Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en autos, en cuanto determina de oficio los impuestos al valor agregado y a las ganancias, con costas.
2Declarar la nulidad del punto
3De la referida resolución, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-45696697-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 3 de Mayo de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el expediente N° 47.195-I, caratulado “LOMANTO HECTOR RUBEN s/apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I.-Que a fs. 15/23vta. se interpuso recurso de apelación contra la resolución AFIP N° 182/2016 (DV RRMR), mediante la cual se determina de oficio la responsabilidad solidaria del Sr. Lomanto Héctor Rubén, en su carácter de presidente de la firma RUPAT S.A., respecto del Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales 06/2014, 07/2014, 09/2014, 10/2014, 01/2015 y 02/2015 y el Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2011 y 2012. Con respecto a los intereses resarcitorios, el artículo 3º dispone su liquidación “por parte de la Agencia Pergamino” hasta la fecha de su efectivo pago de los importes adeudados.
Efectúa una reseña del procedimiento llevado a cabo, dando detalles de la vista, el descargo presentado y la resolución apelada.
Explica que el ente fiscal reposa su acto en el carácter de presidente de la sociedad RUPAT S.A. que detentaba en los períodos fiscales bajo examen, sin haber permitido que ejerciera su derecho de defensa con la producción de prueba pericial contable ofrecida en sede administrativa, en abierta contradicción con el debido proceso adjetivo y la garantía de la defensa en juicio.
Alega que la responsabilidad solidaria de los administradores no es de naturaleza objetiva, sino subjetiva y que la circunstancia que la sociedad haya estado impedida de atender a la obligación fiscal no constituye mal desempeño del cargo o culpa del director conforme la ley de Sociedades N° 19.550. En ese sentido, considera que los art. 59 y 274 de dicha ley, que establece la responsabilidad de los administradores de la sociedad y en particular de las sociedades anónimas, define que ejercer el cargo de administrador no acarrea por sí solo la responsabilidad solidaria por las obligaciones tributarias de la persona jurídica por deber ser imputable a título de culpa o dolo.
Afirma que la imputación objetiva de la resolución no constituye motivación del acto administrativo apelado y esa deficiencia lo torna irrazonable, lo que conlleva su nulidad.
Con respecto a los intereses, alega que deben ser dejados sin efecto con sustento en los argumentos que tornan improcedente la atribución de responsabilidad.
Concluye que “la resolución debe ser anulada porque resulta un acto administrativo que confronta el debido proceso adjetivo y la garantía de defensa en juicio, además de estar afectado por vicio en la motivación que acarrean su nulidad absoluta e insanable (conf. Art. 14 de la ley 19.549)”, solicitando se la declare en ese sentido.
Recurre a doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba pericial contable y hacer reserva del caso federal.
II. Que a fs. 34/49 contesta el recurso la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se rechacen los planteos del recurrente y se confirme el acto apelado. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 54 se abrió a prueba y a fs. 60 se dio por decaído el derecho a producir la pericial contable ofrecida.
A fs. 64 se elevan los autos a conocimiento de la Sala A y finalmente a fs. 65 se pasan los autos a dictar sentencia.
IV. Que conforme surge de las actuaciones administrativas acompañadas, el organismo fiscal intimó el pago de las obligaciones tributarias correspondientes a la firma RUPAT S.A. correspondientes al impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 06/2014, 07/2014, 09/2014, 10/2014, 01/2015, 02/2015 (vid. intimaciones de fs. 16, 19, 22, 25, 28, 31, del cuerpo “Responsabilidad solidaria impositiva” de las actuaciones administrativas) y al impuesto a las ganancias por los periodos 2011 y 2012 (vid. intimación de fs. 42/43). En atención a la información obrante en sus bases, el organismo fiscal pudo constatar que el Sr. Lomanto Héctor Rubén se desempeñó como presidente y administrador de la Clave Fiscal de la sociedad RUPAT S.A., administrando la explotación comercial y realizando diversos actos económicos en nombre de la empresa, tales como presentar sus declaraciones juradas impositivas por medio de su CUIT.
Entonces, en razón del art. 6 inc. d) y el art. 8 de la ley 11.683, los actuantes entendieron que debía atribuírsele la responsabilidad solidaria de la firma mencionada por la deuda contraída por aquella. En ese contexto, ante la falta de ingreso de los saldos al vencimiento de las respectivas intimaciones, se inició el correspondiente procedimiento determinativo de responsabilidad solidaria, confiriéndose vista al recurrente, procedimiento que culminó con la resolución ahora en recurso.
V. Que primer término, corresponde analizar las nulidades articuladas, con fundamento en que la resolución apelada vulneraría el debido proceso adjetivo y la garantía de la defensa en juicio y existiría ausencia de motivación.
En efecto, ante todo, debe señalarse que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas puede constatarse que se cumplió debidamente con las pautas establecidas en el artículo 17 de la ley 11.683. En efecto, dicho precepto establece en su párrafo 5º que el procedimiento determinativo “deberá ser cumplido también respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8”. Es así que surge de las actuaciones administrativas acompañadas que con fecha 10 de mayo de 2016 se confirió la vista prevista en el citado artículo, describiéndose claramente los hechos en los que se sustenta la atribución de responsabilidad, obrando a fs. 67/73 el escrito de descargo presentado por el recurrente. Finalmente se emitió el acto ahora en crisis.
De tal forma, no se advierte la violación al debido proceso alegado, destacándose que el actor pudo ejercer su derecho de contradicción con la administración en su escrito de conteste.
Con respecto a la aducida violación a su derecho de defensa con sustento en la imposibilidad de producir pruebas cabe recordar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en el sentido que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros).
En ese ese contexto, los argumentos planteados deben ser desestimados toda vez que ha podido ofrecer y producir en esta instancia las medidas probatorias tendientes a acreditar los hechos en los que reposa su defensa, habiéndosele dado la oportunidad para su producción (vid. fs. 54).
Con respecto al cuestionamiento del acto por carecer de motivación, debe considerarse que ésta ha sido precisada por la doctrina jurisprudencial como “una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto” (conf. S.C.B.A., “Ferrara”, DIBA, 94-13).
En ese contexto, esta argumentación también debe ser rechazada pues de la simple lectura del acto en crisis se desprende claramente las explicaciones respecto a los elementos tenidos en cuenta para llegar a la conclusión inserta en su parte resolutiva. En definitiva, los agravios se emparentan más con discrepancia con las conclusiones del juez administrativo que con la ausencia de motivación.
VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde analizar el fondo de la causa, que nos dirige a analizar la procedencia de la responsabilidad solidaria determinada al recurrente, quien alega que no le corresponde, toda vez que, si bien formaba parte de la sociedad como Presidente, el ente recaudador no debió endilgarle la responsabilidad solidaria frente a los incumplimientos de las obligaciones fiscales de aquella firma, pues entiende que no se encuentra debidamente probado el factor subjetivo, es decir, que su accionar fue doloso o culposo. Entiendo que a fin de resolver la procedencia de la atribución de responsabilidad solidaria corresponde esclarecer su naturaleza jurídica, para extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de aquella responsabilidad.
Nos enseña D’Amati que “la doctrina tradicional había en diversas ocasiones precisado que “además de al sujeto pasivo del impuesto, la ley tributaria muchas veces declara obligado al pago del tributo o, también, al cumplimiento de otros deberes fiscales, a una persona diversa que puede denominarse responsable del impuesto” (D’Amati, Nicola, “Derecho Tributario, Teoría y Crítica”, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de derecho reunidas, Madrid, 1985, pág. 363 y sgtes. y sus citas).
El ordenamiento jurídico tiene particular interés en regular –dentro de los sujetos pasivos- una figura con clara función de tutela del crédito fiscal, justificación de la existencia de la solidaridad en materia tributaria. En efecto, como señalan los Dres. Buitrago y Gamberg “la norma tributaria para tutelar el interés fiscal en la recaudación segura y rápida de los tributos, involucra con vínculos solidarios en la obligación, a sujetos a los cuales, con seguridad, no es referible la capacidad contributiva evidenciada por el presupuesto de hecho. En estos casos, la ampliación de los sujetos implicados la realiza la norma tributaria, aplicándola a sujetos pasivos de los efectos ulteriores de un presupuesto de hecho diverso en el cual, a aquellos efectos propios del hecho imponible, se agregan otros elementos” (Vid. Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2019, pág. 49 y sgtes.).
Es así que el legislador traza un mecanismo por el cual el impuesto es, por ley puesto a cargo de una determinada persona, que coincide con el partícipe directo de la situación base del impuesto y por otra norma, distinta, se establece la obligación de otro sujeto, a la vez y junto al primer obligado. En esa dirección, explica Jarach, sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o contribuyente) puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo. De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico, para los otros obligados el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza (El hecho imponible, pág. 177/9).
Dicho mecanismo fue receptado por nuestra legislación tributaria, pues de acuerdo con lo que disponía el artículo 6 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones, texto vigente a la sazón) “están obligados a pagar el tributo, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley...entre otros “los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonio a que se refiere el artículo 5º, en sus incisos b) y c)”. Por su parte, el artículo 8 disponía –en lo que aquí interesaque “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc. , los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”
Como concurriera a sostener tiempo atrás, en el régimen de solidaridad previsto en nuestra legislación se destacan dos figuras, no de diversa estructura, sino que son colocadas en grado diverso: una, obligación principal y la otra, garantía de aquélla y dependiente por tanto de ella. “En consecuencia no se trata de la existencia de una obligación única a cargo de diversos deudores cuyo cumplimiento pueda el acreedor exigir indistintamente a cualquiera de ellos, sino la de una obligación principal o primaria y otra u otras, accesorias o subsidiarias, de tal modo que el acreedor, es decir el Fisco Nacional, puede hacer valer sus derechos siguiendo un orden preestablecido. Así, la obligación de garantía resulta solidaria toda vez que éstos no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto sino como responsables de la deuda ajena, no quitando la solidaridad a esta obligación de garantía su carácter subsidiario” (Vid. Buitrago y otras, “Procedimiento Fiscal”, Errepar, Buenos Aires, 2001, pág, 76 y sgtes y sus citas).
VII. Que aclarado ello, deben precisarse cuáles son los requisitos necesarios para que dicha responsabilidad pueda determinarse en cabeza del recurrente.
En ese sentido, tengo para mí que la responsabilidad descripta no es del tipo objetivo ni deriva de la simple vinculación entre los responsables y el deudor del tributo, circunstancia que se desprende del último párrafo del inciso a) del artículo 8 en tanto dispone que aquélla no existirá si se demuestra debidamente “que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”. En ese sentido, debe destacarse que no se trata de una responsabilidad formal sino a título represivo, en tanto responde a los fundamentos de dolo o culpa a cuyos efectos deberá valorarse la conducta del responsable. Como con justeza explicara el Dr. Martínez “la responsabilidad solidaria en cuanto al impuesto… importa responsabilidad a título represivo desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al Fisco con los recursos que administran o de que disponen” (“Quatrocchi, Antonio Serafín” (27/9/1966).
VIII. Que como expresara en el Considerando VI, el régimen de responsabilidad solidaria establecido en la ley se funda en la violación de las obligaciones que la ley pone en cabeza de aquellos que administran o disponen los bienes de los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Responsabilidad, que como se dijo es a título represivo. De allí que recaerá en ellos la acreditación de la ausencia de responsabilidad. En ese contexto, cabe señalar que los argumentos esgrimidos en esta instancia no alcanzan a destruir las circunstancias tenidas en cuenta por el juez administrativo ni a destruir los elementos de prueba colectadas. En efecto, debe tenerse presente que conforme surge del estatuto societario de RUPAT S.A. (Escritura Nº 31 de fecha 27/09/1997, obrante a fs. 9/13 de los antecedentes administativos) en su artículo noveno, “La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de siete Directores Titulares e igual número de Suplentes siendo reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea designe reemplazantes. Durarán en sus funciones dos ejercicios… La representación social estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente en su caso, por vacancia, impedimento o ausencia del Presidente. El uso de la firma social estará a cargo del Presidente”. (el resaltado es propio).
De la documentación que acompañó en sede administrativa, obra copia del Acta de Directorio Nro. 21 de fecha 4 de septiembre de 2006 (vid. fs. 8), en la que se distribuyeron los cargos y fue designado como presidente el Sr. Héctor Rubén Lomanto.
A su vez, consta en los datos registrados en AFIP a fs. 5/6 que el Administrador de relaciones de Clave Fiscal en aquel momento era el Sr. Héctor Rubén Lomanto.
Cabe recordar que el artículo 2 de la RG 3713 dispone, en lo que aquí interesa que las personas jurídicas como la que se encuentra bajo examen para utilizar y/o interactuar con los servicios informáticos habilitados, deberán hacerlo mediante la “clave fiscal” de su representante legal, quien quedará habilitado para ello a partir de la presentación de la documentación que acredite tal carácter.
Por su parte, el artículo 5 de la citada resolución establece las consecuencias jurídicas que la utilización de la clave fiscal acarrea. Así, dice que “la utilización de la “Clave Fiscal”, su resguardo y protección, son de exclusiva autoría y responsabilidad del usuario. La operación del sistema y la información transmitida como asimismo toda consecuencia jurídica en cuyo nombre y representación actúe el usuario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a este último por aplicación por aplicación de las normas vigentes”. El administrador de relaciones es la persona física que, con su “clave fiscal”, realiza las siguientes determinadas acciones, para sí misma y como representante legal de una persona jurídica, en nombre y por cuenta de ésta (conf. Art. 8).
En tanto, en los artículos 12 y 13 se establece cuándo y cómo cesa el administrador de relaciones. De dichos preceptos, cabe destacar que el cese de dicho mandato implica la baja automática de los servicios habilitados para actuar en nombre de la persona jurídica y quedará registrado cuando el representado tramita su propia “Clave Fiscal”; con la designación de un nuevo Administrador de Relaciones Apoderado o con la revocación de la otorgada, sin que exista aún un nuevo nombramiento.
Ello así, los argumentos esgrimidos lucen huérfanos de pruebas que acrediten las razones exculpatorias de su responsabilidad y logren destruir las fundadas conclusiones a las que arribó el ente fiscal, habiéndose limitado a pretender que se lo desligue de responsabilidad por la mera.
En puntual contestación a su defensa, baste señalar que la normativa que alega (ley de sociedades) no resulta aplicable en la especie ante la específica reglamentación de la responsabilidad solidaria existente en nuestro régimen tributario.
En mérito a lo expuesto, voto en el sentido de confirmar la resolución que atribuyó responsabilidad solidaria al recurrente en su carácter de Presidente de la firma RUPAT S.A. e intimó el ingreso de las sumas adeudadas en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales 06/2014, 07/2014, 09/2014, 10/2014, 01/2015 y 02/2015 y el Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2011 y 2012. Con costas.
IX. Que el recurrente impugna la liquidación de los intereses resarcitorios alegando la ausencia de responsabilidad. En mérito a lo resuelto precedentemente, tales argumentos deben ser desechados. No obstante ello, cabe adelantar que a mi criterio, el punto 3 de la resolución venida en crisis debe ser anulado con base en las consideraciones que paso a exponer, las que encuentran sustento en la tutela de legitimidad del acto emitido por la administración fiscal que debe ejercer este organismo jurisdiccional. En efecto, si bien nuestra legislación adoptó el sistema de autodeterminación de la obligación tributaria, consagró en consecuencia una serie de atribuciones de contralor al organismo fiscal, de modo tal de establecer –en su casoposteriores mecanismos alternativos de determinación De ese modo, el procedimiento determinativo de la obligación tributaria implica en definitiva un conflicto de intereses entre los dos sujetos de la relación jurídico tributaria, que en palabras de Dino Jarach, lo convierte en un procedimiento objetivamente jurisdiccional. Más, contiene una particularidad: la persona legalmente encargada de tramitarlo, y a la postre, resolverlo, es “juez” y parte al mismo tiempo. Circunstancias que fueron advertidas por el senador Fleitas en el debate parlamentario de la ley de creación del Tribunal Fiscal de la Nación, donde dijo: “…los funcionarios que han tenido que aplicar la ley y juzgar de ella en la instancia administrativa se han visto confrontados con un delicado problema, y naturalmente, ha faltado ocasiones el justo punto de equilibrio para administrar justicia entre la pretensión fiscal por un lado y la resistencia de los contribuyentes por el otro. Y el aforismo de que nadie puede ser parte en su propia justicia ha quedado patentizado aquí también en múltiles ocasiones…”.
Es por ello que el procedimiento de determinación debe entonces respetar su finalidad, que no es sólo la de salvaguardar los derechos de los contribuyentes, sino también de la norma jurídica en sí, como mecanismo que asegura el imperio de la legalidad en el desarrollo de la actividad administrativa (Conf. Dromi, José Roberto, Instituciones del Derecho Administrativo, Buenos Aires, ED. Astrea, 1973, pág. 512). Por ello, dicho procedimiento se caracteriza por la búsqueda de la verdad material por sobre la formal.
Estos principios fueron acogidos por la ley 11.683, que por otro lado, remite supletoriamente a la ley 19.549. Allí se fijan pautas, reglas de conducta, pasos procesales ineludibles, que obliga a los funcionarios administrativos encargados de llevarlos adelante a no comportarse como meros instructores burocráticos de un expediente. Es decir, no deben soslayar principios y procedimientos legalmente establecidos con fundamento constitucional. Un eventual accionar contrario, vicia de nulidad toda resolución dictada en consecuencia. En definitiva, a mi modo de ver, no imponer tal decisión a ese proceder implicaría convalidad una actividad ilegítima.
En ese contexto y teniendo como norte la salvaguarda del principio de legalidad, los órganos revisores de los actos administrativos deben declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que contengan vicios que los tornen nulos de nulidad de absoluta. Criterio este de resguardo aceptado y recogido pacíficamente por la jurisprudencia de este Tribunal. Y ello debe ser así, pues en el ámbito del derecho administrativo y más aún, en el campo del derecho tributario en el que debe primar el principio de legalidad, la nulidad absoluta trasciende el ámbito de voluntad individual y el principio dispositivo, pues afecta el orden público. En palabras del profesor Hutchinson “el accionar ilegal de la administración nunca satisface el interés general, por ello la anulación de oficio …además de ser una solución legal, llega a ser una solución justa, cuando el no sancionar la ilegitimidad del acto tienda a un resultado francamente ilícito, notoriamente inmoral o socialmente dañoso” (“Ley de Procedimientos administrativos. Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales. Tº I). Lo contrario, llevaría al Tribunal Fiscal a convalidad actos administrativos dictados con prescindencia de los procedimientos legales establecidos, por el solo hecho de la omisión de la defensa por una de las partes, impidiéndole así que por su propia iniciativa, declare su nulidad, solución que sería ajustada a derecho.
X. Que sentado ello y en la particular cuestión en trato, debemos recurrir entonces al artículo 17 de la ley de procedimiento tributario, que en su párrafo tercero dispone “La determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y, en su caso, multa, con el interés resarcitorio y la actualización, cuando correspondiesen, calculados hasta la fecha en que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, con arreglo a las normas legales y reglamentarias pertinentes” (el resultado es propio).
Dicho párrafo es consecuencia de la reforma que introdujo a la ley 11.683, el Título II, de la ley 23.495, que en su artículo 52, punto 5, incorporó dicho párrafo. En su exposición de motivos se expresa que “Se incorpora al artículo 24 (actual 17) un párrafo que dispone la obligatoriedad de liquidar los intereses y actualizaciones que correspondan a los tributos determinados de oficio. De esta manera se perfecciona el acto administrativo, resolviendo los problemas actualmente derivados de la discordancia entre las prácticas del organismo y los requisitos formales que viene exigiendo la jurisprudencia”.
De lo hasta aquí dicho, surge sin hesitación alguna, que la reforma vino a establecer la obligatoriedad al juez administrativo de liquidar los intereses resarcitorios conjuntamente con el acto de determinación de la obligación tributaria. Es decir, dicho acto debe contener el cálculo de tales conceptos (Cfr. C.S.J.N., “Riveco S.A.”, 8/9/2003)
En ese sentido y a tenor de lo expuesto en el considerando precedente, no cabe más que anular el punto 3º) de la resolución venida en crisis en tanto el juez administrativo omitió liquidar los intereses correspondientes ordenando su liquidación por parte de la Agencia Pergamino, en abierta contradicción con la manda legal. Con costas.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la resolución que atribuyó responsabilidad solidaria al recurrente en su carácter de Presidente de la firma RUPAT S.A. e intimó el ingreso de las sumas adeudadas en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales 06/2014, 07/2014, 09/2014, 10/2014, 01/2015 y 02/2015 y el Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2011 y 2012, con costas; y anular el punto 3º) de dicha resolución, en tanto dispone la liquidación de los intereses correspondientes por parte de la Agencia Pergamino hasta la fecha de su efectivo pago, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Que, por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en autos, en cuanto determina de oficio los impuestos al valor agregado y a las ganancias, con costas.
2. Declarar la nulidad del punto 3°) de la referida resolución, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 52, segundo párrafo, del RPTFN por encontrarse vacante la Vocalía de 3era. Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2024.05.03 17:23:27 -03:00 Date: 2024.05.03 18:42:06 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.03 18:42:07 -03:00
Fin de la sentencia