de un lenguaje limitado, e hizo un gesto de tocarse la cola, “chirlo”, solo dio cuenta de ese golpe. Indicó que el niño atravesaba una etapa anal, en la que “comienzan a hablar de [cola], pero ello no significa ningún trauma”.
En la segunda entrevista, el niño le preguntó a Rada si tenía familia, y al consultarlo sobre la suya, respondió "papá malo", que le tiraba del pelo y "como si nada" que le había puesto el dedo en la cola, aclarando que lo manifestó sin compromiso afectivo, "como que tenía que decir algo, sin connotación ni acompañamiento desde lo gestual y emocional”. Dio cuenta que la memoria de los niños de esa edad es sensitiva sensorial, y en casos de abuso, la connotación sexual se la asigna el adulto; dictaminó que “era imposible que haya dicho me tocó la cola sin inducción de un adulto, no habiendo surgido para la profesional, ningún síntoma de abuso”.
En el caso de la entrevista llevada a cabo con J.L.I., consideró que se mostró distante y con mucha información, llamó su atención que era muy metódico, recordaba las edades, “y que lo contaba como distante, a la defensiva, apareciendo también cuestiones irónicas. Que el niño contó que el padre tenía relaciones con prostitutas, que lo veía, que habló de la masturbación y de la utilización de un preservativo”. Que refirió que vio a su papá meterle el dedo en el ano a su hermano, en el baño, pero no pudo dar más detalles; enfatizó que el relato fue cronológico, sin acompañamiento de sentimiento y/o afecto. Que el niño expresó que su padre es "una escoria", sintiendo rechazo por él, lo cual podía obedecer a una introyección del discurso materno. Señaló que los infantes suelen escuchar diálogos de adultos y repetirlos.
La especialista dictaminó que, de las entrevistas no surgió ningún síntoma de abuso sexual. También dijo que debió haber sido investigada la posibilidad de co –construcción del relato “con el niño más pequeño era clara, porque el cerebro es flexible y que no se pudo saber en qué contexto pasó, si se debía a una circunstancia de higiene”.
Con relación a los cuestionamientos hechos en el recurso sobre los informes de los especialistas, en esencia, aportados por la particular damnificada, el tribunal sostuvo que los dictámenes constituyen el resultado de la aplicación de los conocimientos propios. De ninguna forma puede interpretarse que los profesionales intervinientes no hayan declarado conforme su saber y experiencia.
Agrego que el reclamo con base exclusiva en la falta de objetividad, no puede prosperar. La defensa descalifica las conclusiones alcanzadas, más no logra evidenciar la existencia de deficiencias metodológicas, contradicciones internas, apartamientos de las reglas propias de la disciplina, ni circunstancias concretas que permitan poner en tela de juicio sus intervenciones.
La objetividad de la labor no supone la ausencia de apreciaciones profesionales, inherentes, por lo demás, a la naturaleza de la tarea encomendada, sino que exige que las conclusiones encuentren un adecuado sustento en los elementos relevados y aparezcan como derivación razonada del procedimiento empleado. La mera disconformidad con el resultado de la evaluación no basta para privarla de eficacia convictiva, en ausencia de una crítica concreta que demuestre errores, inconsistencias o falencias susceptibles de comprometer su fiabilidad.
Con relación al motivo de agravio relativo a la ausencia de un “perfil de abusador”, la defensa reseña lo expuesto por el médico psiquiatra Daniel Navarro.
El testigo declaró haber participado de la evaluación del imputado, de manera conjunta con el perito de la querella y el oficial. Indicó que el dictamen fue coincidente con el resto de los expertos, con relación a la ausencia de rasgos de impulsividad y psicopáticos. Que no se encontraron con un sujeto con perfil de abusador que les permitiera inferir que hubiese podido cometer los hechos que se le atribuyen. Que presenta una estructura psíquica normal, sin indicios de consumo de sustancias, ni rasgos perversos, sino de sumisión.
A contrario de lo pretendido, no resulta dirimente que de las evaluaciones practicadas a Ll. no hayan surgido rasgos compatibles con un determinado perfil. La ausencia de características de personalidad de esa naturaleza no constituye un dato con aptitud suficiente para descartar la comisión de los hechos atribuidos, pues su comprobación debe establecerse a partir de la valoración integral de la prueba producida respecto a los episodios intimados. De allí que tal circunstancia no alcance para conmover las conclusiones del tribunal.
Posteriormente valoró los informes de los peritos oficiales.
Claudio Alejandro Rada, psicólogo del C.T.A. Deptal, y el Lic. Osvaldo Fernández Santos.
Rada evaluó al menor G.L.I., de conformidad con lo expuesto particularmente por Vago, dio cuenta sobre cómo lo intimidó la mirada de los profesionales (el niño se escondió debajo del escritorio). Expuso que, en el segundo encuentro, cuando se dirigían a la sala, dijo que "el papá le había pegado y al mismo tiempo se tocaba una parte del glúteo"; aclaró que solo fue ante su presencia y que tal expresión no fue acompañada de ninguna otra manifestación. Agregó que decía que el papá no existía, que era malo y no quería hablar. En el año 2023, G.L.I. expresó que "su familia era su mamá y su hermano, que el padre no existía", así como también "que le había puesto un dedo en la cola y que su papá estaba desnudo con una toalla". No se realizó la diligencia de Cámara, ante su reticencia a hablar.
La pericia psicológica de J.L.I., elaborada por el Lic. Osvaldo Fernández Santos, del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (ingresada por su lectura al juicio), informó que el relato fue “espontáneo, desafectivizado, pudoroso, coherente, con ironías defensivas y la presencia de una muletilla. (…) Posee un lenguaje y un universo cultural conforme al nivel de estudios cursados, al contexto de vida y afín a la edad. (…) Presenta instauradas las instancias éticas y morales. Inviste afectivamente al hermano y a la madre, ocupando el primero un lugar relevante en el universo afectivo. El padre le genera temor y rechazo. Ante la consigna para que cuente una de las situaciones más agradables que haya vivido, expresó: “Cuando mi papá se fue de la casa, tan linda como esa no me pasó”. (…) Al indagar sobre el fundamento de la respuesta, detalló una serie de vivencias traumáticas de índoles perversas o violentas, con el imputado como sujeto causante; y algunas fantasías asociadas.
A lo largo de las entrevistas, con la utilización de representaciones acordes a la edad y el despliegue de defensas extremas refirió ejercicios de violencia física del progenitor contra la madre y contra él, una situación de posible abuso sexual contra el hermano, violencia psicológica contra el hermano, consumos de drogas en su presencia, el padecimiento de amenazas de muerte para guardar silencio, la ubicación obligada en la posición de voyerista de escenas sexuales del padre con mujeres y/o de masturbaciones del progenitor.
Dio cuenta del contexto, la dinámica, la tópica y la temporalidad de las vivencias; así como del momento de pasaje de la violencia física a las vivencias perversas a partir de la observación accidental del padre introduciendo el dedo en el ano del hermano. Definió la escena en la cual percibió el acto intrusivo contra el hermano como la vivencia más conmovedora de las atravesadas. Aún con la ponderable escisión operante en los relatos, se incomodó al referirse a una escena que impresionó aludir al uso de preservativos por parte del imputado ante el impacto experimentado al momento de la vivencia (“Era un coso que lo usaba, cuando lo vi por primera vez me quedé muy sorprendido”) y por la falta de conceptos para describirlo (“se ponía un coso, como un circulito acá” -señalando la zona genital-).
(…) Desplegó ciertas fantasías organizadas a partir de lo visto y lo oído en las cuales atribuyó al padre envenenar a la madre, sobornar médicos para que dijeran que el hermano murió al nacer y tener las orejas más grandes por los tirones recibidos del progenitor. Tales fantasías son contestes con el efecto en la subjetividad de lo traumático, con la paradoja que si bien articulan la defensa ante el sufrimiento, a la vez, incrementan el temor por el poder que le asignan al causante. Del análisis del material global se cercaron los mecanismos defensivos de represión, escisión y racionalización, sentimientos de vulnerabilidad, indicadores de traumatismo psíquico, padecimiento subjetivo y vigencia del principio de realidad.
Al explicarle el acto jurídico de la declaración testimonial, las diferencias con la evaluación psicológica y mostrarle el recinto de la Cámara Gesell expresó con convicción la voluntad de declarar ("sino, todo esto ¿para qué?)”. Asimismo, el tribunal ponderó el testimonio de la licenciada en psicología María Facio, quien se desempeña en el Juzgado de Familia nº 9 Departamental. Dijo que en agosto del año 2021 entrevistó a los niños, y que el menor de los hermanos tenía un leguaje acotado, que al nombrarle a su progenitor "se puso mal", no lo quería ver y se angustió. Con relación a J. expuso que le tenía miedo al imputado. En su informe, incorporado por lectura al juicio, indicó que presentaba “un discurso fluido, con contenido coherente, manteniendo la idea directriz con alto nivel de detalle, evidenciándose un discurso sin carga afectiva.
Que luego de la separación, le empezó a contar a su madre, que no lo habría hecho antes por temor a que no le creyeran…”.
A continuación, apreció que el Licenciado Nicolás Konkurat –psicólogo del niño J.- en su informe señaló que el discurso fue espontáneo, refirió sobre “cuestiones relativas a situaciones de violencia intrafamiliar, donde él y su hermano menor habrían recibido descuido y maltrato por parte de su progenitor, señalando que tuvo que suspender su atención, debido al desacuerdo manifestado por el imputado”.
D. V. I. declaró que conoció al imputado en el año 2005, comenzaron un vínculo amoroso cuando tenía 22 años; que desde entonces percibió conductas violentas y lo adjudicó a cuestiones relacionadas con la crianza. Señaló que en año 2012, luego de una discusión, Ll. agarró primero un palo de amasar, después la plancha, objeto con el que le quemó el brazo. Que la amenazaba constantemente con sacarle a su hijo y “lo único que hacía era maltratarla” . Que muchas veces, mientras (…) dormía, se despertaba con él –Ll.- metiéndole el dedo en la vagina y ano…” Que G.L.I. nació prematuro, porque Ll. la golpeaba en la espalda durante el embarazo. Que el bebé estuvo internado durante 13 días, y en ese lapso, ocurrió lo que contó J.L.I. en cuanto a que Ll. iba a la casa de mujeres, y las ingresaba al hogar.
Expresó que, con posterioridad a que el imputado se fuera de la casa el 22 de febrero de 2021, el niño empezó a contar que su papá la engañaba y que llevaba mujeres. Señaló que “luego de los abusos notó conductas raras en su hijo menor, que se desnudaba, decía frases tales como: "que tenía el pito como papá", mientras que las nenas tenían "burbuja". Que J. le contó que observó a su padre “un poco agachado y su hermanito totalmente agachado. Que vio que le metió el dedo índice en el ano. Que luego, Ll. se llevó al más chico al cuarto de abajo y lo encerró con llave, con las luces apagadas, y que previo a ello golpeó a J.L.I. Que después llevó a J.L.I. al cuarto del imputado, donde comenzó a masturbarse, no dejando salir al menor hasta que terminó”; lo que ocurrió mientras estaba trabajando. Que esa noche la fue a buscar y advirtió a J.L.I. "súper enojado", mirando para afuera de la ventana, con mala cara y a G.L.I. todo transpirado, como sucio en la "sillita".
Señaló que G.L.I. tuvo un prolapso rectal el día 15 de agosto. Aportó y exhibió un dibujo realizado por el niño, contemporáneo al hecho que padeció. Indicó sobre material pornográfico que visualizó su hijo mayor en el celular del imputado.
Aclaró que en el año 2020 inició un trámite en el fuero de Familia, denunciándolo por violencia y se ordenó una medida de restricción perimetral.
Con relación al prolapso rectal del niño G., afección médica expuesta -en esencia- por la progenitora y atribuida al hecho abusivo que padeció su hijo, pero también aludida por la terapeuta y el hermano mayor J. (testigo del acontecimiento); declaró en el juicio el pediatra Rubén Antonio González, médico de ambos infantes.
El profesional explicó que el prolapso rectal es “la exteriorización del intestino a través del esfínter rectal y que ello se puede producir por desnutrición, diarreas crónicas, y especificó que en el caso de G.L.I. parecía tratarse de constipación. Que le indicó una dieta rica en fibras”. Respondió que no era “lo más común” que obedeciera a un abuso sexual, pues generalmente se observan otro tipo de lesiones. Dijo que no advirtió en el niño algún signo de abuso. Expresó que en la consulta del día 15 de agosto del año 2019, la mamá le refirió que su hijo había tenido un prolapso, pero que no pudo constatarlo porque el niño no lo presentaba. Indicó que a veces se reduce naturalmente, y que cuando lo examinó no lo tenía. No excluyó la posibilidad de un abuso, y reiteró que no es la causa más frecuente. Su diagnóstico de prolapso rectal obedeció a lo referido por la madre, por lo que le indicó un laxante y una dieta rica en alimentos con fibras. Revisó al niño y el ano era normal.
Con respecto al reclamo hecho en el recurso, se advierte que, con acierto, el tribunal consideró que lo declarado por el testigo, no desacredita –como pretende la defensa- las manifestaciones de J., quien presenció “el acto intrusivo en cuestión al que hiciera referencia al expresar le metió el dedo en el culo, [que] puede no dejar secuela física, mas aún cuando se trata de un ano que impresiona un poco complaciente -según surge de fs. 113 de la historia clínica del Sanatorio Finochietto respecto de G.L.I., incorporada en autos-…”.
Asimismo los jueces atendieron la situación de G., cuyas manifestaciones fueron conocidas esencialmente a través de los profesionales de la salud.
En efecto, en las evaluaciones “ha hecho saber -a su manera, en virtud de su dificultad en el habla y su edad madurativa- en un primer momento, que su padre le había tocado la cola -tocándose el glúteo, (…), pero en entrevistas posteriores expresó que le metió un dedo en la cola y que el papá era malo, o como indicara el Perito Oficial Rada, que el padre no existía, que su familia eran su mamá y su hermano, y más allá de lo señalado por el profesional aludido y la perito de parte, la Lic. Vago, en que tal manifestación la había realizado sin compromiso afectivo, es evidente que el vínculo paterno se encuentra disociado a raíz de las vivencias traumáticas que el menor ha padecido”.
En ese sentido, dieron cuenta que la licenciada María Vaccaro destacó que G.L.I. tenía conductas “nada acordes a su edad, como esconderse para que no lo vieran, o realizar dibujos empastados, de mucha suciedad, lo cual, desde su experiencia, eran conducentes con el relato de la madre, siendo mecanismos de defensa”.
También valoraron las pericias confeccionadas por la licenciada Estela Marta Hoffman, perito psicóloga de la Asesoría Pericial Deptal., quien luego de haber evaluado al imputado y a la denunciante, señaló en ambos inmadurez psíquica, disociación y dificultades en el control de la impulsividad y/o agresividad; respecto de Ll., consignó además una tendencia a presentarse de manera favorable y a no admitir errores.
Párrafos antes he expuesto sobre las particularidades del entorno familiar; corresponde ahora volver sobre el análisis probatorio desarrollado por el tribunal en torno a dicha conflictiva.
Evaluó constancias documentales tales como: mensajes y capturas de pantallas de WhatsApp, videos y audios aportados por la defensa, y consideró que corroboran episodios violentos entre el imputado y la denunciante, con reclamos mutuos, que eran presenciadas por sus hijos, “situación que no se puede dejar de lado, a la hora de dar tratamiento (…) al testimonio brindado en Cámara Gesell por J.L.I.”.
Concluyó que J.L.I. relató lo vivenciado, con expresiones corporales tales como: “vergüenza, cansancio, pausas para buscar las palabras justas o que no lo incomoden, el enojo demostrado cuando volvía a ser preguntado, más los detalles brindados de las situaciones al ser interrogado”.
Indicó que en ese sentido se expidieron los citados especialistas Díaz, Santeramo y Vezzosi -peritos de parte de la denunciante- , quienes especificaron sobre la presencia de "angustia", "mucho peso" y "culpa" por no haber podido ayudar a su hermano menor; además de cansancio, con un discurso veraz, espontáneo y con detalles que hacen a la credibilidad del relato.
Continuó y expuso: “no caben dudas que el menor lamentablemente se ha criado en un ambiente totalmente hostil, con peleas constantes entre sus progenitores, naturalizando la situación, habiendo formado en consecuencia una coraza que lo ha llevado a expresarse como lo ha hecho -siendo que la falta de carga afectiva en nada opaca lo expresado-, no pudiéndose pasar por alto lo agotador que fue tener que relatar lo vivido en las plurales evaluaciones que se le han efectuado, denotándose en la Cámara Gessel que quería terminar de contar lo sucedido, para no tener que manifestarse más… ".
En este marco, reviste especial significación el momento en que se produjo la revelación de los hechos, pues el niño exteriorizó por primera vez los sucesos que lo damnificaron cuando el imputado se retiró del hogar, esto es -según surge de las constancias valoradas- cuando se configuró para la víctima un escenario en el que pudo sentirse a resguardo de su presencia.
A esta altura, se impone efectuar una serie de consideraciones que resultan sustanciales para controlar la decisión adoptada con respecto a la teoría del caso que se tuviera por comprobada.
Dictaminaron especialistas en psicología propuestos por ambas partes y dos peritos que prestaban funciones en el poder judicial, los licenciados Fernández Santos –cuyo informe ingresó por su lectura, debido a su fallecimiento- y Rada. Ambos fueron convocados con el objeto de determinar si los niños se encontraban en condiciones de participar en el dispositivo de la Cámara Gesell, y concluyeron de manera afirmativa sólo respecto de J.L.I.. Sin perjuicio de ello, Fernández Santos en su informe, dio cuenta de cierto padecimiento traumático por parte de J., que el relato estaba acompañado de vivencias fantasiosas, pero no pudo determinar que tuviera origen en un episodio de índole sexual. En igual sentido, se expidió el licenciado Rada.
Los peritos pertenecientes al Poder Judicial (licenciados Fernández Santos y Rada) no pudieron determinar si se trataba de un sustrato real de abuso. El resto de los profesionales que intervinieron en el proceso, no coincidieron en que se encontraban ante menores abusados sexualmente. Por un lado, los peritos ofrecidos por la parte acusadora -Vezzosi, Díaz y Santeramo- refirieron que sus pacientes presentaban indicadores compatibles con violencia sexual; mientras que la propuesta por la defensa –Vago-, señaló todo lo contrario.
De todos modos, aun si nos inclináramos por considerar que no existieron indicadores específicos y/o inespecíficos de abuso sexual, carece del alcance exculpatorio que le asigna la defensa. La falta de determinadas manifestaciones emocionales o conductuales no permite, por si sola, descartar la ocurrencia de los hechos, ni autoriza a establecer una relación necesaria entre la experiencia abusiva y una particular sintomatología. Por lo demás, conforme he adelantado párrafos antes, las conclusiones de los peritos oficiales requieren ser apreciadas atendiendo al objeto de sus intervenciones; en el caso, no podemos soslayar que Rada y Fernández fueron convocados a fin de determinar si los niños se encontraban en condiciones de participar del dispositivo de Cámara Gesell.
Por su parte, el testimonio de la Sra. D. V. I. dio cuenta sobre el contexto familiar y conflictos que exceden los hechos sometidos a juzgamiento, atravesada por episodios de violencia, agresiones y un marcado enfrentamiento con el imputado, a quien dirigió apreciaciones peyorativas y descalificantes.
En particular, uno de los videos agregados a la causa, documenta determinadas características del vínculo que mantuvieron la denunciante y Ll.; sin perjuicio de que muestra un fragmento de lo que ocurrió en la vivienda, se escucha a la señora manifestar “nos vamos a arruinar los dos, esto es la guerra”. De la compulsa de registros fílmicos, se observa a ambos sumamente agresivos, peleándose, filmándose y yéndose a las manos, en presencia del hijo mayor del matrimonio, que se vio obligado a gritarles "... paren de pelear, tengo una foto que prueba lo que están haciendo ahora mismo...".
No hay dudas los niños fueron testigos directos de la violencia que recíprocamente se dispensaban sus progenitores, y de la agresiva fractura familiar en la cual se anunciaban daño recíproco. Ahora bien, la acreditada conflictiva parental y la exposición de los niños a un discurso adverso entre sus progenitores no permiten, sin más, inferir que el relato de J. haya sido producto de inducción, sugestión o reproducción del discurso materno.
Para que una hipótesis de esa naturaleza sea eficaz para controvertir la prueba de cargo, es necesario que encuentre respaldo en datos concretos que permitan vincular la supuesta influencia con el contenido de la declaración. En el caso, no advierto elementos que permitan establecer esa conexión; antes bien, las características de la exposición de J., la descripción circunstanciada de los episodios y, particularmente, la representación gestual con la que acompañó determinados pasajes de su relato, constituyen datos que fueron razonablemente ponderados por el tribunal.
He transcripto los segmentos más relevantes de la declaración de J. y compulsado la video filmación de la Cámara Gesell. Se advierte que el niño expuso de manera monocorde hechos padecidos en primera persona y otros que percibió como testigo. Coincido con el tribunal en lo significativo que resultó la representación de lo vivido, pues al ser preguntado por las posiciones de su padre y hermano, lo dramatizó y gesticuló con detalle “Ll. le introducía el dedo en el ano -gesticulando con la mano derecha y extendiendo el dedo índice-.” Se observan, además, expresiones corporales “vergüenza, cansancio, pausas para buscar las palabras justas o que no lo incomoden, el enojo demostrado cuando volvía a ser preguntado” (…) y acusó a su padre de varios episodios en su mayoría de connotación sexual.
Por último, tuvo en consideración la declaración que prestó Ll., A. en la etapa anterior y en el juicio, oportunidades en que manifestó su inocencia. Estimó que carece de sustento frente al sólido cuadro cargoso reunido en el proceso.
En definitiva, consideró que la valoración de la prueba reunida en su conjunto, permiten acreditar los extremos de la imputación en consonancia con las hipótesis de las acusadoras.
La consistencia del relato, atento a su prolongación temporal, por la ausencia de ambigüedades y contradicciones; constituye uno de los criterios jurídicos a evaluar en casos análogos al presente, con el propósito de efectuar una adecuada ponderación del testimonio de la víctima (conf. doctr. Del Tribunal Supremo español, Sala en lo Penal, S 4.301/2013, Res. 663/2013; referenciada en causas P. 113.053, sent. de 18-IX-2013; P. 126.328, sent. de 11-IV-2018; entre otras de la SCBA).
Asimismo, entiendo pertinente reiterar que los especialistas consideran que en los casos de abuso sexual, la entrevista psicológica es, junto con la observación, el medio fundamental de valoración de este tipo de delitos a jóvenes, porque permite detectar indicadores relacionados con la existencia de estos hechos y determinar si las respuestas emitidas coinciden con aquellos síntomas comúnmente considerados como efectos del abuso sexual (cfr. Berlinerblau, Virginia, "Niños víctimas, niños testigos: sus testimonios en alegatos de abuso sexual infantil”, en "Acceso a la Justicia de Niños/as Víctimas”, p. 141 Unicef, ADC y JUFEJUS, 2010, en TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 "Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación", sent. del 19 de mayo de 2016).
La evidencia antes aludida permite descartar las críticas del impugnante. El relato de J. exteriorizado en distintas oportunidades y ante diferentes interlocutores, fue preciso en lo que respecta a la descripción de los episodios y las circunstancias que los caracterizaron, indicando al imputado como el autor de los ataques a su integridad sexual y a la de G.. Por lo demás, la defensa soslaya que nada obsta a que la comprobación de un suceso quede supeditado a un testigo único si el tribunal explicitó las razones para otorgarle credibilidad y la respaldó con el resto de las pruebas disponibles en el proceso (Cfr. TCP, Sala VI, Causa nro. 54.739 “Fernández, Damián Alberto s/recurso de casación”, reg. 91 del 18 de abril de 2013, entre otras).
El tribunal otorgó valor preponderante al relato de J.
atendiendo a parámetros de credibilidad objetivos y subjetivos, destacando su coherencia interna, persistencia temporal, ausencia de contradicciones sustanciales y adecuada contextualización de los hechos A ello, sumó elementos de corroboración periférica de especial relevancia, en particular, los informes de profesionales de la salud que intervinieron después de la denuncia.
Los datos conocidos a partir del relato de la víctima, así como de la declaración de especialistas y testigos, permiten sustentar la decisión adoptada, por tratarse de elementos de suficiente calidad para reconstruir la realidad histórica.
En efecto, el testimonio aporta información que, al ser confrontada de manera minuciosa con fuentes de información diversas y con las circunstancias contextuales acreditadas, permite desentrañar su mérito convictivo y descartar inconsistencias sustanciales.
De este modo, el aspecto cognoscitivo de la jurisdicción, como fuente de legitimación, aparece sustentado en elementos que le sirven de fundamento.
Pueden distinguirse en la estructura del razonamiento dos fases: en la primera se establece (comprueba) el enunciado fáctico o hecho base, esto es, la premisa del razonamiento; y en la segunda fase se obtiene una conclusión sobre “los hechos a probar” (desconocidos), a partir del hecho base probado.
Uno de los criterios elementales que se exige para que una hipótesis se considere fundamentada es que los datos a partir del cual se infiere dicha conclusión sean fiables y precisos (es decir, que el hecho base esté corroborado empíricamente).
Una hipótesis sobre los hechos puede aceptarse como verdadera: (i) si no fue refutada por la evidencia disponible, (ii) si se han podido confirmar las hipótesis derivadas o predicciones y (iii) si se han eliminado las hipótesis alternativas.
Cuando se intenta encontrar una explicación a determinado fenómeno empírico, se parte de la elaboración de diversas hipótesis explicativas y se descartan, en primer término, aquellas que se encuentran en contradicción y las otras hipótesis explicativas posibles son sometidas a contrastación empírica.
Valoró el cuadro probatorio y su ponderación integral permite arribar a la conclusión de que los eventos tuvieron lugar conforme al contexto y las circunstancias que lucen descriptas desde el veredicto y que Ll., A. resultó el autor penalmente responsable.
No se advierte insuficiencia ni absurda valoración probatoria, defecto alguno en el razonamiento del tribunal, ni que pueda calificarse de arbitraria o carente de rigor lógico el pronunciamiento, pues se encuentra sobradamente fundada en las premisas que señala y la conclusión lógica a la que arriba.
La conclusión del fallo, en cuanto afirma el extremo de la imputación aquí discutida, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad -frustrada- , no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otras).
IV. La particular damnificada cuestiona el mantenimiento de la medida de coerción (arresto domiciliario) y la sanción determinada. La fiscal critica el monto de pena.
Con relación a la medida de coerción, el tribunal resolvió mantener el modo de cumplimiento de la pena, por no haber sido solicitada la revocación del beneficio de la morigeración y por la situación procesal Ll.. De allí que resulta adecuado el criterio del tribunal y la pretensión de la impugnante no prospera.
La sentencia de condena no importa una automática modificación de la modalidad cautelar que venía cumpliendo el imputado. La cuestión exige atender a las circunstancias concretas que justificaron la concesión de una morigeración; y la verificación de elementos que demuestren una variación de las condiciones susceptibles de tornar necesario un mayor grado de restricción. En ese marco, los argumentos de la recurrente no logran evidenciar que el mantenimiento de la modalidad dispuesta resulte arbitrario, tampoco aporta razones suficientes para descalificar la decisión adoptada.
En relación a la cuantía de pena.
En virtud de la similitud que presentan los reclamos y argumentos de la fiscalía y la particular damnificado, fundados en la reevaluación de determinados parámetros y por encontrarla muy cercana al mínimo legal, a los fines prácticos y de economía procesal, se abordarán de manera conjunta.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018; “Manzo” 5/5/20).
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
La evaluación conjunta del ilícito, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arriba a un monto con exactitud matemática. Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima razón o en caso de duda en favor de la libertad) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
El acta de debate documentó las pretensiones de la fiscalía y particular damnificada, formuladas en la discusión final, en lo que interesa, la primera expresó que “por la calidad de los hechos y la calificación gravísima, más la repercusión en la psiquis de los niños, que no quieren que su padre regrese a la casa, es que solicita la imposición de una pena de veinticinco (25) años de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, valorando como atenuante la carencia de antecedentes y como agravante la pluralidad de víctimas, toda vez que las restantes se encuentran contempladas en la figura achacada; sin eximentes”. A su turno, la Dra. Intilli solicitó se le imponga al imputado la sanción de treinta años de prisión. Conforme se desprende del fallo, en la cuestión tercera del veredicto el tribunal ponderó la ausencia de antecedentes como pauta atenuante, por tratarse de una circunstancia objetiva contenida en el art. 41 del Código Penal. En la cuarta cuestión, abordaron la única pauta severizante requerida por la acusación pública -la pluralidad de víctimas-; extremo que fue correctamente descartado, con base en que dicha circunstancia se encuentra subsumida en la regla concursal escogida por la fiscal y particular damnificada.
Se advierte, como dato distintivo, que las acusadoras públicas y privadas basaron su queja en la ausencia de valoración de pautas agravantes que estiman relevantes.
El grave daño en la salud física de G., también psíquica, la personalidad violenta del imputado y el consecuente miedo que genera al grupo familiar (baremos que en su recurso la Dra. I. requiere se contemplen); y las consecuencias que produjo el hecho en los niños y su equilibrio psíquico, como el deprecio del imputado por el vínculo paterno filial (pautas cuya consideración reclama la Dra. Fernández en su presentación).
Sin embargo, como he reseñado, omitieron poner en consideración del tribunal aquéllas circunstancias que, por su importancia pudieron haber tenido incidencia en la cuantía de la pena, en la correspondiente oportunidad procesal (discurso final); a la par que desatendieron el carácter eminentemente revisor del Tribunal; lo que sella la suerte adversa del planeo. He de agregar que, las impugnantes se limitaron a reseñar eventuales pautas de mensura, sin brindar argumentos ni constancias que respalden sus pretensiones.
Aprecio que el juicio de determinación judicial de la pena efectuado, se ajusta a derecho.
Con lo señalado, la pena de diez (10) años de prisión y demás declaraciones de la sentencia establecida para A. Ll., como autor penalmente responsable de los delitos de corrupción agravada por la condición de ascendiente del imputado (en el caso de J.L.I.), abuso sexual con acceso carnal a un menor de 13 años de edad agravado por ser ascendiente de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la condición de ascendiente (en el caso de G.L.I.), (artículos 5, 9, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 55, 119 1°, 3° y 4° párr. inc. b y 125 1° y 3° párr. del Código Penal), no se advierte que sea desproporcional ni carente de fundamentación.
En definitiva, la sanción debe mantenerse como fuera establecida por el tribunal, pues partiendo de los hechos y su calificación, así como el grado de participación del imputado, se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad, constituyendo la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos (arts. 40 y 41, CP).
V. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: Rechazar el recurso interpuesto por la defensa, con costas; regular los honorarios profesionales al Dr. Rodrigo Lucas Maccia, por la labor desempañada en esta sede, en veinte jus. Rechazar los recursos interpuestos por la particular damnificada y la fiscal, sin costas; tener presentes las reservas del caso federal; (artículos 5, 9, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 55, 119 1°, 3° y 4° párr. inc. b y 125 1° y 3° párr. del Código Penal; 1, 18, 106, 210, 375, 450, 451, 452, 454, 456, 460, 461, 530 y 531 Código Procesal Penal; leyes 48 y 14967 ).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL, dijo:
1. Abro respetuosa disidencia respecto del sufragio del distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Maidana.
Al contrario de lo decidido por mi colega, constato que la defensa no se limitó a plantear una interpretación distinta sobre la suficiencia o calidad del mismo conjunto de evidencia disponible, sino que señaló la existencia de recortes u omisiones probatorias relevantes, en el voto de la mayoría (del Dr. Toto y la Dra. De Luca, que sustentaron la condena), y que tenían capacidad para refutar aspectos esenciales de la hipótesis de la acusación.
En efecto, en lo central, la defensa dijo que la mayoría del tribunal (i) fue “tomando retazos” de la evidencia disponible para afirmar que los hechos existieron (pág. 24, recurso) y omitieron fragmentos de la información que dijeron los testigos, relevantes para el caso de la defensa (“no se ha mencionado parte de información brindada” por los testigos, “de fundamental importancia”, pág. 7, recurso); a la vez que omitieron dar respuesta a los planteos que hizo esa parte en el alegato final del juicio.
Bajo esas condiciones y a fin de dar un correcto abordaje a los planteos de la defensa, corresponde constatar si existieron aquellos recortes u omisiones probatorias y, en su caso, identificar qué datos fueron ignorados por la mayoría, para evaluar su capacidad de refutación, respecto de la hipótesis acusatoria.
A tales fines, observo que el juez que votó en primer término (Dr. Rodriguez Rey, que absolvió al acusado y quedó en minoría), estructuró su decisión exponiendo, en un primer bloque, en forma completa y objetiva, lo que dijo cada uno de los testigos que declaró en el juicio (como cuestión previa antes de ingresar en la valoración de esa prueba), lo que permite el cotejo y control de la justificación del voto de la mayoría, en los casos donde la defensa denuncia recortes de la prueba.
Cabe aclarar que no se trata de exigir una transcripción literal y completa de cada una de las manifestaciones que hicieron los testigos en el veredicto, ni repetirlas otra vez en cada voto (cuando, como en este caso, la decisión fue dividida), pero sí de incluir en la valoración aquellos tramos esenciales con capacidad de rendimiento para corroborar o refutar las hipótesis explicativas que sobre un mismo dato alega cada una de las partes, pues nada de lo que pueda condicionar la decisión final está de sobra en un veredicto y, por tanto, debe figurar; especialmente cuando unas de las partes señaló esos datos para construir su argumentación.
Dicho esto y en particular, el recurrente señaló que la mayoría del tribunal (ii) ponderó “parcialmente” le declaración de la denunciante D. I., madre de J.y G., y acusadora particular, ignorando que su extenso relato en el debate fue tendencioso y estuvo cargado de incoherencias y datos “inverosimiles” sobre los supuestos abusos, y también sobre hechos que habrían ocurrido antes y despues de ellos (pág. 8 recurso), que pusieron de manifiesto “la desconexión de la realidad y de la lógica” de la hipótesis que pretendió instalar en el debate (pág. 9, recurso) y que replicó el niño J., en iguales términos, en la cámara Gesell (sin otra corroboración objetiva, porque los únicos que sostuvieron su posición fueron los psicólogos de esa parte, cuyas conclusiones carecieron de todo rigor científico).
En ese sentido, la defensa observó cuando D. I. declaró que el primer hecho violento de Ll. fue hacia J., cuando tenía pocos meses de vida, ocasión en que ella se despertó y “vio a Ll. estrangulando con sus manos al bebé” (pág. 8, recurso); o cuando D. I. explicó cómo concibieron a su segundo hijo (G.), y declaró que fue accedida por Ll. mientras dormía, conjeturando que el acusado le había puesto algo en la comida para que “no sintiera nada”, porque su hijo J. le contó que eso hacía habitualmente Ll. junto a su madre (abuela paterna de los niños) y además ese día ella había vomitado (pág. 8, recurso); entre otros datos, también inverosímiles, como cuando D. I. dijo que Ll. llevaba a J. a prostíbulos cuando tenía nueve años, también que se drogaba frente al niño, inyectándose, aspirando o metiéndose algo por el ano, además de tomar pastillas “para la erección”.
El defensor también señaló que, ante ciertas preguntas puntuales, D. I. se limitó a sostener su posición, aun cuando era contraria a la evidencia disponible (como cuando dijo que el prolapso rectal de G. coincidía con el hecho denunciado, dato que no corroboró el pediatra del niño), o cuando dijo que en la causa había filmaciones de Ll. golpeando a G. mientras lo bañaba y que también estaba el video pornográfico que J. dijo ver en el celular de su padre, datos que -según observa la defensa- “jamás” se acreditaron en la causa (pág. 8, recurso).
Finalmente, la defensa agregó que el “encono” de D. I.
hacia el acusado quedó en evidencia a partir de los audios y filmaciones que se admitieron como prueba el último día del debate (luego de la declaración de I.), y que reflejaron la violencia de I. y la ausencia de cualquier registro sobre la situación de los niños a la hora de llevar este proceso “hasta las últimas consecuencias” (pág. 9, recurso). El recurrente agregó: que el hecho imputado, respecto de G., (iii) no se corroboró en la revisación médica que se hizo al niño al día siguiente del supuesto abuso; que (iv) ninguno de los peritos oficiales (licenciados Fernandez Santos y Rada) pudo establecer, al entrevistarse con J. y con G., que se tratase de un sustrato real de abuso. En ese sentido, la defensa señaló los datos, también inverosímiles, en su opinión, que incluyó J. en su relato, replicando lo que su madre había denunciado (J. declaró en cámara Gesell cuando tenía 12 años, no así el hermano menor G.).
La defensa señaló que, al contrario, (v) los únicos que sostuvieron la hipótesis del abuso fueron los psicólogos que propuso la particular damnificada, mediante conclusiones sesgadas, sin rigor científico y dando por ciertos los datos que les aportó D. I., cuya confiabilidad controvirtió. Precisó, respecto de los psicólogos Natalia Diaz, Franco Santeramo y Vezzossi, cuáles fueron los aspectos paticulares que reflejaron aquellos déficits.
Finalmente, el recurrente observó (vi) las conclusiones de la perita de la defensa (licenciada Mirta Vigo), que presenció la entrevista psicológica previa de J. y la Cámara Gesell, donde destacó: que estuvo cargado de datos, fue metódico y cronológico, recordando con precisión fechas y edades, mediante una narración distante y carente de todo afecto. Sobre las manifestaciones del niño, Vigo recordó que J.
dijo que su padre tenía relaciones con prostitutas, que él lo veía, habló de la masturbación, de un preservativo. Con relación a las prostitutas, dijo que su padre les pagaba en efectivo o con transferencias bancarias. La perita expuso que el relato de J. ingresó en el plano de las fantasías, cuando dijo que su padre le pagaba a los médicos para que dijeran que su hermano G. estaba muerto, y que G. tenía las orejas más grandes por los tirones de su papá. El niño también dijo que su padre se drogaba, se inyectaba, que tomaba pastillas.
Seguidamente, la defensa señaló las conclusiones de la perita Vigo, cuando estableció que: el niño “tenía mucha más información de la que debería tener a su edad”, por ejemplo, mencionó que “lo de las prostitutas ocurrió cuando tenía siete u ocho años”. Agregó que muchos datos que mencionó J. eran coincidentes con los que había expuesto su madre en la entrevista, y que los niños podían repetir información que escuchaban de los adultos, destacando que en el caso de J. su relato fue sumamente cronológico, incluyendo un exceso de información (pág. 21, recurso), por lo que -en su opinión- no debió excluirse, como hipótesis, la posibilidad de que haya repetido lo que escuchó decir a su madre.
2. Ahora bien, la defensa señaló distintos datos concretos que aportó la particular damnificada en su declaración, que demostraban -en su opinión- la inverosimilitud de su relato, su desconexión con la realidad y la tendenciosidad con que se dirigió al acusado (y dijo que muchos de esos datos fueron replicados por J. en la cámara Gesell); razonamiento con en el que coincidió el juez que quedó en minoría, Dr. Rodriguez Rey, además de destacar -en ese mismo voto- otros dos aspectos que consideró relevantes, al momento de analizar la prueba disponible:
Por un lado, el juez Rodriguez Rey observó las lagunas probatorias que presentó el caso de la fiscalía, pues no contó con una mínima actividad probatoria que le permitiera corroborar (o refutar) ciertos datos que aportó D. I. desde el mismo momento que realizó la denuncia (por ejemplo, cómo era el baño, si los hechos podrían haber ocurrido como se denunciaron; si era posible corroborar que el acusado consumió drogas; si en el lugar había una “sierra eléctrica”, en tanto I. denunció que Ll. colocó ese elemento en el cuello de J. para amenazarlo).
Por otro lado, el mismo juez destacó la importancia de reparar en el “contexto” en el que se formuló la denuncia penal: en medio de una separación altamente conflictiva, donde los dos adultos (Ll. e I.) fueron agresivos y ejercieron violencia verbal y física mutua, delante de sus hijos (dato no controvertido por ninguno de los jueces); dinámica que fue ocultada por D. I. al declarar en el juicio, pero que quedó registrada en filmaciones y grabaciones de audio que se incorporaron como prueba durante el debate (pág. 59, veredicto).
Así, el magistrado Rodriguez Rey estableció que los niños, a corta edad, fueron testigos privilegiados de la violencia recíproca que existía entre sus padres, y destacó uno de los videos “en el que se ve tanto a la denunciante como al denunciado sumamente agresivos, peleándose, filmándose y yéndose a las manos, lamentablemente en presencia del hijo mayor del matrimonio, que se vio obligado a gritarles ‘... paren de pelear, tengo una foto que prueba lo que están haciendo ahora mismo...’, lo que nuevamente y sin ninguna duda da cuenta de una consolidada fractura familiar en la que ambos progenitores no titubearon en hacerse daño, incluso jurídicamente” y agregó que, no obstante, el niño “nada dijo al ser escuchado de violencia por parte de la madre” (pág. 58, veredicto).
En ese sentido, no viene controvertida la testifical de la psicóloga Facio, del fuero de familia, cuando dijo que existían entre los adultos “varias denuncias cruzadas” (pág. 37, veredicto)
3. El contenido de esas grabaciones no fue controvertido por las partes y se reprodujeron en la audiencia, en la última jornada del juicio, cuando se requirió su incorporación como prueba. En ese sentido, los jueces de la mayoría también hicieron mención a la violencia que quedó expuesta, entre I. y Ll., que fue mutua, física y verbal, y que desplegaron delante de los niños; pero no examinaron, en ningún aspecto, la declaración que D. I. realizó en el juicio.
En efecto, constato que los jueces de la mayoría, volvieron a repasar el contenido de todas las declaraciones que se practicaron en el debate (con ciertos recortes, que enseguida se verán), excepto una testifical: la de la particular damnificada, D. I., que fue directamente excluida del conjunto de evidencia que se valoró en ese voto.
Bajo esas condiciones, la mayoría del tribunal no abordó ninguno de los aspectos problemáticos que señaló la defensa, relativos a la falta de coherencia, lógica y verosimilitud de la declaración de I., en particular, considerando el conflicto que existía entre I. y Ll. desde antes de realizar la denuncia penal, que incluyó violencia mutua, frente a los niños, y que quedó al descubierto en el debate mediante la incorporación de nueva prueba cuando la declaración de I. ya se había practicado; todas circunstancias relevantes para establecer cualquier juicio sobre la confiabilidad que puede tener un testigo y su relato.
Sobre esos planteos, que conformaron la hipótesis alternativa de la defensa, la mayoría del tribunal debió dar alguna explicación, pero no directamente ignorarlos, si no estaba en condiciones de darles respuesta.
Así, desconocemos qué valor le asignó la mayoría del tribunal a la declaración de D. I., si la consideró confiable o no, como fuente de información, dato por demás relevante en un caso donde, según la acusación, fue la primera persona que escuchó a J. hablar de los abusos y, en ese sentido, sería una prueba de “corroboración”; y, según la defensa (además de las razones ya expuestas en contra de su confiabilidad), fue la “fuente” que informó al resto de los profesionales sobre los supuestos “indicadores” de ASI presentes en los niños.
4. En lo que importa mencionar, el juez que quedó en minoría (Dr. Rodriguez Rey) realizó un juicio adverso sobre la confiabilidad de D. I, pues -en su opinión- puso de manifiesto una “subjetividad exacerbada”, al declarar en el juicio, donde nunca se limitó a un aspecto específico sino que “siempre apareció un plus”, relacionado con temas de violencia en sus diversas formas, que atribuyó al acusado, incluyendo abusos sexuales en su contra. El juez agregó el contenido de las grabaciones (ya señaladas), donde emergió un “patrón de violencia en la dinámica familiar” que no reparó en la situación de los niños, poniendo como ejemplo la videograbación donde en medio de una discusión, D. I. dijo al acusado que se “iban a arruinar los dos”, porque se trataba de una “guerra” (pág. 57, veredicto).
5. Ahora bien, el hecho a probar, respecto del niño G., fue imputado por la acusación (estatal y particular) del siguiente modo: en fecha indeterminada, pero entre agosto y septiembre de 2019, el acusado abusó sexualmente de su hijo G., de tres años, introduciéndole el dedo en el ano, en el baño de la vivienda. La acusación agregó que ese hecho fue presenciado por J., de 9 años, al irrumpir en el baño y que, seguidamente, Ll. golpeó a J., lo llevó hasta la habitación del adulto y se masturbó frente a él. No se encuentra en discusión que la madre de los niños, D. I., constituida como particular damnificada, ubicó con precisión aquel hecho, como ocurrido el día 14 de agosto de 2019, a partir de otros datos que aportó al declarar en el debate y, en particular, afirmó que al otro día (15 de agosto de 2019) llevó a G. a ver al pediatra porque presentaba un “prolapso rectal”, hecho que I. vinculó con la comisión del abuso sexual, al realizar la denuncia penal (en febrero de 2021).
En efecto, en el juicio, D. I. declaró que cuando se separó de Ll., J. tenía once años y le contó el hecho ocurrido en el baño con su hermano. La testigo señaló porqué podía establecer que aquel hecho ocurrió el 14 de agosto de 2019: dijo que esa noche ella estaba dando clases, y que lo recordaba porque “fue la única noche” que ella no tenía auto para volver y “el acusado nunca la fue a buscar, pero que ese día lo hizo”. La testigo recordó cómo estaban los niños ese día cuando la fueron a buscar: dijo que J. estaba “super enojado”, “con mala cara” y que G. estaba “todo transpirado, como sucio en la sillita” del auto. La testigo también recordó “que ese día había restos de fideos” (pág. 12, veredicto).
Seguidamente, I. dijo “que G. tuvo un prolapso rectal el día 15 de agosto, lo que coincidía con todo lo apuntado” (pág. 12, veredicto, dato que -según el recurrente- fue refutado por el médico pediatra). Más adelante, interrogada respecto de cuándo sucedió lo del prolapso rectal, D. I. respondió que fue “un día después de la noche que relató J., que fue el 14 de agosto de 2019, es decir, el prolapso ocurrió el 15 y fue atendido por el médico González” (pág. 14, veredicto). También, preguntada dónde atendieron a G. por lo del prolapso, I. “contestó que lo atendió el Dr. González y que además fue al sanatorio Finochietto, que es donde consta toda su historia clínica” (pág. 15, veredicto).
Constato, conforme lo señaló el recurrente, que la testigo respondió en forma evasiva algunas preguntas que hizo la defensa en el contra-examen: en ese sentido, preguntada para que diga “qué le indicaron los médicos que atendieron a G. por el prolapso”, la testigo volvió a reiterar las fechas en que G. fue atendido por el pediatra y en el hospital Finochietto y agregó que “la Dra. Araujo” dijo “que tenía un ano complaciente” (pág. 16, veredicto) y preguntada si los médicos le habían “dicho por qué se produjo el prolapso, contestó que en las declaraciones testimoniales dijeron que podía deberse a abuso sexual” (pág. 16, veredicto).
Cabe reparar, desde ahora (porque son datos incontrovertidos), que en agosto de 2019 los médicos tratantes le indicaron a la madre una dieta rica en fibras, en atención al historial de constipación de G. y vincularon el prolapso rectal (que les informó I.) a esa causa (así surge de la declaración del pediatra Gonzalez y de la historia clínica del hospital Finochietto).
6. El voto del juez que quedó en minoría destacó que el Dr. González, médico pediatra de G. desde su nacimiento, declaró en el juicio que el día 15 de agosto de 2019 atendió a G. y no advirtió el “prolapso rectal” que le mencionaba I. (explicó que era cuando una parte del ano emerge fuera del cuerpo), aclarando que revisó la zona anal del niño. Dijo que tampoco constató ninguna lesión en esa zona. No obstante, reconoció que G. tenía un historial de estreñimiento y ésa era una causa habitual del prolapso rectal, por lo que le indicó a la madre una dieta rica en fibras.
El juez de la minoría también observó que preguntado por la fiscalía si el prolapso rectal era un indicador (inespecífico) de abuso sexual, el médico pediatra respondió: “que si bien el prolapso puede tener origen en episodios de índole sexual, ello no es común y que, seguramente, en ese caso, podrían emerger lesiones, aunque no siempre podrían tener lugar. También adunó que el prolapso tiene múltiples causas siendo las más frecuentes la diarrea y el constreñimiento -patología recurrente en su paciente” (pág. 62, veredicto).
7. Esos datos (que el pediatra González revisó la zona anal del niño el 15.08.19, que no constató el prolapso, ni ninguna lesión y que G. presentaba como patología recurrente constreñimiento, causa habitual del prolapso), no vienen controvertidos en el voto de la mayoría.
Tampoco está controvertido que el perito médico, Dr. Raúl Morello, señaló que un prolapso rectal podía ser compatible con un abuso sexual pero también con otras causas médicas como un cuadro de diarrea o constipación y que según el pediatra Gonzalez “y de la historia clínica del menor, quedó acreditado que el mismo padecía esta patología y que en el caso era por constipación crónica” (ver pág. 83 del voto de la mayoría). Sin embargo, los jueces Toto y De Luca establecieron que ello no controvertía lo visto por J. cuando dijo que el acusado “le metió el dedo en el culo” a su hermano G., porque un prolapso podía desaparecer de inmediato (así lo dijo el pediatra Gonzalez) y agregaron que en la historia clínica del hospital Finochietto se consignó, respecto de G., “un ano que impresiona un poco complaciente” (pág. 83, veredicto), aunque omitieron que la fiscalía también preguntó al pediatra Gonzalez sobre el mismo punto, dando una respuesta diversa: a la pregunta “si le revisó el ano” a G., Gonzalez respondió “que sí, que era normal” y “preguntado qué es un ano complaciente, contestó que es uno en el cual si uno realiza un tacto rectal, introduce el dedo sin resistencia. En el caso de G. no lo detectó” (pág. 40, veredicto); por lo que -ante una prueba ambivalente- la mayoría decidió la duda en contra de la hipótesis de descargo.
8. Conforme surge del voto de la minoría, los peritos -de parte y oficiales- dieron conclusiones divergentes sobre la posible existencia de los abusos sexuales.
En ese sentido, el juez Rodriguez Rey señaló que los peritos de la particular damnificada Vezzosi, Díaz y Santeramo “refirieron que sus pacientes presentaban indicadores compatibles con violencia sexual; mientras que la perito propuesta por la Defensa, Dra. Mirta Vago, señaló todo lo contrario”, en tanto “los peritos pertenecientes al Poder Judicial -Rada y Fernández Santos- no resultaron en absoluto concluyentes” (pág. 60, veredicto).
Seguidamente, el mismo juez observó que “si bien el Licenciado Fernández Santos dio cuenta de algún padecimiento traumático por parte del peritado [J.], que se hallaba acompañado a su vez de vivencias fantasiosas, no pudo concluir en que el mismo tuviese origen en un episodio sexual; y en igual sentido se expresó el licenciado Rada”, respecto de G. (pág. 60, veredicto).
9. La defensa cuestionó la labor profesional de los psicólogos que aportó la particular damnificada, a partir de diversos argumentos con los que -en lo esencial- coincidió el juez de la minoría, al evaluar la fiabilidad de sus aportes.
En efecto, luego de recordar cuál es el alcance de la labor pericial en este tipo de casos y el valor de las opiniones profesionales, el juez Rodriguez Rey observó que los psicólogos no podían llegar “hasta el punto de declarar si el niño dice la verdad o no, o en su caso, manifestar cómo sucedieron los acontecimientos”, y estimó que eso justamente era lo que habían hecho los profesionales que propuso la particular damnificada y que, además, habían establecido “como ocurridos” los “dichos de la madre”, D. I. (pág. 60, veredicto).
Así, la minoría consideró que Natalia Diaz, psicóloga particular de G., incurrió en el denominado “sesgo del entrevistador”, que afectó sus conclusiones, pues -según el juez Rodriguez Rey- “comenzó su actuación profesional dándole peso y credibilidad a las expresiones de la madre, dando por cierto que el ‘prolapso’ tenía origen en el ‘ataque’ del progenitor -pese a que el facultativo médico que atendiera desde su nacimiento al niño G. -González- en absoluto lo verificó” (pág. 60, veredicto), e incurrió en otras “subjetividades”, que llevaron al magistrado a “desmerecer su labor profesional desde que partió de premisas inadecuadas, falencias que mantuvo a lo largo de su trabajo y expuso sin más” al declarar en el debate (pág. 61, veredicto).
En similar sentido, el juez Rodriguez Rey observó que los licenciados Vezzossi y Santeramo (el primero intervino en la entrevista previa de G. y en la cámara Gesell de J. y, el segundo, fue psicólogo particular de J.) “sostuvieron que el padre le habría metido el dedo ‘ÍNDICE’ al menor de los hijos de la pareja, circunstancia que solo salió de la boca de la madre y es replicada por los mentados profesionales con una insuficiencia palmaria, desde que ni ninguno de los pequeños destacó semejante detalle” (pág. 60, veredicto) y agregó que la “falta de seriedad y profesionalidad” del psicólogo Vezzossi quedó reflejada en las apreciaciones que hicieron el perito oficial Rada y la perita de la defensa Vago, sobre “situaciones incómodas en que los colocó”, primero quejándose en forma impropia por la forma en que Vago le devolvió a G. el autito con el que jugaba (haciéndolo rodar sobre la mesa), queja que Rada encontró inmotivada y que Vezzosi realizó frente al niño G., en medio de la entrevista, generando una discusión con la perita de la contraparte.
En igual sentido, el juez de la minoría valoró la declaración del psicólogo Vezzossi, cuando dijo que existió un “enfrentamiento” entre él y Ll. en el marco de la pericia psicológica del acusado, llegando a decir que Ll. “le quiso pegar”, dato que -observó el juez Rodriguez Rey- no corroboró ninguno de los presentes en la misma diligencia, ni quedó consignado en el informe (pág. 61, veredicto), reforzando la poca seriedad y profesionalidad del perito de la particular damnificada.
10. Constato que los cuestionamientos de la defensa a los psicólogos que presentó la particular damnificada fueron respondidos por la mayoría del tribunal mediante argumentos puramente formales y dogmáticos sobre la labor pericial, y sobre los deberes y obligaciones generales que tienen los “peritos”, inconducentes para refutar las críticas concretas que incluyó la defensa en su alegato.
En efecto, los jueces de la mayoría dijeron: “que cuando un perito de parte acepta el cargo, lo hace con la obligación de cumplir su labor fiel y legalmente, debiendo brindar su informe con total veracidad, no pudiendo ocultar ninguna circunstancia que conozca y sea conducente para su dictamen, ni puede expresar otras que no sean ciertas o que tergiversen la realidad por él cotejada, y ese deber de decir la verdad, va de la mano con los principios de imparcialidad y objetividad que deben regir, que garantizan la credibilidad y seriedad del informe científico del experto” (pág. 72, veredicto). La mayoría agregó que cada uno de esos psicólogos prestó juramento y dio cuenta “de su curriculum y de la vasta trayectoria con la que cuentan” y en el caso de Natalia Diaz (psicóloga particular de G.) “respondió categóricamente a cada una de las preguntas y repreguntas” que le hicieron; mientras que en el caso de Santeramo y Vezzossi (psicólogo particular de J. y perito que intervino en las diligencias judiciales, respectivamente), la mayoría consideró que “se han expedido y no han dudado en dar sus dictámenes según sus conocimientos, manifestándose según lo que han percibido en las entrevistas, pero de ninguna forma puede interpretarse que no han venido a declarar conforme su saber, sapiencia y experiencia” (pág. 72, veredicto).
La mayoría abordó un solo aspecto que se discutió sobre esa prueba (por qué Natalia Diaz bloqueó a Ll. del Whatsapp), argumento que claramente no era el central, y lo analizó en forma aislada y desvinculado de la argumentación de la defensa relativa a la poca fiabilidad de las conclusiones de esa psicóloga y del resto de los “peritos”.
En efecto, los jueces de la mayoría establecieron que la conducta de la psicóloga Natalia Diaz, al bloquear de Whastapp al padre de los niños, no fue irrazonable y encontró explicación en la declaración de la propia testigo, cuando dijo que Ll. la llamó en forma insistente y nunca se había sentido así de invadida, e incluso, cuando el defensor le señaló si no consideró que el padre podía estar transitando una situación de angustia, la psicóloga dijo que no, que Ll. la controló, diciéndole que estaba “en línea”, por lo que se vio obligada a bloquearlo y recordó que, antes de eso, le había ofrecido a Ll. una entrevista por zoom, que el padre no quiso tomar (pág. 72, veredicto).
La explicación de ese episodio, por parte de la psicóloga, no agotaba ni clausuraba los planteos que, en concreto, hizo la defensa sobre su labor en el caso.
En efecto, la argumentación de la defensa fue más amplia que la invocación de ese incidente e intentó demostrar, mediante diversos argumentos, que la labor de Natalia Diaz fue sesgada, pues estuvo orientada a confirmar el abuso que le informó D. I., tomó en forma acrítica la posición de la denunciante y consideró cada dato que la madre le aportó como verdadero, condicionando así sus conclusiones. La defensa agregó que Natalia Diaz fue tratada en forma impropia como “perita” en el voto de la mayoría, cuando fue la psicóloga particular de G., luego de la separación de sus padres y, además, señaló que su declaración estuvo cargada de subjetividades (es decir, puntos de vistas puramente personales).
Fue en ese marco que la defensa le preguntó a Natalia Diaz si la terapia estaba enfocada en el abuso (porque la psicóloga mencionó en su declaración las preguntas que le hacía al niño sobre ese tema); también le preguntó si el niño alguna vez había mencionado cómo era la relación entre sus padres (y respondió que no) y, en lo que interesa mencionar, la defensa le preguntó “si podía aclarar cómo fue la comunicación con el padre” (pág. 22, veredicto), en función del incidente que ya había comentado la psicóloga, en forma espontánea, a la fiscalía (pág. 20, veredicto), y allí Natalia Diaz explicó por qué había bloqueado a Ll. en el celular (en los términos que reflejó el voto de la mayoría).
Sin embargo, los jueces de esa misma mayoría omitieron que, inmediatamente después, la defensa le preguntó si no tuvo necesidad de entrevistarse con el progenitor de G. durante los años que duró el tratamiento del niño y respondió que no, porque no trabajaba con padres que tenían denuncias en su contra, que era una metodología de trabajo (pág. 23, veredicto), reflejando así una posición compatible con el compromiso subjetivo respecto al caso, en los términos que argumentó la defensa (e incompatible, a la vez, con una “labor pericial” objetiva).
Nuevamente, como en tantos otros casos, es necesario insistir sobre las diferencias que separan, en términos epistémicos y de incumbencias, la labor de una terapeuta personal (que aborda su tarea desde la psicología clínica) y la práctica de un informe pericial, que se elabora desde las técnicas y postulados de la psicología forense. Elevar a categoría de “perita” a la psicóloga personal de un paciente es tergiversar el sentido de la información que está en condiciones de aportar y descontextualizarla, en más de un caso, para reafirmar un sesgo de confirmación que ya opera como prejuicio.
11. De todos modos y dejando a un lado, de momento, que no estamos frente a “prueba pericial”, en sentido estricto (en el caso de Natalia Diaz y Franco Santeramo llevaron adelante tratamientos terapéuticos); es fácil coincidir en que la labor profesional de cualquier perito, en cuanto a la fiabilidad de sus métodos y la solidez o atendibilidad de sus conclusiones, no puede depender de aspectos puramente formales como la aceptación de un cargo, el juramento de decir verdad o incluso de su “curriculum”, sino de la labor y explicaciones que dan en cada caso concreto, de acuerdo con sus conocimientos especiales, las premisas de las que parten y las hipótesis que se les plantean.
En ese sentido, la defensa señaló aspectos muy concretos sobre la labor los psicólogos que presentó la particular damnificada que, en su opinión, demostraron la falta de rigor de sus conclusiones, y que fueron ignorados deliberadamente por la mayoría del tribunal, aun cuando el voto que quedó en minoría los dio por probados.
En lo que importa mencionar, constato -como lo denuncia el recurrente- que la psicóloga Natalia Diaz basó sus conclusiones en diversos datos que le aportó D. I. y que consideró verdaderos (dijo que la madre le mencionó el prolapso, la enuresis y movimientos copulatorios del niño por las noches) y que todas esas circunstancias eran indicadores abuso sexual; agregó que el niño hizo dibujos que ella interpretó como indicativos de un trauma que vinculó directamente con el abuso sexual; además de juegos con muñecos, que interpretó en igual sentido, afirmando -en definitiva- que el niño fue “veraz”, aun cuando -conforme lo señaló correctamente el juez que quedó en minoría-, esa no es una conclusión acorde con la labor “pericial” que se le quiso asignar a la terapeuta en esta causa.
En lo central, la psicóloga Natalia Diaz recordó que G.
dijo que el “papá le metió el dedo en la cola” pero nunca logró que aportara otro dato ni contextualización, solo que comió fideos, aun cuando le formuló preguntas al respecto a lo largo del tratamiento (de mayo 2021 a diciembre de 2023), sin explicar por qué insistió sobre ese abordaje, cuando -a la vezadmitió que el niño se enojaba ante esas preguntas.
Natalia Diaz afirmó que había “indicadores”, como en los dibujos, donde ella observó “cierta desintegración” e interpretó que se trataba de un “mecanismo de defensa de disociación, frente a una situación traumática” y, desde su punto de vista, “una situación traumática de abuso sexual”, y preguntada para que lo explicara con mayor precisión, dijo que la “desintegración en el gráfico del cuerpo humano” se apreciaba, por ejemplo, en “que la cabeza estaba separada del cuerpo” (pág. 18, veredicto). Consultada por la fiscal “si detectó otro indicador” que la haya llevado a sostener sus conclusiones, respondió “sí, que había indicadores físicos como el prolapso y la enuresis” (datos que le aportó D. I.), y agregó que “el relato se mantuvo, fue espontáneo”, también recordó que “hubo muchas resistencias y angustia”, concluyendo que fue “veraz” (pág. 19, veredicto).
Seguidamente, la psicóloga agregó “que el prolapso era un indicador físico, el cual está dentro de las lesiones genitales que se estudian y deben considerarse en casos de abuso, además del resto de lo ya apuntado” (pág. 19, veredicto), mencionando que G. también demostró juegos con muñecos vinculados a situaciones que ella relacionó con el sexo oral. En el juicio, D. I., constituida como particular damnificada, le preguntó a la psicóloga “si detectó erotización inadecuada para la edad del niño” y la psicóloga “contestó que sí, en el juego y agregó que la mamá le había comentado que había observado en el niño movimientos copulatorios durante la noche” y que si bien eso “no lo advirtió en las sesiones” igualmente lo tomó como un dato más (pág. 21, veredicto).
12. Bajo esas condiciones, es posible coincidir con el juez Rodriguez Rey en que la labor de Natalia Diaz estuvo condicionada por el sesgo cognitivo de asumir como verdadera una hipótesis inicial, y se reflejó en la tendencia de validar cada dato que le transmitió D. I. como verdadero y vinculado al abuso sexual. En efecto, Natalia Diaz dio por cierto que prolapso fue causado por el abuso, como lo afirmó I.. Incluso la psicóloga afirmó que el prolapso era un indicador de ASI, sin considerar -como sí lo hicieron los profesionales idóneos- que podía tener causas médicas, frecuentes, como la diarrea y la constipación, y desconociendo -a la vez- que en el caso concreto se estableció que G. tenía constipaciones recurrentes. Natalia Diaz también dio por cierto que el niño tuvo enuresis y hacía movimientos copulatorios, porque se lo informó D. I.; y consideró todos esos datos -cuya fuente fue I.- como indicadores de ASI.
Por fuera de eso, la psicóloga realizó interpretaciones sobre los dibujos y juegos del niño y, respecto de la frase que dijo G. (“papá le metió el dedo en la cola”), dijo que a lo largo de la terapia no logró que el niño aportara otro dato o contextualización, aun ante sus preguntas (cuya pertinencia no pudo explicar en el marco de la terapia).
13. El recurrente cuestionó la falta de objetividad y profesionalidad del licenciado Franco Santeramo, psicólogo particular de J., y de Silvio Vezzosi, mediante argumentos concretos que tampoco fueron examinados por la mayoría del tribunal.
A la utilización de expresiones que solo había expuesto la particular daminificada, pero no el niño J. (por ejemplo, cuando Santeramo habló del “hecho del dedo índice”, pág. 24, veredicto), la defensa agregó otros aspectos que -en su opinión- reflejaron la falta de profesionalidad de esos “peritos”.
En el caso de Santeramo, observó que el psicólogo replicó en el juicio situaciones que le había dicho J. en la terapia, que resultaban inverosímiles, ilógicas o reflejaban la implantación de un relato (como cuando recordó que J. dijo que su padre llevaba prostitutas a la casa, que también las llevaba a la casa de la abuela paterna, y a él lo llevó a lugares que identificó como prostíbulos; cuando el niño le dijo, respecto del padre, “me tocó como un albañil manosearía a una mujer” o cuando “J. le dijo que lo del prolapso fue a raíz del abuso”), no obstante, el psicólogo no realizó ninguna consideración al respecto, y concluyó que el relato de J. “era creíble” porque lo contó varias veces, mantuvo su relato, “se evidenció angustia, y que luego de contarlo lo notó aliviado” (pág 10, recurso), conclusiones que - también observó la defensa- no sostuvieron el resto de los profesionales, quienes destacaron, en particular, que el relato de J. durante la Cámara Gesell fue desafectivizado (sobre esto, enseguida volveré).
Constato que la información y las conclusiones que señala la defensa, como provenientes del testigo Santeramo, son fieles a la declaración que hizo en el juicio (conforme la transcripción que contiene el voto de la minoría, no controvertida) y, al menos desde una primera aproximación, eran compatibles con el planteo de la defensa (sobre la poca fiabilidad de las conclusiones del “perito”), y no debieron ser ignoradas por la mayoría del tribunal que, como vimos, se limitó a dar una respuesta puramente formal sobre su labor, sin examinar la atendibilidad de sus conclusiones, de acuerdo con sus premisas de partida.
Similares consideraciones caben formular respecto de la labor del psicólogo Vezzossi, que el juez de la minoría calificó como poco serio y profesional, justificando ese juicio adverso sobre su fiabilidad (ver punto 8).
Vimos que, en particular, el juez Rodriguez Rey recordó que un profesional en psicología no podía llegar “hasta el punto de declarar si el niño dice la verdad o no, o en su caso, manifestar cómo sucedieron los acontecimientos”, y estimó que eso habían hecho los psicólogos que propuso la particular damnificada (pág. 60, veredicto); premisas que debieron llevar a los jueces de la mayoría a extremar el análisis del aporte de esos profesionales, en particular frente a ciertas manifestaciones que hicieron en el juicio, como cuando Vezzossi dijo que la cámara Gessell era “muy importante en niños porque lo que se utiliza es un método para saber si está diciendo la verdad” (pág. 28, veredicto), afirmación que no hubiera hecho en esos términos ningún profesional idóneo especializado en la materia.
14. Establecido lo anterior, constato que el voto de la mayoría no se hizo cargo de las conclusiones a las que llegaron los peritos oficiales.
En efecto, en el caso del perito Claudio Rada, los jueces de la mayoría se limitan a transcribir la parte de su declaración donde recordó las frases que dijo el niño G. en una y otra entrevista, pero omitiendo el tramo donde el perito precisó el contexto (no solo físico) en el que el niño dijo cada frase y cuál fue su conclusión al respecto; ignorando deliberadamente que el aporte profesional del perito no pasó por replicar aisladamente la frase que dijo G. (dato que, además, nadie controvierte), sino en las posibilidades de aportar algún análisis sobre esas manifestaciones, de acuerdo con los criterios de credibilidad del testimonio, los aspectos cognitivos del relato o sus componentes emocionales y en función de su conocimiento especializado, para asistir al juzgador de los hechos a comprender la prueba o a determinar un hecho controvertido. Así, los jueces de la mayoría valoraron que: en una entrevista, G. le dijo al perito oficial Rada, en un pasillo donde no había otras personas, que “el papá le había pegado y al mismo tiempo se tocaba una parte del glúteo” y ya frente al resto de los profesionales, dijo que el papá “era malo” y “no existe”, pero no quería hablar; mientras que en la entrevista siguiente (en el año 2023), G. dijo que “su familia era su mamá y su hermano, que el padre no existía” y también que su papá “le había puesto un dedo en la cola” y que “estaba desnudo con una toalla”, y que cuando se dirigían al recinto de la cámara Gesell el niño le dijo “que no quería decirlo más, que su mamá le había dicho que era la última vez que lo iba a contar” (pág. 73, veredicto), por lo que el niño finalmente no declaró. Sin embargo, la mayoría del tribunal excluyó de su valoración el tramo donde la fiscalía le preguntó al perito “si en base a la conducta del niño, le pareció veraz lo que dijo” y (aun con el déficit de esa pregunta, que debió reformularse en términos de credibilidad), Rada “respondió que fue algo muy acotado, no lo pudo relacionar con nada. Lo soltó en el pasillo, como al pasar y luego en el juego” (pág. 34, veredicto).
La mayoría también recortó de su valoración la parte donde el perito Rada aclaró, ante el pedido de la defensa “que la primera vez el niño se señaló el glúteo, lo hizo tocándose la parte lateral del mismo y dijo: ‘me tocó acá, papá es malo’. La segunda vez, ocurrió en el 2023, cuando dijo lo del dedo en la cola, y ello ocurrió en el marco de la entrevista en momentos en que se hallaba jugando” (pág. 35, veredicto). Ya dije que no se trata de exigir una transcripción literal de todo lo que dijo el testigo, pero sí de aquellos tramos esenciales con capacidad de rendimiento para corroborar o refutar las hipótesis explicativas que sobre un mismo dato alega cada una de las partes.
15. Por fuera de eso, constato que, más adelante, en el voto de la mayoría, el juez Dr. Toto observó que si bien G. no había declarado en Cámara Gesell, sí había sido “evaluado por varios profesionales” a quienes transmitió la misma frase, incluyendo a Rada y agregó que “más allá de lo señalado por el profesional aludido y la perito de parte, la Lic. Vago, en que tal manifestación la había realizado sin compromiso afectivo, es evidente [según el magistrado] que el vínculo paterno se encuentra disociado a raíz de las vivencias traumáticas que el menor ha padecido” (pág. 83, veredicto); realizando conclusiones ajenas a su campo de conocimiento y a las que el Dr. Toto otorga mayor valor que las consideraciones profesionales de Rada y Vago.
En otras palabras, el juez de la mayoría se limita a sustituir las apreciaciones de los expertos, por su conocimiento privado, sin otra justificación y por fuera de cualquier posibilidad de control; razonamiento en el que cabe reparar, desde ahora, porque es reiterado por el Dr. Toto al analizar “las expresiones corporales” de J., en la cámara Gesell. Bajo esas condiciones, recuerdo que las conclusiones expertas tienen, por definición, preeminencia, salvo -claro está- que fueran controvertidas por alguna razón y, a su turno, los jueces no pueden simplemente decidir ocupar su razonamiento lego en una cuestión que requiere conocimiento especializado, para evitar quedar obligados por la conclusión del experto.
16. En el caso del perito oficial Fernandez Santos (fallecido al momento del juicio), la mayoría del tribunal transcribió el informe de la pericia psicológica que practicó respecto de J. (aparentemente en su totalidad, conf. páginas 74, 75, 76 y 77 del veredicto, voto de la mayoría), destacando sus conclusiones (“así, el licenciado concluye que J., al momento de la evaluación, presenta el psiquismo constituido con una dominancia funcional neurótica. Porta sufrimiento subjetivo y necesita continuar con la asistencia psicológica. En cuanto a las consideraciones psicológico-legales, informa que las vivencias traumáticas descriptas por el niño guardan entidad determinadora y fuerza desencadenante sobre el cuadro clínico actual, el recorrido diacrónico, el posicionamiento y el impacto subjetivo”), sin exteriorizar -los jueces- ninguna aclaración sobre el sentido que atribuyeron a esa conclusión, en particular, cuando la minoría y la defensa señalaron que el perito Fernandez Santos no estableció que el padecimiento psíquico de J. (que no se cuestiona) tuviera origen en un abuso sexual.
17. Ahora bien, un tema central que se discutió en el debate, radicó en el contenido del relato que hizo J. en la cámara Gesell. La defensa señaló que el niño describió hechos inverosímiles, repitiendo lo que denunció la madre. En ese marco, observó que se trató de un relato desafectivizado, metódico, cronológico, lleno datos, como fechas y edades. Agregó que el niño, al ser evaluado por el perito oficial Fernandez Santos, también incluyó fantasías en su relato (en ese sentido, el perito informó que J. “desplegó ciertas fantasías organizadas a partir de lo visto y lo oído en las cuales atribuyó al padre envenenar a la madre, sobornar médicos para que dijeran que el hermano murió al nacer y tener las orejas más grandes por los tirones recibidos del progenitor”, ver pág. 76, veredicto). Cabe reparar cómo fue abordado ese planteo en el veredicto.
Por un lado, el juez que quedó en minoría -Dr. Rodriguez Rey- señaló que la exhibición de la declaración de J. reflejó una exposición monocorde, donde el niño “repitió la denuncia efectuada por su progenitora y acusó a su padre de aberrantes episodios, muchos de contenido sexual”. Según ese magistrado, el niño no reflejó ninguna expresión corporal y “en absoluto fue espontáneo”, pues no evidenció ninguna dificultad al exponer su relato, que estuvo “lleno de muletillas -como bien lo refiriera el Lic. Fernández Santos (fs. 495/500)- ‘... luego ... luego ... luego ...’ y con conocimientos de circunstancias y términos que por su edad, dan cuenta de un aprendizaje previo” (pág. 56, veredicto).
El juez Rodriguez Rey agregó que J. incluyó “afirmaciones sin sustento probatorio” (poniendo de ejemplo el video que, según el niño, mostraba a su padre teniendo sexo, aportado a la causa como efecto 96568, y de cuya imagen se desprendía -conforme lo señaló el magistrado- “la imposibilidad de aquella determinación”). También señaló que J. habló de las pastillas que tomaba su padre, de cómo se inyectaba o cuando se refirió a “una pastillita que se la comía y era para que se le parara porque a él no se le podía parar”, reiterando que el niño aportó información en forma espontánea de una temática específica que no podía conocer, por su edad (pág. 56/57, veredicto).
Las partes profundizaron sobre esos aspectos, durante la práctica de la prueba.
En lo que importa mencionar, cuando la defensa preguntó a D. I. “cómo sabía su hijo que la pastilla era para la erección”, la testigo “contestó que por experiencia podía afirmar que Ll. tomaba esas pastillas porque cuando ‘acababa no se le bajaba’” (pág. 13, veredicto); y preguntada si hablaba de temas sexuales con su hijo J., I. “respondió que jamás. Que todo el vocabulario que dijo de prostitutas, todo lo sexual, lo tomó del padre, porque iba a un colegio católico y nunca podría haber sacado la información de otro lado” (pág. 13/14, veredicto); mientras que Vezzossi (perito psicólogo de la particular damnificada, presente en la cámara Gesell) dijo que J. “sabía muy bien el concepto de cada cosa que mencionaba” y preguntado “a qué se refería, aclaró que con el crecimiento los niños van adquiriendo conocimientos, y que se nota si algo está inoculado o no. En el caso de J. se notó que lo que decía, era por su propio saber y que el niño mencionó que lo que contaba lo había aprendido en las clases de educación sexual. Que si bien fue llamativo el vocabulario y terminología utilizada, los niños de su edad podían saberlo y expresarlo. Que cuando se le preguntó de dónde sacaba esas palabras, el niño sabía bien cada concepto” (pág. 28, veredicto).
Advierto que los datos aportados por Vezzossi, además de ser contradictorios con los expuestos por la particular damnificada, no terminan de explicar el conocimiento que tenía J. sobre los aspectos concretos que destacó el Dr. Rodriguez Rey al concluir que existió un “aprendizaje previo” de su relato (puso de ejemplo las pastillas “para que se le parara” pero el niño también habló sobre prostitución, al mencionar “casas de prostitutas” y también “casas de mujeres” utilizando la misma expresión que su madre, ver pág. 7 y 11, veredicto), que no pueden compatibilizarse con la generalización que hace Vezzossi sobre el conocimiento habitual que van adquiriendo los niños en su crecimiento, o pensar que son conceptos incluidos en una clase sobre educación sexual integral a niños de once o doce años.
18. Advierto que el voto de la mayoría no contiene un examen sobre el contenido del relato de J. (en términos de coherencia interna y verosimilitud, y de acuerdo a los planteos de la defensa).
En lo que importa mencionar, el Dr. Toto se remitió a lo que declaró J. en la cámara Gesell (transcripta en el voto anterior) y dijo que señalaría “algunas apreciaciones que me conducen, sin dudar, a determinar que los dichos del menor resultaron veraces” (pág. 78, veredicto). Seguidamente, el magistrado enumeró una serie de apreciaciones y consideraciones ajenas a su campo de conocimiento, pero que, además, en el caso concreto, no fueron sostenidas por los psicólogos que presenciaron la cámara Gesell o que se expidieron al respecto. En ese sentido, el Dr. Toto, observó que “en primer lugar, al ser interrogado por su nombre dijo llamarse J., y al serle preguntado por la entrevistadora por su apellido, únicamente mencionó el de la madre -dando muestra, a mi entender, del uso de un mecanismo de defensa como es el de la ‘negación’” (pág. 78, veredicto, el subrayado me pertenece).
Luego, el Dr. Toto ingresó en la descripción de distintas “expresiones corporales” del niño, que “percibió” al visualizar la cámara Gesell demostrativos -según la opinión del magistrado y sin dudas- de la veracidad de su relato (dijo: “no tengo dudas que J. ha venido a relatar lo vivenciado en primera persona, tanto él como su hermano menor, y ello se denota con las expresiones corporales que he percibido y señalado en los párrafos anteriores”, pág. 80, veredicto).
Por ejemplo, el magistrado observó que “al comenzar a ser interrogado por los hechos padecidos,[J.] se incomodó, tocándose la cabeza” (pág. 78, veredicto); que cuando abordó el tema del video en el teléfono de su padre, J. “se colocó la mano en la boca, haciendo una pausa, chistando, como buscando cómo exteriorizarlo sin sentirse avergonzado” (pág. 78, veredicto); “notándoselo nervioso” e incómodo cuando se le preguntó si el padre le decía algo mientras estaba con las mujeres (pág. 79, veredicto), entre otras consideraciones similares; datos que no solo reflejan una apreciación puramente subjetiva del magistrado, al interpretar el lenguaje no verbal del niño, aspecto de por sí problemático, sino que erige a la inmediación (es decir, la percepción directa, en este caso, de la declaración que hizo el niño en la cámara Gesell), como un método para la adquisición del conocimiento, cuando se trata de un medio para acceder a la información que, de todos modos, tiene que relacionarse con el resto de la prueba. En otras palabras, la inmediación no resulta un antecedente suficiente para realizar un juicio de apreciación sobre la veracidad del relato del testigo; todo ello sin perjuicio, como ya señalé, de la sobreestimación del magistrado sobre las máximas de la experiencia (generalizaciones, según el mismo juez de “orden científico”), y que establece sin apoyo en ninguna fuente que pueda asignar validez a esas mismas generalizaciones, para sostener el razonamiento que une el dato empírico con sus conclusiones.
Las interpretaciones del Dr. Toto se afrentan, además, con las apreciaciones periciales que sostuvieron lo contrario: el perito oficial Fernandez Santos y la perita de la defensa, Mirta Vago, coincidieron en señalar que J. presentó un relato “desafectivizado”, es decir, donde el niño no reflejó correspondencia emocional al describir los diversos hechos relatados. Al respecto, el Dr. Toto señaló que las víctimas expresaban sus emociones de modo diferente y agregó que J. se había “criado en un ambiente totalmente hostil, con peleas constantes entre sus progenitores, naturalizando la situación”, por lo que había formado “una coraza” que lo llevó a expresarse como lo hizo en la cámara Gesell pero que “la falta de carga afectiva en nada opaca[ba] lo expresado” (pág. 81, veredicto); incurriendo en un razonamiento que contradice toda su explicación anterior.
En efecto, no se trata de exigir una víctima estereotipada que desarrolle un tipo de reacción específica, pues no se puede hablar de una tipificación de las consecuencias que sufre cada víctima de violencia sexual, que son variadas y diferentes para cada persona; pero sí de identificar, en la justificación del veredicto, la falta de coherencia del razonamiento que siguió el Dr. Toto: por un lado, (i) interpretó el lenguaje no verbal del niño y asoció a esos gestos distintas emociones, que utilizó como muestra de su veracidad; a la vez, el juez (ii) observó que los profesionales (Fernandez Santos y Vago) habían coincidido en la “desafectivización” que presentó el mismo relato, sin controvertir esa conclusión; y también (iii) explicó que J. había formado “una coraza que lo ha llevado a expresarse como lo ha hecho, siendo que la falta de carga afectiva en nada opaca lo expresado” en la cámara Gesell (pág. 81, veredicto), admitiendo -en definitiva- lo que concluyeron los peritos.
Aun con los déficits señalados, la mayoría del tribunal no reparó en el contenido del relato del niño, en los aspectos concretos que señaló la defensa y que, desde una primera aproximación, debieron llevar a los jueces a extremar el análisis de su capacidad de rendimiento.
En efecto, los jueces de la mayoría recortaron un aspecto muy puntual de la argumentación de la defensa (las fantasías que informó el perito oficial Fernandez Santos cuando J. “atribuyó al padre envenenar a la madre, sobornar médicos para que dijeran que el hermano murió al nacer y tener las orejas más grandes por los tirones recibidos del progenitor”) y observaron que el mismo perito dijo que esas fantasías eran “contestes con el efecto en la subjetividad de lo traumático” (pág. 81, veredicto); pero ignoraron que el planteo de la defensa fue más amplio y señaló que -por fuera de esas fantasías- J. expuso hechos que se presentaban como inverosímiles (a distintos interlocutores, incluyendo que dijo a su psicólogo que Ll. lo habría llevado a prostíbulos, cuando tenía unos diez años), y en la cámara Gesell recordó fechas y edades con precisión, fue metódico y prolijo en su cronología (compatible con su hipótesis de que repitió información que escuchó de su madre); planteos que no obtuvieron ninguna respuesta de los jueces de la mayoría, quienes se limitaron a examinar las expresiones corporales y gestuales del niño.
19. Finalmente, observo que si bien el Dr. Rodriguez Rey, al analizar la declaración de J., también hizo referencias sobre el tono “monocorde” y la falta de correspondencia emocional en su relato (señaló la falta de expresión corporal, temor, falta de inhibición, de llanto y/o angustia pese a referirse a temas de índole sexual, pág. 56 veredicto); vinculó esa apreciación con la prueba disponible, en particular con las observaciones del perito oficial Fernandez Santos sobre la utilización de muletillas en la declaración del niño (luego… luego… luego…), la repetición de información que expuso I. y la utilización de conceptos que no podía conocer por su edad; a lo que sumó que J. no hizo ninguna mención sobre la violencia de su madre en la declaración, aun cuando se estableció que la violencia entre sus padres era mutua, habitual y se vieron videos donde el propio J. intentaba separarlos cuando se fueron “a las manos” (pág. 58, veredicto); datos que en su conjunto le permitieron al juez razonar que hubo un “aprendizaje previo” de su relato, lo que diferencia su justificación del voto de sus colegas, en la medida que se puede controlar intersubjetivamente, por referirse a la datos y conclusiones concretas, y no a circunstancias “percibidas” e interpretadas en el fuero íntimo de un magistrado.
20. Establecido lo anterior, recuerdo que no basta con que el juez se convenza de la efectiva realización de un hecho sino que, además, debe justificar racionalmente esa convicción de modo que excluya cualquier duda razonable acerca de su existencia. La convicción del juez debe ser un convencimiento justificado, con fundamentos que lo hagan aceptable para un tercero, lo que presupone una cuidadosa explicación de los hechos que incluya la eliminación de las hipótesis alternativas invocadas. También recuerdo que en términos de suficiencia de la prueba, la comprobación de la hipótesis acusatoria cuenta con un estándar de exigencia alto, pues debe comprobar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, pues solo así será adecuada para derribar la presunción de inocencia que protege al imputado.
Por ello, corresponde casar el fallo recurrido y absolver a Ll., A. con relación a los hechos imputados, pues el examen de la prueba valorada por el tribunal revela que ella es insuficiente para fundar una condena.
Por lo demás, de progresar la propuesta formulada, devienen abstractos el tratamiento de los reclamos traídos por la particular daminificada y la fiscal en sus respectivos recursos.
21. En orden a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa -sin costas-, casar la sentencia recurrida y, consecuentemente, absolver a Ll., A.en el presente proceso, ordenar su inmediata libertad, la que deberá instrumentarse a través del tribunal de la instancia. Regular los honorarios profesionales al Dr. Rodrigo Lucas Maccia y dra. D. V. I., por la labor desarrollada en esta sede en veinte jus para cada uno. Tener presente las reservas del caso federal (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; art. 119 primero, tercero y cuarto párrafo inc. b y 125 primer y tercer párrafo, a contrario sensu, Cód. Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP; leyes 48 y 14967). A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor VIOLINI, dijo: Adhiero al voto del doctor Carral, en igual sentido y por los mismos fundamento.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisibles las impugnaciones deducidas.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas
III. Casar la sentencia y absolver a Ll., A. de los hechos por lo que fuera condenado.
IV. Disponer su libertad, la que deberá instrumentarse a través del tribunal de la instancia, previo a la constatación de la inexistencia de impedimentos legales.
V. Declarar abstractas las pretensiones de la particular damnificada y la fiscal, sin costas.
VI. Regular los honorarios profesionales al dr. Rodrigo Lucas Maccia y dra. D. V. I., por la labor desarrollada en esta sede en veinte jus para cada uno.
VII. Tener presente las reservas del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; ley 48, 5, , 9, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 55, 119 1°, 3° y 4° párr. inc. b y 125 1° y 3° párr. del CP; 1, 106, 209, 210, 373, 530, 531, cits. y c.c., CPP y ley 14967.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia