Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 47.013-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a las recurrentes por desistidas de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace al impuesto y los intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley N° 27.541. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente.
2Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en punto anterior. Costas en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-32706913-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 5 de Abril de 2022 de apelación”
En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Rubén A. Marchevsky (Vocal Titular de la 3° Nominación) para resolver el expediente N° 47.013-I y su acum., caratulados: “Llambías Joaquin Alejandro s/ recurso de apelación”;
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 156/181 y a fs. 239/264vta. obran sendos recursos de apelación interpuestos por Llambías Joaquín Alejandro y María Luz Madero, contra las Resoluciones Nº 174/2016 y Nº 175/2016, dictadas el 21 de junio de 2016 y el 16 de junio por la Dirección Regional Mendoza del Fisco Nacional respectivamente. Por las cuales se resolvió determinar de oficio la responsabilidad solidaria de ambos respecto de las deudas de la sociedad TCC Sociedad de Bolsa S.A. frente al Impuesto Sobre los Débitos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias por los períodos fiscales 01/2009 a 05/2010, ambos inclusive, reclamando tributo a pagar más accesorios y aplicando multa equivalente a tres veces el impuesto presuntamente evadido por los períodos fiscales 01 a 05/2010, conforme lo dispuesto por los arts. 46 y 47 inc e) y 55 de la ley 11.683; y dejando en suspenso la imposición de multas con respecto a los períodos fiscales 01 a 12/2009, conforme lo dispuesto por el art. 20 de la citada Ley Penal Tributaria.
En primer lugar la parte actora opone la prescripción de las acciones del fisco correspondiente a los meses de enero a diciembre/2009, manifiesta la improcedencia del ajuste fiscal y por las razones de hecho y de derecho que alega, solicita que se dejen sin efecto las resoluciones apeladas con costas y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 195/209 y 280/304 el Fisco Nacional contesta los traslados corridos de los recursos interpuestos y por los argumentos que expone, solicita que los mismos se rechacen y se confirmen los actos apelados, con costas. Plantea el caso federal.
III. Que a fs. 330 se resuelve abrir la causa a prueba, haciendo lugar a la prueba informativa, pericial contable y documental ofrecida.
IV. Posteriormente, se presenta la actora a fs. 767/768 en el marco de lo establecido por la ley N° 27.562, e informa que desiste de la acción y del derecho a los fines de proceder al acogimiento de los beneficios establecidos por la ley N° 27.562. A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales acompañan el F.1003, el detalle de las obligaciones regularizadas en el plan de facilidades Nº O019681 de fecha 28/10/2020 y detalle de deuda y saldo a cancelar, comprobante de pago a cuenta (vide constancias a fs. 755/766). El Fisco a fs. 782/784 manifiesta que los montos determinados en autos se encuentran regularizados, encontrándose el plan O019681 vigente. A continuación manifiesta que de la consulta realizada a la página web https://pyme.producción.gob.ar/condicionpyme/ surge que el certificado PYME de la firma ha caducado. Por último, informa que la actora no se encuentra incursa en los incisos a) y b) del art. 16 de la ley 27.541 e indica que no cuenta con acceso para verificar las causales previstas en los incisos c) y d).
Corrido formal traslado, la actora pone de manifiesto a fs. 788/788vta. que no se dan las causales del art. 16 inc. c) y d) de la ley 27.541 y a su vez indica que el Certificado Mipyme se encontraba vigente al momento del acogimiento al mentado régimen (28/10/2020) acompañando constancias a fs. 789/791.
Finalmente, a fs. 793 se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala “A”.
V. Que el artículo 8° de ley N° 27541 (B.O. 23/12/2019) según texto reformado por la ley N° 27.562 (B.O. 26/08/2020) establece que los contribuyentes de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, agregándose que la ley 27.562 extendió ese plazo al 31 de julio de 2020, o infracciones relacionadas con éstas, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el Titulo IV Capítulo I de esa ley. En tal sentido, entre los contribuyentes comprendidos en este régimen de regularización se encuentran quienes posean el “Certificado MiPyME” (vide art. 4 RG 4816/2020), no resultando controvertido que la recurrente contaba con el mismo al momento del acogimiento (28/10/2020).
Asimismo, en el art. 9 se dispone que quedan incluidas aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley bajo análisis, en tanto el recurrente se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos, indicando que el allanamiento y/o desistimiento puede ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial según corresponda, quedando incluidas aquellas obligaciones sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables.
A su vez, el art. 9° de la Resolución General N° 4816, reglamentaria de la ley 27.562, establece que cuando la deuda se encuentre en discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional respecto de las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, así como de toda acción y derecho incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se formula el acogimiento, el que deberá ser presentado ante la instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial donde tramite la causa junto con el detalle de las obligaciones regularizadas.
VI. Que ello así, atento el acogimiento formulado en los términos de la ley 27.562 efectuado en fecha 22/10/2020 y lo ya expuesto en relación a la cancelación de los montos objeto de ajuste, corresponde tener a la actora por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace a impuestos determinados en autos y sus intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley referida en tanto se encuentran discutidos en estos autos. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de dicha recurrente. Que por otro lado, en lo que hace a la porción restante de intereses resarcitorios, la propia normativa establece su condonación de pleno derecho como beneficio a partir del desistimiento formulado, en tanto les otorga un tratamiento diferenciado.
De los términos de la ley 27.541 (texto según ley 27.562), surge que ello será procedente con alcance general –en lo que aquí interesa- cuando respecto del capital se adhiera al régimen de regularización excepcional previsto en el Capítulo I del Título IV de esa norma y mientras se cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior (art. 11° primer párrafo); entendiendo ello como incluidas las obligaciones en discusión administrativa contencioso administrativa o judicial; supuesto en el que debe cumplirse con lo dispuesto por el art. 9 de la ley 27.541. Cabe señalar que el organismo recaudador puso de resalto, que el apelante no está incurso en las causales de exclusión de los incisos a) (quiebra) y b) (delitos penal tributarios y aduaneros) del artículo 16 de la ley 27541, de acuerdo a las consultas efectuadas al Módulo de Juicios Universales del sistema Atenea y al Sistema de seguimiento de Causas Penales (SCP). Por su parte, respecto a las causales previstas en los incisos c) y d) y atento el Fisco dice no poder constatarlas, no se desprende de la lectura del art. 16 que recaiga sobre el contribuyente la obligación de informar la ocurrencia de las mismas, tampoco surgiendo ello de estas actuaciones.
Debo señalar, que sin perjuicio del criterio que he seguido en ocasión de resolver cuestiones análogas con motivo de anteriores leyes de moratoria, lo cierto es que de un nuevo análisis del tema me lleva a rever mi posición y en consecuencia, encontrándose cumplidas las formalidades exigidas en la ley 27.562, corresponde declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado anteriormente.
En cuanto a las costas, teniendo en cuenta la jurisprudencia pacífica de éste Tribunal, estas deben distribuirse en el orden causado, dado que la condonación dispuesta comporta que no haya parte vencida.
Los Dres. Guzmán y Marchevsky dijeron:
Que adherimos al voto de la Dra. Gómez.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Tener a las recurrentes por desistidas de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace al impuesto y los intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley N° 27.541. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente.
2. Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en punto anterior. Costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas acompañadas y archívese.- Date: 2022.04.05 12:31:10 -03:00 Date: 2022.04.05 14:01:39 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.05 15:17:01 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.05 15:17:02 -03:00
Fin de la sentencia