Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-828/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la competencia originaria de este Alto Cuerpo para entender en la presente acción solo en cuanto se pretende la anulación de los actos administrativos impugnados (Decretos Nros. 040/19 y 073/19) y su consecuente reconocimiento como empleado de planta permanente.-
2Declarar la incompetencia de este Tribunal Superior de Justicia con respecto a la demanda del pago de salarios devengados y retenidos desde el 1 de diciembre de 2019 y sueldo anual complementario, y en consecuencia, en relación al planteo efectuado por la demandada en PE1297914-2024, conforme lo expuesto en los considerandos.-
3Declarar formalmente admisible la acción interpuesta contra la Municipalidad de Rio Gallegos, sólo en cuanto demanda la anulación de los actos administrativos impugnados (Decretos Nros. 040/19 y 073/19) y su consecuente reconocimiento como empleado de planta permanente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: L-828/20-TSJ Sentencia N°: 1163 Actor: LOBO ALBERTO ADAM Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 03/12/24 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1163 FOLIO Nº 3825/3830 PROT. ELECT. TSS1 020 C.241
Río Gallegos, 3 de diciembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “LOBO ALBERTO ADAM C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº L-828/20-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, del Dr. Fernando Miguel Basanta y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo Tribunal Superior de Justicia para decidir sobre su competencia para entender en estas actuaciones y, en su caso, examinar la admisibilidad formal de la acción incoada de conformidad con lo establecido por los artículos 60 y 67 de la Ley Nº 2600.-
El actor, con el patrocinio letrado de la Dra. Marianela Garrido, interpone demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Río Gallegos, con el objeto de declarar la nulidad de los Decretos 040/2019 y 073/2019, reconociéndole el carácter de empleado municipal, se ordene el pago retroactivo de haberes retenidos desde el 1 de diciembre de 2019, sueldo anual complementario 2da fracción y sumas devengadas hasta que se produzca el efectivo cese de los actos impugnados, con intereses a la tasa activa del B.C.R.A. (cfr. PE13331-2020).- Explica que ingresó a la Municipalidad de Río Gallegos el 19 de julio de 2018 como jefe del departamento de servicios de urgencias municipales (SUM); luego, mediante Decreto Nº 1569 del 9 de mayo de 2019, fue incorporado como empleado de planta permanente de la Municipalidad de Río Gallegos (con categoría 10), continuando con su actividad laboral como jefe de la dependencia referida hasta las asunción de las nuevas autoridades (cfr. PE cit. pág. 1).-
Agrega que a poco de asumida la actual gestión municipal se emite el Decreto Nº 040/2019 del 13 de diciembre de 2019 por el cual se deroga, en todas sus partes, los decretos que dispusieron los pases a planta permanente con fundamento en que los instrumentos legales resultaban contradictorios con toda norma jurídica que la administración municipal debe observar en sus actos administrativos específicamente en la Ley Nº 55 y la Nº 1260 (cfr. PE cit., pág. 2).-
Ofrece prueba, funda su derecho y hace reserva del caso federal (cfr. PE cit., págs. 20/22).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictaminó que: “…la presente acción no constituye materia contencioso administrativa de competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia en función de lo establecido en el art. 132, inc. 2º de la Constitución Provincial, debiendo declararse incompetente para intervenir en los presentes en razón de la materia…” (cfr. PE135942-2021, pág. 2).-
Que, en PE175762-2021 se ordena correr traslado de la demanda instaurada, rectificación efectuada y documental acompañada (cfr. PE13331-2020, PE126036-2021 y PE243096-2021), a la Municipalidad de Río Gallegos.-
Que, en dicha oportunidad procesal se presenta el Dr. Jorge Manuel Cabezas en su carácter de apoderado de la Municipalidad de Río Gallegos, oponiendo excepción de litispendencia e incompetencia y contestando demanda subsidiariamente (cfr. PE353676-2021).-
En PE244749-2022 se tuvo por planteadas en forma extemporánea las excepciones opuestas, considerando a la de litispendencia como defensa de fondo conforme lo dispone el artículo 62, último párrafo del CPCA, Ley Nº 2600.-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante se expidió sobre la admisibilidad de la demanda y materia de la litis (art. 60 del CPCA, Ley Nº 2600), expresando que: “…esta Fiscalía considera que debe hacerse lugar a la excepción de litispendencia opuesta por el apoderado de la Municipalidad de Río Gallegos lo que produce el desplazamiento de la competencia del Tribunal Superior de Justicia, el que además y según dictamen previo de esta dependencia, no se encuentra habilitado para resolver una pretensión que se fundamenta en normas laborales y que persigue el pago retroactivo de sumas de dinero adeudadas por distintos conceptos como consecuencia de la desvinculación laboral, por resultar cuestiones patrimoniales no susceptibles de ser resueltas y tratadas por el Alto Cuerpo, en virtud de la limitación que la Ley impone al Tribunal.”(cfr. PE418425-2022, pág. 3).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE278060-2022.-
En dicho estado comparece la demandada y expresa: “…que vengo…a informar que en los autos caratulados ‘Lobo Alberto Adam c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Laboral’ Expte Nº 20605/2021 de trámite ante el Juzgado Nº Dos Secretaría Nº Dos se ha llegado a un acuerdo transaccional que pone término a todo reclamo laboral del Sr. Lobo contra nuestro mandante, en tanto el convenio de pago se acordó en audiencia de fecha 18/11/2022 se homologó y se encuentra 100 % abonado, por lo cual todo reclamo de índole laboral queda extinto y cancelado […] correspondería declarar la cuestión abstracta, en virtud de la teoría de los actos propios ya que debe entenderse que el trabajador renunció a su pretensión de ser reincorporado, si reclamó a la empleadora el pago en concepto de indemnización por despido, y la aceptó por todo concepto sin hacer reserva ni objeción alguna.” (cfr. PE1297914-2024, ACR00046285.pdf).- Que corrido el traslado de rigor, la parte actora solicitó el rechazo de la pretensión expresando: “…el acuerdo transaccional con que pretende la contraparte dar por finiquitado la presente demanda no da cumplimiento, como queda evidente a lo reclamado por esta parte, y en consecuencia sigue pendiente que se declare de nulidad los decretos ya mentados precedentemente, habida cuenta que no (sic) nunca renuncié a mi pretensión de ser reincorporado. Ello así pues los vicios de que adolece dichos instrumentos legales resultan evidentes…” (cfr. PE1323426-2024, pág. 2).- En PE810935-2024 vuelven los presentes al Acuerdo.-
II. Luego de reseñada, brevemente, la cuestión que suscitara la promoción de estas actuaciones y los planteos de las partes, debemos analizar, liminarmente, la competencia de este Tribunal para entender en autos. Al respecto debe recordarse que el artículo 67 del CPCA, Ley Nº 2600, dispone que la incompetencia, si no se hubiere opuesto como excepción deberá ser declarada por el Tribunal como primera resolución que dicte.-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante que tomó intervención en el caso, se expresó a favor del desplazamiento de la competencia hacia el Juzgado con competencia en lo laboral. Ello así, pues considera que el reclamo es de índole laboral.-
Ahora bien, la asignación de competencia debe efectuarse tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal en base a la propia naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, ya que estos constituyen el sustento de la pretensión que la parte actora propone a decisión con relación al derecho sustancial reclamado (cfr. Interlocutorio, Tomo IV, Reg. 416, Folio 692/693).-
Para ello es preciso recordar que la atribución de competencia por razón de la materia debe -inexorablemente- prevalecer sobre la efectuada en razón del órgano administrativo. En este sentido se ha resuelto que: “...Aunque la relación jurídica que une a ambas partes constituya, tanto por su objeto como por las normas a la que está subordinada, un vínculo de empleo público, en el marco de la jurisprudencia vigente en la materia, dicha circunstancia no configura un antecedente que por sí baste, cuando la pretensión se fundamenta en normas laborales, para que el caso sea de la competencia contencioso administrativa (SCBA, B 55233 -I-3-8-93 in re: ‘Vargas Juan c. Prov. de Bs. As. s. Dem. Cont. Adm’) (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Contencioso Administrativo, Reg. 632, Folio 1770/1772)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 916, Folio 2705/2710).- Este criterio también ha sido receptado por destacada jurisprudencia en la materia en cuanto la opinión mayoritaria se inclina técnicamente a favor de estimar que la competencia contencioso administrativa no se define porque intervenga el Estado (a salvo los ordenamientos que así lo preceptúan) sino por la materia en debate, por el contenido jurídico, por el derecho que se intenta valer, por las normas de fondo para resolver el caso, por la subsunción del caso al derecho administrativo (conf. CNCAFed., Sala 3ra. 10/05/01, “Estado Nacional v. Aguas Argentinas”, Fallos 164:188; 244:252; 295:112 y muchos más) (cfr. STJ de la Provincia del Chubut “T. P. S.A. y Otros c/ Municipalidad de Trelew s/ contencioso administrativo”. Microjuris, cita online: MJ-JU-M-76974-AR MJJ76974 del 22/10/2022).- Por su parte, el artículo 1º del CPCA, Ley N° 2600, prescribe que el Tribunal Superior de Justicia en pleno conocerá y resolverá en instancia única en las acciones cuyas normas predominantes en la resolución del conflicto sean de derecho administrativo y que se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo tutelado por el ordenamiento jurídico, originados en la actuación del Estado Provincial, sus entidades autárquicas y jurídicamente descentralizadas y las Municipalidades.-
III. En el concreto caso de autos el accionante plantea, en primer término, que se declare la nulidad de los Decretos Municipales Nros. 040/2019 y 073/2019 (este último sólo se limitó a corregir un error material del anterior), por medio de los cuales se derogaron los decretos por el cual ingresó a planta permanente del municipio y, consecuentemente, se lo dejó cesante. Procura mediante dicha nulidad, se le reconozca el carácter de empleado de planta permanente. En segundo lugar se le abonen los salarios indebidamente retenidos desde el 1 de diciembre de 2019, sueldo anual complementario 2da fracción y sumas devengadas hasta que se produzca el efectivo cese de los actos atacados.- En el sub lite, el Decreto Nº 040/2019 y su correctivo Nº 073/2019, que se impugnan mediante la acción deducida, constituyen un acto emanado del Ejecutivo Municipal, que ha causado estado conforme lo señalado en párrafos precedentes, es consecuencia del ejercicio de la función administrativa y tiene aptitud para vulnerar o lesionar un derecho subjetivo emanado de una disposición administrativa establecida con anterioridad a favor de la parte actora; tal es la condición preexistente de empleado municipal de planta permanente otorgada por el Decreto Nº 1569/2019. De manera tal que para ser resuelta la controversia, debe subsumirse primordialmente en la legislación administrativa, por lo que se cumplen, en el particular, la totalidad de los recaudos que determinan la materia contencioso administrativa, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1º del CPCA, Ley Nº 2600, y su objeto se encuadra en el artículo 40, inc. a) de la citada Ley en tanto se pretende la anulación de actos administrativos.- La parte actora en la demanda ataca actos administrativos, la nulidad de los Decretos Municipales Nros. 040/2019 y 073/2019, y su tratamiento es propio del fuero Contencioso Administrativo, y este Alto Cuerpo es competente para entender en esta parcela del proceso en virtud de la asignación dispuesta en el artículo 132, inc. 2) de la Constitución Provincial.-
En cuanto al pago de los salarios retenidos, sueldo anual complementario y las sumas devengadas, el artículo 89 del CPCA, Ley Nº 2600, impide su sustanciación en este proceso al disponer que: “El Tribunal no podrá hacer en la sentencia declaraciones sobre derechos laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza que no sean los limitados al derecho administrativo para resolver la cuestión conforme a lo alegado y probado por las partes”. Asimismo es doctrina de este Alto Cuerpo que no entenderá en aquel proceso que tenga por objeto el cobro de una suma de dinero basada en relación laboral, ya que su competencia originaria únicamente corresponde a lo que respecta a normas de materia contencioso administrativa, resultando ajena a ella los procesos de contenido patrimonial (cfr.
Sentencia, Tomo XXII, Reg. 723, Folio 4351/4359; Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1131, Folio 3645/3652).- En igual sentido se ha señalado, con relación al reclamo de los salarios retenidos que: “Esta última pretensión debe ser desestimada, toda vez que se trata de una cuestión que excede el marco del proceso contencioso administrativo (cfr. art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600). En efecto, es criterio de este Tribunal Superior de Justicia que en este tipo de juicios, sólo debe decidirse sobre la materia contencioso administrativa (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo IX, Reg. 626, Folio 1748/1750). Por ello en el sub lite…La solicitud de la parte actora deberá ser objeto de planteo por la vía y forma correspondiente, toda vez que se trata de una materia extraña, en principio, a la acción contencioso administrativa…” (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1067, Folio 3369/3375 y XIX, Reg. 1146, Folio 3726/3731).- Si bien es cierto que el artículo 132, inc. 2º de la Constitución Provincial atribuye al Tribunal Superior de Justicia en instancia única la competencia en materia contencioso administrativa, no es menos exacto que las normas legales necesarias dictadas para ponerlo en ejecución, han dispuesto que las acciones de tal índole contencioso administrativa de las que conocería este Alto Cuerpo jurisdiccional quedaban limitadas a la revisión de actos administrativos sin abarcar en esa taxativa numeración las acciones resarcitorias de perjuicios o reclamatorias de salarios caídos o deudas. Es más, el legislador vedó expresamente al Tribunal Superior pronunciarse en sus sentencias sobre reclamaciones de derechos patrimoniales que las partes aleguen tener (art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600), que es precisamente lo que constituye una de las pretensiones de la actora.
En el ordenamiento provincial, en el derecho positivo vigente, impera una notable escisión entre la revisión judicial de los actos administrativos de competencia originaria de este Alto Cuerpo, y el juzgamiento de sus consecuencias patrimoniales, a cargo de la justicia ordinaria, para así garantizar su revisión en la doble instancia; lo que no permite asimilarlo a otro ordenamiento provincial o federal (cfr. TSJ. Santa Cruz, Contenciosos Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1146, Folio 3726/3731 cit.).- En síntesis, la reclamación bajo análisis excede el marco del proceso contencioso administrativo y deberá canalizarse por la vía procesal correspondiente.
IV. Dilucidada la cuestión anterior, corresponde analizar la admisibilidad formal de la acción entablada. Atendiendo a lo normado por el artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600, deben examinarse si se encuentran reunidos los requisitos que habiliten esta instancia judicial.-
El artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600, prevé un examen formal de admisibilidad, que constituye un juicio preliminar tendiente a rechazar in limine las demandas que adolezcan de patente inadmisibilidad formal (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 864, Folio 2487/2490).-
Por ello, es que llegan los presentes al Acuerdo con la finalidad de expedirse sobre si la vía judicial se encuentra formalmente habilitada y corresponde la declaración de admisibilidad a su respecto o, por el contrario, se impone la declaración de inadmisibilidad por no contener los recaudos impuestos por la ley adjetiva para su procedencia.-
Sentado ello, debemos señalar que la pretensión que procura la anulación de los Decretos Nros. 040/19 y 073/19, encuadra en la previsión del artículo 40, inciso a) del CPCA, Ley Nº 2600, cumple con las formalidades requeridas para su admisibilidad y, atento las suspensiones de términos decretada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia durante el transcurso del año 2020, fue iniciada en tiempo oportuno. Así, y sin que implique prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión que se ventila en esta causa, no se advierte, en este preliminar examen, inadmisibilidad alguna que obste a la prosecución del presente proceso, a fin de dilucidar, en la definitiva, la procedencia o no de la acción contencioso administrativa planteada.- En cuanto al pago de los haberes retenidos desde el 1 de diciembre de 2019, sueldo anual complementario 2da fracción y sumas devengadas hasta el cese de los actos impugnados, tal como se indicara en el Considerando III, excede la materia contencioso administrativa (cfr. art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600) y consecuentemente, deberá, en su caso, encauzarse por la vía procesal correspondiente.-
Atento la incompetencia declarada, este Alto Cuerpo se encuentra impedido de expedirse con relación al planteo efectuado por la demandada en PE1297914-2024. Así lo votamos.-
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Coincido con la solución a la que arriban las y los distinguidos colegas preopinantes, salvo en lo relativo a los fundamentos vertidos para considerar que el reclamo de “salarios caídos” excede la materia contencioso administrativa así como en lo relativo a que este Alto Cuerpo se encuentra impedido de expedirse respecto al planteo efectuado por la demandada en PE1297914-2024.-
Sobre la primera de las temáticas discurridas, esto es, la viabilidad de reclamar “salarios caídos” en el marco de un proceso contencioso administrativo, estimo pertinente reiterar -en lo sustancial- lo expresado en las causas: “Márquez” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1067, Folio N° 3369/3375), “Mayorga” (cfr. Sentencia, Tomo XXII, Reg. 723, Folio 4351/4359) y “Caballero” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1131, Folio N° 3645/3652).-
En esas causas sostuve que no resulta conveniente dilucidar si la cuestión excede o no el marco del proceso contencioso administrativo, sobre la base de lo prescripto exclusivamente por el artículo 89 del CPCA, Ley Nº 2600, sino que, por el contrario, esta faena debe concretarse en comunión con lo establecido por las restantes normas contenidas en ese digesto normativo.-
Lejos de una mentalidad reglamentaria y ritualista, los jueces deben erigirse en incansables buceadores del sentido integrado del derecho, para así lograr la construcción y justificación de una solución racional del caso a resolver. Desde este cuadrante, surge la necesidad de descifrar el significado sistémico de la mencionada regla, reparando no solo en su texto legal sino también en los principios y valores en juego.-
El artículo 89 del CPCA, Ley Nº 2600, dispone que este Tribunal Superior de Justicia al emitir sus pronunciamientos, en el marco de un proceso contencioso administrativo, no puede hacer declaraciones sobre derechos laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza que no sean los limitados al derecho administrativo para resolver la cuestión conforme a lo alegado y probado por las partes. Esta limitación no es sino el corolario de los principios esenciales del contencioso administrativo, pues el administrado sólo puede acudir ante este Alto Cuerpo para agraviarse de una resolución de la autoridad administrativa que le ha denegado o lesionado un derecho subjetivo que se encuentra regido por una norma administrativa (ley, decreto, reglamento, ordenanza u otro precepto administrativo preexistente), y no por una disposición del derecho común (cfr.
Manuel J. Argañaraz, “Tratado de lo Contencioso Administrativo”, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1955, pág. 343).- Esta norma se encuentra íntimamente vinculada con lo establecido en el artículo 3º del código citado, según el cual resulta materia excluida de este tipo de proceso aquél asunto que deba resolverse aplicando sustancialmente normas de derecho privado o derecho del trabajo. De este modo, se excluyen de la competencia del fuero contencioso administrativo aquellos casos en que las normas de derecho privado o derecho del trabajo se aplican en forma directa, los cuales resultan evidentemente ajenos al ejercicio de la función administrativa, caracterizada por desarrollarse bajo un régimen exorbitante.- Por su parte, el artículo 1º del CPCA, Ley Nº 2600 prescribe que: “ El Tribunal Superior de Justicia en pleno conocerá y resolverá en instancia única en las acciones cuyas normas predominantes en la resolución del conflicto sean de derecho administrativo y que se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo tutelado por el ordenamiento jurídico, originados en la actuación del Estado Provincial, sus entidades autárquicas y jurídicamente descentralizadas y las Municipalidades.”.
El fuero contencioso administrativo no se define, entonces, por la sola intervención del Estado en juicio, sino lo que verdaderamente interesa es el contenido jurídico y el derecho que se intenta hacer valer, es decir, por la subsunción del caso al derecho administrativo.- En este marco, considero que la pretensión bajo tratamiento también corresponde a la competencia de este Tribunal Superior de Justicia, en tanto se subsume en los artículos 1º, 2º inciso c) y 3º inciso b) -a contrario sensu- del CPCA, Ley Nº 2600.-
Tomás Hutchinson afirma que: “El empleo público es una relación…de Derecho Público, por eso los códigos la incluyen dentro de la materia procesal administrativa, interviniendo en su conocimiento los jueces del fuero administrativo. Así lo señala el Código de Neuquén (art. 2º inc. a, ap. 3º) que incluye todo tipo de reclamos por retribuciones de agentes públicos.” (cfr. aut. cit., “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, Tomo I, pág. 586). Cuadra destacar que la norma neuquina aludida resulta idéntica a la contenida en el artículo 2, inciso c) de nuestro CPCA, Ley Nº 2600.- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha indicado que: “Si la pretensión pecuniaria que se expone en la demanda halla sustento en la relación de empleo público que mantienen las partes, la materia sometida a juzgamiento es propia de la competencia contencioso administrativa que, en forma transitoria, ejerce este Tribunal (arts. 215 2da. parte, Const.
Prov.) porque ella comprende los conflictos suscitados entre los particulares y la administración en el ámbito del citado vínculo laboral…” (cfr. sum., “Solari, Rubén A. c/ Municipalidad de Moreno s/ Cobro de haberes. Cuestión de competencia art. 6º C.C.A., causa B. 63.110, 26/09/2001).- En la precitada causa “Mayorga” traje a colación las enseñanzas de Miguel Santiago Marienhoff, quien asevera que: “‘Como consecuencia del vínculo jurídico que une al funcionario o al empleado públicos (sic) con el Estado...va de suyo que toda controversia entre el funcionario o empleado y el Estado, relacionada con la función, empleo o cargo, incluso reclamaciones de sueldos, corresponderá...a la jurisdicción contencioso-administrativa y en modo alguno a la jurisdicción ordinaria […] Sostener, como aún suelen hacerlo algunos expositores, que lo atinente al cobro de sueldos, por constituir una cuestión patrimonial, corresponde a la jurisdicción judicial ordinaria -aparte de olvidar que lo patrimonial no es exclusivo del derecho privado- constituye un resabio de las antiguas y hoy abandonadas teorías intermedias respecto a la naturaleza de la relación de empleo público, en cuyo mérito se sostenía que esta relación presentaba elementos de derecho privado patrimonial (sueldos, jubilaciones, etcétera) y elementos de derecho público (ordenamiento de los órganos, organización de la carrera, etc.).
Hoy se reconoce que aun lo referente al sueldo y a la jubilación tienen fundamento en el derecho público, dándole, así, un carácter unitario a toda la relación...’ (cfr. aut. cit.: ‘Tratado de Derecho Administrativo’, 4ª ed. actualizada, reimpresión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Tomo III-B, págs. 503 y 505)”.- En virtud de lo expuesto, entiendo que reclamos como el del actor corresponden a la competencia originaria de este Tribunal Superior de Justicia y, por ende, también debe declararse formalmente admisible este punto de su demanda.-
II. Frente a la solicitud formulada por la Municipalidad en PE1297914-2024, resulta imperativo que este Tribunal Superior se pronuncie sobre la cuestión planteada. La demandada sostiene que “Siendo que se encuentra acreditado prima facie que las pretensiones se encuentran cumplidas por el acuerdo laboral (...) correspondería declarar la cuestión abstracta...”. De ello se deriva que, a criterio de la demandada, el acuerdo alcanzado en el fuero laboral ha satisfecho la totalidad de las pretensiones del actor, tanto la nulidad de los actos administrativos como el pedido de índole patrimonial. Consiguientemente, la solicitud de la Municipalidad exige una respuesta explícita de parte de este Alto Cuerpo.- A mi entender, el acuerdo laboral no ha tenido efectos sobre la legitimidad de los actos administrativos cuestionados, y persiste el interés legítimo en resolver tanto la pretensión de nulidad como sus consecuencias patrimoniales, las cuales derivan de manera directa de dicha nulidad. Ambas pretensiones se encuentran intrínsecamente vinculadas, de modo que deben ser resueltas en un único proceso, con el objetivo de analizar la situación jurídica del actor y establecer las medidas que correspondan, en cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva.- La integridad de la relación jurídica exige un abordaje unificado en la vía contencioso administrativa. El acuerdo transaccional celebrado en sede laboral, aunque haya satisfecho ciertos aspectos patrimoniales, no aborda la cuestión esencial de la validez de los Decretos N° 040/2019 y 073/2019. En consecuencia, este Tribunal debe intervenir tanto en la revisión de la legalidad del acto impugnado como en el análisis de los derechos patrimoniales derivados, ya que ambos aspectos configuran un único conflicto jurídico que solo puede ser resuelto plenamente en esta jurisdicción.- Así, el interés legítimo en que se resuelvan ambas pretensiones permanece vigente, y este Tribunal debe garantizar una resolución que abarque la nulidad y sus efectos patrimoniales, en cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva y con respeto por la naturaleza unitaria de la relación de empleo público que fundamenta el reclamo.-
III. Por todo lo expuesto, considero que debe declararse la competencia originaria de este Alto Cuerpo para entender en la presente acción y, por ende, debe declararse formalmente admisible la demanda. Asimismo, debe rechazarse el planteo formulado por la demandada en PE1297914-2024. Así lo voto.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo-ritario y concordante de las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani; el voto en disidencia parcial de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar la competencia originaria de este Alto Cuerpo para entender en la presente acción solo en cuanto se pretende la anulación de los actos administrativos impugnados (Decretos Nros. 040/19 y 073/19) y su consecuente reconocimiento como empleado de planta permanente.-
2. Declarar la incompetencia de este Tribunal Superior de Justicia con respecto a la demanda del pago de salarios devengados y retenidos desde el 1 de diciembre de 2019 y sueldo anual complementario, y en consecuencia, en relación al planteo efectuado por la demandada en PE1297914-2024, conforme lo expuesto en los considerandos.-
3. Declarar formalmente admisible la acción interpuesta contra la Municipalidad de Rio Gallegos, sólo en cuanto demanda la anulación de los actos administrativos impugnados (Decretos Nros. 040/19 y 073/19) y su consecuente reconocimiento como empleado de planta permanente.-
Fdo. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1020C.241 Tomo: XX Sentencia: 1163 Folio N°: 3825/3830 Secretaría: 1
Fin de la sentencia