Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 170.520
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe eleva solamente la indemnización de los parciales "daño moral" y "daño punitivo" en el sentido y con los alcances fijados en el considerando VI; II) Se hace parcialmente lugar al recurso deducido por Burg S.A y "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados", mediante presentación electrónica de fecha 17 de junio de 2020 y -en consecuenciase deja sin efecto la indemnización fijada por el sentenciante respecto del rubro "reintegro de gastos"; III) Se mantiene la imposición de las costas fijadas en la instancia de origen, IV) Se imponen las costas de Alzada del siguiente modo: a) por el recurso del actor, corresponde su imposición en un 80% a cargo de las codemandadas y en un 20% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); b) por el recurso de "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" corresponde su imposición en un 90% a cargo de la codemandada y en un 10% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); c) por el recurso de Burg S.A corresponde su imposición en un 90% a cargo de la coaccionada y 10% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); V) Se difiere la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Expte. Nº170520 Juzgado Nº 12 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario, a efectos de dictar sentencia en autos: "LLANOS MAXIMILIANO JORGE C/ VOLKSWAGEN S.A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ", en los cuales, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal, resultó que la votación debía ser en el orden siguiente: Dres. Rubén Daniel Gérez y Nélida Isabel Zampini.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia de fecha 16 de junio de 2020?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ RUBÉN D. GÉREZ DIJO:
I.-Antecedentes.
1. A fs. 119/126 el Sr. Maximiliano Jorge Llanos, por derecho propio y con el patrocinio letrado de la Dra. Carolina Noemí Cipolla, promueve demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios contra "Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados" y "Burg S.A." (Burgwagen).
Relata que la pretensión se funda en la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de ambas empresas demandadas, generadoras de daños y perjuicios, reclamándose la entrega del vehículo 0km objeto del contrato, el resarcimiento de daños reclamado en la suma de $ 300.000 y el pago de la multa por retardo que el contrato contempla.
Comenta que el día 10/12/09 suscribió el contrato de adhesión identificado con el Nro. W-00599813, como adherente al plan "60/40", pagadero en 84 cuotas, para la adquisición de un automotor 0km Gol Power 1.6, 3p, 0km.
Afirma que dicho contrato fue celebrado con la firma "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados", a través de su agencia oficial en Mar del Plata "Burg S.A.", que gira bajo la firma "Burgwagen S.A.". Indica que, conforme constancias de pago de las cuotas abonadas, el contrato tuvo principio de ejecución, existiendo un consentimiento por parte de la empresa contratante y del aquí actor en la aceptación de las condiciones contractuales firmadas.
Manifiesta que el día 16/10/13 recibe una comunicación de "Autoahorro Volkswagen", donde se le informa que se le ha adjudicado a través del acto Nro. 431 el automóvil Volkswagen 0km, Grupo 9907, Orden nro. 141. Destaca que el día 25/01/13 cursa una comunicación epistolar anoticiando la aceptación de la adjudicación señalada.
Expresa que, dentro de los 30 días de enviada la carta documento, aceptando la adjudicación, abona el 40% del valor del auto, tal como lo estipulaba el plan de ahorros contratado.
Precisa que, con fecha 11 de noviembre de 2013, recibe comunicación de la demandada en la cual le informa que la solicitud de crédito correspondiente al Grupo 9907, Orden nro. 141, registrada a su nombre, fue aprobada. Subraya que, de esta forma, quedó firme la adjudicación, restando solamente esperar la entrega de la unidad. Resalta que la accionada tenía un plazo contractual máximo de 75 días para la entrega del rodado, una vez aprobada la carpeta.
Resalta que el plazo de mención venció el día 27 de enero de 2014, sin que le fuera entregado el vehículo, ni aportado explicaciones al respecto por parte de los demandados.
Remarca que el contrato no fue cumplido por la firma "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados", oponiendo excusas carentes de fundamento legal y/o contractual a los numerosos reclamos telefónicos y personales, ante Defensa del Consumidor y en etapa de mediación prejudicial, incumpliendo flagrantemente el contrato de adhesión en relación a los términos de entrega pactados.
Subraya que, en marzo de 2014, encontrándose el plazo de entrega vencido, la codemandada "Volkswagen Autoahorro" le comunica que el modelo VW Gol Power fue discontinuado en la producción y reemplazado por el modelo VW Gol Trend, el cual se ajustaría conforme el Valor Móvil de acuerdo a su plan.
Señala que las accionadas justifican la falta de entrega en dicha circunstancia, hecho que no tiene asidero ya que, primero, contaban con plazo antes de la entrada en vigencia de la nueva reglamentación para entregar el vehículo contratado y, segundo, aún entrada en vigencia la nueva reglamentación, pasados más de 10 meses, tampoco hicieron entrega de la nueva unidad conforme a la reglamentación de seguridad.
Aclara que, sin perjuicio del cambio de modelo, siguió cumpliendo con el contrato de adhesión, actuando con total buena fe, mientras las contrarias siquiera intentaron dar una explicación, al menos atendible. Asevera que lo expuesto justifica el reclamo en sede judicial con el objeto de lograr la entrega inmediata, total y definitiva, de un rodado VW Gol Power Base 0km, o uno equivalente, debiendo indemnizarse además los daños y perjuicios ocasionados.
Con fundamento en la pretensión de cumplimiento contractual, solicita la entrega total y definitiva de un vehículo VW Gol Power 1.6 Base 0km y/o similar, patentado a su nombre.
Por otra parte, con base de la pretensión resarcitoria, reclama el resarcimiento de los rubros indemnizatorios que se detallan en el párrafo subsiguiente.
En concepto de "reintegro de los gastos", reclama las sumas desembolsadas para efectuar los traslados diarios hasta su trabajo, los calcula en la suma de $ 40 por día, multiplicando los meses que se vio privado de la unidad hasta el momento de su entrega (alegando que ello no ha ocurrido hasta la fecha), por lo cual el monto será indeterminado hasta el dictado de sentencia definitiva.
Por el rubro "daño moral", atento los padecimientos de su familia y suyos, reclama una suma no inferior a la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) y, finalmente, por "daño punitivo" requiere la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000).
Ofrece prueba, funda en derecho y solicita que se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.
2. A fs. 219 se imprime el trámite sumario a las presentes actuaciones y se ordena correr traslado a la parte demandada por el plazo de ley. 3) A fs. 228/248 el Dr. Alfredo Fernando Jozami en carácter de apoderado de "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados", contesta la demanda promovida en contra de su mandante, solicitando su rechazo, con costas.
Preliminarmente, alude a la actividad desarrollada por su mandante y explica el funcionamiento del sistema de ahorro previo para fines determinados.
En tal contexto, distingue entre "Volkswagen Argentina S.A." (que denomina "la fábrica" y/o "la concedente"); de "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" (que llama "la sociedad de ahorro" y/o "la administradora") y "Burg S.A. y/o Burgwagen", que denomina "la concesionaria".
Afirma que el accionante suscribió con Burg S.A. una solicitud de adhesión mediante la cual solicitó ser incluido como adherente en un plan de ahorro pagadero en 84 cuotas, siendo el objeto del contrato una unidad Volkswagen Gol Power.
Expresa que la solicitud fue aprobada el día 11/11/13 (tal como lo había señalado la parte actora). Subraya que esa versión del automóvil (Gol Power) dejó de ser fabricada por Volkswagen Argentina S.A. en febrero de 2014.
Comenta que su mandante debió reemplazar la versión original del plan por otra nueva (Gol Trend), lo cual se notificó a los suscriptores por diversos medios como publicaciones en diarios y página web de su representada, cartas a los suscriptores y notas a la I.G.J..
Destaca que al Sr. Llanos se le notificó del cese de fabricación del modelo Gol Power, por carta documento notificada el día 07/07/2014. Señala que su mandante actuó conforme al art. 12 de las condiciones generales del contrato que la vincula con el actor. Remarca que la única función de su representada es administrar los planes de ahorro y no fabricar o importar los vehículos marca Volkswagen.
Asevera que la empresa responsable por la fabricación y/o importación de los vehículos es otra sociedad totalmente independiente y ajena a su poderdante que se denomina Volkswagen Argentina S.A.. Afirma que cualquier vicisitud en la entrega no puede imputarse a su mandante, pues ella no maneja la fabricación y/o importación ni menos el stock de los concesionarios.
Resalta que habiéndose modificado la versión del modelo objeto del contrato por un Gol Trend, el vehículo fue efectivamente entregado al actor el día 13/02/2015, como se desprende de la constancia de entrega de la unidad, adjuntada en copia simple, por lo cual considera que la pretensión principal del actor es improcedente y debe ser rechazada.
Señala que la unidad entregada fue un Gol Trend, Chasis 9BWAB45U7FP548519, siendo retirada por el actor en la concesionaria codemandada, prestando absoluta conformidad de haberla recibido, razón por la cual no se comprende cual es o podría haber sido el reclamo del Sr. Llanos.
Explica que con el certificado de adjudicación, el actor pudo haber concurrido a un concesionario distinto a Burgwagen S.A., si esta no lo tenía en stock, y concluye señalando que la situación que denuncia el actor es ajena a su mandante. Cita el artículo 7mo. de la Solicitud de Ahorro en apoyo de su postura.
Resalta que la demora en la entrega del rodado constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, atribuible exclusivamente al fabricante y/o concesionario, lo cual no podría originar responsabilidad de su poderdante.
Expone que la única tarea de su mandante era cumplir con la administración del Plan y, en su caso, participar en la entrega de la unidad objeto del plan con la necesaria intervención de la concesionaria. Critica la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados. En particular, en lo que atañe al reclamo de "reintegro de gastos2, señala que "si VS hiciera lugar al presente rubro, implicaría una doble indemnización por el mismo concepto, toda vez que las partes han acordado que en caso de demora en la entrega se procederá conforme a lo estipulado en el artículo 7 del contrato de adhesión" (textual fs. 237).
Ofrece prueba, funda en derecho y solicita que se rechace la demanda, con costas.
4. A fs. 282/ 295 la Dra. Silvina Lo Cirio, como apoderada de Burg S.A. y con el patrocinio letrado del Dr. Lisandro Nahuel Ramos Mauriño, contesta la demanda promovida en contra de su mandante, solicitando su rechazo, con costas.
Señala que Burg S.A. es concesionario oficial de la marca Volkswagen S.A. en esta ciudad de Mar del Plata.
Expresa que los concesionarios oficiales se limitan a recibir las solicitudes de adhesión a Planes de Ahorro y mandarlas a la sociedad administradora y, finalmente, proceden a entregar los bienes adjudicados en nombre y representación de la mencionada sociedad.
Afirma que en el caso de autos, el Sr. Llanos suscribió por medio del concesionario oficial Burg S.A. un plan de ahorro identificado como Grupo 9907, Orden 141.
Indica que la solicitud hacía referencia a una unidad marca Volkswagen modelo Gol Power 1.6, 3 puertas 0 km. Agrega que, tratándose de un plan de ahorro, la vinculación contractual se realiza de forma directa con la sociedad administradora del plan de ahorro (VW S.A. de Ahorro para Fines Determinados).
Expone que el Sr. Llanos peca de exceso y defecto al accionar contra su mandante, por falta o demora en la entrega de la unidad, atento que la demanda debe ser promovida contra quien tiene a su cargo la obligación de entrega de la unidad en legal tiempo y forma.
Remarca que la falta en la entrega de la unidad adquirida por el accionante a la sociedad administradora es total y absolutamente ajena a su poderdante, pues es la sociedad de ahorro quien debe proveer a los concesionarios las unidades suscriptas, a fin que estos efectivicen la entrega a los adquirentes o suscriptores.
Subraya que si Burg S.A. no recibe de la sociedad de ahorro la unidad, es imposible que la ponga a disposición del cliente y si existió cualquier tipo de demora tampoco es imputable a su mandante en virtud de lo dispuesto en el art. 7 de las Condiciones Generales.
Puntualiza que la unidad fue sustituida por el fabricante por el modelo Gol Trend y comenta que ese fue el vehículo finalmente entregado al actor, de plena conformidad.
Asegura que el comportamiento de su mandante ha sido en todo momento acorde a lo estipulado en el contrato de adhesión, en las normas de la I.G.J. que regula el sistema de ahorro previo, al anexo del plan que suscribió el denunciante y a lo que habitualmente se realiza en este tipo de operatoria.
Recuerda que quien vendió el automóvil fue Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y por ello la imputación de responsabilidad solidaria con base en la ley 24.240 resulta inaplicable en el caso de autos. Reitera que la entrega no depende de su poderdante y subraya que fue Volkswagen S.A. quien decidió unilateralmente discontinuar la fabricación de la unidad contratada por el accionante para sustituirla por una distinta.
Replica la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados, ofrece prueba, funda en derecho y solicita que, oportunamente, se dicte sentencia rechazando la acción, con costas al actor.
5. A fs. 310 se abre la causa a prueba en atención a la existencia de hechos materia de comprobación. Los medios probatorios fueron proveídos a fs. 311/312.
6. Con fecha 16 de junio de 2020 se dicta sentencia conforme los alcances que se detallan en el punto subsiguiente.
II. La sentencia recurrida.
Con fecha 16 de junio de 2020 el Sr. Juez de primera instancia resuelve: "1) Hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual promovida por Maximiliano Jorge Llanos con el patrocinio letrado de la Dra. Carolina Noemí Cipolla -con el patrocinio letrado del Dr. Esteban Espinal a partir de fs. 307- contra "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" y "Burg S.A." y condenando solidariamente a las sociedades demandadas a abonar al actor en el plazo de diez días de quedar ejecutoriada la presente, la suma de Cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta pesos ($ 445.960), con más intereses y costas del juicio (art. 68 del C.P.C.). Difiriendo para la etapa de ejecución de sentencia la fijación del monto indemnizatorio en concepto de multa, encomendándose la tarea al perito contador Roberto Oscar Arango, bajo las pautas señaladas en el punto 4.a) del capítulo 4to. de esta sentencia (arts. 34, 165, 384 y ccds. del C.P.C.). 2) Los intereses moratorios sobre el capital de condena serán liquidados desde la fecha y en la forma explicitada en el capítulo 6to. de la presente sentencia y hasta el día de su efectivo pago, aplicando la tasa de interés puro referida en citado capítulo 7mo. (6% anual). De no cumplirse voluntariamente la condena, haciendo necesaria su ejecución coactiva, desde la fecha de vencimiento del plazo de condena, se aplicará sobre el capital la tasa de interés pasiva más alta del Banco oficial.
3. La regulación de honorarios profesionales se difiere para el momento de aprobarse la liquidación" (textual).
Por razones de economía procesal, en atención a lo que será materia de agravio, comenzaré por transcribir el fundamento dado por el magistrado para decidir la responsabilidad solidaria de los accionados frente al reclamo indemnizatorio.
Seguidamente, expondré las motivaciones jurídicas brindadas para decidir la procedencia y justipreciar los rubros indemnizatorios que fueron objeto de reclamo. Por último, expondré los fundamentos que dio el magistrado de grado para hacer efectiva la multa contractual prevista para el supuesto de demora en la entrega de la unidad.
En tal inteligencia, cabe señalar que el Juez de la instancia de origen fundamenta la responsabilidad solidaria de ambas empresas demandadas señalando que: "el art. 40 de la ley 24.240 (vigente al momento que ocurrieron los hechos por imperio de la ley 26.361) establece que "si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio (...) La responsabilidad es solidaria sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan ..." (textual).
Subraya que: "más allá de la enumeración legal que es simplemente enunciativa, debe interpretarse que la ley 24.240 (art. 40) quiere responsabilizar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, y no sólo a quien lo provee en forma directa. Por lo tanto, en cuanto a la responsabilidad por daños pretendida, ni Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados puede escudarse en que su rol se limita a ser administradora del circulo de ahorro, resultando extraña al fabricante o concedente, ni la codemandada Burg S.A. en la inexistencia de vínculo contractual directo" (textual).
A mayor abundamiento, y para reforzar la decisión que responsabiliza solidariamente a los demandados frente al Sr. Jorge Llanos, concluye señalando que: "tanto la administradora del plan como la fabricante posean idéntico domicilio (Avda. de las Industrias Nro. 3101 de Gral. Pachec, fs. 18, 20, 22, 23 -entre otras- y 380), lo que da la pauta que, al menos, ambas sociedades forman parte de un mismo grupo económico" (textual).
Paralelamente, en lo que concierne a la justipreciación de los rubros indemnizatorios, el juez de primera instancia decide lo siguiente: a) Reintegro de gastos: señala el juez a quo que: "no puede soslayarse que el accionante no ha acreditado a que trabajo se dedica, pues la documentación que podría respaldarlo ha sido adjuntada en copia simple, negada en su autenticidad y no se ha ofrecido prueba idónea a tal fin" (textual).
Aclara que: "No obstante lo anterior, a fin de cuantificar esta parcela debe tomarse en consideración que el domicilio real del actor no se encuentra alejado de los centros administrativos de la ciudad (calle Dorrego nro. 2709 de esta ciudad, fs. 3 vta. y 10, entre otras). También debe ponderarse que el accionante además de taxis o remises pudo movilizarse en colectivo o caminando, que deben descontarse los gastos denominados "dinámicos" que se evitaron mientras no tuvo el vehículo en su poder (combustible, etc.) y que al menos en algunas ocasiones seguramente no ha tenido que movilizarse ni acudir a medios alternativos de transporte" (textual).
Concluye señalando que: "atendiendo a la doctrina de la S.C.B.A. de cuantificar el daño en el momento más cercano al efectivo pago (autos "P., M. G. y otros..." citados), tomando como pauta un gasto diario de $ 120 - con las variables apuntadas- multiplicado por los 383 días en que Llanos se vio privado del rodado (excluido el día de la entrega), el rubro prospera por la suma de $ 45.960 (arts. 165 y 384 del CPC.)" (textual).
b) Daño moral: considera el sentenciante que: "Las mortificaciones denunciadas por la parte actora, aparecen justificadas ante la conducta desaprensiva de las accionadas y su falta de voluntad en resolver las vicisitudes que se generaron durante la ejecución del contrato, que se tradujeron para Llanos en 383 días sin poder contar con el vehículo adjudicado. En consecuencia a juicio de la suscripta el rubro se admite por el importe de $ 150.000 (autos "P., M. G. y otros..." y arts. 165 y 384 citados del C.P.C.)" (textual).
c) Daño punitivo: puntualiza el Juez de grado que: "las empresas incumplieron palmariamente con el deber de información y su actuar desidioso se tradujo en un destrato hacia el accionante, impropio de firmas reconocidas en el mercado en las cuales Llanos había depositado su confianza, como la propia sociedad de ahorro publicita a fs. 100" (textual). Destaca que: "más allá del reconocimiento sobre el eventual pago de la multa por parte del apoderado de Volkswagen, la postura asumida en este proceso volvió a poner de manifiesto el desinterés de las accionadas por encontrar la forma de reparar el menoscabo padecido por Llanos (...) Resulta fácil advertir, además, que si se tomara como referencia el valor del bien tipo al vencimiento del plazo de entrega para el cálculo de la penalidad (art. 7mo.), el monto de la multa quedaría virtualmente licuado. Ello habla a las claras no sólo del exclusivo criterio economicista que orientó el accionar de las demandadas, sino también del menosprecio por los derechos de la parte actora (art. 8 bis de la ley 24.240)" (textual).
Agrega que: "La conducta de las firmas accionadas no mejoró a posteriori: es que si un cambio de conducta pareció demostrar "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" en la audiencias del 11/06/14 celebrada en la Dirección General de Defensa del Consumidor, lo cierto es que, desde esa fecha, transcurrieron más de 7 meses y medio hasta que se entregó el automóvil al accionante, a pesar de la "prioridad" prometida al caso y amén de la urgencia demostrada por la restante accionada por quedar desvinculada de la cuestión, soslayando la normativa de defensa del consumidor (fs. 470)" (textual).
Sentado lo anterior, señala que: "las demandadas han incumplido normas legales y contractuales en detrimento de la buena fe que debía presidir su actuación, con palmario desdén por los derechos del accionante como consumidor (...) Así las cosas, tomando en consideración que se trataba de la compra de un 0 km, del evidente esfuerzo del actor en su adquisición, la marcada indiferencia de las accionadas por la situación de su cliente y la obstinación en incumplir sus obligaciones, a fin de disuadir una conducta que no parece inviable que se replique (basta repasar las constancias de la M.E.V.), se fija la indemnización punitiva en la suma de $250.000 a favor de la parte actora" (textual).
Por último, en lo que respecta a la aplicación de la multa contractual prevista para el supuesto de demora en la entrega de la unidad, el magistrado de la instancia de origen expresa: "Cumplida la entrega tardía de la unidad, debe hacerse efectiva la multa prevista en el artículo 7mo. de la Solicitud de Ahorro (fs. 11 vta.). Sin embargo, a criterio de la suscripta corresponde diferir para la etapa de ejecución de sentencia la fijación del monto indemnizatorio por dicho concepto, tarea que deberá practicar el perito contador Roberto Oscar Arango (arts. 34, 165, 384 y ccds. del CPC)" (textual).
Subraya que: "atento el tiempo transcurrido en desmedro de los derechos del accionante y de su reparación integral, los intereses contemplados en la citada cláusula se aplicarán sobre el valor del bien tipo vigente a la fecha de la ejecución de la presente sentencia, por el término transcurrido desde la fecha en que hubiera correspondido la entrega (25/01/14) hasta el de su efectivización, con exclusión del día de la entrega efectiva, es decir hasta el 12/02/15 inclusive (383 días)" (textual). Concluye señalando que: "la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires establece que "los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, CPCC, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado” (SCBA., autos "P., M. G. y otros c/ Cardozo, Martiniano Bernardino y otros s/ Daños y Perjuicios" (expte. nro. 26.050) y sus acumuladas "Almirón, Javier Francisco contra Siderar S.A. Industrial y Comercial. Daños y Perjuicios" (expte. nro. 27.410) y "Carulli, Horacio Jorge contra P., M. G. y otros. Daños y Perjuicios" (expte. nro. 28.898), causa nro. 117.926, S del 11/02/2015, entre otras)" (textual).
III. El recurso de apelación interpuesto por Volkswagen S.A.
de Ahorro Para Fines Determinados.
Mediante presentación electrónica de fecha 17 de junio de 2020 el Dr. Alfredo Fernando Jozami - como letrado apoderado de Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados - interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia y lo funda mediante la presentación electrónica de fecha 3 de noviembre de 2020, con argumentos que merecieron respuesta de la parte actora, a través de la presentación electrónica de fecha 10 de noviembre de 2020.
En su primer agravio, critica la resolución de la Sra. Juez de primera instancia por cuanto decide la condena y responsabilidad solidaria de su mandante en virtud de lo establecido en el art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Afirma que: "la invocación del art. 40 de la ley 24.240 es absolutamente improcedente en el caso de marras, pues dicho artículo alude a la responsabilidad solidaria de todos aquellos que integran la cadena de comercialización en los casos en los que haya operado un daño por vicio o riesgo de la cosa y/o en la prestación de un servicio" (textual). Expresa que: "Resulta a todas luces evidente que en ninguno de estos dos supuestos encuadra la situación configurada en autos (...) En efecto, el hecho que dio lugar al reclamo claramente no encuadra en los supuestos de garantía legal, ni tampoco de vicio o riesgo de la cosa. Asimismo, con respecto a los servicios, mi representada no presta servicio alguno" (textual).
Señala que: "los términos contractuales no han sido correctamente analizados por el A Quo, toda vez que de los mismos se desprende inobjetablemente que las unidades son entregadas del stock propio de las concesionarias (que éstas adquieren a Volkswagen Argentina S.A.) y que mi representada no presenta intervención alguna en relación a la efectivización de la entrega de unidades por parte de éstas" (textual). Resalta que: "no responde a un mero capricho de esta parte, sino que el objeto de mi mandante y por el cual se encuentra expresamente autorizado por la Inspección General de Justicia para girar en plaza, consiste en administrar fondos de terceros, quienes mediante el sistema de ahorro mutual, pretenden la obtención de vehículos, siendo estos finalmente entregados por el concesionario de su stock, una vez cumplidos los requisitos contractuales" (textual).
En su segundo agravio, cuestiona -por un lado- que se haya juzgado la procedencia de los rubros indemnizatorios ya que: "habiendo sido pactada una cláusula penal en el contrato no corresponde, conforme el texto de los arts. 793 y 794 del CCyCN, la procedencia de rubros indemnizatorios por daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento (en el caso, reitero no ha ocurrido)" (textual).
Agrega que: "para el supuesto de incumplimiento, las partes del contrato previeron la cláusula penal citada ut supra. En este sentido, sabido es que la cláusula penal es indemnizatoria, cualidad que prevalece en la actualidad, dado que mediante la cláusula penal las partes dejan fijada de antemano la indemnización que corresponderá en caso de incumplimiento, evitándose entonces tanto la carga de la prueba de la existencia del daño y de su monto, como el discrecionalismo judicial sobre tal cuestión. Es así, un sustituto de la indemnización que correspondiera ante un eventual incumplimiento" (textual).
Por otra parte, cuestiona la resolución del Sr. Juez de primera instancia por cuanto decide la aplicación de la multa contractual, disponiendo que su cálculo se efectúe sobre el valor del bien tipo vigente a la fecha de la ejecución de la sentencia.
Subraya que: "Basta con una simple lectura de lo decidido por el A Quo para advertir que al pretender aplicar la multa prevista contractualmente sobre el valor del bien al momento de la ejecución de la sentencia, no hace más que contrariar las condiciones que fueron oportunamente aceptadas – en este caso – por el Sr. Llanos (...) el art. 3 del Anexo Certificado de Adjudicación expresamente establece que se aplicará sobre el valor del Bien Tipo vigente al vencimiento del plazo de cumplimiento de la obligación a su cargo, por el término transcurrido desde la fecha en que hubiere correspondido para la toma de posesión hasta el de su efectivización…” (textual)
En su tercer agravio, critica la decisión del magistrado por cuanto hizo lugar al reclamo por reintegro de gastos.
Sostiene que: "teniendo en consideración la orfandad probatoria en la cual incurrió la parte actora respecto del rubro en análisis, debió el Sentenciante desestimar el mismo (...) Pareciera olvidar el A Quo que es quien reclama el resarcimiento a quien le incumbe la prueba en juicio de la existencia y cuantía del daño, y resulta más que evidente a simple vista que no se ha probado ningún extremo que justifique una indemnización por una supuesta privación de uso que jamás tuvo lugar" (textual).
En su cuarto agravio, cuestiona al justipreciación que el a quo efectúa respecto de los parciales "daño moral" y "daño punitivo". Afirma que: "se advierte con claridad meridiana la extralimitación en la que se incurrió, ya que ha ordenado otorgar una indemnización en concepto de daño moral y daño punitivo por un monto que supera excesivamente a lo solicitado en la demanda, lo que configura una grave violación a los principios de congruencia y dispositivo, en un claro perjuicio económico para mi mandante y un enriquecimiento sin causa a favor del actor (...) corresponderá , a todo evento y sin perjuicio de lo expuesto en relación a la falta de responsabilidad de mi mandante y a la improcedencia de los rubros en sí mismos, hacer lugar al presente agravio y eventualmente ajustar los montos y conceptos concedidos a lo estrictamente peticionado por la contraria" (textual).
En su quinto agravio, critica que el sentenciante haya juzgado procedente el reclamo por daño moral.
Argumenta que: "el análisis realizado por el A Quo al admitir el presente rubro demuestra que consideró procedente el mismo sin apoyatura en constancia o acreditación alguna que demuestre que los hechos de autos han afectado las afecciones legítimas del actor, su paz y tranquilidad, ello simplemente porque el actor no ha ofrecido prueba alguna al respecto, circunstancia que se ha omitido considerar al momento de hacer lugar al rubro cuestionado" (textual).
En su sexto agravio, cuestiona que el magistrado de grado haya juzgado procedente el reclamo por daño punitivo.
Señala que: "el juez debe buscar pautas objetivas a los fines de que la sanción punitiva que se concrete pecuniariamente se encuentre sólidamente fundada, máxime teniendo en cuenta su claro tinte sancionatorio. En la especie, conforme vimos, no se ha configurado ninguno de los elementos que hacen procedente al daño punitivo, por lo que corresponderá su rechazo sin más. Así las cosas, no encontrándose acreditados los elementos constitutivos del daño punitivo, solicito a V.E. revoque la sentencia en crisis en cuanto considera procedente el rubro en análisis" (textual).
Por último, en su séptimo embate, se agravia de la imposición de las costas.
Expresa que: "no existe conducta reprochable de mi mandante y ello debió conducir al total rechazo de la demanda en relación a la misma. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el fallo deberá ser revocado ninguna costa podría imponérsele a mi mandante" (textual).
IV. El recurso de apelación interpuesto por Burg S.A.
Mediante presentación electrónica de fecha 17 de junio de 2020 el Dr. Lisandro Nahuel Ramos Mauriño - como letrado apoderado de Burg S.A- interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia y lo funda mediante la presentación electrónica de fecha 30 de octubre de 2020 con argumentos que no merecieron respuesta de la parte contraria.
En su primer agravio, critica la decisión del magistrado por cuanto hizo lugar al reclamo por reintegro de gastos. Cuestiona también la cuantía de su procedencia.
Afirma que: "De la prueba de autos NO surge acreditado que la actora haya tenido que realizar gastos de movilidad o que haya sido víctima de perjuicio económico alguno por la supuesta privación del vehículo 0 km. No existe documental acompañada por la actora que justifique tal rubro. Del mismo modo la cuantificación del daño que por ante aquí se solicita su rechazo ha sido infundada y sin sustento fáctico alguno. La falta de explicación por el Juez de Grado respecto a la cuantificación del presente rubro obstaculiza el derecho de defensa de esta parte toda vez que se desconoce que regla o procedimiento ha utilizado para condenar a las demandadas al pago de una suma por un rubro que no ha sido acreditado" (textual).
En su segundo agravio, critica la procedencia y justipreciación del rubro indemnizatorio "daño moral".
Señala que: "No basta con invocar el daño sino que debe acreditárselo; pues dado que toda inejecución contractual provoca desilusiones, incertidumbres u otros padecimientos espirituales, para decidir si corresponde o no la indemnización por daño moral debe aplicarse un criterio restrictivo, exigiéndose la prueba concreta del daño, ya que de lo contrario se estaría ante una reparación del daño moral ante todo incumplimiento" (textual).
Expresa que: "Atento ello, quien invoca haber sufrido daño moral debe alegar y probar los hechos y circunstancias que determinan su existencia, y la prueba del daño debe ser clara y concluyente. Si no se prueba con cierta exactitud en qué medida la conducta dañosa repercutió en la victima, la indemnización reclamada en este sentido debe ser completamente desestimada" (textual)..
Agrega que: "el monto determinado por el presente rubro carece de todo fundamento fáctico y jurídico. Por otro lado la contraria tampoco acreditó de forma alguna el padecimiento de los daños que reclama. Ahora bien sin perjuicio de ello el Juez A Quo ha decidido condenar a mi mandante al pago de la no escasa suma de $150.000 con más sus respectivos intereses." (textual).
Por último, en su tercer agravio, cuestiona la procedencia y justipreciación del parcial "daño punitivo".
Subraya que: "para que proceda la aplicación de la multa civil, daño punitivo, resulta indispensable que medie algún incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales para con el consumidor, y en el caso mi mandante no ha contraído obligación de ningún tipo con el actor y menos aún ha incumplido ninguna obligación. En el caso de autos NO sea ha acreditado un obrar desaprensivo o desinteresado por parte de las demandadas" (textual).
Concluye que: "la condena por “daño punitivo” no es aplicable ante cualquier supuesto de responsabilidad por daños, sino que procede frente a casos excepcionales en los cuales se demuestre un accionar socialmente indeseable por parte del responsable. Por todo lo expuesto se deberá rechazar el presente rubro en forma íntegra respecto a mi mandante" (textual).
V. El recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
Mediante presentación electrónica de fecha 19 de junio de 2020 el Dr. Esteban Espinal - como letrado apoderado de la parte actora - interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia y lo funda mediante la presentación electrónica de fecha 30 de octubre de 2020 con argumentos que merecieron respuesta de Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados a través de la presentación electrónica de fecha 10 de noviembre de 2020.
En su primer agravio, critica la justipreciación del parcial "reintegro de gastos ".
Afirma que: "Nótese que el Sr. Llanos estuvo casi un año y medio sin automotor, esperando su entrega que no llegaba. Durante todo ese lapso debió continuar con su trabajo, sus quehaceres diarios y salidas recreativas sin contar con el vehículo que había adquirido (...) al no estar habituado a movilizarse en medios alternativos -como colectivo o taxi- los perjuicios causados, las molestias y los gastos incurridos fueron superiores a los que abonaría una persona acostumbrada a movilizarse en transporte público. Por ello, esta parte entiende que el valor diario en concepto de privación de uso del automotor a indemnizar por los demandados -considerando que no lo hicieron en su momento ni con la entrega de autos sustitutos- es de pesos mil ($1.000)" (textual).
En su segundo agravio, cuestiona que el monto otorgado por sentenciante en concepto de "daño moral."
Sostiene que: "Los padecimientos refieren tanto a la falta de entrega del vehículo como a la incertidumbre de cuándo lo entregarían, así como también, las promesas de entrega incumplidas en las diferentes etapas que esta parte debió transitar hasta que se produjo la entrega del rodado y, posteriormente, en la etapa judicial. No resulta prudente el monto establecido en función de la gravedad del hecho y los mencionados padecimientos causados" (textual).
Finalmente, critica el monto otorgado por el magistrado en concepto de daño punitivo.
Señala que: "Esta parte tiene la certeza de que, mientras no se le imponga a las empresas una sanción económica de tal magnitud que logre disuadirla del destrato al consumidor y de actuar de mala fe en forma dolosa, estos hechos seguirán existiendo porque económicamente serán más rentables para las empresas y su ecuación económica financiera que respetar los compromisos asumidos y los derechos de los consumidores" (textual).
Concluye solicitando la elevación del monto indemnizatorio habida cuenta "la gravedad que el destrato de las empresas ocasionó en este caso particular al Sr. Llanos -situación que se repite en infinidad de casos dado las características masivas de la contratación- y por las ganancias ilegítimas que a partir de este accionar las empresas obtienen de un sinfín de cocontratantes a lo largo del país" (textual).
VI. Consideración de los agravios.
Más allá del orden temporal en que fueron deducidos los recursos de apelación, por razones de orden expositivo, considero conveniente abordar -de manera conjunta- la procedencia de los agravios expresados por ambas partes.
Hecha entonces esta aclaración, ingresaré seguidamente en el estudio de los agravios.
1. La responsabilidad solidaria atribuida a "Volkswagen S.A.
de Ahorro Para Fines Determinados" frente al suscriptor del sistema de ahorro previo (art. 40 de la LDC).
Previo a ingresar en el análisis del agravio por el cual la codemandada ("Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados") cuestiona la responsabilidad solidaria que le atribuye el magistrado de la instancia de origen (con fundamento en el art. 40 de LDC), considero menester formular algunas consideraciones en torno a la naturaleza jurídica de la vinculación contractual que unió a las partes en litigio para, a partir de allí, definir el marco legal aplicable al caso y, finalmente, las consecuencias jurídicas que derivan de su aplicación al sub-examen.
a.- Los denominados "planes de ahorro previo para fines determinados" constituyen contratos atípicos y complejos mediante los cuales un sujeto, denominado suscriptor, paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas, a los fines de la adquisición de un bien (en el caso, automotor), la que tendrá lugar en el futuro, una vez que se cumplan con las condiciones de adquisición pactadas, de sorteo o de licitación (conf. Lorenzetti, Ricardo L., "Tratado de los contratos", T.I, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2004, pág. 747 y ss.; Rinessi, Antonio Juan, "Relación de consumo y derechos del consumidor", Ed. Astrea, Bs. As., 2006 pág. 393 y ss.). Esta estructura tiene como partícipes fundamentales, por un lado, a quienes componen la faz organizativa; esto es, el fabricante, el concesionario y la sociedad administradora, con distintas integraciones entre sí. Por el otro, están los suscriptores, destinados a la adquisición de los bienes, que tienen una relación individual con la organizadora, que se incorpora a una red integrada por los restantes actores (conf. Carestia, Federico S., "El contrato de Ahorro Previo para la adquisición de automóviles y la protección del consumidor", nota pub. en La ley on line, Cita Online:
AR/DOC/616/2018).
El contrato de ahorro previo es un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas o condiciones generales, de suerte que su configuración interna es establecida anticipadamente sólo por una de las partes (predisponente, profesional, proveedor, empresario, etc.), y si la otra decide contratar, debe hacerlo sobre la base de aquel contenido (conf. Brodsky, Jonathan M., "Las obligaciones contractuales y la sujeción a los términos del acuerdo en los contrato de ahorro previo", nota pub. en La Ley on line Cita Online: AR/DOC/353/2018).
b.- En esta línea, se entiende también los sistemas de ahorro previo para fines determinados constituyen un esquema de contratos conexos, que tienen como fundamento la incorporación de un grupo de suscriptores o adherentes con la finalidad de adquirir determinados bienes o servicios mediante la intervención de la sociedad de ahorro y préstamo, en su calidad de administradora de los fondos. Vale decir, se trata de un sistema de contratos que tienen su propia tipicidad, causa y objeto, pero en los cuáles existe una operación económica superior que les da un sentido único (argto. 1073 del CCCN, conf. Ricardo Luis Lorenzetti, "Tratado de los Contratos", Parte general, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2018, pág. 584). El enfoque jurídico no se sustenta en el contrato sino en la interacción de un grupo de ellos que actúan en forma relacionada, de modo que el contrato es un mero instrumento para la realización de negocios. Esta constatación permite establecer que existe una finalidad económica común (supracontractual) que da nacimiento y funcionamiento a una red contractual (argto. 1073 del CCCN, conf. doctrina citada).
Dado que el negocio excede al contrato, pues se hace con varios de ellos, es posible vincularlos en sus consecuencias jurídicas, consagrándose así una excepción al efecto relativo de los contratos. Efectivamente, la relevancia principal de la conexidad frente a los terceros es que, si bien los contratos mantienen su individualidad, los efectos de uno pueden ser oponibles a los otros en virtud de esa "razón económica" - unitaria y compleja- que justificó la existencia de una "red contractual" o "contratos conexos" (argto. 1021, 1022, 1073 del CCCN, conf. Ricardo Luis Lorenzetti, Ob. cit., pág. 591.).
c.- Del mismo modo, el contrato de ahorro previo es también, típicamente, un contrato de consumo, conforme las pautas que surgen de la ley 24.240 y del art. 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación. Así, los suscriptores del plan de ahorro previo, que buscan adquirir un bien (aquí, un vehículo 0 km) como "destinatarios finales", encuadran dentro del art. 1º de la LDC y, en consecuencia, están tutelados por la LDC (conf. Junyent Bas, Francisco, "Ejes del sistema de capitalización y ahorro previo para fines determinados. La tutela del consumidor en la compraventa de automóviles", nota pub. en La Ley on line, Cita Online: AR/DOC/1044/2019). Por su parte, el fabricante, la empresa administradora y/o la concesionaria cumplen con los requisitos previstos en el art. 2º de la LDC, en cuanto se trata de personas jurídicas, de naturaleza privada, que desarrollan de manera profesional actividades de producción, montaje, creación, importación, concesión, marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores.
En otras palabras, los suscriptores al Plan de Ahorro previo son consumidores en los términos del art. 1º de la ley 24.240, pues el objeto del negocio es la adquisición de bienes nuevos a título oneroso, y siempre que su utilización sea con carácter de destino final, mientras que la administradora, la concesionaria intermediaria y la empresa fabricante quedan articuladas en la cadena de comercialización propia de este tipo de negocios y, por ende, sometidas a la ley referenciada (argto. arts. 1, 3, 65 y conds. de LDC; art. 1092 del C.C.C.N.; conf. doctrina citada Jurisp. esta Cámara, sala II, causa N°161562, sent. del 01/12/2016).
Por todo ello, en los denominados "planes de ahorro previo para fines determinados" se tipifica una relación de consumo y , por lo tanto, resultará de aplicación el Estatuto del Consumidor.
d.- Más concretamente, en lo que concierne a la responsabilidad por daños, establece el art. 40 de la Ley N°24.240 establece que: "Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena" (textual).
Es uniforme la doctrina y jurisprudencia en sostener que dentro del régimen de consumo se protege al dañado a través de un sistema de responsabilidad objetiva, donde el factor de atribución reside en el riesgo creado, la obligación de garantía, el deber de seguridad e, inclusive, el riesgo empresario (argto. arts. 5, 40, 65 y conds. de LDC; conf. Javier H. Wajntraub, "Régimen jurídico del consumidor", Ed. Rubinzal- Culzoni, 2017, pág. 246 y ss; Carlos E. Tambussi, "Ley de Defensa del Consumidor, comentada y anotada", Ed. Hammurabi, 2017, pág 274 y ss.; Juan M. Farina, "Defensa del consumidor y del usuario", Ed. Astrea, 2008, pág. 470 y ss.; Ricardo Luis Lorenzetti, "Consumidores", Ed. Rubinzal Culzoni, 2003, pág. 434; Jurisp. esta Sala, causa N°160.466, RSD-7-17 sent. del 1-02-2017; Cám.Nac.Com., sala B, "Salem Carlos Isaac c. Guillermo Dietrich S.A y otro s/ ordinario", sent. del 6-11-2015, SCBA, C. 117.760, sent. del 1-04-15).
De este modo, ninguno de los integrantes de la cadena de comercialización puede liberarse invocando el hecho de otro u otros, dado que entre ellos no revisten el carácter de tercero por el cual alguno no deba responder. La eximente prevista en la norma referenciada sólo actúa cuando se trate de alguien ajeno a la cadena de comercialización, pues en modo alguno es posible sustentar la exoneración por el obrar de quien participa en ella (conf. Picasso –Vázquez Ferreyra, “Ley de defensa del consumidor”, tº 1, pág. 517, La Ley, Bs. As., 2009; Bueres, Alberto J. – Sebastián Picasso, “La responsabilidad por daños y la protección del consumidor”, publ. Rev. Der. Privado y Comunitario tº 2009-1:
“Consumidores”, pág. 41, Rubinzal -Culzoni).
Así, el consumidor puede demandar a todos los intervinientes en la cadena de valor sin que éstos puedan excusarse u oponerle la defensa de falta de legitimación. Todo lo relativo a la determinación del directo causante del daño es completamente ajeno al consumidor y lo deberán solucionar los responsables a través de las acciones de regreso. De allí que también se llame concurrente a este sistema de responsabilidad (conf. Carlos E. Tambussi, Ob. cit., pág. 276; Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, pág. 347, ed. Astrea, Bs. As., 1995). e.- Trasladando todos estos principios al caso bajo examen no comparto la apreciación de la recurrente ( Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados) en cuanto considera absolutamente improcedente que, con fundamento en el art. 40 de la Ley 24.240, se extienda la responsabilidad a la sociedad administradora del sistema de ahorro previo (en forma solidaria con la concesionaria Burg S.A) frente al adherente o suscriptor (Sr. Llanos)
A diferencia de la opinión vertida por el apelante y del alcance pretendido en el recurso, interpreto que Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, al reconocer que se desempeñó como sociedad administradora del Plan de Ahorro previo suscripto por el Sr. Maximiliano Jorge Llanos, queda comprendida dentro de la cadena de comercialización y -en consecuencia- resulta solidariamente responsable frente al consumidor (Sr. Maximiliano Llanos) por los daños y perjuicios sufridos a causa de la falta de entrega de la unidad en legal tiempo y forma (argto. arts. 1, 3, 5, 40, 65 y conds. de LDC; conf. doctrina y jurisprudencia citada).
No sólo se impone el fundamento de la atribución objetiva basado en el deber de garantía (por cierto, asumido expresamente en el artículo 7 de la Solicitud de Adhesión al Plan de Ahorro, conf. fs. 11) sino también -a mi entender - en el "riesgo de la empresa" toda vez que, frente a los beneficios originados en su actividad empresarial, se genera la contrapartida de su responsabilidad por las contingencias que su iniciativa importa (en el caso, por la discontinuidad en la producción de la unidad que originariamente fue objeto del contrato), como contrapeso de los beneficios económicos que recibe (argto. art. 40 de la LDC; conf. Carlos E. Tambussi, Ob. cit., pág. 276).
Por otra parte, cabe subrayar que la pretendida desvinculación total entre la administradora (Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados) y la concesionaria (Burg S.A) desconoce el fenómeno de conexidad contractual ya que es innegable la "razón económica" -unitaria y supracontractual- que no se agota ni puede ser cumplido a través de un vinculo negocial singular, sino que lo trasciende, involucrando una red de contratos que une a los integrantes de la cadena de comercialización (argto. 1073 del CCCN, conf. Raschetti, Franco, "Contrato de ahorro previo: legitimación, prácticas abusivas y restitución de fondos", RDCO 289-420; AR/DOC/2982/2018; Ricardo Luis Lorenzetti, "Tratado de los Contratos", Parte general, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2018, pág. 584; ).
De hecho, tal como lo afirmó el magistrado de grado, tanto la sociedad administradora del plan de ahorro como la fabricante de la unidad posean idéntico domicilio (Avda. de las Industrias Nro. 3101 de Gral. Pachec, fs. 18, 20, 22, 23 -entre otras- y 380) lo que da un indicio de que ambas empresas forman parte de un mismo grupo económico (argto. 1073 del CCCN, conf. doctrina citada).
Pero, insisto, lo que esencialmente genera la responsabilidad solidaria es la innegable "conexidad" entre el contrato celebrado por la sociedad de ahorro y el actor y el celebrado por la concesionaria con ese mismo cliente, ya que esta última se ha desempeñado como prestadora de un servicio: exhibir los vehículos, proveer la información de sistemas de pagos y contactar los clientes con la sociedad de ahorro que administraba el régimen de cobro y adjudicación de rodados a cada uno de los integrantes del grupo.
De esta forma, la red contractual permite superar el clásico principio de la relatividad de los contratos prevista en los arts. 959, 1021 y conds. del Cód. Civ. y Com. y extender la responsabilidad en forma solidaria tanto al administrador del plan de ahorro como a la concesionaria, es decir, a todos los que han intervenido en la cadena de comercialización, tal como lo hace el art. 40 de la ley 24.240 (argto. arts. 1074, 1075 y concds. del CCCN; conf. conf. Junyent Bas, Francisco, nota citada).
Sellada así la suerte adversa del agravio formulado por Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, en el sentido de confirmar la decisión del magistrado de la instancia de origen en cuanto le atribuye responsabilidad solidaria frente al Sr. Maximiliano Llanos por los daños causados a raíz de la falta de entrega tempestiva de la unidad, avanzaré con el estudio de los restantes embates.
Dicho análisis se efectuará en puntos subsiguientes.
2. La cláusula penal estipulada para el supuesto de incumplimiento de la obligación de entrega del vehículo dentro del plazo acordado.
En la parte final del artículo 7 de la Solicitud de Adhesión al Plan de Ahorro Previo se estipuló lo siguiente: "En el caso que la Sociedad Administradora no cumpliera con la entrega del bien en los plazos estipulados en las Condiciones Generales, sin perjuicio de eximirse de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor del fabricante o Importador, o de la Sociedad Administradora que se fundamenten ante la Inspección General de Justicia, abonará el importe que surja de los intereses no capitalizables surgidos de la tasa activa del banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales, los cuáles se aplicarán sobre el valor del bien tipo vigente al vencimiento del plazo de entrega ...." (textual fs. 11 vta., el resaltado y subrayado me pertenece). Expuesto así el contenido de la cláusula penal acordada en el contrato que da base a la pretensión resarcitoria, considero oportuno recordar que "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" formula su segundo agravio con fundamento en los siguientes pilares argumentales: i) frente a la existencia de una cláusula penal, el suscriptor no tiene derecho a otra indemnización distinta de la pena o multa estipulada, de allí la improcedencia de los rubros indemnización reclamados, ii) la liquidación del monto final de la multa debe realizarse de acuerdo a lo expresamente pactado, es decir, sobre el valor del vehículo vigente al vencimiento del plazo de entrega.
Sobre el particular, corresponde tener presente las consideraciones que se detallan a continuación:
i.- En primer lugar, cabe subrayar el planteo que la codemandada realiza con base en la función indemnizatoria de la clausula penal fue canalizado en primera instancia con el objeto de cuestionar -únicamente- la procedencia del parcial "reintegro de gastos", sin incluir dentro de ese argumento defensivo a los restantes parciales resarcitorios (conf. fs. 237; argto. arts. 34 inc. 4to, 163 inc. 6to, 266, 272 y conds. del CPC). Desde esta perspectiva, entiendo que el embate del recurrente (por el que procura la inadmisibilidad de los restantes parciales indemnizatorios) supone la introducción de una cuestión que, en tanto no fue sometida a la decisión del magistrado de la instancia de origen, queda al margen de la función revisora de esta Alzada e impiden a este tribunal emitir un pronunciamiento al respecto (argto. arts. 34 inc. 4to, 163 inc. 6to, 266, 272 y conds. del CPC; conf. Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos ordinarios", Librería Editora Platense, 2004, pág. 420/424; Jurisp. SCBA, C. 115.243, "Stabille", sent. de 11-3-2013; C. 117807; "B. ,M. V", Sent. de 1-4-2015, entre otros; CSJN "Fallos": 298:642; 306:447, 843). La conclusión precedente no impide que se aborde la procedencia de la crítica de los demandados con relación al único rubro que fue materia de cuestionamiento en primera instancia. Me refiero al parcial "reintegro de gastos" que el accionante reclamó alegando el desembolso de sumas para servirse de medios alternativos de transporte frente a la falta de entrega de la unidad.
Sobre el particular, coincido con el apelante en cuanto sostiene que -a fin de evitar una doble indemnización de un mismo rubro- corresponde dar plena virtualidad jurídica a la cláusula penal pactada en el artículo 7 de la Solicitud de Adhesión al Plan de Ahorro Previo.
Efectivamente, teniendo en cuenta los términos en que luce redactada la cláusula penal pactada en la cláusula séptima -e interpretando su contenido según el principio de buena fe, de acuerdo a lo que verosímilmente los involucrados entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión- debe colegirse que la multa contractual fue contemplada precisamente con el objeto de resarcir al suscriptor los perjuicios que alega haber sufrido el actor con motivo de la falta de entrega de la unidad, en legal tiempo y forma. Me refiero al resarcimiento de los gastos de movilidad y traslado que, naturalmente, debió afrontar para compensar la ausencia del rodado que fue objeto del contrato (argto. arts. 790, 793, 959, 961 y conds. del CCCN, conf. Eduardo Gabriel Clusellas, "Código Civil y Comercial", T.III, Ed. Astrea, 2015, pág. 346 y ss.). En esta inteligencia, y teniendo en consideración los fundamentos precedentemente expuestos, considero que -en este aspecto- debe acogerse el agravio formulado "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" y "Burg S.A", modificándose -en consecuencia- el pronunciamiento de primera instancia, en el sentido de dejar sin efecto la indemnización que el Sr. juez de grado otorgó en concepto de "reintegro de gastos".
Ello así por cuanto el acogimiento de ese parcial implica una doble indemnización por un mismo concepto y, por ende, un enriquecimiento indebido por parte del Sr. Maximiliano Llanos; desde que todas aquellas erogaciones que dice haber realizado por movilidad y traslado deben entenderse resarcidas con el pago de la multa contractual estipulada en el artículo 7 de la Solicitud de adhesión al Plan de Ahorro, cuya base de liquidación será analizada seguidamente (argto. arts. 790, 793, 1794 y conds. del CCCN).
ii.- El codemandado cuestiona también la modalidad dispuesta por el sentenciante para la liquidación del monto de la cláusula penal que debe soportar con motivo de la falta de entrega del rodado dentro del plazo acordado. Puntualmente, pretende que se respete strictu sensu el texto de la disposición contractual, en cuanto prevé que se tomará como base para el cálculo "el valor del bien vigente al momento de la entrega".
La crítica resulta inadmisible y explicaré, en párrafos subsiguientes, las razones que dan sustento a la solución que propicio. Como se dijo, el contrato de ahorro previo es un contrato de consumo, conforme las pautas que surgen de la ley 24.240 y de los arts. 1092 a 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Desde esta perspectiva, el suscriptor o adherente (en el caso, el Sr. Llanos) resulta beneficiario de todos los derechos y garantías previstos en el sistema de protección instituido en ambos cuerpos legales (C.C.C.N. y L.D.C.), entre ellos, el criterio de interpretación contractual -en caso de duda- a favor del consumidor, el deber de información y, especialmente, el control judicial de sus cláusulas y la posibilidad de que se declararen abusivas, aún cuando hayan sido negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor (argto. arts. 1, 3, 37 y conds. de LDC; arts. 1117, 1118, 1119, 1120 y conds. del CCCN, conf. Barreiro, Rafael F., "Prácticas abusivas en el Sistema de Ahorro previo para la adquisición de automotores" pub. en La Ley on line, AR/DOC/1480/2019). Más concretamente, en lo que respecta a este último aspecto, el Cód.Civ.Com. de la Nac. dispone en el art. 1119, segunda parte, que: "es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor" (textual, el resaltado me pertenece). Por otra parte, el art. 37 de la Ley 24.240 establece que: "Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor" (textual, el resaltado me pertenece).
Partiendo de este plexo normativo y confrontándolo con el texto expreso de la cláusula penal bajo estudio, considero que debe declararse abusiva -y por ende, no convenida- la parte final de la mentada disposición contractual en cuanto prevé que los intereses que deberá pagar la parte demandada -por la demora en él cumplimiento de su obligación- se aplicarán sobre el valor del vehículo vigente a la fecha de la entrega del bien en los plazos estipulados en las condiciones generales (es decir, en el mes de Enero de 2014).
Efectivamente, entiendo que en el contexto de una economía altamente inflacionaria como la que caracteriza a nuestro país (lo cual es de público y notorio conocimiento) los términos y alcances de la manda contractual bajo examen se traducen en una restricción de los derechos del consumidor, provocando un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio de la parte débil del contrato (argto. art. 37 de la LDC).
Es evidente que, con la notoria depreciación que sufrió la unidad desde el año 2014 hasta la actualidad- la base para liquidar el monto de la cláusula penal resultará sustancialmente menor, de modo tal que a la parte fuerte del contrato (en el caso, la sociedad administradora y la concesionaria) le será siempre más redituable y conveniente el camino del litigio judicial (en especial, su extensión en el tiempo) para ver significativamente reducida la multa contractual que pesa en cabeza suya, lo cual deviene abusivo y, por ende, ineficaz (argto. arts. 1, 3, 37, 65 y conds. de LDC; arts. 1117, 1118, 1119, 1120 y conds. del CCCN).
Frente a esta realidad (es decir, teniendo por no convenida la parte final de la cláusula penal bajo examen) surge la necesidad de efectuar una integración e interpretación contractual que se ajuste a los principios de buena fe y equidad (in dubio pro consumidor). Comparto, al respecto, la solución que brinda el magistrado de la instancia de origen en cuanto dispone que, atento el tiempo transcurrido en desmedro de los derechos del accionante y el principio de reparación integral, los intereses contemplados en la citada cláusula deberán aplicarse sobre el valor del bien tipo vigente a la fecha de la ejecución de la sentencia (argto. arts. 1, 3, 37, 65 y conds. de L.D.C.; arts. 1117, 1118, 1119, 1120 y conds. del C.C.C.N.).
En definitiva, y teniendo en consideración los fundamentos precedentemente expuestos, considero que debe rechazarse la segunda parcela del agravio bajo estudio, lo que así propongo.
3. Reintegro de gastos.
Este parcial ha sido cuestionado en su procedencia (por parte de Burg S.A) y cuantía (por el actor y también Burg S.A).
Sobre el particular, me remito a las motivaciones jurídicas que se formularon en el punto anterior (punto 2.i), por las cuáles resulta acogido el agravio deducido por "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" y "Burg S.A.", modificándose -en consecuencia- el pronunciamiento de primera instancia en el sentido de dejar sin efecto la indemnización que el Sr. Juez de grado otorgó en concepto de "reintegro de gastos", todo ello con el objeto de evitar una doble indemnización por un mismo concepto y, por ende, un enriquecimiento indebido por parte del Sr. Maximiliano Llanos (argto. arts. 790, 793, 1794 y conds. del C.C.C.N.).
4. Daño moral.
Este parcial fue cuestionado en su procedencia (por Burg S.A y "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" ) y cuantía (por todas las partes).
Si bien constituye doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia Provincial que en materia contractual el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo, lo cierto es que también el Máximo Tribunal provincial ha dicho que para acreditar tal daño no es necesaria la existencia de prueba directa, pudiendo acreditárselo por medio de indicios que lleven a la convicción del juzgador acerca de la configuración del daño (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa Ac. 89068 “Flores, José Martín y otra c/ Lucio V. López S.A. y otro s/ cobro de pesos”, sent. del 18-VII-2007; S.C.B.A. en la causa Ac. 73965 “Massimino, Héctor c/ Gorosito, Hugo s/ resolución de contrato”, sent. del 21-03-2001; entre otras).
Es así que, en casos excepcionales, se ha tenido por verificado el daño moral mediante presunción hominis, teniendo en consideración que el incumplimiento obligacional fue concretado en el marco de una relación de consumo que -como se dijo- se verifica en el caso bajo estudio (argto. arts. 1, 2, 3, 5, 40, 53 y conds. de la ley 24.240; conf. doct. "El daño moral en la Ley de Defensa del Consumidor", compiladores: Dra. Graciela Ritto-Julián Jalil, 2014, pág. 117 y ss; Jurisp. SCBA, LP 115.486 Sent. del 30-IX-14; Cám.Civ.Com. de Quilmes, Sala II, causa N° 16312 49/15 S 16/04/2015; Cám.Civ. Com. de La Matanza, Causa N° 213, RSD-25-04 del 9-09-04; esta Sala, causa N°160.615, RSD-215-16 del 20-10-16).
Efectivamente, en el caso bajo estudio no estamos entonces frente a un contratante más: se trata de la contratación llevada a cabo por un consumidor cuyo interés se vió frustrado en el contexto de una relación de consumo. Fueron precisamente los numerosos avatares de esta naturaleza los que tornaron necesaria una protección específica para esta parte más débil de la estructura negocial, lo cual se concretó en la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor, que vino a ampliar y profundizar la tutela ya garantizada por el ordenamiento fondal, con cuya estructura normativa se complementa y tiene anclaje en la Constitución Nacional a través de los arts. 42 y 43 a partir de la reforma de 1994.
Visto así, y tomando en cuenta la presunción judicial como guía estándar, es innegable que el actuar negligente de la demandada (demorando la entrega del rodado al suscriptor por 383 días) debe haber generado no sólo una sorpresa en el Sr. Maximiliano Jorge Llanos (en atención a la esperable profesionalidad de la concesionaria y sociedad administradora del Plan de Ahorro Previo) sino también sinsabores, angustias, y frustraciones que superan las propias y corrientes del mundo de los contratos, más aún respecto de quien, diligentemente, depositó su confianza en empresarios del rubro (arts. 163 inc. 5to., segundo párrafo, 384 y conds. del CPC; arts. 730 inc. c, 731, 1738, 1741 y conds. del C.C.C.N.; conf. Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños", T°1, Ed. Hammurabi, 2003, pág. 180, Jurisp. esta Sala, causa N°. 145.940 del 29-05- 12).
De hecho, tales frustraciones y sinsabores pueden colegirse a partir de una valoración del intercambio epistolar cursado entre las partes y del expediente administrativo formado en la órbita de la Dirección de Defensa del Consumidor y Usuario (no desconocido por la parte contraria; conf. fs. 202/ 214) en tanto allí se registran los trámites y reclamos extrajudiciales recorridos por el actor en procura de la entrega del vehículo que fue objeto del Plan de Ahorro Previo (argto. arts. 375, 384, 385/393 y conds. del CPC).
No puedo negar que la propia experiencia, como consumidor común, nos pone, como parte débil de contrato, frente a la impotencia que genera la falta de cumplimiento por parte de proveedores y empresarios de aquello que pregonan: garantías de excelente servicio, puntualidad y seriedad entre otras virtudes que se atribuyen a sí mismos (argto. arts. 384 y conds. del CPC; conf. Jorge L. Kielmanovich, "Teoría de la Prueba y Medios Probatorios"; Ed. Rubinzal Culzoni, 2001, pág. 657 y ss.; Jurisp. SCBA LP C 99.783 Sent. del 18-II-09; Ac 90.993 Sent. del 5/04/06, entre otros). En efecto, las empresas que comercializan rodados -por vía del sistema de ahorro previo- tienen un mayor conocimiento que los consumidores de los riesgos y contingencias que su actividad comercial implica, por lo que deben asegurar al consumidor un nivel de responsabilidad y profesionalidad frente a la adjudicación y discontinuidad en la producción de un rodado , de modo tal que el cliente no tenga que transitar un recorrido sesgado de obstáculos (cursar cartas documento, formular numerosos reclamos administrativos, acudir a un abogado para la defensa, etc) para recibir de parte de la empresa - en legal tiempo y forma - el cumplimiento de la obligación principal: entrega del rodado. Y la frecuencia con que ello ocurre no implica que esas consecuencias puedan calificarse como "avatares y frustraciones propias de la vida en sociedad ", en tanto esa afectación a la esfera espiritual de la víctima desborda -a mi entender- el piso mínimo de indemnizabilidad (argto. arts. 163 inc. 5to., segundo párrafo, 384 y conds. del CPC).
En función de todo lo anterior, cabe presumir que el obrar antijurídico de "Burg S.A" y "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" devino idóneo para provocar, de acuerdo al curso ordinario y natural de los acontecimientos, los perjuicios morales cuya reparación persigue aquí el Sr. Maximiliano Jorge Llanos (argto. arts. 163 inc. 5to., segundo párrafo, 384 y conds. del CPC; arts. 730 inc. c, 731, 1738, 1741 y conds. del C.C.C.N.; arts. 1, 2, 3, 40 y conds. de la ley 24.240; conf. doctrina y jurisp. citada).
Determinada la existencia del daño moral cabe precisar que, en lo que respecta a la labor de su cuantificación, el Juzgador cuenta con discrecionalidad para fijar la suma indemnizatoria, aunque atendiendo a las circunstancias concretamente acreditadas en la causa, y teniendo en cuenta que esa indemnización no debe transformarse en fuente de un enriquecimiento indebido, ni de un beneficio inesperado (argto. art. 384 y conds. del CPC; conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Ed. Abeledo Perrot, novena edición, pág. 247; jurisp. esta Cámara y Sala, en las causas N°154.984 “Colman, Alcira Yolanda c/ Vorraso, Andrea Fabiana s/ daños y perjuicios”, sent. del 19-11-2013 y N° 154.465 “Etchechury, Alejandro Darío c/ Goycoechea, Patricio s/ daños y perjuicios”, sent. del 04-10-2013).
De hecho, en lo que concierne a la indemnización de consecuencias no patrimoniales (en el caso, el daño moral), el art. 1741 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece, en su último párrafo, que: "El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas" (textual, el resaltado me pertenece).
La doctrina especializada ha señalado, al respecto, que: "En la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba "el precio del dolor" para aceptarse que lo resarcible es el "precio del consuelo" que procura "la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias"; se trata "de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, "obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales" (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. T. VIII, arts. 1614 a 1881, 1era ed. Santa Fe. Rubinzal - Culzoni, 2015, pág. 503; el resaltado me pertenece; Jurisp. CSJN, 4-12-2011, "Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros", R. C. y S. 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M. Galdós).
Es decir, se trata de satisfacer a la víctima más que de compensarla en términos de equivalencia (conf. Pizarro, Ramón D., "Daño moral. Prevención. Reparación. Punición", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 385), agregándose al respecto que: "dicha satisfacción es brindada generalmente mediante una indemnización económica que le permita al damnificado adquirir bienes o servicios que son en definitiva los que producen el placer resarcitorio, ya que el dinero en sí mismo es papel y sólo tiene valor como instrumento de cambio" (conf. Marcellino, Leonardo, "Valoración y cuantificación de la indemnización del daño extrapatrimonial", en "Revista de Derecho de Daños. Responsabilidad por daño no patrimonial", ed. Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 428, el resaltado me pertenece).
Bajo estos parámetros, y teniendo en cuenta en cuenta los días de demora para la entrega del rodado (383) , el estado de intranquilidad o alteraciones de ánimo a los que se habría expuesto al no recibir la unidad de modo tempestivo, así como también las vicisitudes que -como parte débil del contrato- tuvo que transitar para hacer valer sus derechos (de manera extrajudicial y de manera judicial en sede civil) entiendo que corresponde elevar la indemnización del rubro "daño moral" en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL -$200.000- (arts. 730 inc. c, 731, 772, 1738, 1741 y conds. del C.Civil; arts. 1, 2, 3, 40 y conds. de la ley 24.240; art. 42, Const. Nacional, 38 Const. Prov.; conf. doctrina y jurisp. citada).
Sentado lo anterior, y con relación a la crítica que desliza la codemandada ("Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados") en torno a la violación del principio de congruencia (extra petitta), debo señalar que -a mi entender- no se verifica en el caso de autos dicha infracción legal. Es que, a diferencia de la opinión del recurrente, interpreto que la pretensión de la parte actora no ha quedado sujeta a un monto fijo y determinado. Por el contrario, nos encontramos habilitados a estimar en más la indemnización de este parcial a fin de satisfacer debidamente el principio de reparación plena, más aún si se tiene presente que el actor demandó utilizando la expresión "una suma no menor a pesos TREINTA MIL ($30.000)" (conf. fs. 123) y que, a lo largo del plafón fáctico, remarcó que pretendía su reconocimiento de acuerdo a "lo que surgirá de la prueba a producirse" (conf. fs. 121, 122 in fine, 124; arts. 772, 1737/1740, 1741 y concs. del Código Civil y Comercial de la Nación; conf. doct. Miguel E. Rubín, "El principio de la reparación integral y la actualización de los valores de condena en la Argentina de hoy", MJ-DOC-6935-AR - MJD6935; jurisp. SCBA, Ac. 81.476, sent. del 23-IV-2003).
Tales expresiones en el escrito de inicio, si bien admito que no fueron lo contundente que se hubiera preferido, deben considerarse reveladora de su voluntad de conseguir que la indemnización final del rubro se traduzca en un importe suficiente para realizar la reparación de los perjuicios (sin violar con ello el principio de congruencia y sistema dispositivo) lo que permite al actor contar con un decisorio que intente acercarse a una reparación plena (argto arts. 772, 1738, 1740, 1741 y ccdtes. del CCyCN; argto. Jurisp. SCBA, C. 99.055 sent. del 7-V-2014). Por último, sin perjuicio del principio de reparación integral y las expresiones deslizadas por el actor, cabe subrayar que la justipreciación de este rubro se realiza -al igual que el sentenciante- valorando la naturaleza jurídica de la obligación bajo estudio (de valor), es decir, a valores actuales, de conformidad con la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia, sentada en los precedentes "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" (C. 120.536, sent. de 18-IV-2018) y "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios" (C. 121.134 sent. de 3-V-2018) y a ella se adicionarán intereses según las pautas fijadas por el Juez de grado, las que no han sido materia de agravio.
5. Daño punitivo.
Este rubro fue cuestionado en su procedencia (por Burg S.A y "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados") y cuantía (por todas las partes).
Acompañando el voto de mi colega Dra Zampini en la causa “Biagetti, Alejandro Rubén c/ Autonet S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios” Expte.N°166.662, integrando la Sala 2 de este Tribunal, sentencia del 26/02/2019, hemos dicho que: “…el art. 52 bis. de la Ley de Defensa del Consumidor es una norma de alta complejidad y requiere para su aplicación la conjunción de varios elementos: a) Una relación de consumo; b) Un proveedor que incumpla con su obligación legal o contractual; c) Un consumidor damnificado; d) Un proceso judicial en el cual el consumidor damnificado reclame el daño punitivo. Faltando alguna de ellas, el instituto de los daños punitivos no opera.”; y que: “…no configura un requisito para la aplicación de la sanción por “daño punitivo” que el actuar antijurídico del proveedor deba ser doloso o con culpa grave” (textual).
Destacamos en aquel precedente que la Suprema Corte de Justicia Provincial, al expedirse acerca de la operatividad del art. 52 bis de la ley 24.240 (modif por ley 26.361), señaló que: “…Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales…” (S.C.B.A. en la causa C.119.562 “Castelli, María Cecilia c/ Bco. de Galicia y Bs. As. s/ nulidad de acto jurídico”, sent. del 17-10-2018, del voto del Dr. de Lázzari, el resaltado me pertenece).
Dentro de este marco teórico, encontrándose verificada la configuración de los presupuestos de responsabilidad que se le endilga a los demandados en la sentencia recurrida, y siendo que las partes se encuentran vinculadas por una relación de consumo, la procedencia de la sanción aparece, a mi entender, como indudable.
No obstante ello, cabe subrayar que aún en la hipótesis de enrolarme en la postura de quienes entienden que es necesario la existencia de dolo o culpa grave del proveedor para que el daño punitivo sea procedente, considero que en el caso se encuentran dadas las condiciones de aplicación del instituto de los daños punitivos.
Efectivamente, aquí debe meritarse el tipo de contratación que motiva el reclamo (sistema de ahorro previo para la adquisición de automotores), los días de demora para la entrega del rodado (383), como así también, los reiterados reclamos que debió impulsar el Sr. Maximiliano Llanos con el objeto de obtener la entrega de la unidad. Es más, ese este peregrinar, tuvo que denunciar el caso ante la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredón y tramitar la instancia de mediación prejudicial, cerrándose dicho itinerario sin acuerdo (ver acta de fs. 6).
Ante lo expuesto resulta indudable, a mi entender y sin perjuicio de no ser requisito para la aplicación de la sanción por daño punitivo la gravedad en el reproche del actuar de la demandada, que la omisión en la entrega del vehículo de manera temporánea importó un claro menosprecio a los derechos del consumidor encuadrable en la noción de culpa grave, pues ha limitado y condicionado la decisión del consumidor en aras de facilitar la obtención de un beneficio económico (conf. 1724 y conds. del CCCN, conf. Pizarro -Vallespinos “Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones.”, tomo II, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2006, pág. 617 y sgts.; argto jurisp. Cám. de Apel. Civ. y Com. de Azul, Sala II, en la causa N° 62.827 “Barcelona, María Paula y otro c/ Naldo Lombardi S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 05-06-2018).
Partiendo de tales premisas, y encontrándose en el presente caso reunidos los requisitos habilitantes para la aplicación de la sanción prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240 -modif. por ley 26.361- coincido con el sentenciante en que ella debe resultar procedente en contra de los codemandados (argto. doct. Fernando E. Shina “Daños al Consumidor”, Ed. Astrea, 1era. edición, Bs. As. 2014, pág. 159 y sgts.; Sebastián Picasso, en obra colectiva “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada”, Picasso – Vázquez Ferreyra Directores, Ed. La Ley, Tomo I, Bs. As., 2009, págs .593 y sgts.; Daniel Roque Vitolo “Avances y retrocesos en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación respecto del instituto del daño punitivo en la ley de defensa del consumidor”, publicado en “Revista de los contratos, los consumidores y derecho de la competencia”, Ed. Legis, págs. 3 y sgts.).
En cuanto al monto por el que debe prosperar la sanción, y teniendo en especial consideración la función disuasiva del instituto, entiendo que corresponde elevar el monto otorgado en concepto de “daño punitivo” a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000).
A mi entender, tampoco media aquí la infracción legal que denuncia la codemandada ("Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados") en virtud de los argumentos expuestos en oportunidad de tratar la justipreciación del rubro "daño moral" a los que -por razones de economía procesal- me remito.
La justipreciación -al igual que el sentenciante- se realiza a valores actuales, de acuerdo con la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia, sentada en los precedentes "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" (C. 120.536, sent. de 18-IV-2018) y "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios" (C. 121.134 sent. de 3-V-2018) y a ella se adicionarán intereses de conformidad con las pautas fijadas por el Juez de grado, las que no han sido materia de agravio.
6. La imposición de las costas.
El agravio formulado por "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" respecto de la imposición de las costas debe rechazarse en virtud de las consideraciones que se detallan a continuación.
En nuestro sistema procesal la condena en costas tiene un fundamento objetivo: el vencimiento. De este modo, la parte que resulta perdidosa en el proceso debe cargar con los gastos que debió afrontar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (argto. 68, primer párrafo, del CPC; conf. Roberto G. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, 1998, pág. 57; Jurisp. causa N°146.113, RSD- 224-13 del 3-12-13; causa N° 149.727, RSI-186-12 del 10-05-12; causa N° 145.150, RSI-82-10 deI 2-3-2010, entre otros).
En el caso particular, a diferencia de la opinión vertida por el recurrente y del alcance pretendido en el recurso, ha quedado debidamente verificada la responsabilidad -solidaria- que se le atribuye "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" con fundamento en el art. 40 de la Ley 24.240 por lo que, dada su condición de parte perdidosa, considero correcta la decisión del sentenciante en cuanto le impone -junto con la codemandada- el pago de las costas del proceso (art. 68 del CPC). Para la imposición de costas en esta instancia debe seguirse también el principio general. Es decir, que la parte vencida en el recurso debe pagar las costas. En otras palabras, resulta crucial el éxito del recurso (art. 68 del CPC; conf. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil",Ed. Astrea, 2000, pág. 354).
En este sentido ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que “La imposición de los gastos del pleito correspondientes a la alzada y a la instancia extraordinaria ha de ponderar el resultado del recurso” (C 89530 S 25-3-2009; C 112337 S 10-10-2012; entre tantos otros).
A su vez, reiteradamente la SCBA ha resuelto que “El hecho de que debe reputarse vencida a la demandada pese a que la acción hubiera prosperado parcialmente como así el carácter indemnizatorio que se atribuye a la condena en costas no se oponen a que la Alzada tenga en cuenta el éxito de los recurrentes para determinar la suerte de las costas en la apelación” (Ac 35471 S 12-6-1986; AC 66733 S 23-5-2001; C 101847 S 17-
6-2009; C 107153 S 4-4-2012).
Así las cosas, visto el resultado de cada recurso interpuesto, la procedencia y entidad de los agravios , corresponde imponer las costas de Alzada del siguiente modo: a) por el recurso del actor, corresponde su imposición en un 80% a cargo de las demandadas y en un 20% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC) ; b) por el recurso de "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" corresponde su imposición en un 90% a cargo de la codemandada y en un 10% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); c) por el recurso de Burg S.A corresponde su imposición en un 90% a cargo de la coaccionada y en un 10% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC).
ASI LO VOTO.
La Sra. Jueza Nélida I. Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ RUBÉN D. GÉREZ DIJO:
Corresponde: I) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora mediante presentación electrónica de fecha 19 de junio de 2020 y, en consecuencia, elevar solamente la indemnización de los parciales "daño moral" y "daño punitivo" en el sentido y con los alcances fijados en el considerando VI; II) Hacer parcialmente lugar al recurso deducido por Burg S.A y "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados", mediante presentación electrónica de fecha 17 de junio de 2020 y -en consecuencia- dejar sin efecto la indemnización fijada por el sentenciante respecto del rubro "reintegro de gastos"; III) Mantener la imposición de las costas fijadas en la instancia de origen, IV) Imponer las costas de Alzada del siguiente modo: a) por el recurso del actor, corresponde su imposición en un 80% a cargo de las codemandadas y en un 20% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); b) por el recurso de "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" corresponde su imposición en un 90% a cargo de la codemandada y en un 10% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); c) por el recurso de Burg S.A corresponde su imposición en un 90% a cargo de la coaccionada y 10% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); V) Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO.
La Sra. Jueza Nélida I. Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se hace parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora mediante presentación electrónica de fecha 19 de junio de 2020 y, en consecuencia, se eleva solamente la indemnización de los parciales "daño moral" y "daño punitivo" en el sentido y con los alcances fijados en el considerando VI; II) Se hace parcialmente lugar al recurso deducido por Burg S.A y "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados", mediante presentación electrónica de fecha 17 de junio de 2020 y -en consecuenciase deja sin efecto la indemnización fijada por el sentenciante respecto del rubro "reintegro de gastos"; III) Se mantiene la imposición de las costas fijadas en la instancia de origen, IV) Se imponen las costas de Alzada del siguiente modo: a) por el recurso del actor, corresponde su imposición en un 80% a cargo de las codemandadas y en un 20% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); b) por el recurso de "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" corresponde su imposición en un 90% a cargo de la codemandada y en un 10% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); c) por el recurso de Burg S.A corresponde su imposición en un 90% a cargo de la coaccionada y 10% a cargo de la actora (art. 68, segundo párrafo, 71 y conds. del CPC); V) Se difiere la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese en forma electrónica a las partes (art. 3, apartado “c. c.2)” de la Resolución del Presidente dela SCBA N° 10/20; conf. arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC; 1, segundo párrafo, del Anexo I del Ac. 3845; y art. 2 Resolución 480/20 de la SCBA; art. 1 ac. 3991 de la SCBA.). Devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.
Fin de la sentencia