Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127482
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca la sentencia apelada de fs. 629/634 y en su consecuencia, se dispone el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Ángel Alberto Naya y se recepta el progreso de la demanda por despojo incoada por Sonia Beatríz Locio contra Ángel Alberto Naya, M. N. B., R. E. B., M. N. B. y M. B., condenando a los demandados a restituir a la actora el inmueble identificado como una parte indivisa relacionado con una fracción de terreno ubicada en la Ciudad y Partido de La Plata cuya nomenclatura catastral: circunscripción III, sección B, chacra 67, parcela 8, lote 22 de la manzana 5 de 10 metros de frente por 48,30 metros de fondo, superficie total de 483 metros cuadrados que corresponden al 2,07577% del total de la fracción de terreno designado en el plano como parcela 8, en el término de veinte (20) días de que adquiera firmeza la presente –conforme lo dispuesto en el apartado VII del presente-, bajo apercibimiento de lanzamiento (art. 2238, 2241, 2245 CCyC, 384 CPCC); las costas de ambas instancias se imponen a los demandados en su esencial condición de vencidos (art. 68, 274 C.P.C.C).
GAL
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVI Causa N° 127482; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº20 - LA PLATA LOCIO SONIA BEATRIZ C/ B., M. N. Y OTROS S/ ACCION DE DESPOJO REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los un días del mes de Septiembre de Dos mil veinte, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 127482, caratulada: "LOCIO SONIA BEATRIZ C/ B., M. N. Y OTROS S/ ACCION DE DESPOJO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 629/634?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el señor Ángel Alberto Naya; rechazó las excepciones de falta de acción y de prescripción opuestas por los demandados B. y desestimó la demanda interpuesta por Sonia Beatriz Locio contra M. N. B., R. E. B., M. N. B. y M. B. y ocupantes; impuso las costas a la parte actora sustancialmente vencida, postergando la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (fs. 629/634).
II. Contra esta forma de decidir interpuso recurso de apelación la actora (fs. 644), el que concedido libremente (fs. 645) se encuentra debidamente fundamentado en esta instancia (presentación electrónica del 27/05/2020). Corrido el traslado (28/05/2020), éste fue contestado por el demandado Ángel Alberto Naya (presentación de fecha 05/06/2020) y M. N. B., R. E. B. y M. N. B. (presentación del 05/06/2020). Luego de la vista de la Asesoría de Menores e Incapaces actuante (presentación del 09/06/2020), se llamaron autos para sentencia (11/06/2020).
III. La apelante se agravia de la sentencia de grado a la que tilda de arbitraria y conjetural, por no tener en cuenta la prueba que acredita los extremos legales exigidos para el progreso de la acción y porque entiende que omitió la existencia de hechos comprobados esencialmente relevantes. Conceptualiza el fallo como contradictorio, alegando que exige de manera arbitraria la acreditación de extremos fácticos no requeridos por la ley sustantiva, desatendiendo la legislación, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, tanto para el fondo de la cuestión como para el tratamiento de las excepciones. Todo ello, cree que genera evidentes y absurdas contradicciones que se reflejan en dicha sentencia.
Particularmente pone en crisis el progreso de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el accionado Naya, argumentando que éste fue el despojante de la posesión que ella ostentaba, siendo por ende la decisión adoptada contraria a lo dispuesto por art. 2241 CCyC. Agrega que la ley dispone una legitimación amplia y no es excluyente, que otorga un abanico de posibilidades de acción tendiente a proteger a la víctima del despojo de su posesión.
Destaca que todos los demandados actuaron con absoluta mala fe y que esto quedó acreditado, particularmente que Naya ingresó al inmueble como mero tenedor para luego intervertir el título realizando actos materiales con intención de excluirla de la posesión tal como lo fue el cambio de cerradura. Discurre que el mero hecho de que este codemandado no haya estado presente en el momento de realizarse el mandamiento de constatación no lo exonera de legitimación dado que fue éste quien ejecutó el acto material de despojo.
Se duele asimismo de la incorrecta aplicación del art. 2241 CCyC en cuanto a la omisión de pruebas respecto del acto de desapoderación y que el mencionado artículo no requiere de violencia, clandestinidad, ni abuso de confianza.
Resalta que la sentencia de grado exige éstos extremos para la procedencia de la acción incoada (despojo de la posesión mediante violencia, clandestinidad o abuso de confianza) que la propia ley no requiere en absoluto. Además que, eventualmente, su parte los ha probado debidamente.
Insiste en que el a quo ignoró prácticamente la totalidad de los elementos probatorios y que para la procedencia de la acción basta con acreditar la posesión, que se reconoce como acreditada en pasajes de la sentencia y el desapoderamiento o despojo -destacando que ella entregó la tenencia temporal al Sr. Naya mas no la posesión-, de la que fue desposeída mediante un evidente abuso de confianza. Aduna que tampoco se ha acreditado el eventual acuerdo y pago de $280.000 en su favor que menciona el demandado en su conteste. Concluye que pesa sobre Naya acreditar los hechos que él alega.
Reafirma que del iter documental surge el despojo: del boleto de compra y venta (fs.5/7), del mandamiento de constatación (fs. 71/72) y del “Contrato de venta de mejoras y cesión de derechos y acciones sobre el inmueble” (fs. 220/222), argumentando que de no haber mediado desapoderamiento es la suscripta quien debiera haber sido parte cedente de tales derechos y no el Sr. Naya.
Valora al respecto la absolución de posiciones de M. N. B. quien reconoce ser continuadora en la posesión de mala fe de Angel Alberto Naya. Recalca sobre la interversión intentada por Naya quien de mero tenedor del bien, luego se manifiesta como poseedor y dueño.
Denuncia error en la sentencia en cuanto refiere que el hecho ventilado en autos generó una denuncia penal en la UFI 9 departamental, cuando en realidad esas actuaciones versan sobre robos en la propiedad. Se agravia de la omisión del tratamiento de los restantes demandados (M. N. B., R. B., M. N. B., M. B.) como actuales ocupantes y sucesores de mala fe del despojante y de los hechos nuevos denunciados que versan sobre el contenido del contrato de venta de mejoras y cesión de derechos y acciones sobre el inmueble incorporado como documental por los demandados.
Señala que el inmueble designado en la demanda (Circunscripción III, Sección B, Chacha 67, parcela 8, partida: 344635, indicada bajo el N° 22 de la proyectada Manzana 5, de 10 x 48,30 metros -superficie total de 483 metros cuadrados-, el cual conforme croquis de venta que forma parte integrante en un todo con el boleto de compra y venta. Inmueble referenciado como N° 22 de la proyectada Manzana 5) es distinto y diferente del individualizado en el contrato presentado por los demandados (Circunscripción III, Sección B, Chacha 67, parcela 6, identificada con Partida: 055- 344633), cuestión que queda acreditada mediante el sistema de cartografía de ARBA de fs. 550/552 y lo expresado por el perito agrimensor en su informe.
Hace pie en la mala fe de los codemandados en los términos del art. 1902 CCyC quienes ingresaron al inmueble sin previo realizar las diligencias correspondientes a fin de conocer la situación tanto registral como extra registral de la cosa.
Finalmente, se disconforma de la errónea aplicación de costas respecto de las excepciones de falta de acción y prescripción sin hacer distingo alguno, las cuales fueran rechazadas por el a quo, omitiendo aplicar el art. 77 del CPCC que dispone que los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal y que la aplicación genérica del art. 68 del código de rito viola las disposiciones del debido proceso adjetivo en la materia.
IV. El demandado Naya contesta los agravios de la actora reafirmando su postura que no resultaba poseedor del inmueble a la fecha de realizarse el mandamiento de constatación.
Además, alega que no resulta despojante de la supuesta posesión de Locio y que no permaneció en el inmueble en carácter de simple tenedor sino como exconcubino de la actora.
Reputa como equivocada la vía elegida por la accionante para demandarlo.
Señala que se encuentra probado en la instancia que la legitimada activa fue desinteresada del mencionado bien con la entrega de $280.000, cediendo en su favor el boleto de compra venta del inmueble en cuestión y renunciando a todo reclamo sobre el mismo y que por ello, considerándose dueño, enajenó sus derechos en favor de M. N. B.
A su turno, el resto de los codemadados denuncian equivocación de la actora cuando sostiene que la única norma aplicable en cuanto a la viabilidad de la acción despojo es el art. 2241 CCyC, el que solo enmarca la procedencia de la acción de despojo ante la pérdida de tenencia o posesión de un bien y la consecuencia que opera en una sentencia favorable y no hace mención a la posesión viciosa a la que hace alusión el art. 1921 CCyC. Destacan que la agraviada no logra probar que la posesión del codemandado Sr. Naya haya sido por abuso de confianza como tampoco que ellos tengan una posesión viciosa del inmueble.
Señalan que el CCyC coincide con lo que establecía el Código de Vélez Sarfield en los Artículos 2364 al 2372 inclusive, echando por tierra el argumento utilizado por la apelante en cuanto a que el CCyC no exige violencia, clandestinidad o abuso de confianza para ser procedente la acción de despojo. Reseñan que surge de la prueba de autos la condición de poseedor a título de dueño de Ángel Alberto Naya sobre el bien y que no hay prueba del despojo de la posesión por abuso de confianza, advirtiendo que la Sra. Locio no efectuó denuncia penal por el hipotético abuso de confianza de parte del Sr. Naya.
Respecto de la alegación de la actora sobre que se tratan de distintos inmuebles el que se demanda y el del contrato entre Naya y el resto de los codemandados, afirman que no se tratan de propiedades diferentes a pesar de reconocer que existió un error de tipeo involuntario en el último de los instrumentos; que se trata de un mismo y único bien inmueble con la sola referencia equívoca en cuanto al Número de Parcela y Partida Inmobiliaria que por error se consignó en la cesión de derechos y acciones. Dicen que es el mismo ya que hay datos que coinciden como las medidas, superficie del inmueble y ubicación geográfica del mismo.
Niegan mala fe de su parte, diciendo que siempre obraron de buena fe sabiendo que Naya era poseedor a título de dueño y en el momento de la transferencia era ocupado solo por él, por lo que reputaron innecesario pedir informes al Registro de la Propiedad Inmueble.
Resaltan que Locio en tal caso debió recurrir a una acción reivindicatoria y no a la de despojo por cuanto ellos demostraron prima facie la posesión del bien, probando mediante la documental acompañada y las pruebas que se produjeron que son adquirentes de buena fe y a título oneroso de la posesión pública y pacífica del predio.
V. Abordando la tarea revisora encuentro que los agravios opuestos por la actora ponen en crisis el rechazo de la acción de despojo por ella iniciada.
V.1. A tales fines encuentro pertinente ilustrar tanto las cuestiones de hecho y derecho debatidas en estas actuaciones, como su resolución en la instancia de origen.
Desandando esta tarea, se evidencia que Sonia Beatríz Locio inicia una acción contra Ángel Alberto Naya a quien sindica como despojante, contra M. N. B., R. B., M. N. B. y M. B. a quienes caracteriza como actuales ocupantes y sucesores particulares de mala fe de Naya y contra ocupantes, tenedor/poseedor o intruso, todo ello en virtud del despojo total de la posesión que ostentaba sobre el inmueble objeto de autos (demanda fs. 137/159, punto “I”).
Justifica su legitimación activa, haciendo pie en los arts. 2241 y 2238 CCyC y en particular en el boleto de compra venta de fecha 12 de abril de 2010 mediante el cual adquirió la propiedad (punto “V” y “VI” fs. referidas) en inmobiliaria Munguillot.
Denuncia una relación amorosa con el accionado Naya, a partir de la cual éste se mudó a su vivienda en el mes de marzo de 2014 hasta diciembre de 2014 y que en esa fecha –producida la ruptura de la pareja- se lo dio en tenencia por 60 días porque no tenía donde ir y a cambio de $1500 de alquiler mensual. Refiere que su ex pareja abono los primeros dos cánones, que pasado ese plazo le dijo sin justificación alguna que no se iba a ir y que cambio la cerradura de la casa sin previo consentimiento de su parte (punto “VI” fs. referidas).
Indica que el resto de los demandados resultan poseedores de mala fe en virtud a lo dispuesto por el 1902 CCyC dado que no se ocuparon de examinar, previo a la adquisición, la documentación, antecedentes y constancias registrales (demanda fs. referidas).
Ángel Alberto Naya contesta la acción oponiendo su falta de legitimación pasiva, sosteniendo que no era poseedor del inmueble a la fecha de la demanda porque se había desprendido de ella mediante la venta de las mejoras y cesión de acciones y derechos sobre el inmueble el 22 de marzo de 2016 (v. contrato fs. 180/181 y fs. 192/197 vta.).
Reconoce la existencia de una relación de concubinato con la accionante “durante aproximadamente un año y medio de convivencia que culminó el 9 de enero de 2015” resaltando que ella hizo abandono del hogar porque se relacionó amorosamente con un vecino con el que se fue (punto “III” fs. referidas).
Respecto del bien en cuestión, señala que con anterioridad a la convivencia adquirieron el lote con su dinero y fondos y que -terminada la relación- ella se retiró acordando que él se quedaría con el predio y sus mejoras, agregando que además desinteresó a la accionante mediante la entrega de $280.000. Destaca que a partir de ese pago la legitimada activa cedió en su favor el boleto de compra venta y renunció a todo reclamo sobre el bien.
Denuncia que al momento de la separación, Locio se llevó subrepticiamente la documental (boleto, recibos, etc.) y que, a pesar de ello, luego él enajenó la propiedad a B. (contestación de demanda, fs. referidas). Presentados a estar a derecho, M. N. B., R. E. B. y M. N. B., éstos últimos por sí y en representación de la menor de edad M. B., oponen excepción de falta de acción aduciendo ser adquirentes de buena fe, a título oneroso de la posesión pública y pacífica de la propiedad desde el año 2011 teniendo en cuenta la posesión antes ejercida por el cedente Ángel Alberto Naya (fs. 234/240).
Luego de oponer también la excepción de prescripción en los términos del art. 2564 inc. “b” CCyC, invocan que B. era compañero de trabajo de Naya, quien le ofreció el inmueble “del cual nos hace saber que ejercía la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida sobre el bien desde hacía más de cinco años” (punto “V” fs. referidas).
Producida la prueba pertinente, la sentencia de grado hace lugar a la falta de legitimación pasiva contra Naya en el entendimiento que éste no vivía ni ocupaba la propiedad al momento de efectuarse la constatación judicial de la propiedad (punto “III.1” fs. 629/634) y no recepta las de falta de acción (punto “III.2”) y prescripción (punto “III.3”).
Rechaza finalmente la acción intentada considerando que no se acreditó la turbación con violencia, clandestinidad o abuso de confianza a la posesión de la actora y que no se produjo prueba que Naya haya ingresado con ese carácter (fs. 629/634).
V.2. Expuesto el contexto fáctico, el marco normativo dispone que “las acciones posesorias según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor” agregando que “Hay desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o tenedor” (art. 2238 CCyC). Por su parte, el art. 2241 CCyC dispone que “corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea vicioso, contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el desapoderamiento. La acción puede ejercerse aun contra el dueño del bien si toma la cosa de propia autoridad…”, mientras que el art. 2245 CCyC enumera los legitimados: “Corresponden las acciones posesorias a los poseedores de cosas, universalidades de hecho o partes materiales de una cosa”, “los tenedores pueden ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el poseedor y pedir que éste sea reintegrado en la posesión, y si no quiere recibir la cosa, quedan facultados para tomarlos directamente”. De la legislación en vigencia, surge la existencia de las acciones para mantener la posesión o tenencia en caso de turbación o para recuperarla en el supuesto de despojo que es la intentada en autos.
También da cuenta de las diferencias entre desapoderamiento y turbación, definiendo al primero como la exclusión absoluta del poseedor o tenedor y el segundo cuando acto turbatorio no se traduzca en una exclusión total. De ello se colige que será uno u otro supuesto dependiendo del éxito y grado del ataque perpetrado. A partir de ahí nacerá –según el caso– la acción de despojo (art. 2241) o bien de manutención (art. 2242 CCyC).
Respecto de la legitimación activa, a pesar de que los art. 2241 y 2242 parecen dejar en claro su alcance, el legislador en el art. 2245 lo trata expresamente. Este último artículo –como se dijo– la concede para este tipo de acciones a los poseedores de las cosas, otorgándosela también a los tenedores pero vía de excepción -por subrogación de los derechos ante la inacción de éste para recuperar la tenencia- o ante su negativa para tomarlo directamente. De ello concluyo que los tenedores, para la procedencia de la acción, quedan circunscriptos a los casos enumerados en el art. 2245 in fine CCyC, en virtud a la relación de poder del sujeto con la cosa (arts. 1908, 1909 y 1910 CCyC). Por su parte, carga la legitimación pasiva de forma expresa sobre el autor de la desposesión, sus herederos y sucesores particulares de mala fe (art. 2241 CCyC).
V.3. Ahora bien, a fin de resolver la controversia objeto del recurso, se evidencia central la indagación y determinación sobre la existencia de la posesión en cabeza de la actora en los términos del art. 1909 CCyC. Caso afirmativo, habrá de analizarse si ésta resultó desposeída totalmente del inmueble o si por el contrario cedió o bien perdió aquélla en favor del codemandado Naya.
En este contexto, se advierte que Sonia Beatríz Locio efectivamente acreditó ser la adquirente de la propiedad, mediante el boleto de compra venta acompañado como prueba documental a fs. 5/7 (y reconocido como original en testimonial de reconocimiento de fs. 530) del que surge que los vendedores le entregaron la posesión de la unidad libre de todo ocupante a la fecha de la suscripción del instrumento (12 de abril de 2010, cláusula sexta fs. 5/7).
Asimismo, probó el pago de 62 cuotas establecidas en el instrumento mencionado de las que dan cuenta los recibos de fs. 8/70 emitidos en su favor (reconocidos como originales por la inmobiliaria emisora a fs. 469/473).
Además –con principal relevancia para la resolución- esta circunstancia es reconocida por el demandado Naya quien en su absolución de posiciones admitió que Locio firmó el boleto de compra venta (posición 1, fs. 520/521) y que ella tomó la posesión (posición 4), con la salvedad que depuso que lo hizo conjuntamente con él.
Contrariamente al reconocimiento expreso sobre la posesión de la contraparte, esta última afirmación no encuentra sustento probatorio alguno. Nótese que por ningún medio queda evidenciado: que el inicio de la posesión haya sido de modo conjunto o que la compra haya sido en realidad con dinero del accionado pero suscripto por la actora, ni que la legitimada activa se haya llevado subrepticiamente los papeles que luego acompañara a la demanda como referencia Naya en su conteste, todos extremos que culminaron como meras manifestaciones de parte (art. 384 CPCC).
En ese sentido, la testimonial rendida no hace referencias de importancia sobre esas afirmaciones. Agapito Aguirre depone no haber visto al demandado (fs. 538/539), mientras que Horacio Aníbal Amaral cree que Naya estaba en el lugar como pareja de la actora (fs. 548/549). Lisandro Eliseo García por su parte declara que “tiene entendido” que la actora no es la dueña “que el dueño es Naya. Porque esos son los terrenos que compraban casi todos los que trabajaban en la fábrica Albano Cazzoul” (fs. 522 y vta.). De lo expuesto se desprende que el único testigo que lo ubica en la posición de dueño o poseedor (García fs. 522 y vta.) lo hace de una forma vaga e indeterminada, referenciando que otros compañeros de trabajo habían comprado en el barrio sin detalle expreso de las circunstancias debatidas en autos. Por lo tanto resulta una declaración insuficiente y endeble para acreditar ese extremo.
Por ello, en virtud a la prueba producida y en arreglo a las reglas de la sana crítica, concluyo que la actora fue quien compró la propiedad, recibió la tradición de la cosa y adquirió su posesión a partir del 12 de abril de 2010 para sí (arts. 384 CPCC, 1909 CCyC).
Véase que esta conclusión –a pesar de lo dispuesto en su parcela dispositiva- es compartida por la sentencia de grado en reiterados pasajes de sus considerandos en cuanto dice: “Considero que la actora tiene disponible la presente via procesal en tanto acredita la posesión del inmueble que refiere a la luz del boleto de compra venta de fs. 5/7 y testimonial de reconocimiento de fs. 530…” (apartado III fs. 629/634); “debo señalar que en el caso de autos la posesión originaria en cabeza de la parte actora se encuentra acreditada con el boleto de compra venta de fs. 5/7, la falta de desconocimiento de dicha situación fáctica por parte de los accionados en sus escritos postulatorios y en la prueba confesional…. El boleto de compra venta indicado ha sido reconocido a través de la prueba testimonial de fs. 530 y la informativa…” (apartado IV fs. 629/634).
Pues bien, encontrando probada la posesión en cabeza de la accionante desde el año 2010 ¿se vislumbra su abandono o cesión en favor del codemandado Naya?.
Adelanto que –contrariamente a lo concluido por el a quo– no encuentro evidencia idónea en ese sentido.
Como primera conclusión encuentro que le asiste razón a la actora en sus agravios, en cuanto refiere que la sentenciante de grado exige requisitos para la procedencia de la acción que la misma ley no requiere. En efecto, rechaza el reclamo incoado basado en que no encuentra prueba de turbación con violencia, clandestinidad o abuso de confianza, ni que Naya haya ingresado con ese carácter (fs. 629/634).
Como se dijo antes, el art. 2241 CCyC antes citado dispone que la acción de despojo procede “cuando de los actos resulte el desapoderamiento”, no requiriéndose violencia, clandestinidad ni abuso de confianza, requisitos a los que tampoco hace referencia el art. 2245 CCyC al legislar sobre la legitimación para la procedencia de la acción posesoria.
No modifica lo concluido la disposición del art. 1921 CCyC cuando hace referencia a la posesión viciosa, siempre que –como se dijo– no es un requisito de procedencia para la presente acción.
Cabe señalar que el legislador exige que las actividades denunciadas como actos materiales en dirección de desposeer (conf. art.1928 del Código Civil y Comercial) sean ejecutadas por una persona con la intención de hacerse de la posesión de la cosa y contra la voluntad del poseedor (conf. CC0001 QL RSI 02/17, sent. del 09/02/2016) sin requerir que éstos cuenten con las notas requeridas por la sentencia de grado.
En el mismo sentido, las conclusiones de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil declararon en el punto I.4 que se "entiende por desposesión la privación absoluta, total o parcial, de la posesión o la tenencia, cualquiera sea el modo empleado para concretarla" (conf. Código civil y comercial: tratado exegético, 3ra. ed., tomo X / Jorge Horacio Alterini; dirigido por Jorge Horacio Alterini. - 3a ed .Editorial La Ley, comentario art. 2241 CCyC). En estos términos, la acción resulta operativa contra quien lo turba en todo o en parte material de la cosa o de la universalidad de hecho (art. 2245 CCyC), a fin de eliminar el ataque y sus causas, y permitir al titular de la relación mantenerse en su goce pleno, sin más exigencias.
No resulta ocioso en este punto señalar que la legislación en aplicación (art. 7 CCyC) - a diferencia del art. 2469 del Código de Vélez – no requiere la "arbitrariedad" en la turbación para la operatividad de la acción. En consecuencia, la improcedencia del rechazo de la demanda por la ausencia de este requisito se avizora evidente (art. 1908, 1909, 1910, 1916, 2238, 2241 CCyC).
Por otra parte, la a quo da cuenta que “la accionante voluntariamente dejó en posesión del terreno al Sr. Ángel Alberto Naya, en virtud a la posición 7 de fs. 529” (apartado “IV”, v. esp. fs. 633). Encuentro que esta afirmación no cuenta con un adecuado sustento probatorio, dado que evalúo que el análisis de la absolución de posiciones de la actora efectuado luce parcial y contrario a lo dicho efectivamente dicho por la deponente.
Nótese que en la mencionada posición 7 Locio, requerida “para que jure como es cierto que usted voluntariamente dejó en posesión de terreno al Sr. Angel Alberto Naya” contesto: “Que si es cierto. Que cuando termina su relación en diciembre de 2014 de común acuerdo la absolvente se va a lo de su mama por cuatro meses que habían acorado para que el se acomodara para ir a vivir y luego ella volvía a su casa que se la iba a devolver y allí es cuando el le dice que no se la iba a devolver ni comprar ni nada. Que así fue la manera voluntaria en la que la absolvente deja que el se quede en su casa” (fs. 528/529).
En el mismo sentido, en la respuesta a la posición que afirma que abandonó el inmueble responde “No es cierto” (posición 8 fs. referidas). De la transcripción de ambas posiciones surge evidente el error en la valoración efectuada por la Juez de la instancia, toda vez que la accionante refiere claramente no haber abandonado la posesión. Muy por el contrario, depone que permitió a Naya que se quedara viviendo en la propiedad por un tiempo limitado en calidad de tenedor.
Concluir en contrario, circunscribiéndose a los términos del inicio de la respuesta del planteo n° 7, se traduce en un rigorismo formal atentatorio de las reglas de la sana crítica que deben imperar en las decisiones de los jueces. Véase que si bien en la formulación de la posición se refiere a la entrega de la posesión, no debe perderse de vista que quien contesta es una persona que no cuenta con formación ni conocimiento en cuestiones legales –sino un justiciable en ejercicio de sus derechos-, para quien la posesión y la tenencia bien pueden ser términos de similares alcances. Requerirle el conocimiento de las definiciones técnico legales por sobre los hechos descriptos, otorga como principal peligro la posibilidad de alejarse de la verdad material. Ésta conclusión queda abonada con la ampliación en la respuesta mencionada que evidencia a las claras que la deponente no hizo abandono el inmueble y por lo tanto no cedió la posesión, sino que únicamente dio en tenencia por tiempo limitado (art. 384 CPCC).
Este extremo ha sido abordado por nuestro Máximo Tribunal Provincial quien tiene dicho que “La prueba confesional está direccionada a que el absolvente declare sobre hechos personales - o de su conocimiento – concernientes a la cuestión que se ventila (art. 409 del CPCC), queda excluido, por su propia naturaleza, que lo haga sobre el sentido jurídico de los mismos” (SCBA C 118112 sent. del 02/07/2014 Juez Pettigiani MA).
En el mismo sentido, “El valor probatorio de la prueba confesional, debe apreciarse en su correlación con el resto de las pruebas atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad material. Y ello no solo en el ámbito de la confesión ficta, cuya virtualidad probatoria, no es de plena prueba (art. 417 del C.P.C.), sino también en relación a la confesión expresa, de fuerza insuperable que la constituye en la probatio probatíssima (art. 421 del C.P.C.C.)” (SCBA LP C 109072 sent. del 12/12/2012 Juez Hitters SD, C 77802 sent. del 06/04/2016 Juez De Lázzari SD, C 120925 sent. del 06/12/2017 Juez Soria SD, C 121756 sent. del 13/06/2018 Juez Genoud SD). Abordando el resto de la prueba obrante en autos, tampoco encuentro evidencia concreta sobre que la actora haya abandonado la propiedad y su posesión.
Contrariamente a ello, advierto que los recibos de pago por la compra del inmueble comprenden el plazo entre junio de 2010 y septiembre de 2016, fecha muy posterior a la que el demandado Naya refiere como el fin de la posesión de la actora (fs. 8/70, 469/473).
Asimismo, por ningún medio el demandado Naya acredita que efectivamente Locio haya hecho abandono de la propiedad, ni que se la haya cedido, ni menos aún que éste la haya desinteresado con el pago de $280.000 como refiere en su conteste.
Véase que de los testimonios agregados solo surgen manifestaciones vagas e indeterminadas realizadas por amigos del accionado (art. 384 CPCC).
El testigo Martín Miguel Rivas, luego de reconocer que tiene una amistad con el demandado de más de 8 años (respuesta 1 fs 535/535 vta.), depone sobre el supuesto arreglo entre Naya y Locio “Que le comentó en su momento que habían arreglado pero no sabe que suma” (6 y repregunta 3, fs. referidas).
Lisando Eliseo García por su parte depone que le prestó a Naya la suma de $500.000 en el mes de diciembre de 2014, para que Naya arregle algo del inmueble con Locio, que incluso el dinero se lo dio frente a él testigo” (respuesta 6 fs. 552/552 vta.) y que por ese préstamo “no se firmó ningún documento porque la palabra y la confianza con Naya son suficientes” (repregunta 3 fs. referida).
Como se dijo, estas declaraciones –en aplicación de las reglas de la sana crítica mediante las cuales se abastece la ponderación en los principios de la lógica y de las máximas de la experiencia, valorando la circunstancias personales, la naturaleza de los hechos sobre los cuales declaran, atendiendo primordialmente a la mayor o menor verosimilitud de sus dichos en función a la cuestión litigiosa (conf. CC0002 SM Causa 57725 RSD 89-6, sent. del 25/04/2006)- no cuentan con el grado de detalle, fuerza de convicción y contacto directo con los hechos ventilados en autos, por lo que no se traducen en prueba idónea de lo manifestado por el demandado (arts. 384, 456 CPCC).
V.4. A fin de continuar con la evaluación del recurso y su procedencia resta ver la posición adoptada en el proceso de los codemandados M. N. B., R. E. B., M. N. B. y los últimos en representación de M. B. Éstos al presentarse a estar a derecho manifiestan que “… En nuestro caso, como infra lo detallaremos, adquirimos el 22.03.2016 por cesión de derechos y acciones posesorias incluyendo las mejoras, el inmueble objeto de esta acción en la cual el cedente – seño Ángel Alberto Naya – tenía una posesión pública y pacífica de más de 5 años en el inmueble en mención (punto II fs. 234/240, v. esp. 234 vta/235) y agregan “En estos obrados, mediante la prueba documental que acompañamos y las pruebas que se producirán en la etapa procesal correspondiente, demostraremos que somos adquirentes de buena fe, a título oneroso de la posesión pública y pacífica del inmueble objeto de la acción. Además la posesión la ejercemos al menos desde el año 2011, teniendo en cuenta la posesión ejercida por el cedente Señor Ángel Alberto Naya, por lo tanto resulta improcedente la acción de despojo” (el resaltado me pertenece, fs. referidas v. esp. 235).
Asimismo, del instrumento agregado a fs. 220/222 (cesión de derechos y acciones posesorias entre Naya y M. N. B.) se desprende que Naya le vende y transfiere todos sus derechos y acciones de carácter posesorio de más de 5 años (conf. clausula primera punto “1”) y que “el CESIONARIO acepta de conformidad continuar estando en la posesión de los bienes cedidos” (el resaltado me pertenece, cláusula primera punto “3”).
De sus propias manifestaciones se colige entonces ocupan el lugar de continuadores de la posesión del inmueble por parte de Ángel Alberto Naya la que –como se dijo en el párrafo anterior– no ha sido debidamente acreditada. Por tanto, éstos no pueden ejercer un derecho más amplio que el recibido por el negocio aludido.
Es decir que no puede ceder la posesión pública, pacífica e ininterrumpida quien no la tuvo antes para sí.
Ello en virtud a que el haber declarado el cedente que posee el inmueble desde hace determinada cantidad de años con los caracteres aludidos y a título de dueño, solo constituye una simple manifestación de éste que no configuran de modo alguno prueba hábil de su existencia.
En similar alcance se ha dicho que “La expresión contenida en la escritura de cesión de acciones y derechos posesorios en el sentido que el cedente ha detentado la posesión pública, pacífica, ininterrumpida, con ánimo de dueño por un lapso determinado y ello es lo que cede, no pasa de ser la simple expresión del cedente sin que ello permita acreditar tales circunstancias porque emerjan del instrumento público, ya que lo único que da fe el notario interviniente, es de los actos que hayan pasado en su presencia –como la voluntad e intención de ceder y la aceptación de la cesión, el objeto que se cede individualizado- y no de aquellos que sean afirmación o apreciación de los comparecientes” (CC0102 LP 192370 RSD 51-91 sent. del 09/04/1991). Se torna entonces evidente que no adquieren el carácter de poseedores por la sola manifestación efectuada en el contrato.
En el mismo sentido son ellos mismos quienes, de las transcripciones antes descriptas, dan cuenta de la continuidad en la alegada posesión de Naya (art. 384 CPCC).
Agregado a ello, M. B. en su absolución reconoce que la posesión fue entregada por Naya (posición 4 fs 522/523) y que es continuadora de aquélla (posición 5). Aquí resulta relevante destacar que – en el mismo sentido que al valorar la absolución de la actora– no es dable concluir que es continuadora de mala fe por el solo hecho de que formulación de la posición así lo diga.
Pues entonces, ante el reconocimiento expreso no resulta válido posteriormente ponerse en contradicción con sus propios dichos. A la luz de la doctrina de los actos propios resultan inadmisibles las afirmaciones o pretensiones que son incompatibles con conductas pasadas del pretensor, deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Este principio entronca con los deberes de conducta que impone la buena fe, la que requiere coherencia en el obrar del sujeto y sanciona aquéllas que resultan contradictorias. Esta exigencia no alcanza sólo a las partes en el proceso, sino también al órgano jurisdiccional (conf. esta Sala, causa 126314, RDS 299/19, sent. del 13/11/2019).
Finalmente, habiendo quedado acreditada la posesión por parte de la actora y que no haya mediado cesión o abandono de la misma, no resulta procedente que los codemandados aleguen una misma relación de poder (tenencia o posesión) sobre el mismo inmueble, toda vez que no pueden concurrir sobre un mismo bien varias relaciones de poder de la misma especie que se excluyan entre sí (art. 1913 CCyC).
Por ello, siendo Locio la poseedora del bien, excluye de ese carácter a los codemandados porque su derecho es anterior y porque éstos últimos ocupan el lugar de Naya que ya ha sido determinado en estas actuaciones (arts. 384 CPCC).
V.5. Es por todo lo expuesto, que encuentro probada la posesión del inmueble objeto de autos en cabeza de la actora Sonia Beatriz Locio y su desapoderamiento total por parte del codemandado Ángel Alberto Naya quien a su vez cedió sus derechos al resto de los codemandados M. N. B., R. E. B., M. N. B. y los últimos en representación de M. B., por lo que la acción de despojo deviene procedente.
En consecuencia, cabe hacer lugar a los embates de la actora en este aspecto, debiéndose revocar la sentencia de grado, haciendo lugar a la demanda por despojo instaurada por Sonia Beatriz Locio contra Ángel Alberto Naya, M. N. B., R. E. B., M. N. B. y M. B., disponiéndose la restitución del bien identificado como una parte indivisa relacionado con una fracción de terreno ubicada en la Ciudad y Partido de La Plata cuya nomenclatura catastral: circunscripción III, sección B, chacra 67, parcela 8, lote 22 de la manzana 5 de 10 metros de frente por 48,30 metros de fondo, superficie total de 483 metros cuadrados que corresponden al 2,07577% del total de la fracción de terreno designado en el plano como parcela 8, en el término de veinte (20) días de que adquiera firmeza la presente (arts. 1908, 1909, 1910, 1913, 2238, 2241, 2245 CCyC, 384 CPCC).
VI. Llegado a este punto, en un antiguo fallo de nuestro Máximo Tribunal Provincial (causa B. 9858, sentencia del 11/05/1912, "Acuerdos y Sentencias," serie VII, t. V, pág. 82) doctrina que ha sido repetida numerosas veces ("Acuerdos y Sentencias", serie 19ª, t. III, pág. 411; t. IV, pág. 200; t. VI, pág. 569; serie 20ª, t. I, pág. 512; t. III, pág. 533) y tenía antecedentes en casos de mayor antigüedad (vgr., serie 3ª, t. IX, pág. 200), decía el doctor Escobar que "no infiriéndose lesión al derecho cuyo reconocimiento se gestiona, no existe obligación (rectius: razón) de apelar o manifestar disconformidad con las apreciaciones de derecho que el sentenciador haga al pronunciar su fallo. Como lo sostienen los tratadistas, el interés es la medida del derecho como el agravio es la medida del recurso y la apelación no procede sino por su lesión, que consiste en el perjuicio que al apelante cause la parte dispositiva de la sentencia. De manera que si la resolución que favorece a una parte es apelada por otra, toda la cuestión materia del litigio, de acuerdo con la regla que dejo establecida, pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior. Porque la apelación lo único que hace es transportar el derecho de un tribunal a otro y por tal razón esta Corte ha consagrado el principio de que en las sentencias las cuestiones deben plantearse de conformidad con lo alegado y probado y de lo resuelto por el inferior. Esta regla, concluía el voto del doctor Escobar, es legal y justa; porque se evita el desorden en la tramitación de los juicios, que se introduciría obligando aun a los favorecidos por una sentencia a apelar o manifestar su disconformidad con los fundamentos que no le favorecieren y además se evita que en su silencio, en caso de apelar la contraparte, se resuelvan las cuestiones en una sola instancia..." (Conf. SCBA LP C 109849 sent. del 27/11/2013 Juez HItters SD).
En efecto, estamos en presencia de la figura que los doctrinarios han dado en llamar "adhesión implícita a la apelación", o "apelación adhesiva" (Barbosa Moreira, José Carlos, "Comentarios ao Processo Civil", Ed. Forense, Brasil, t. IV, p. 334), que ha sido recogida por la Corte Provincial y también por el más alto Órgano de Justicia de la Nación (Fallos: 193:408; 253:463; 256:434 y 260:402; entre otros), ante el silencio del Código adjetivo (Conf. SCBA causa citada).
En el caso en estudio, los demandados resultaron gananciosos en la instancia anterior (fs. 629/634). En virtud a ello, éstos carecían de interés para alzarse contra el decisorio, pues obtuvieron lo que deseaban, que se haga lugar a sus defensas (conf. Schönke, "Derecho Procesal Civil", Barcelona, Bosch, p. 24).
En tal situación, el ganador no está potenciado para incoar un embate contra el fallo que en su parte resolutiva no le causa agravio (Fairén Guillén, Víctor, "Temas del Ordenamiento Procesal", Madrid, Tecnos, t. II, p. 993). No obstante si el vencido lo ataca, todas las defensas planteadas por aquél quedan sometidas a la Cámara, y deben ser tratadas inexcusablemente por ella, como si hubiera habido una "adhesión" de quien resultó ganancioso (conf. SCBA causa referenciada).
En este extremo, es que cabe abordar las excepciones opuestas por los accionados. Respecto de la falta de legitimación pasiva opuesta por Naya y la de falta de acción interpuesta por el resto de los codemandados, me remito al desarrollo efectuado en el presente en puntos V.2, V.3 al que me remitido brevitatis causae.
Sobre la excepción de prescripción intentada, el art. 2564 inc. “b” CCyC dispone el término de un año para la prescripción de las acciones posesorias como las debatidas en autos.
En este sendero, la misma actora denuncia que la desposesión se hizo efectiva luego del mes de diciembre del año 2014, fecha en la que finalizó su relación amorosa y por ende el concubinato con el demandado Naya. La mediación prejudicial fue iniciada el 20/09/2016 (fs.2/3).
Ahora bien, la diligencia preliminar con objeto de determinar quiénes serían los demandados de la acción posteriormente entablada, fue incoada por la legitimada activa el 20 de noviembre de 2015 (v. información en mesa de entradas virtual). En el marco de esas actuaciones se efectúo el mandamiento de constatación el 3 de abril de 2016 (fs. 71/72) y, como se dijo, el 20 de septiembre 2016 el proceso de mediación.
En éstos términos, la interposición de la medida previa “Locio, Sonia Beatríz c/ Naya, Angel Alberto s/ Diligencias preliminares” expte. LP– 54225-2015 radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 20 de este Departamento Judicial fue una acto por parte de la interesada con entidad necesaria para interrumpir el plazo. Es sabido que la demanda judicial – más allá que se trate de un requerimiento previo- acarrea la interrupción de la prescripción, en cuanto implica ejercitar judicialmente el derecho con el propósito de obtener una sentencia y conseguir la satisfacción del mismo. Es por ello que la excepción planteada por los codemandados en estos términos, no ha de proceder por lo que la confirmación de su rechazo se impone (arts. 2564 CCyC, 384 CPCC).
VII. Habiendo concluido de tratar los agravios traídos, observo que en el domicilio objeto de estos actuados vive la menor de edad M. N. B. (fs. 71/72 y 216).
Como es sabido, los niños, niñas y adolescentes reciben reconocimiento y protección especial tanto en la Constitución de la Nación (artículo 75 inc. 23, C.N.), como en la de nuestra Provincia (artículo 36 inc. 2, Const. Prov.), al igual que en Tratados internacionales (v.gr. Convención sobre los Derechos del Niño, entre muchos otros).
Ese mismo grupo de personas son beneficiarios de las Reglas de Brasilia, al referenciarse como personas en situación de vulnerabilidad, la cual puede estar provocada, entre otras razones, por la edad (artículo 5 de las Reglas referidas). Así, en el segundo párrafo de esa regla se aclaró que “Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo”. Teniendo en cuenta ese especial contexto, en el que se encuadra la demandada, que el presente litigio se refiere a la vivienda en la que habita desde hace varios años (año 2016), entiendo que aun cuando la pretensión prospere en cuanto a los derechos que aquí se debaten y dentro de lo que resulta la discrecionalidad judicial y el principio de oficiosidad que impone el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en sus arts. 706 y 709 en lo que se refiere a procesos en los cuales se encuentran vinculados intereses de este grupo, aun cuando no sean procesos de familia, aprecio que el plazo para el cumplimiento coactivo de la sentencia debe modificarse de diez días a veinte días.
Tal como se lee de la Exposición de Motivos de las Reglas de Brasilia “El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social”.
Es así que en el Capítulo I, Sección primera, segundo párrafo del segundo apartado dice que “…Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares”.
La misma Corte de la Nación consideró prudente adherir a las Reglas de Brasilia cuando ella fuera procedente, como guía de los asuntos a los que se refiere (CSJN, Acordada 5/2009, del 24-II-2009). Y es desde esta perspectiva que, como expuse, por tratarse de niños que deberán dejar su vivienda, entiendo que el plazo debiera ampliarse al que ahora se propone (arg. arts. 14 bis, 18, 75 inc. 23, C.N.; 36 inc. 6, Const. Prov. y conc.; esta Sala, causas 115.325, sent. del 11/9/2014, RSD 125/14 y 120.289, sent. del 9/2/2017, RSD 6/17). Todo ello sin perjuicio de otras medidas que pueda requerir la señora Asesora de Menores e Incapaces para la etapa de ejecución (conf. esta Sala causa 117304, sent. del 25/09/2018).
VIII. En tal entendimiento, por las consideraciones vertidas, he de proponer hacer lugar a los agravios de la actora, revocando el decisorio de grado, disponiendo el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Ángel Alberto Naya y receptar el progreso de la demanda por despojo incoada por Sonia Beatríz Locio contra Ángel Alberto Naya, M. N. B., R. E. B., M. N. B. y M. B., disponiéndose la restitución del inmueble identificado como una parte indivisa relacionado con una fracción de terreno ubicada en la Ciudad y Partido de La Plata cuya nomenclatura catastral: circunscripción III, sección B, chacra 67, parcela 8, lote 22 de la manzana 5 de 10 metros de frente por 48,30 metros de fondo, superficie total de 483 metros cuadrados que corresponden al 2,07577% del total de la fracción de terreno designado en el plano como parcela 8, en el término de veinte (20) días de que adquiera firmeza la presente –conforme lo dispuesto en el apartado VII del presente-, bajo apercibimiento de lanzamiento (art. 2238, 2241, 2245 CCyC, 384 CPCC); propongo que las costas de ambas instancias sean impuestas a los demandados en su esencial condición de vencidos (art. 68 C.P.C.C.). Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde revocar la sentencia apelada de fs. 629/634 y, en su consecuencia: disponer el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Ángel Alberto Naya y receptar el progreso de la demanda por despojo incoada por Sonia Beatríz Locio contra Ángel Alberto Naya, M. N. B., R. E. B., M. N. B. y M. B., condenando a los demandados a la restitución a favor de la actora del inmueble identificado como una parte indivisa relacionado con una fracción de terreno ubicada en la Ciudad y Partido de La Plata cuya nomenclatura catastral: circunscripción III, sección B, chacra 67, parcela 8, lote 22 de la manzana 5 de 10 metros de frente por 48,30 metros de fondo, superficie total de 483 metros cuadrados que corresponden al 2,07577% del total de la fracción de terreno designado en el plano como parcela 8, en el término de veinte (20) días de que adquiera firmeza la presente –conforme lo dispuesto en el apartado VII del presente-, bajo apercibimiento de lanzamiento (art. 2238, 2241, 2245 CCyC, 384 CPCC); las costas de ambas instancias deben ser impuestas a los demandados en su esencial condición de vencidos (art. 68, 274 C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca la sentencia apelada de fs. 629/634 y en su consecuencia, se dispone el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Ángel Alberto Naya y se recepta el progreso de la demanda por despojo incoada por Sonia Beatríz Locio contra Ángel Alberto Naya, M. N. B., R. E. B., M. N. B. y M. B., condenando a los demandados a restituir a la actora el inmueble identificado como una parte indivisa relacionado con una fracción de terreno ubicada en la Ciudad y Partido de La Plata cuya nomenclatura catastral: circunscripción III, sección B, chacra 67, parcela 8, lote 22 de la manzana 5 de 10 metros de frente por 48,30 metros de fondo, superficie total de 483 metros cuadrados que corresponden al 2,07577% del total de la fracción de terreno designado en el plano como parcela 8, en el término de veinte (20) días de que adquiera firmeza la presente –conforme lo dispuesto en el apartado VII del presente-, bajo apercibimiento de lanzamiento (art. 2238, 2241, 2245 CCyC, 384 CPCC); las costas de ambas instancias se imponen a los demandados en su esencial condición de vencidos (art. 68, 274 C.P.C.C). REGISTRESE. NOTIFIQUESE electrónicamente (SCBA, Res. Presidencia 10/20, art. 1 ap. 3, c.2).
DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia