Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2020-14103106-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones recurridas en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en las sumas de $433.735, equivalente a 12,62 UMA, para la representación procesal y $1.084.337, equivalente a 31,54 UMA, por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de Loimar S.A.C.I.F.I.C, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 24.432.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en las sumas de $433.735, equivalente a 12,62 UMA, para la representación procesal y $1.084.337, equivalente a 31,54 UMA, por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo del Sr. Juan Loitegui, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-18393275-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 21 de Febrero de 2024 apelación” y su acumulado EX-2021-51823274 -APN-SGAI#TFN – Loitegui Juan. Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’ Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el EX-2020-14103106-APN-SGAI#TFN caratulado “Loimar S.A.C.I.F.I.C s/ recurso de apelación” y su acumulado EX-2021-51823274 -APN- SGAI#TFN caratulado Loitegui Juan s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Loimar S.A.C.I.F.I.C y A (en adelante Loimar S.A.) interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 208/2019, 209/2019 y 220/2019, emitidas el 18 de diciembre de 2019 y el 27 de diciembre de 2019, por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Por la primera de ellas, se determina de oficio su obligación frente al impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 1/2014 a 12/2014, intimándola a ingresar $350.119,70 y se le aplica una multa por omisión de $245.083,79 (art. 45 ley 11.683).
Por la segunda, se la intima a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas de los períodos fiscales 6/1/2014 al 28/10/2014, por $65.742,39, y se le aplica una multa de defraudación de $197.227,18 al encuadrar su conducta en el art. 46 y presumir el dolo según los incs. b) y c) del art. 47 de la misma ley. Por último, en la tercera Resolución se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2014, intimándola a ingresar $974.807,17, y se le aplica una multa de omisión de $682.365,02. En todos los casos, más los intereses resarcitorios previstos en el art. 37 de la ley 11.683.
A su vez, el señor Juan Loitegui interpone el mismo recurso contra las Resoluciones Nros. 71/2021, 72/2021 y 73/2021, dictadas el 10 de mayo de 2021 en las que se le determinaron de oficio las mismas obligaciones como responsable personal y solidario, en los términos de los arts. 6 y 8 de la ley 11.683, en razón de haber ejercido como presidente del directorio de Loimar en los períodos fiscales comprendidos en las Resoluciones Nros. 208/2019, 209/2019 y 220/2019.
En sus presentaciones ante este Tribunal, aclaran que el recurso se dirige a cuestionar los ajustes a los que se refieren en los Capítulos I, II y III y respecto de los detallados en el Capítulo IV de sus escritos, dicen que se allanarán a la pretensión fiscal a los fines de regularizar su situación en el régimen de regularización de la ley 27.541 y sus modif. y regl.
A continuación describen los ajustes practicados en las Resoluciones:
A) Omisión de declarar ingresos gravados en el impuesto a las ganancias que fue advertida al compararlos con las ventas consignadas en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los periodos 1 a 12/2014 y en el Libro IVA Ventas ($127.271.724,97), mientras que las exteriorizadas en los estados contables cerrados el 31/12/2014 fueron $124.448.502,87. La diferencia determinada por este concepto es de $2.823.221,97. Manifiestan que al contestar la vista previa, explicaron que la diferencia entre el libro de IVA Ventas (facturas emitidas) y la contabilidad sobre la cual se declaró el impuesto a las ganancias, correspondía a mercadería facturada y no despachada, entendiendo por no despachada aquélla que no había sido entregada en ese período fiscal, aunque sus facturas fueron cobradas a los clientes. Agregan que esta diferencia corresponde a un neto entre la mercadería facturada en el año 2013 y remitida en el 2014 y la facturada en 2014 y despachada luego de vencido ese período fiscal.
Sostienen que entendían por “despacho” a la acción de entrega de la mercadería correspondiente al comprador. También explicaron que existen clientes que pagan anticipadamente la mercadería que retiran más adelante, circunstancia que comercialmente implica “congelar” el precio de estos productos aunque los mismos sean entregados en otro ejercicio fiscal. No obstante ello, facturaban los importes al momento de su efectivo cobro a fin de declarar y pagar el impuesto al valor agregado, aún cuando no había entrega de la mercadería, ya que, la misma, se producía y remitía a requerimiento del correspondiente comprador.
Explicaron también en la misma oportunidad que al finalizar el ejercicio se hacía un ajuste contable para reflejar como ventas las mercaderías despachadas, toda vez que lo facturado a los clientes y no despachado constituye, según su criterio y siempre desde el punto de vista contable, un pasivo y no una venta.
Seguidamente, citan el art. 18 de la ley de impuesto a las ganancias “Las ganancias en el artículo 49 se consideran del año fiscal en que termine el ejercicio anual en el cual se han devengado” y entienden que, dado que la ley no define este concepto, en base a numerosa doctrina que se ha pronunciado sobre este particular, este criterio debería regirse por las normas contables, significando que los hechos económicos son reconocidos contablemente al momento de producirse el "hecho sustancial" que genera el mismo (independientemente de su cobro o pago). Concluyen, que en las ventas el hecho sustancial es la entrega de la cosa.
Agregan que igual criterio se debe aplicar para los gastos necesarios aunque no se hubiesen pagado, considerando que si no están facturados por el proveedor corresponde su contabilización como "Provisión para Gastos" en la medida que hayan sido incurridos para obtener los ingresos devengados.
Consideran errado el criterio del juez administrativo que se sostiene en que jurídicamente es la facturación la que determina el nacimiento del hecho imponible, sin detenerse en el análisis del significado atribuible a la palabra “ devengado” y olvidando que la norma citada establece que “las disposiciones precedentes sobre imputación de la ganancia se aplican correlativamente para la imputación de los gastos ..”, párrafo que establece un apareamiento entre ingresos y egresos no permitiendo distorsionar el sentido económico del impuesto que en definitiva grava la ganancia neta obtenida. Así, en la determinación de este gravamen se omite aplicar el principio de la realidad económica del art. 1° y 2° de la ley 11.683 y de ese modo la materia imponible queda groseramente distorsionada ya que no contempla los gastos y costos incurridos para lograr esa producción.
Además, se agravian porque es falso afirmar que la facturación constituye el “hito elegido por el legislador para generar el nacimiento del respectivo hecho imponible, algo – sin duda alguna que no merece mayor objeción”, ya que el antiguo Código como el actual, las facturas no impugnadas constituyen una presunción de hecho de la concreción de la operación, que admite “prueba en contrario”, lo que sería fácilmente rebatible en el caso de autos, ya que no existe la contrapartida instrumentada en los correspondientes remitos.
Manifiestan entonces que de confirmarse los ajustes se debe permitir a Loimar computar como gasto el costo de producción de los materiales facturados y que, con dicho propósito, calculó el margen de utilidad referido a las toneladas de ladrillo vendidas, que conforman la base imponible de la determinación que arroja un margen de utilidad de $381.135.
Por otro lado, manifiestan que en la determinación del impuesto a las ganancias reitera la Resolución impugnada en la vista, donde se le imputaba haber considerado como gastos del ejercicio la adquisición de bienes de capital que, conforme a su criterio, tenían que tratarse como amortización, por un importe de $ 2.464.686,84. Sostienen también que el juez administrativo trató algunos rubros como gasto deducible cuando en realidad debieron considerarse como inversión pasible de amortización y que, al compartir este razonamiento, la determinación recurrida impugna la deducción realizada, reemplazando la misma por una amortización de $273.854,09 incrementando de esta manera la base imponible del impuesto a las ganancias del ejercicio. A continuación, detallan los rubros que se impugnaron:
1. “MOLIENDA PLANTA “A”: Dicen que es una cinta transportadora que debió ser importada con el objeto de no parar la producción ya que la anterior se encontraba deteriorada. Su único propósito fue mantener el mismo ritmo de producción y logística que tenía la fábrica en ese momento y que el costo y gastos de exportación que insumieron la cantidad de $ 2.413.347 deben ser considerados “gastos de mantenimiento y reparación” y, en consecuencia no corresponde su tratamiento como maquinaria, como hizo el juez administrativo, para considerarlo un activo.
2. MATERIAL PARA HORNO: Repuestos como ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente; partes árboles de transmisión- incluidos los de levas y los cigüeñales y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; usillos fileteados de bolas o rodillos; reductores multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par; volantes y poleas, incluidos los motores, embriagues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación, cilíndricos-muelles (resortes) helicoidales en muelles- resortes- ballestas y sus hojas, de hierro o acero). Alega que de ninguna manera corresponde su activación ya que no “alargan la vida útil del bien de uso”, sino que impiden continuar paralizaciones que normalmente afectan la producción. Estos repuestos deben estar disponibles ya que no puede esperarse el tiempo de importación de los mismos cuando se impone su reemplazo, atento a las consecuencias que esta circunstancia genera como incumplimientos por demoras en la entrega de la mercadería, salarios improductivos, etc.
Sostiene, entonces, que no son bienes y servicios necesarios accesorios a sus activos, por lo que no corresponde su encuadramiento en los arts. 58, 82, inf. f), 84 de la ley del impuesto a las ganancias y 125 de su reglamentación, t.o. en 1997 y sus reglam. (amortización como bienes de capital).
Por ello concluyen que el tratamiento correcto en relación a este rubro es el de gastos deducibles que se le dio en la declaración jurada original y agregan que el Fisco Nacional no está en condiciones de determinar la veracidad del criterio técnico adoptado. Ofrece por ello como prueba que este Tribunal designe peritos técnicos de la Cámara de la Cerámica Roja.
No obstante ello, dicen que en la propia Resolución N° 220/2019 se pone en duda cuál es el tratamiento que debería darse técnicamente a dichos elementos, pero párrafos más abajo concluye que dado que nos estamos refiriendo “a un problema de hecho y prueba, por lo que no habiendo la actora aportado probanza alguna que dilucide la calidad en que fue adquirida la cinta transportadora y los demás bienes, corresponde confirmar el criterio seguido …”, aun cuando, según dice, en la instancia administrativa previa ofreció pruebas con dicho propósito.
B) Se impugna en la Resolución N° 220/2019 la deducción del gasto por una operación de $17.236,80 por falta de prueba sobre su existencia, con efectos también en las determinaciones practicadas en las Resoluciones Nros. 208/2019 y 209/2019, en el impuesto al valor agregado y salidas no documentadas, respectivamente. Explica que la factura corresponde a una compra a DUSTIC S.R.L. por rollos de cinta de polipropileno porque dicho proveedor se encuentra incluido en la base Apoc como “una usina empresa desactivada”.
Destaca que en dicha calificación se tuvo en cuenta que el domicilio declarado era inexistente, no tenía personal en relación de dependencia, registraba acreditaciones bancarias únicamente en los periodos fiscales 2011 a 2013, tampoco tenía bienes registrables ni practicaba retenciones por ganancias ni por el impuesto al valor agregado, tenía baja de inscripción en el impuesto a las ganancias desde el 09/2014, entre otras inconsistencias. En su defensa, dicen que conforme al Remito N° 0001- 00001571 el 18/02/14 la mercadería fue enviada a la fábrica por un transportista -Expreso “FULT”- y fue abonada por ella mediante dos cheques cuyo detalle obra en el recibo oficial N° 0001 – 00000728 emitido por Dustic S.R.L. el 28/4/2014. Destacan que la inclusión de esta empresa en la base APOC es posterior a que contrató con ella.
Agregan que al contestar la vista, acompañó una foto de la cinta de polipropileno que lleva impresa el nombre de Loimar en los pallets de los ladrillos que comercializa y que, por su naturaleza y utilización, este producto es consumido de manera continua, motivo por el cual no les resulta extraño que no haya podido constatarse su existencia a más de cinco años de su adquisición.
Afirman que se encuentra acreditado que la factura existió, que su pago fue con cheques y que la entrega de la mercadería fue través de un transportista, es decir un tercero, por lo que no se puede discutir que cumplió las condiciones sustanciales y formales que requiere el Organismo Fiscal, pudiéndose comprobar la compra, el circuito de pago de esa operación y la entrega de la mercadería adquirida.
Por otro lado, en el Capítulo IV de los recursos de apelación presentados ante este Tribunal manifiestan que se allanan al ajuste al que se refiere al inc. b) de la Resolución N° 220/2019 determinativa del impuesto a las ganancias reconociendo una mayor base imponible en dicho gravamen y período de $1.650.000 y en el impuesto al valor agregado determinado en la Resolución N° 208/209 por $346.500. Ello como consecuencia de aceptar el ajuste por incremento patrimonial no justificado (art. 18, inc. f), ley 11.683) por la falta de contabilización de la compra de un inmueble el 29/12/2014 por $1.500.000.
Cabe ya destacar que aún ni en esta instancia, ni antes en la administrativa, se acreditó la efectiva regularización de dichas sumas, la recurrente no formuló agravios en sus recursos, ni tampoco sobre la impugnación de la deducción de gastos en el impuesto a las ganancias por no haberse acreditado su respaldo documental por $815.664,48 y $42.202,43 en concepto de deducción por amortización de bienes de uso.
Respecto al impuesto a las salidas no documentadas intimado en la Resolución N° 209/2019 por objetar erogaciones por $652.228,65, las recurrentes solamente aclaran que el allanamiento solo comprende las operaciones que han sido reconocidas en la instancia de la fiscalización, ya que los considerandos de dicha determinación establecen haber ajustado la misma a la reliquidación practicada luego de la contestación de vista del 21/5/2019, pero confieso que su liquidación me es imposible desentrañar (sic). En consecuencia, no se formulan tampoco agravios respecto de las operaciones que en dicho acto se consideran sin documentar o documentadas con comprobantes sin debida identificación y se intima el pago de este gravamen.
Agregan que incluirán los correspondientes importes dentro del plan de regularización y moratoria sancionado por la ley 27.541 y la RG 4667/2020.
Por último, en cuanto a las sanciones aplicadas invocan los principios propios del derecho, según los cuales quien acusa debe probar lo afirmado y no sustentar su acusación en una presunción y que, en caso de duda, debe aplicarse el principio “in dubio pro reo”.
Explican que cuando la Administración ejercita potestades punitivas, la valoración de la presunción no puede ser la propia del ámbito tributario o administrativo y que la presunción de inocencia no tolera que alguno de los elementos constitutivos de la infracción se presuman en contra del acusado, admita esta prueba en contrario o no; por lo que recaía en el Fisco Nacional la prueba.
Sobre la responsabilidad solidaria, el Sr. Loitegui expresa que no le resulta atribuible y que las intimaciones de pago a la empresa no se encuentran firmes y que, por lo tanto no están impagas, toda vez que fueron apeladas ante este Tribunal, por lo que solicita la conexidad con el EX-2020-14103106- -APN-SGAI#TFN, caratulado Loimar S.A.I.C.I.F.I., adhiriendo a los planteos allí efectuados.
Ofrecen la producción de prueba testimonial, informativa, pericial técnica y contable y solicitan que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. Por su parte, mediante presentaciones del 21/9/2020 y 30/8/2021 (IF-2020-63110201-APN-DTD#JGM e IF- 2021-80333305-APN-DTD#JGM), contesta el traslado de los recursos la representación fiscal, quien por las consideraciones que expone, pide que se confirmen sus actos, también con costas.
El 11/2/2021 y el 26/4/2021 se le requirió a las recurrentes que informaran sobre la regularización referida en el Cap. IV de sus recursos que no fue contestado, por lo que ha de tenérsela como no realizada.
En la PV-2021-25745183-APN-VOCXI#TFN se hizo saber a las partes que la celebración de la audiencia prevista en el art. 173 de la ley 11.683 resultaba imposible de practicar a partir de la emergencia pública en materia sanitaria sancionada por la ley 27.541 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas y se dispuso, previo a proveer respecto a la prueba testimonial ofrecida, intimar a la recurrente para que indicara cuál era la relación del testigo -Ing. Jorge Oscar Ortiz- con los hechos investigados y, asimismo, que aclararan qué pretendían probar mediante el ofrecimiento de la misma. El 8/4/2021 mediante la PV-2021-30511988-APN-VOCXI#TFN, se abrió la causa a prueba y se resolvió admitir la informativa dirigida a la empresa Expreso Full Trans y no hacer lugar al resto de las pruebas ofrecidas, por improcedentes, dilatorias y, en particular, porque lo que se pretendía probar a través de las mismas ya constaba en las actuaciones administrativas aportadas por la representación fiscal al contestar el traslado de los recursos. El 15/4/2021 la recurrente desistió de la prueba testimonial de ingeniero técnico ofrecida y el 14/7/21 por PV- 2021-62955140-APN-VOCXI#TFN se la intimó para que arbitrara los medios necesarios para la producción de la prueba informativa ordenada, bajo apercibimiento de dar por decaído su derecho a producirla.
El 6/8/2021 solicitó la reiteración del oficio dirigido a Expreso Full Trans a lo que se le hizo lugar en la PV-2021- 73472303-APN-VOCXI#TFN del 11/8/2021; el 6/9/2021, atento a que se encontraba vencido el plazo para que la recurrente acreditara el diligenciamiento del oficio reiteratorio ordenado, se dispuso dar por decaído su derecho a producir la prueba informativa ordenada y clausurar el período probatorio.
III. Con fecha 4/11/2021, mediante IF-2021-106759754-APN-VOCXI#TFN, obra la sentencia por la cual la Sala resolvió la acumulación del EX-2021-51823274- -APN-SGAI#TFN.
Finalmente, el 6/4/2022 por PV-2022-33210978-APN-VOCXI#TFN se decide elevar los presentes autos a conocimiento de la Sala y, por último, el 8/2/2024 por IF-2024-14245134-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar la sentencia.
IV. Corresponde decidir entonces si las Resoluciones se ajustan a derecho.
Previo a ello, respecto del allanamiento informado por Loimar S.A. en sus presentaciones corresponde señalar que pese a los requerimientos cursados por la Vocalía Instructora para que acreditara la efectiva regularización de sus obligaciones, en el caso los ajustes por incremento patrimonial no justificado por la compra de un inmueble en el ejercicio 2014 que implicó una mayor base imponible en el impuesto a las ganancias de $1.650.000 y en el impuesto al valor agregado de $346.500, nada aportó. Tampoco en los recursos presentados en esta instancia se formularon agravios respecto a tales ajustes, por lo que debe tenérselos por firmes y confirmados en esta sentencia.
En la misma situación se encuentra la impugnación de la deducción de gastos sin documentación de respaldo en el impuesto a las ganancias por $815.664,48 y $42.202,43 en concepto de deducción por amortización de bienes de uso por bienes que no se pudo constatar que tenían dicho carácter, por lo que tales ajustes también deben tenerse por firmes y confirmados.
Así, dos son los ajustes practicados a Loimar que dieron lugar a las obligaciones determinadas en las Resoluciones recurridas que este Tribunal debe tratar en su sentencia.
Por un lado, el referido a la omisión de declarar ingresos gravados en el impuesto a las ganancias en el período fiscal 2014 que fue advertida por la fiscalización al cotejar los consignados en sus estados contables con los montos consignados en los libros de Ventas de IVA y en las declaraciones juradas presentadas en este último gravamen.
Loimar no desconoce la diferencia detectada por dicho concepto por la fiscalización -de $2.823.221,97-, lo que dice es que por la forma de ejercicio de su actividad, recién declaraba los ingresos de sus ventas cuando entregaba las mercaderías a sus clientes., que en el caso, fue con posterioridad al cierre del ejercicio 2014. No se encuentra en discusión que los débitos fiscales de estas operaciones y también los créditos fiscales por las compras, fueron declarados en el impuesto al valor agregado al momento de la emisión de la factura, y es por ello que aclara en su presentación ante este Tribunal que no se le han efectuado ajustes por este concepto.
Sin embargo, no existe prueba alguna ni en este expediente ni en las actuaciones administrativas previamente sustanciadas, que demuestre que la entrega de la mercadería efectivamente se haya hecho en un momento posterior a la facturación, como por ejemplo remitos de entrega; de hecho, en la pericia que Loimar ofreció ante este Tribunal, ninguno de sus puntos se refieren a la fecha en que se produjo la entrega, aún cuando se trataba de un dato que surgía en forma clara de su contabilidad y documentación de respaldo; es decir, no hay elementos que autoricen a atribuir la ganancia a un momento diferente al de facturación de la mercadería que es, en definitiva, lo que pretende la recurrente.
Los agravios del recurrente, referidos a principios y normas de la legislación civil y comercial que supuestamente avalan la forma de liquidación que adoptó, ninguna relevancia tienen a la luz de la autonomía del derecho tributario, conforme al cual el cumplimiento de su obligación debió llevarse a cabo según las expresas y claras disposiciones de la legislación tributaria, en este caso, las que ordenan la forma en que se imputan los ingresos y los gastos en la ley del impuesto a las ganancias.
En fecha cercana, dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando su propia histórica jurisprudencia sobre el principio del devengado que “…corresponde poner de relieve que el art. 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece –en lo que aquí interesa- que a los efectos de su imputación al año fiscal "se consideran ganancias del ejercicio las devengadas en el mismo", aclarando más adelante que "las disposiciones precedentes sobre imputación de la ganancia se aplicarán correlativamente para la imputación de los gastos salvo disposición en contrario" (con£. Art. 18, 2° párr., inc. a y 4° párr.). Por lo tanto, resulta claro que, en el sub examine, la imputación de los gastos respecto de cuya deducción versa la controversia debe realizarse según el principio de lo devengado. Es decir, debe establecerse cuándo se devengó el gasto para establecer el ejercicio en el que corresponde su cómputo”. Este principio es igualmente aplicable a los ingresos.
Agregó allí que “…esta Corte ha sostenido recientemente que el término "devengar" es un concepto general del derecho empleado usualmente para dar cuenta de la circunstancia misma del nacimiento u origen de un derecho de contenido patrimonial. Alude, en tal sentido, al fenómeno mismo de la génesis de un derecho. En dicha inteligencia, cuando el art. 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias emplea el citado término lo hace para que se realice la imputación de las ganancias y los gastos al ejercicio en que acaecieron los hechos jurídicos que son su causa, con independencia de otras consideraciones que no surjan de lo dispuesto por la ley (confr. causas CSJ 1068/2008 (44-C) /CS1 "Compañía Tucumana de Refrescos S.A. - TF 20.391-1 c/ DGI", sentencia del 24 de mayo de 2011 y CSJ 821/2011 (47-A) /CS1 "Asociart SA ART - TF 21.213-1 c/ DGI", sentencia del 6 de mayo de 2014)” –conf. “Cía. De Radiocomunicaciones Móviles S.A.”, 1/9/2015-.
Dicha conclusión no puede verse modificada por el principio de la realidad económica que la recurrente invoca, ya que no se trata aquí de recalificar hechos, ni de interpretarlos conforme a su significación económica, sino de la aplicación lisa y llana de la ley que establece el criterio de imputación de las ganancias. Como ya señalara la Corte Suprema en el año 1996, al fallar en la causa “Autolatina Argentina S.A.”, la aplicación de este principio “…no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales que regulan concretamente la relación tributaria. Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva o legalidad -al que ya se ha hecho referencia-, supondría paralelamente un serio menoscabo de la seguridad jurídica, valor al que este Tribunal ha reconocido asimismo jerarquía constitucional (confr. Fallos: 220:5; 243: 465; 251:78; 253:47; 254:62, causas: T.267.XXIV. "Tidone, Leda Diana c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón" y J.13.XXVI. "Jawetz, Alberto s/ apelación resolución de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal", sentencias del 22 de diciembre de 1993 y del 24 de marzo de 1994, respectivamente), e importaría prescindir de "la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria" (Fallos: 253:332; 315:820 y causa M.130.XXIII. "Multicambio S.A. s/ recurso de apelación", fallada el 1° de junio de 1993)”.
Es por ello que debe concluirse que la pretensión fiscal notificada por este concepto en la Resolución N° 220/2019 se encuentra debidamente fundada.
En cuanto al margen de $281.135 al que Loimar arriba en su presentación ante este Tribunal, a partir del cómputo del costo de producción del ejercicio 2014, lo cierto es que ello no fue impugnado, ni forma parte del acto administrativo recurrido que únicamente objetó el momento de imputación de la ganancia.
Por ello, corresponde confirmar la Resolución N° 220/2019, tanto en cuanto al capital como a los intereses intimados en ella por aplicación del art. 37 de la ley 11.683.
Respecto a la calificación como activos amortizables de los bienes incluidos como “Molienda Planta A” por $2.110.866,24, concretamente una cinta trasportadora instalada en la planta productiva, asiste razón al juez administrativo ya que, de las pruebas aportadas por Loimar, como el despacho de importación, puede extraerse que se trata de una máquina que forma parte de su proceso productivo, sin la cual resultaría difícil producir. Es decir fue Loimar la que al describir el bien y su función, explicó que se trata de una máquina destinada a la obtención de ganancias gravadas y con ello su encuadramiento como un bien de capital amortizable, no de un gasto de mantenimiento deducible como fue tratado en la declaración jurada original.
Ello por aplicación de la limitación dispuesta en el art. 88, inc. f) de la ley del impuesto a las ganancias que dispone que no son deducibles las sumas destinadas a la adquisición de bienes y a mejoras permanentes, así como los gastos que recaen sobre estas.
Idéntica consideración debe hacerse de los restantes bienes, incluidos en el Rubro “Ref Planta” y “Material para horno”– ya que se trata de bienes e insumos que alargan la vida útil de los bienes de uso a los que acceden y fue la propia la recurrente la que explicó su relevancia en el proceso productivo, dando en cuenta asi de su calificación como bienes del activo y no de gastos deducibles, razón por la cual en la liquidación se aplican los arts. 58 y 82, inc. f), 84 de la ley del impuesto a las ganancias y art. 125 del decreto reglamentario incorporando la deducción por amortización y/o desgaste allí prevista.
Cabe señalar que si bien Loimar S.A. ofreció en esta instancia prueba a la Cámara Industrial de la Cerámica Roja, fue para que este Tribunal designara un ingeniero de dicha entidad, medida que no tiene recepción en las disposiciones de la ley 11.683, ni en sus reglamentaciones que rigen sobre la producción de la prueba; es decir, en su caso, debió Loimar S.A. respaldar sus dichos con informes técnicos producidos por dicha entidad u otra o bien solicitar que la aportara como prueba informativa.
Por último, si bien en esta instancia la recurrente ofreció como prueba pericial técnica la opinión de un ingeniero especialista en la materia, luego la desistió, impidiéndose así probar sus dichos, en definitiva, no existe ningún informe, folleto, ni opinión técnica que permita tenerlos como ciertos.
Por esta razón, debe concluirse que la determinación fiscal por este concepto se encuentra debidamente fundada en los hechos acreditados en las actuaciones y debe ser confirmada.
Por otro lado, los ajustes por la impugnación de la factura extendida por el proveedor Dustic S.R.L. por $17.236,80 por la venta de cintas adhesivas al habérselo calificado como apócrifo debe ser admitida tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto al valor agregado, ya que las tareas llevadas a cabo por la fiscalización para concluir en tal sentido se encuentran respaldadas en los antecedentes administrativos y no han sido refutadas por la aquí recurrente.
En efecto, del Cpo. “Proveedores APOC Dustic” que integra las act. adm. surge debidamente acreditada la falta de capacidad operativa y económica de dicho proveedor para realizar la prestación que da cuenta el comprobante fiscal impugnado. Obran allí motivos suficientes para poner en duda que haya sido realmente Dustic S.R.L. la que efectuó la operación no solamente por no haber podido localizarlo en su domicilio fiscal, sino porque además, no tenía empleados, ni bienes registrables, tampoco acreditaciones bancarias en el períodos 2014 que aquí importa. La prueba informativa que ofreció a la empresa de transportes que dijo había trasladado las cintas adhesivas a su planta, si bien fue admitida en esta instancia no fue producida por su propia falta de actividad procesal, dejando así huérfanos de prueba a sus agravios.
En cuanto a la intimación a ingresar el impuesto a la salidas no documentadas por erogaciones sin documentar o en las que no se identifica el concepto y/o al beneficiario, sostiene la recurrente que la liquidación es imposible de desentrañar, sin embargo, las facturas objetadas y las razones se encuentran debidamente descriptas en la propia Resolución. Por ello, al no haberse expresado agravios respecto a estos conceptos deben tenérselos por firmes. Particular referencia debe hacerse a la intimación de pago por la operación con Dustic S.R.L., en este caso la Resolución también debe ser confirmada por haberse demostrado la falta de sinceridad de dicha operación, a través de indicios de apocrificidad que Loimar no ha refutado con pruebas en contrario.
Por ello, corresponde confirmar los ajustes por estos notificados en las Resoluciones recurridas.
V. Respecto de las sanciones aplicadas en tales actos, corresponde confirmarlas, tanto las impuestas por los ajustes que aquí se confirman como las de los ajustes firmes y consentidos por no haberse expresado agravios. La reseña de antecedentes más arriba efectuada deja en evidencia que las declaraciones juradas de Loimar fueron inexactas y que fueron presentadas con el propósito de declarar una menor base imponible a la realmente debida, tanto por la forma de imputarse las ganancias, la omisión de declarar ganancias derivadas de operaciones en el ejercicio como el cómputo de gastos y créditos fiscales improcedentes.
Del mismo modo se hallan configurados los elementos objetivo y subjetivo en la omisión de ingreso del impuesto a las salidas no documentadas, sin que la recurrente haya esgrimido razones que permitan a este Tribunal recalificar o, en su caso, exonerarla de su conducta infraccional. En efecto, en su recurso de apelación se limita a mencionar generalidades respecto de los principio del derecho penal aplicables a las sanciones fiscales, sin referencia concreta a los claros hechos que se le atribuyen en los actos recurridos.
Por ello, deben confirmarse las multas aplicadas en ellos.
VI. Por último, en cuanto a la atribución de responsabilidad solidaria al señor Loitegui no ha cuestionado éste que en los períodos fiscales comprendidos en las determinaciones ejercía el cargo de Presidente del directorio de Loimar y que era su apoderado ante las entidades bancarias de las cuentas a su nombre. Ello, configura el elemento objetivo de la responsabilidad que se le atribuye conforme al art. 8°, inc. a) de la ley 11.683. En cuanto al elemento subjetivo, en su recurso de apelación, se remite a los agravios presentados por Loimar que ya han sido tratados en Capítulos precedentes, sin aportar otros elementos que permitan analizar en concreto su conducta con arreglo a lo dispuesto en el último párrafo de la norma citada.
Queda decir, por último, que el procedimiento adoptado por el Fisco Nacional se ajusta a los requisitos establecidos en el art. 17 de la ley 11.683 y al criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto, la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal, más ningún precepto exige la firmeza previa de dicho acto administrativo por lo que los agravios que se formulan en este sentido deben ser desestimados. Por ello, corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 71/2021, 72/2021 y 73/2021 en todas sus partes.
Por lo expuesto, se confirmar las Resoluciones recurridas en todas sus partes, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ellas que se devengan en forma automática, conforme a lo dispuesto en el art. 37 de la ley 11.683, así como también las multas aplicadas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere a la decisión de la Vocal Instructora por similares argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría,
1. Confirmar las Resoluciones recurridas en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en las sumas de $433.735, equivalente a 12,62 UMA, para la representación procesal y $1.084.337, equivalente a 31,54 UMA, por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de Loimar S.A.C.I.F.I.C, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en las sumas de $433.735, equivalente a 12,62 UMA, para la representación procesal y $1.084.337, equivalente a 31,54 UMA, por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo del Sr. Juan Loitegui, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 24.432.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.02.20 14:41:41 -03:00 Date: 2024.02.21 13:12:25 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.21 14:38:57 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.21 14:38:58 -03:00
Fin de la sentencia