Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 47195-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco, revocar la sentencia apelada en cuanto dispuso la anulación del punto 3° de la parte resolutiva de la resolución n° 182/2016 (DV RRMR), con costas de ambas instancias a la parte actora que resultó vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
2Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
LOMANTO HECTOR RUBEN (TF 47195-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante la sentencia de fs. 69/72vta. el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución n° 182/2016 mediante la cual el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes había determinado de oficio la obligación del señor Héctor Rubén Lomanto, en el carácter de responsable solidario de la firma Rupat S.A., en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 06/14, 07/14, 09/14, 10/14 y 01/15 y 02/15 y; en el Impuesto a las Ganancias relativo a los períodos fiscales 2011 y 2012, en la suma de 176.700,26 pesos.
Asimismo, y en cuanto aquí interesa, decidió declarar la nulidad del punto 3° de la referida resolución con fundamento en que “…el juez administrativo omitió liquidar los intereses correspondientes ordenando su liquidación por parte de la Agencia Pergamino”.
Para así resolver, puso de manifiesto que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Ley n° 11.683 se halla previsto que “[l] a determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y, en su caso, multa, con el interés resarcitorio y la actualización, cuando correspondiesen, calculados hasta la fecha que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, con arreglo a las normas legales y reglamentarias pertinentes”. Recordó que ese párrafo fue incorporado a partir de la reforma introducida mediante la Ley n° 23.495 y que, de la Exposición de Motivos resultaba que “[s]e incorpora al artículo 24 (actual 17) un párrafo que dispone la obligatoriedad de liquidar los intereses y actualizaciones que correspondan a los tributos determinados de oficio. De esta manera se perfecciona el acto administrativo, resolviendo los problemas actualmente derivados de las discordancias entre las prácticas del organismo y los requisitos formales que viene exigiendo la jurisprudencia” (el destacado es del original). En tales condiciones, destacó que a partir de la aludida reforma se dispuso la obligatoriedad de incluir la liquidación de los intereses resarcitorios conjuntamente con el acto de determinación de los tributos. Concluyó que “dicho acto debe contener el cálculo de tales conceptos (Cfr. C.S.J.N., “Riveco S.A.”, 8/9/2003)”.
II. Que, contra dicha sentencia, el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 78/85, los que no fueron replicados por la parte actora.
La representación fiscal circunscribe sus agravios en lo relativo a la anulación del punto 3° de la Resolución n° 182/2016 dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes.
En tal sentido expresa que lo decidido por el Tribunal Fiscal resulta arbitrario en tanto “constituye un excesivo rigor formal”.
Cita lo establecido en el artículo 37 en tanto dispone que “La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio.
La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; el tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina.
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Los intereses se devengarán sin perjuicio de la actualización del artículo 129 y de las multas que pudieran corresponder por aplicación de los artículos 39, 45, 46 y 48.
La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta.
En caso de cancelarse total o parcialmente la deuda principal sin cancelarse al mismo tiempo los intereses que dicha deuda hubiese devengado, éstos, transformados en capital, devengarán desde ese momento los intereses previstos en este artículo.
En los casos de apelación ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION los intereses de este artículo continuarán devengándose”.
En tales condiciones, afirma que una vez definida la responsabilidad solidaria del señor Lomanto, “…la exención de tales accesorios sólo podría fundarse en la exclusión de la culpa en la mora incurrida con los alcances fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ‘Citibank NA’, sentencia del 1/6/00…”.
Sostiene que en el caso no se advierte que el diferimiento dispuesto para la determinación de los intereses hubiera implicado la afectación del derecho de defensa de la parte actora. Ello, toda vez que el modo en que aquellos deben ser establecidos se encuentra referido en la resolución determinativa y; por otra parte, su cálculo puede ser fácilmente realizado mediante la utilización del aplicativo disponible en la página web del organismo fiscal.
Considera que la declaración de nulidad decidida por el Tribunal Fiscal, de oficio, implicó en los hechos un “exceso ritual manifiesto” en la medida en que pudo haber ordenado que fuera practicada la liquidación de aquellos intereses, en los términos de lo establecido en el artículo 187 de la Ley n° 11.683 y que aquello constituyó, finalmente, una dispensa al responsable por la mora incurrida. Refiere que en el acto administrativo se indicó de manera textual que “…en virtud de lo establecido en el art. 37 de la ley n° 11.683 (texto ordenado en 1998), al importe a ingresar deberán adicionársele los intereses resarcitorios liquidados hasta la fecha de efectivo ingreso”. Además, en el punto 4° de esa resolución también se intimó al pago de las obligaciones tributarias, bajo apercibimiento de proceder a su cobro por vía de ejecución “…y sin perjuicio del ajuste que corresponderá en las liquidaciones de intereses resarcitorios de acuerdo con la fecha de pago”.
Afirma que el juez administrativo no sólo dejó en claro la voluntad de intimar al pago de tal concepto, “sino que además al señalar la procedencia del art. 37 de la ley de rito, que mencionó expresamente, anotició a la recurrente la forma de cálculo de los mismos”.
Destaca que si bien los jueces no están obligados a analizar todos los planteos de las partes sino tan sólo aquellos que se estimen conducentes para la solución del caso, lo cierto es que la parte actora no propuso en modo alguno la nulidad del punto 3° de la resolución apelada, ni invocó la afectación del debido proceso o al derecho de defensa.
Cita para fundar su postura la sentencia dictada por la Sala IV de esta Cámara en la causa “Ferreti Ricardo José s/recurso directo de organismo externo”, del 29 de septiembre de 2016 y; lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Riveco SA”.
Subsidiariamente y para el caso en que no se hiciera lugar a la revocación de lo decidido respecto de los intereses solicita que, en lo que a ese punto respecta, las costas sean establecidas en el orden causado.
III. Que, no se halla debatido en los presentes autos que, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 17 de la Ley n° 11.683 “[l]a determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y, en su caso, multa, con el interés CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V resarcitorio y la actualización, cuando correspondiesen, calculados hasta la fecha que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, con arreglo a las normas legales y reglamentarias pertinentes”.
Ahora bien, y en cuanto interesa al caso, es dable poner de manifiesto que tal como resulta de la lectura de los términos de la resolución n° 182/2016 (DV RRMR), el juez administrativo determinó la suma que estimó adeudada en relación con el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 06/14, 07/14, 09/14, 10/14, 01/15 y 02/15 y; asimismo respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2011 y 2012, y dispuso que a aquella le debían ser adicionados los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la Ley n° 11.683 hasta la fecha de efectivo ingreso y; en tal sentido, en el punto 3° de la parte dispositiva ordenó que la Agencia Pergamino dispusiera la liquidación de tales intereses en los términos aludidos.
Por ende, y en tales condiciones, se advierte irrazonable lo decidido por el Tribunal Fiscal en punto a haber declarado la nulidad del referido punto 3° por no haberse consignado el monto adeudado en concepto de intereses, hasta el momento del dictado de esa resolución. Al respecto, y a contrario de lo expresado por el Tribunal Fiscal, no resulta razonable sostener que la parte pudo ver afectado su derecho de defensa ante el desconocimiento del monto concretamente adeudado en tal concepto. Ello, ya que el acto aludido contenía pautas lo suficientemente precisas como para concluir que el organismo fiscal tenía interés en reclamar ese concepto y había indicado la manera en que debían ser establecidos. La referencia a lo establecido en el artículo 37 de la mencionada Ley n° 11.683 dio pauta cierta respecto del momento a partir del cual aquellos debían ser adicionados, a la tasa y al mecanismo aplicables para su cálculo, entre otros aspectos.
En concordancia con lo manifestado, cabe tener en consideración lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en el marco de la causa R. 1175. XXXVIII. R.O. “Riveco S.A. (TF 7265-I)”, del 8 de septiembre de 2003. En esa oportunidad se sometió a examen un supuesto en que el acto determinativo había sido dictado con anterioridad a que se incluyera la modificación del artículo 17 de la Ley n° 11.683 que dispuso que en ese acto debían ser incluidos los intereses calculados hasta la fecha que allí se indicara. Sin perjuicio de esa circunstancia, y dando por hecho que esa modificación no había tenido efecto retroactivo, hizo hincapié en que la alusión a lo establecido en los artículo 115 y 42 de la Ley n° 11.683 (texto vigente en esa oportunidad) respecto a los intereses que debían ser adicionados, resultaba suficiente. Ello, ya que “…si bien el acto administrativo no expresa las sumas líquidas correspondientes a los conceptos mencionados [en ese caso intereses y multa], el contribuyente, al momento de ser notificado, se encontraba en condiciones de conocer la forma de calcular el monto correspondiente a ellos”.
En cuanto interesa al caso, es dable destacar que la circunstancia de que se hubiera incorporado en el texto del artículo 17 de la Ley n° 11.683 la necesidad de incluir los intereses en la resolución determinativa, no puede llevar válidamente a concluir que tal concepto no pudiera ser exigido por el organismo fiscal con fundamento en no haberse expresado la suma líquida de aquellos. Sobre todo cuando de los términos de ese acto resultan pautas precisas para su determinación y disponen la remisión al área que se consideró pertinente a fin de que los estableciera. Por lo demás, tampoco se advierte que esa circunstancia le hubiera impedido al contribuyente la posibilidad de cuestionar lo ordenado en punto a los intereses, sin perjuicio de que no se hubiera establecido la suma específicamente requerida en ese concepto.
Asimismo, cabe destacar que la parte actora no formuló en ningún momento consideraciones vinculadas con la afectación de su derecho de defensa fundadas en la omisión de determinar la suma líquida de los intereses. Es más, al desarrollar su “tercer agravio: los intereses” únicamente expresó que “VIII. Que, en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V función de los agravios precedentes en tanto sea anulada la responsabilidad solidaria imputada, debe ser dejada sin efecto la liquidación de intereses calculados según lo manda el art. 3°, de la Resolución en materia del recurso” (cfr. fs. 20). Es decir que, dicha parte, no se agravió de que se haya omitido indicar la suma líquida adeudada en concepto de intereses sino que afirmó que aquellos no eran exigibles sobre la base de la pretendida improcedencia del reclamo tributario. Por todo lo expuesto, lo decidido por el Tribunal Fiscal se apartó de los términos en que le fue planteada la Litis y constituyó además una irrazonable decisión en la medida en que, pese a no haber sido liquidados los intereses adeudados, el acto contuvo las pautas concretas para su determinación, circunstancia que le permitió al contribuyente ejercer debidamente su derecho de defensa.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco, revocar la sentencia apelada en cuanto dispuso la anulación del punto 3° de la parte resolutiva de la resolución n° 182/2016 (DV RRMR), con costas de ambas instancias a la parte actora que resultó vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente. Regístrese, notifíquese, y devuélvanse.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy
Fin de la sentencia