Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8938/25 Sentencia: Definitiva Actor: Lluis María Matilde Demandada: Centro de Empleados de Comercio Objeto: Demanda Laboral Fecha: 20-08-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 20 del mes de Agosto de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “LLUIS, MARIA MATILDE C/CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO S/DEMANDA LABORAL" Expte. Nº 19.162 del año 2.017 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Mineria y Familia de la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8938. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio M. Fernández; Griselda I. Bard y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que a fs. 41/45 se presenta el Dr. Carlos Toledo Vargas en representación de la Sra. Maria Matilde Lluis y promueve formal demanda laboral en contra de Centro de Empleados de Comercio persiguiendo el cobro de la suma de Pesos Seiscientos Treinta Mil Cuatrocientos Veintidos Con Noventa Centavos ($ 630.422,90) derivados de los rubros adeudados por indemnizaciones por despido incausado e indemnizaciones ley 25.323 solicitando se condene a abonar los rubros y montos reclamados con más sus intereses conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina con más la entrega de los recibos de haberes y certificados de trabajo y de servicios. Al relatar los hechos señala que ingreso a trabajar para la demandada en la sede de la localidad de Pico Truncado el 1/6/2.001 y que la relación se desarrolló con normalidad hasta casi el fin del año 2017 cuando ingreso el Sr. Martín Macias como referente, con el que empezaron a surgir roces que minaron la relación de trabajo al punto que tuvo situaciones de estrés que derivaron a entrevistas psicológicas y atención psiquiátrica producto de un trato desconsiderado con actitudes autoritarias y arbitrarias con pérdida de beneficios laborales en franca discriminación hacia su mandante. Indica que esa situación motivo periodos de descanso, reposo y de licencia por enfermedad y que se agravo cuándo percibió con atrasos las remuneraciones de los meses de febrero y de marzo de 2.017 lo que dio lugar a la interposición de un recurso de amparo caratulado “Lluis, Maria Matilde C/Centro de Empleados de Comercio S/Amparo Laboral” Expte. LL-18.653/17 que determino la decisión de la demandada de despedir a la actora como surge de la carta documento que comunico el despido. Relata su situación de salud a partir del día 19 de enero de 2.017 y hace hincapié en la atención recibida por parte de la Lic. en Psicología María Milena Aguilera la que le prescribió reposo por tratamiento psicológico. Señala luego que por indicación de la empleadora fue asistida y atendida por Lic. Alejandra Aspiroz y expresa que presento también un cuadro de hipertensión originado por su trabajo y que inicio un tratamiento psiquiátrico con la Dra. Alicia Grinbarg. Alude luego a la intimación de pago de haberes de los meses de febrero y marzo de 2.017 que origino el amparo, analiza las comunicaciones epistolares que se dieron entre las partes, determina los rubros y montos reclamados, funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.
II. Que a fs. 94 obra acta de celebración de la audiencia prevista en el art. 47 de la ley 1.444 con resultado negativo. En ese acto, el Dr. Eugenio Gomez Carrasco, en representación de la demandada, contesta demanda y acompaña prueba documental, la que está agregada a fs. 53/93. Formula un reconocimiento parcial de documental consistente en tres recibos de sueldo y en cinco cartas documentos remitidas por el C.E.C y los telegramas laborales. Desconoce las facturas emitidas por la Lic. Aguilera y Grinbarg, el resumen del Banco Nación y los certificados médicos incorporados. Niega en particular los hechos invocados por la actora y relata la realidad de los hechos. Señala en ese sentido que la Sra. Lluis presto servicios laborales para el Centro de Empleados de Comercio, delegación Pico Truncado, desde el 1 de enero 2.001 y que el día 25 de enero de 2.017 presentó un certificado médico extendido por la Lic. Aguilera con indicación de reposo laboral por tratamiento psicológico por 30 días fuera de la localidad. Indica que su parte le hizo saber que procedería a realizar el control médico pertinente y a tal efecto le requirió informe el domicilio en el que permanecería a esos efectos. Luego señala que la actora no compareció a la auditoria médica prevista para el día 3 de abril por lo que procedió al descuento compulsivo de haberes por faltas injustificadas y bajo el título “Distracto Laboral- Su Justificación” transcribe las comunicaciones epistolares que dirigió a la actora y expresa que pese haberle aclarado los descuentos de sus haberes aquella continuo remitiendo nuevos telegramas laborales y arrastro a la empleadora a un juicio en el que no obtuvo ningún amparo judicial, lo que entiende rompió el vínculo de buena fe y lealtad que debía imperar entre las partes. Se opone a la procedencia del art. 80 de la LCT y de la Indemnización prevista en la ley 25.323, se opone a prueba, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y hace su petición final.
III. A fs. 100 se abre la causa a prueba. Por PE 1357791-2024 se declara cerrado el término de producción de prueba y se señala audiencia para alegar. Mediante PE 1611739-2024 la parte actora presenta alegatos y a PE 1605479- 2.024 hace lo propio la parte demandada.
IV. Por PE 1797067-2025 se dicta sentencia definitiva mediante la cual se resuelve: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la Sra. María Matilde Lluis, contra el Centro de Empleados de Comercio, declarando injustificada e incausado el despido directo decidido por la demandada con fecha 8 de Junio de 2.017 reconociendo como créditos exigibles los siguientes rubros: a) Haberes adeudados Marzo y Abril de 2.017 $25.022,72; b) SAC proporcional $ 2.085,22; c) Indemnización por antigüedad (16 años) conforme art. 245 de la LCT $ 381.429; d) Sustitutiva de Preaviso $ 44.874; e) SAC Praviso $ 3.739,50; f) Días trabajados del mes $ 5.983,20 (8 días) g) Integración del mes de despido art. 233 de la LCT $ 16.453,80; h) SAC Integración mes de despido $ 1.371,15; i) SAC Proporcional $ 9.792,94; j) Vacaciones no gozadas art. 156 de la LCT $ 10.946,80; k) SAC sobre vacaciones $ 912,13; l) art. 2 Ley 25.323; m) Indemnización del art. 80 LCT $ 67.311; y n) Rechazar indemnización del art. 213 de LCT. 2) Condenar al Centro de Empleados de Comercio a abonar a la actora, en el plazo de diez (10) días, la suma resultante de la liquidación de los rubros indemnizatorios referidos en el considerando V, con más los intereses conforme a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina; 3) Ordenar a la demandada a entregar a la actora el certificado de trabajo y de servicios y remuneraciones conforme art. 80 LCT debiendo acompañarlo a la sede del Juzgado dentro de los diez días hábiles de quedar firme el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de ley. 4) Condenar en costas a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC); 5) En relación a la regulación de honorarios corresponderá al Dr. Carlos Toledo Vargas un veintidós (22%) por ciento y al Dr. Eugenio Gomez Carrasco corresponderá el quince (15%) por ciento sobre el monto que resulte de la liquidación que practique el gabinete de la Excma. Cámara.
V. Disconforme con la sentencia emitida la parte demandada por PE 1813013-2.025 apela y expresa sus agravios. Las quejas formuladas se desarrollan a través de cuatro puntos y en el primero de ellos achaca al magistrado de la instancia anterior haber incurrido en un yerro por absurda interpretación de la prueba. En este sentido reedita los argumentos expuestos al contestar demanda, refiriendo que se tiene por acreditado que el día 25 de enero de 2.017 la actora presentó un certificado médico extendido por la Lic. Aguilera en el cual prescribía reposo laboral por tratamiento psicológico por 30 días y que en el marco de las facultades de control que le confiere el art. 210 de la LCT le remitió una carta documento para que indicara su residencia durante su convalecencia con el objeto de realizar una auditoría médica dado que el certificado prescribía reposo fuera de la ciudad de Pico Truncado. Señala que su representada contrató los servicios profesionales de la Lic. Aspiroz e intimó a la actora a presentarse a la auditoría y ésta última informo que se presentaría el 3 de abril de 2.017 pero finalmente no compareció adoptando una actitud renuente faltando a los controles médicos pese a resultar una obligación para el trabajador. Expresa luego que fue en ese marco que le descontó los haberes por los días no justificados y la intimó a retomar a sus tareas habituales y que si bien le comunicó los motivos del descuento aquella siguió remitiendo telegramas exteriorizando una conducta que no se condice con los deberes de lealtad y fidelidad. Indica que posteriormente la actora inició de manera maliciosa los autos caratulados “Lluis, Maria Matilde c/Centro de Empleados de Comercio s/Amparo Judicial” Expte. LL-18.653/2.017 lo que aborto toda posibilidad de retomar la relación laboral ante la actitud injuriante y dolosa a lo que se suma los dichos injuriantes que fueron plasmados en el proceso judicial, todo lo cual le permitió, según entiende, desplazar el principio de conservación del empleo. Concluye en que el despido se encuentra plenamente justificado.
También se agravia por la imposición de la multa del art. 80 de la LCT. Argumenta que antes de los 30 días del distracto laboral la empleadora había puesto a disposición de la trabajadora la documentación y que ésta nunca procedió a retirarla y por otro lado la obligación quedo suplida por la consignación dispuesta en el acto de contestación de demanda, criticando el punto 3 del fallo en cuanto ordena a entregarla en un plazo de 10 días cuando la documentación se encuentra agregada a autos.
Otro de los agravios está relacionado con el agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Dice sobre ésta aspecto que toda la jurisprudencia se endereza a evaluar las circunstancias en que se llevó a cabo el despido siendo aplicable la exoneración cuando el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido, citando doctrina al respecto. Razona que estas circunstancias atenuantes se encuentran configuradas por lo que esa doctrina es de aplicación al caso.
El último agravio tiene que ver con el rubro SAC sobre preaviso sosteniendo que en la interpretación del art. 232 de la LCT la jurisprudencia señala que la naturaleza de la figura resulta ser indemnizatoria y no retributiva por lo que no corresponde su inclusión.
VI. El recurso planteado por la parte demandada recibió réplica de la contraparte a PE 1841836-2.025. Con relación al primer agravio reproduce también la actora los argumentos expuestos al promover demanda, sosteniendo que quedó acreditado con las testimoniales producidas que la relación laboral se desarrolló con normalidad hasta fines de 2.017 cuando ingreso como referente de la demandada en Pico Truncado el Sr. Martín Macías y empezaron a surgir inconvenientes por los maltratos producidos por el nombrado que produjeron un deterioro en el estado de salud que derivaron en una situación de estrés con entrevistas psicológicas y psiquiátricas, lo que se agudizo con el atraso en el pago de los haberes de febrero y marzo de 2.017 que derivo a la interposición de la acción de amparo ya referida. Señala que no existió dolo por la interposición de la acción ya que estaba destinada al resguardo de sus derechos constitucionales y que la situación de salud se encuentra acreditada con los certificados médicos adunados, haciendo luego un repaso de las sucesivas atenciones que recibió de la Lic. Aguilera y de las fechas de reposo. Dice después que por indicación de la empleadora fue asistida y atendida por la Lic. Aspiroz la que recomienda interconsulta con profesional psiquiátrico, resaltando que no es cierto que no haya concurrido a la entrevista con dicha profesional. Expresa que comenzó un tratamiento psiquiátrico con la Dra. Grinbarg, la que informó que no registra alta y agrega que estas afecciones fueron ilustradas por los testigos Niño y Fernandez, ambos enfermeros. Alude al intercambio epistolar y expresa que ello da la pauta de la mala fe de la empleadora quien no solo produjo un daño psicológico y psiquiátrico sino que incumplió con la obligación elemental del pago de haberes y de las prestaciones médicas. Relata los términos de la comunicación epistolar y señala que el 8 de junio de 2.017 la demandada procede a despedir a la actora invocando la tramitación de la acción de amparo por la que se siente injuriada. Concluye en que no solo la licencia por enfermedad estaba justificada sino que jamás se negó al control de la Lic. Aspiroz concurriendo a la entrevista con la misma por lo que jamás le podría asistir razón a la demandada, remarcando que la falta de pago de haberes obligo a interponer la acción de amparo y que tampoco la demandada ha probado haber dado cumplimiento a esta obligación a su cargo.
Con relación a los restantes agravios señala que corresponde rechazar los mismos y confirmar el fallo de primera instancia en cuanto manda a pagar los rubros y montos reclamados.
VII. Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
VIII. Que corresponde ahora comenzar con el tratamiento de los agravios formulados por la parte demandada abordando la primera de las críticas que hace foco en la incorrecta valoración de la prueba que se atribuye al juez de grado en cuanto tuvo por injustificada la extinción de la relación laboral habida entre las partes. Sobre este aspecto aprecio que la finalización del vínculo tuvo lugar mediante misiva Nro. 74917040 1 de fecha 8 de junio de 2.017 la que expresa literalmente en sus dos primeros párrafo: “En mi carácter de apoderado del Centro de Empleados de Comercio Comodoro Rivadavia conforme instrumento notarial que obra en mi poder y siguiendo precisas y expresas instrucciones impartidas por mi representada, procedo por la presente a comunicarle que se ha dispuesto despedirla con justa causa y por vuestra exclusiva culpa a partir del día de la fecha con motivo de su conducta abiertamente injuriante y su accionar desleal desplegado en contra de los intereses del Centro de Empleados de Comercio Comodoro Rivadavia. En efecto ud. ha promovido injustamente un amparo judicial en contra de su empleadora en autos caratulados “Lluis, María Matilde c/Centro de Empleados de Comercio s/Amparo Judicial” – Expte. N° LL-18.653/2.017 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia N° 1 de Pico Truncado, medida que no ha prosperado pese a que ud. tenía conocimiento cierto que el descuento de sus haberes ha devenido en legítimo al no haberse presentado al control médico dispuesto por su empleadora en reiteradas oportunidades en el marco del art. 210 LCT. Esta circunstancia ha sido omitida maliciosamente por ud. en la presentación judicial, generando a su empleadora un dispendio innecesario ante la obligación legal de dar respuesta a un amparo sin fundamentos”.
Así las cosas y dados los términos de la comunicación cursada observo que la causa que motivo del despido se anclo en la promoción de la causa judicial aludida, la que, a luz de su resultado dio lugar a que la empleadora calificara de injuriosa la conducta de la trabajadora. En este sentido viene al caso citar la jurisprudencia que señala: …“para que se configure injuria grave en los términos del artículo 242 de Ley de Contrato de Trabajo que impida la prosecución de la relación laboral y autorice el desplazamiento del principio de conservación del contrato de trabajo, la inconducta atribuida al trabajador deber ser de tal gravedad que importe un comportamiento negligente del dependiente y ocasione un serio perjuicio a los intereses del empleador, no susceptible de reparación a través de la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias de menor envergadura que el ordenamiento normativo laboral prevé. Conforme las reglas del onus probandi recae sobre quien invoca un hecho como justa causa de despido la carga de acreditar dicho extremo, en razón de ello, pesa sobre la demandada que alega dicha causal la carga de producir prueba contundente y asertiva que demuestre que la conducta del trabajador reviste un incumplimiento de tal magnitud que impide la prosecución del vínculo. (Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario – Bussi, Héctor Ariel c/JBS Argentina SA s/cobro de pesos – 27/3/2.017 – Fallos – Cita: MJ-JU-M-105365-AR/MJJ105365) . Dicho ello destaco que las actuaciones judiciales aludidas párrafos arriba se encuentran agregadas por cuerda a éstas actuaciones observando que se emitió resolución en fecha 19 de mayo de 2.017 obrante a fs. 36/38 mediante la cual se dispuso desestimar la acción de amparo por no reunir los requisitos de procedencia formal establecidos en el art. 2 y cctes. de la ley 1117 y modificatorias ley 1186 y 1118. Para así decidir se argumentó que el objeto de la acción conlleva a analizar otras cuestiones de fondo que no fueron materia de debate y que requieren de producción de prueba pertinente para acreditar o desacreditar los hechos controvertidos entre las partes toda vez que no resultan manifiestos. En definitiva, la acción de amparo promovida por la trabajadora fue desestimada por cuestiones de forma sin que se haya tratado la causa que motivó su promoción, esto es, obtener el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo de 2.017 tal como surge del objeto de la acción obrante a fs. 6/7 de tales actuaciones.
Tenemos así que la trabajadora aduce en su demanda que los haberes del mes de Marzo de 2.017 fueron depositados el 21 de abril de ese año lo que generó la remisión de dos telegramas intimatorios previo al inicio del amparo. Esta situación de atraso fue justificada por la empleadora mediante la misiva 734808538 de fecha 17 de abril de 2.017 a través de la cual le comunica que en virtud de no haber comparecido a las citaciones de la auditoria con la Lic. Aspiroz y no haber acreditado su estado convaleciente de salud se procederá a descontar los días no laborados durante el mes de Marzo de 2017 y hasta su reincorporación. La misiva en cuestión fue acompañada con la contestación de demanda y obra a fs. 59, la que no fue desconocida por la parte actora.
La prueba informativa producida por el Banco de la Nación Argentina obrante a PE 872536 – 2.023, da a conocer los movimientos que tuvo la caja de ahorro de la actora desde el mes de enero a junio de 2.017 apreciándose que se depositaron haberes en las fecha de 9/5/2.017, 5/6/2.017 y 13/6/2017. Vemos entonces que efectivamente hubo un atraso en el pago de los haberes del mes de marzo de 2.017 pero según el enfoque de la demandada la alteración se debió a la inconducta de la reclamante puesta de manifiesto en la epistolar referida antes, es decir, en la incomparecencia a la auditoria de la Lic. Aspiroz. Ésta profesional, emitió el informe obrante a fs. 346, en el que, además de brindar un diagnóstico de la actora, hace saber que realizo varias consultas telefónicas desde el día 9/3/2.017 señalando que la importancia de la entrevista personal estaba dada en que era una solicitud laboral de la empleadora.
Indica en ese sentido que se suspendió la consulta del día 3/4/2.017 por inclemencias climáticas (temporal de lluvia y viento) y se le da nueva fecha para el 12/4/2.017 a las 11 hs. pero el día 10/4 cambia para asistir el feriado del jueves santo. De acuerdo a éste estado de cosas, aprecio que la trabajadora no incurrió estrictamente en una negativa de comparecer ante el facultativo designado por la empleadora sino que demoro en concurrir personalmente a la entrevista, no obstante haber mantenido consultas telefónicas previas con la profesional. Y en éste punto, tengo especialmente en cuenta, la patología y la gravedad de la dolencia que la aquejaba y que motivo la licencia. Así es que la Licenciada Aspiroz la diagnostica con “Depresión Endogena crónica sin tratamiento descompansada – Deterioro del sensorio”.
La patología en cuestión describe un trastorno depresivo mayor de suma gravedad con meses o años de evolución con deterioro de la calidad de vida y de las capacidades del individuo. Es por esto que ajustado a la pauta de valoración prevista en el segundo párrafo del art. 242 de la LCT, entiendo que se impone aquí la prudencia para analizar la conducta que la dadora de trabajo le achaca, pues, no es lo mismo no concurrir injustificadamente que no hacerlo por la gravedad de la enfermedad que padece la trabajadora. Recordemos, como dije, que la norma citada introduce el deber de evaluar con prudencia las causas del despido teniendo en cuenta “el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo”.
De allí es que la conservación y la continuidad del contrato sea uno de los principios que campean en esta materia.
En el caso, está acreditado que la enfermedad de la actora se trata de un problema grave de salud mental, siendo la propia facultativa convocada por la empleadora la que lo acreditó, lo que por cierto, avaló así tanto el tratamiento como las prescripciones de resposo implementadas por la Lic. Aguilera y la Dra. Grinbarg. A su turno la perito psicóloga de éste Poder Judicial, al ser consultada en el punto 2) por cuales han sido los motivos que han llevado a la actora a realizar tratamiento psicológico señalo que del discurso de la entrevistada se destaca angustia manifiesta y presión alta.
También describen el estado de salud de la actora los testigos Ricardo Niño (fs. 272), Alicia Fernández (fs. 273) y Gladys Muñoz (fs. 322/323) quienes afirman conocer el estado de salud mental de la trabajadora y su vínculo con el ambiente laboral en el que se encontraba. Particularmente la Sra. Muñoz fue compañera de trabajo de la Sra. Lluis y al ser interrogada en la pregunta 8) para que diga si con motivo de esa relación que menciona (relación laboral entre Lluis con el Sr. Macías), la Sra. Lluis tuviera inconvenientes en su salud y en su caso, cuales, respondió: “Si, de todo tipo de problemas, como presión alta, ataques de llanto, donde varios afiliados presenciaron esos episodios, retirarse del trabajo porque tenía taquicardia, nerviosismo, dormía mal de noche porque me lo ha comentado. Si, varios problemas de salud y psicológicos se sentía mal, presionada, angustiada”
Repasada en tales términos la prueba y no perdiendo de vista que tanto el hecho concreto desencadenante del despido como su gravedad deben ser probados por quien lo invoca, esto es, la parte demandada, anticipo que a mi criterio la postura expuesta por ella para rebatir la pretensión de la actora ha quedado a medio camino. Efectivamente, partamos de la base que califica como injuriante y desleal y en contra de los intereses de su parte que se haya promovido un amparo judicial en su contra pese a que la operaria tenía conocimiento que el descuento de sus haberes era legítimo al no haberse presentado al control médico dispuesto en reiteradas oportunidades.
Los sucesos acaecidos y que surgen de la causa no son a mi criterio como los interpreta la apelante. Primero porque como ya lo señale, la acción de amparo fue desestimada por cuestiones de forma sin tratamiento de los hechos que la motivaron y segundo porque no comparto que aquella no se haya presentado al control médico injustificadamente sino por las características de su enfermedad. En efecto, la trabajadora notifico su enfermedad y la prescripción de reposo y la empleadora conocía que el cuadro era de salud mental.
Y si bien es cierto que éste último tiene la facultad de control, también lo es que debe ajustar los mecanismos para verificarla cuando la naturaleza del cuadro lo amerita, máxime cuando aquí la facultativa convocada (Lic. Azpiroz) reconoció que tenía comunicación telefónica con la actora desde los primeros días del mes marzo de 2.017. Pudo en ese sentido coordinar un control domiciliario o comunicarse con la psicóloga que la trataba (Lic. Malena Aguilera) pero nada de eso hizo.
De allí es que interpreto que privarla de sus haberes o practicarle descuentos durante la licencia por enfermedad, vulnero el principio de buena fe (art. 63 LCT) y le quito al proceder cuestionado el calificativo de injuriante y desleal que la demandada le imputa. Es importante recordar que el salario tiene naturaleza alimentaria y exigir su cobro por la vía legal lejos de constituir deslealtad es el ejercicio de un derecho legítimo.
Dicho lo cual, y por las razones expuestas, considero que el apelante no ha logrado contrarrestar lo decidido en la instancia de grado sobre el punto de que se trata y por ende, los agravios de la demandada deben ser rechazados por no haber logrado probar la injuria invocada en la misiva extintiva del vínculo laboral que justifique el desplazamiento del principio contenido en el art. 10 de la LCT. Así lo propongo al acuerdo.
IX. En cuanto al agravio relativo a la obligación impuesta por el art. 80 de la LCT parto de la base que la procedencia de la sanción prevista en la norma debe ser analizada en particular y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y no meramente en abstracto siendo pertinente citar sobre étems la doctrina invocada en reiterados precedentes de ésta Cámara y que dice: “A partir de ésta ideas, hemos sugerido que los jueces al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán merituar las particularidades del caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena contractual (arts. 62 y 63 y concordantes de la LCT” (Revista de Derecho Laboral – Actualidad – Rubinzal Culzoni año 2.010-2 página 285)
Dicho ello observo que la demandada en las comunicaciones epistolares que le remitió a la actora en el intercambio que se dio, le comunicó que los certificados se encontraban a su disposición. Ello surge de las misivas agregadas por la propia actora a fs. 8 y 9. Por otra parte el certificado de servicios y remuneraciones (formulario PS 6.2) y el certificado de trabajo fueron agregados con el escrito de contestación de demanda y fueron entregados a la trabajadora en la audiencia del art. 47 de la ley 1.444 obrante a fs. 94. La conducta de la accionada tuvo por tanto suficiente diligencia para que el trabajador pueda hacerse de tal documental.
Teniendo en cuenta por ende que los aportes y contribuciones fueron realizados y que tanto el art. 11 de la ley laboral como el art. 9 del Código Civil y Comercial vedan el ejercicio abusivo de los derechos, se considera que el cobro de la multa deviene contrario al principio invocado y por ende el agravio tratado debe ser admitido por resultar improcedente en el caso la multa del art. 80 de la LCT. Por lo decidido deberá revocarse también lo ordenado en el punto 3) de la sentencia de primera instancia.
X. A la misma conclusión arribo en relación a la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323 cuestionado en el tercer punto del recurso. Efectivamente ésta sanción obliga a revisar la forma en que se ha configurado el despido, las circunstancias que lo rodearon y la actitud asumida por las partes. En consecuencia y sin perjuicio de que se admitió el reclamo por despido incausado, cabe remarcar que la interpretación de la sanción que contempla un agravamiento en la indemnización prevista por la normativa en juego debe ser restrictiva. Tengo presente lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en los autos “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL–COBRO DE PESOS”, Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ), donde haciendo referencia a que esta norma es de interpretación restrictiva, señala que: "...Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr.
Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema” (confr.
CNLB, Capital Federal, 21-6- 2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, 'Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones', ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." (T. XVII – SENTENCIA – T.S.J., REG. Nº 576; FOLIO 3.279/3.288; PROT. ELECT. TSS1 015 S.141, 11 de julio de 2014). Es decir que frente al despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, sin perjuicio de que fuera posteriormente revertida dicha situación en sede judicial, entiendo que la demandada pudo creerse con derecho a actuar como lo hizo, teniendo en cuenta la situación que se encontraba con respecto a la actora.
Por estas razones, la interpretación que debe darse a la norma por tratarse de una sanción, en consonancia con lo decidido en forma reiterada por el Máximo Tribunal Provincial, entiendo que cabe eximir del pago del incremento previsto en el art. 2º de la ley 25.323 y por ende se debe hacer lugar a éste agravio.
XI. Que respecto del último agravio, remarco que el criterio de ésta Cámara respecto del rubro en cuestión, esto es SAC sobre omisión de preaviso, ha sido expuesto en los autos “CRUZ, JOSE ARMANDO C/MEPRISA Y OTROS S/LABORAL” Y “LACIAR, JESUS GERVASIO C/OIL M&S S.A. Y OTRA S/LABORAL – COBRO DE PESOS” EXPTE. 8278 DEL 26/3/24: en el que se ha dicho que “La modificación del art. 245 por la ley 25.877 al estipular ahora que debe tomarse como base la mejor remuneración normal, y habitual devengada durante el último año lleva a la misma conclusión que la sentencia. El término devengada que usa la ley en reemplazo de percibida quita toda posibilidad de seguir con la antigua interpretación, so riesgo de violar los claros términos de la ley. No comparto los términos del plenario 322 que transcribe el recurrente toda vez que el aguinaldo es una remuneración que se devenga día a día, aunque la percepción se difiera a dos oportunidades anuales…” “Como salario diferido el SAC se va devengando sin que a mi juicio deba cambiar de criterio por la circunstancia que el pago se realiza en dos oportunidades anuales. …Como salario diferido el SAC debe integrar la indemnización sustitutiva del preaviso (art. 232 de la LCT)…”
Que siendo que el suscripto adhiere a ese criterio, opino que el rubro SAC sobre omisión de preaviso debe ser mantenido y por ende corresponde rechazar este agravio.
XII. Por último y en cuanto a las costas teniendo en cuenta la forma en la que se resolvieron las quejas las mismas deberán ser soportadas por la parte recurrente.
XIII. Por estas razones entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe revocarse en los puntos cuyos agravios fueron admitidos.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XIV. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante y con sus conclusiones. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XV. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios formulados por la parte demandada en contra de lo resulto en el punto 1) de la sentencia de grado en cuanto declara injustificado el despido decidido reconociendo los créditos previstos en el punto 1) con excepción de los ítems l) y m.) 2) Admitir parcialmente los agravios de la recurrente y revocar el reconocimiento de las sanciones previstas en el art. 80 de la LCT, art. 2 de la ley 25.323 y lo ordenado en el punto 3) de la sentencia de primera instancia en cuanto manda a entregar a la actora los certificados de trabajo y de servicios y de remuneraciones. 3º) Imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente. 4º) Regular los honorarios profesionales por la actuación ante ésta instancia del Dr. Carlos Toledo Vargas, apoderado de la parte actora en un 35 % y del Dr. Eugenio Gomez Carrasco, apoderado de la parte demandada en un 30 % de los regulados en la instancia de grado (arts. 16,30, y cctes. De la ley 3950). 5º) Tener presente la reserva del caso federal. 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 20 de Agosto de dos mil veintiséis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios formulados por la parte demandada en contra de lo resulto en el punto 1) de la sentencia de grado en cuanto declara injustificado el despido decidido reconociendo los créditos previstos en el punto 1) con excepción de los ítems l) y m.) 2) Admitir parcialmente los agravios de la recurrente y revocar el reconocimiento de las sanciones previstas en el art. 80 de la LCT, art. 2 de la ley 25.323 y lo ordenado en el punto 3) de la sentencia de primera instancia en cuanto manda a entregar a la actora los certificados de trabajo y de servicios y de remuneraciones.3º) Imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente. 4º) Regular los honorarios profesionales por la actuación ante ésta instancia del Dr. Carlos Toledo Vargas, apoderado de la parte actora en un 35 % y del Dr. Eugenio Gomez Carrasco, apoderado de la parte demandada en un 30 % de los regulados en la instancia de grado (arts. 16,30, y cctes. De la ley 3950). 5°) Tener presente la reserva del caso federal.6°) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. El Dr. Humberto Eduardo Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Griselda I. Bard– Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201 054 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3225 Folio Nº: 199/207 Secretaria: 1
Fin de la sentencia