Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2020-83387873-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la improcedencia formal opuesta por la representación fiscal, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-126868093-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Diciembre de 2021 En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Pablo Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para resolver el expediente electrónico EX-2020- 87875335-APNSGAI#TFN, caratulado “LOPES JOSE s/ recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que por RE-2020-87875078-APN-SGAI#TFN el Sr. José Lopes interpone recurso de apelación contra la resolución N°79/2020, dictada con fecha 10 de marzo de 2020 por el Jefe (int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI por la que se determina de oficio el Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas no Documentadas, por los periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio agosto y octubre de 2016 con más intereses resarcitorios y se aplica una multa equivalente al 100 % del tributo omitido con sustento en lo establecido en el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif).
Previo a todo plantea la nulidad de la notificación de la resolución N° 440/2019 (DV SRR1) de fecha 15 de noviembre de 2019, por la que se le corre la vista con la que se dio inicio al procedimiento determinativo solicitando que se haga lugar a dicho planteo y oportunamente se remita el presente expediente a la AFIP, a los fines de que se prosiga con el expediente desde dicho estadío. En subsidio, en honor al principio procesal de preclusión y perentoriedad de los plazos procesales, interpone el presente recurso de apelación previsto en el art. 76 inciso b) de la Ley 11.683 (t.o 1998 y modif.), contra la Resolución N° 79/2020 (DV SRR1) del 10 de marzo de 2020.
Por las razones que desarrolla y la prueba que ofrece, pide que se haga lugar al recurso intentado, con costas y hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2020-56836106-APN-DTD#JGM el Fisco contesta el traslado conferido. En primer término, opone como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de litispendencia y la improcedencia formal del recurso por presentación fuera del plazo por lo que solicita se decrete cosa juzgada.
Con relación a la primera de las defensas, hace constar que el recurrente con fecha 1° de diciembre de 20202 interpuso recurso de apelación ante este Tribunal bajo el EX-2020-83387873-APN-SGAI#TFN, en trámite por ante la 9°Nominación, Sala C, con idéntico reclamo del que aquí se trata. Sostiene así que existe identidad de partes, de objeto y de causa entre la citada causa y la de autos, por lo que ambas acciones no pueden tener una diferente solución.
Al respecto, pone de relevancia que en el recurso interpuesto en la presente el actor amplió su exposición y desarrollo agravios sobre el fondo de la cuestión, lo que no hizo en el expediente en trámite en la Vocalía de la 9° Nominación donde el actor basó su defensa únicamente en el planteo de nulidad del acto, por lo que remarca que la contraria expresar los agravios que no fueron oportunamente expuestos, ya que se encuentra precluida la debida etapa procesal.
Así, peticiona que se haga lugar a esta excepción, con expresa imposición de costas a la actora, y disponga la remisión de los presentes actuados a la Sala “C” donde tramita el EX-2020- 83387873-APN-SGAI#TFN. También, opone la improcedencia formal del recurso-cosa juzgada por haberse interpuesto el recurso en forma extemporánea y cita, en sustento de ello, las previsiones contenidas en los arts. 76 inciso b), 79 y 166 de la ley de procedimiento tributario.
Señala que, de haber ocurrido un error en la notificación de la vista, pone de resalto que la aquí recurrente solicitó ante la AFIP vista de las actuaciones que se discuten en autos mediante la presentación digital de fecha 12 de agosto de 2020, la que fue concedida por notificación electrónica en fecha 18 de agosto de 2020. Explica, que con fecha 20 de agosto de 2020, se presentó un autorizado (mediante F. 3283), a quién en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional se le entregó un DVD con la totalidad de las actuaciones obrante en la Orden de Intervención N° 1.616.168, haciendo notar que todo ello consta en las actuaciones administrativas aportadas. Dice que la vista fue solicitada voluntariamente por la interesada y tuvo acceso a la causa sin que haya cuestionado el accionar fiscal mediante presentación digital por servicio web, como lo ha utilizado en la petición de vista. Frente a ello considera que los actos han sido consentidos y la presentación bajo examen deviene improcedente, dilatoria y además extemporánea.
Por ello, pide que se declare la improcedencia formal del recurso interpuesto en atención al vencimiento del plazo para hacerlo, con expresa imposición de costas al actor.
Asimismo, responde la nulidad planteada por la actora, en primer lugar, considera que se habría vulnerado su derecho de defensa, atento a considerar que la notificación cuestionada, no ha sido recibida por ella. Dice que a los efectos que proceda la nulidad el interesado debe demostrar el “perjuicio concreto” que le ha inferido el vicio que invoca, el que no debe haber sido convalidado y que la contingencia de que el apelante no comparta los fundamentos del mismos, no habilita per se, la sanción de nulidad que se peticiona. Afirma, que en el caso de autos no hubo vicio que haya colocado a la parte en estado de indefensión, toda vez que tuvo ante este organismo jurisdiccional la posibilidad de efectuar su descargo y presentar las pruebas que consideraba conducentes para el desarrollo de la causa.
Por los motivos que expone, solicita que se rechace el planteo incoado por la contraria, con expresa imposición de costas.
En subsidio, contesta los agravios vertidos relacionados con la cuestión de fondo y por las razones de hecho y de derecho que desarrolla, pide que se haga lugar a las excepciones de litispendencia e improcedencia formal interpuesta, con costas y en el hipotético caso que no haga lugar a las defensas en cuestión, se rechace el recurso de apelación interpuesto y se confirme en todas sus partes la resolución recurrida, con expresa imposición de costas al recurrente.
III– Que por IF-2021-90161201-APN-DTD#JGM el apelante contesta el traslado corrido de las excepciones articuladas por el ente fiscal. Sobre la litispendencia, reconoce que existe identidad de partes y de causa, dice que el objeto del escrito incoado en autos ha sido la nulidad de la notificación de la resolución de vista y las actuaciones labradas con posterioridad, y en el otro proceso, ha formulado el descargo que no pudo presentar en sede fiscal y subsidiariamente interpuso el recurso de apelación correspondiente, por lo que entiende que no se cumplen con los recaudos necesarios para que dicha defensa prospere, no obstante ello, manifiesta que en caso de considerarlo “el Tribunal podrá acumular dichas actuaciones, a los fines de que no se dicten sentencias contradictorias” (sic).
Sobre la restante excepción planteada por el Fisco, reconoce que el acto apelado le fue notificado el 13 de marzo de 2020 pero que el 18 de marzo de 2020, a través de la Resolución General 4682/2020 se decretó feria fiscal extraordinaria, lo que motivó que a partir de esa fecha no se computaron los plazos procesales, por encontrarse suspendidos, precisando que dicha feria fue prorrogada hasta el 29 de noviembre de 2020 por distintas Resoluciones Generales dictadas al efecto. Por ello, plantea que el cómputo del plazo que comenzó el 16 de marzo de 2020, se suspendió el 18 de dicho mes y año y recién se reanudó el 30 de noviembre de 2020, presentando el recurso en tiempo hábil. Solicita el rechazo de la defensa opuesta por la representación fiscal, con costas.
IV. Que mediante PV-2021-119056064-APN-VOCX#TFN se resuelve tratar las excepciones de nulidad articulada por la actora y la de litispendencia e improcedencia formal-cosa juzgada opuesta por el Fisco Nacional, como de previo y especial pronunciamiento y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “A”. Finalmente, mediante IF-2021-125578224-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
V. Según surge de las actuaciones (acompañadas EX-2020- 83387873-APN-SGAI#TFN, Vocalía 9°, que se tuvieron a la vista) se dio inicio al procedimiento de determinación de oficio mediante resolución de fecha 15 de noviembre de 2019 por la que se corre la vista de las actuaciones, la que fue notificada en la mima fecha, sin que haya constancias de que haya presentado el correspondiente descargo, lo que motivó que el 10 de marzo de 2020 el juez administrativo dictara el acto recurrido en autos.
Que no es objeto de debate que la resolución determinativa fue notificada el 13 de marzo de 2020, fecha que ha sido expresamente reconocida por la recurrente en autos.
Del cotejo de las actuaciones se evidencia que la resolución N° 440/2019 (DV SRR1) de fecha 15 de noviembre de 2019 fue notificada en los términos del art. 100 inciso e) de la ley de rito fiscal, al igual que la resolución determinativa apelada, sin que la actora hiciera planteo alguno respecto de su efectiva recepción de esta última como así tampoco de la fecha de su notificación.
Del análisis de los antecedentes también se observa que la recurrente con fecha 12 de agosto de 2020 solicitó a la AFIP mediante presentación digital la que fue concedida por notificación electrónica el 18 de agosto de 2020, presentándose el 20 de agosto de 2020 un autorizado por el actor mediante F. 3283, a quien se le entregó un DVD con la totalidad de las actuaciones obrantes en la Orden de Intervención N° 1.616.168 (vide IF-2021-27857584- APN-DTD#JGM ant. adm. actuaciones anexadas al expediente en trámite por ante la 9° Nominación).
Si bien la actora funda la nulidad en que se vio impedida de formular su descargo y presentar la prueba que entendiera pertinente, lo cierto es que tenía esta instancia jurisdiccional para formular la defensa de su derecho y propone las probanzas. Al respecto, cabe recordar -ante todo- que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable…De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público…” (Fallos: 325:1404); “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549; 247:52 cons. 1; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249, consid. 5 y sus citas.). Así “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, 4 de junio de 1997 “Sosa Mirta Elena”). Es decir que para que prospere, la nulidad debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, por lo que corresponde desestimar la nulidad opuesta por la actora, con costas.
VI. Que sentado lo que antecede, corresponde resolver previo a todo si el recurso incoado ha sido interpuesto dentro del plazo fijado por ley. Por un lado, el apoderado fiscal sostiene que, habiendo sido notificado el acto determinativo el 13 de marzo de 2020 y que el 20 de agosto de 2020 la recurrente a través de un autorizado al efecto, tomó vista de la causa conforme fuera solicitado ante la DGI mediante presentación digital, el plazo de quince días previsto por la ley de rito fiscal se encontraba vencido al 16 de diciembre de 2020 fecha en que presenta el escrito de apelación objeto de la presente causa.
Por su parte, la recurrente aduce que los plazos procesales se encontraban suspendidos hasta el 29 de noviembre de 2020, con motivo de la feria fiscal extraordinaria decretada por la AFIP por la Resolución General N° 4682/2020 y luego prorrogada por sucesivas resoluciones dictadas al efecto, considerando así que el recurso fue presentado en tiempo oportuno.
Cabe recordar que el artículo 76 de la ley Nº 11.683 (t.o. vigente) establece que: “Contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen los tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81, los infractores o responsables podrán interponer -a su opción- dentro de los quince (15) días de notificados, los siguientes recursos: b) Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal de la Nación competente, cuando fuere viable”.
Asimismo, el artículo 166 del mismo cuerpo normativo, en su parte pertinente dispone que “El recurso se interpondrá por escrito ante el Tribunal Fiscal de la Nación, dentro de los quince (15) días de notificada la resolución administrativa.”
Por otro lado, el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos establece en lo que aquí interesa que “Si a los efectos de articular un recurso administrativo, la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se le conceda al efecto, en base a lo dispuesto por el artículo 1°, inciso e) apartados 4° y 5° de la Ley de Procedimientos Administrativos. La mera presentación de un pedido de vista, suspende el curso de los plazos sin perjuicio de la suspensión que cause el otorgamiento de la vista.”, además el artículo 1° inciso e) apartado 9 de la Ley N° 19.649 -de aplicación supletoria conforme lo establece el artículo 116 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.)- prevé que “Las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios ...”
Que tanto la doctrina como la jurisprudencia en materia administrativa ha entendido que el solo pedido de vista suspende de manera automática los plazos que estuvieren corriendo, incluidos los plazos para recurrir (vide “El Procedimiento Administrativo” Gordillo 01-04-2006 Tratado de Derecho Administrativo cita ij-XXXII-391, “Federación Sindicatos U.P del E (SUPE) c/DGI fallo del 4/5/2001 CNCAF Sala III, entre otros.), razón por la cual corresponde rechazar el argumento fiscal en tal sentido. Al respecto, corresponde destacar el criterio uniforme adoptado por las distintas Salas que componen la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Asociación Mutual de Asociados y Adherentes” -Sala I- (sentencia 30/3/2010), “Jorge Ariel Duran” -Sala II- (sentencia 9/2/2010), “Macoser SA” -Sala III- (sentencia 6/5/2008) y en igual sentido “Ambrosius, Nicolás F.” (sentencia 16/09/2010), “Polit SA” -Sala IV- (sentencia 4/12/2007) y “Tarditti Cereales SA” -Sala V- (sentencia 19/9/2009).
Que sobre el particular, debe señalarse que el pedido de acceso a las actuaciones (conforme lo establece el artículo 38 del decreto 1759/72 reglamentario de la ley de procedimientos administrativos) puede hacerse en cualquier momento a fin de que el contribuyente pueda contar con las herramientas necesarias para organizar su defensa, porque de lo contrario quedaría obligado a recurrir sin haber podido tomar conocimiento adecuado de los antecedentes administrativos que dieran origen a la causa.
Que una interpretación armónica e integradora de las normas establecidas en la Ley N° 19.649 y de su decreto reglamentario, de aplicación supletoria al Título I de la Ley 11.683 dentro del cual se encuentra el artículo 76 que trata sobre el recurso de apelación ante este organismo jurisdiccional, lleva a concluir que la vista solicitada por la recurrente en los términos del artículo 76 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 19.549 y concedida por el juez administrativo, importó la suspensión del plazo para interponer el presente recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal.
Que no obstante lo expuesto, y más allá de la feria extraordinaria fijada por la AFIP que hace mención expresa el recurrente, no pude soslayarse que este Tribunal mediante acordada del 29 de Julio de 2020 (IF-2020-49323851- APN-TFN#MEC, publicada como anexo de la Resol-RESOL-2020-30-APN-TFN#MEC del 29 de julio de 2020 en el B.O. 31/7/2020) dispuso levantar la feria extraordinaria y dejar sin efecto a partir del 10 de agosto de 2020 la suspensión de plazos dispuesta oportunamente respecto de los expedientes electrónicos, es decir que a partir de esa fecha no había impedimento alguno para presentar a través del sistema TAD el recurso de apelación correspondiente, sin que tuviera en el caso incidencia alguna la feria dispuesta por la AFIP para el cumplimiento del plazo fijado en el art. 76 inciso b) de la ley de rito fiscal.
De acuerdo con lo expuesto precedentemente, cabe concluir que al momento de presentarse el recurso ante este Tribunal con fecha 16 de diciembre de 2020 (vg dato generado por el Sistema GEDO que surge arriba de la firma digital en el RE-2020-87875078-APN-SGAI#TFN), el plazo de quince días dispuesto en la norma antes referida se encontraba ampliamente vencido.
Ello así, resultando extemporánea la presentación del recurso de apelación incoado, corresponde hacer lugar a la excepción articulada por el Fisco Nacional y declarar en consecuencia la improcedencia formal del recurso.
VII. Por todo ello voto por rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas y hacer lugar a la cuestión previa introducida por el Fisco Nacional, con costas, declarándose en consecuencia, la improcedencia formal del recurso.
Por la forma en que se resuelve no procede tratar las restantes cuestiones planteadas en autos.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que de acuerdo con lo que se desprende del escrito de inicio, y por expresa manifestación del recurrente que alega el principio procesal de preclusión y perentoriedad de los plazos procesales, su pretensión se encuentra encuadrada en el artículo 76, inc. b) de la ley 11.683 y se dirige contra la resolución Nº 079/2020 de fecha 13/3/20 que determina su obligación frente al impuesto a las ganancias –salidas no documentadas- por los períodos fiscales 1 a 12 de 2016. Solicita entonces que se haga lugar a la nulidad de la notificación de la resolución que confirió la vista y que se remita la causa a la administración fiscal a fin de que prosiga con el procedimiento determinativo. Asimismo, solicita que se tenga por formulado el descargo y ofrecida la prueba requerida en la resolución Nº 440/19 que confirió la vista.
Expone los argumentos que hacen a su defensa de fondo para el supuesto que no se acojan sus argumentos nulificantes.
II. Que en oportunidad de contestar el traslado conferido, la representación fiscal opuso las defensas de litispendencia e improcedencia formal del recurso, esta última en tanto considera que el recurso ha sido interpuesto fuera de término. En efecto, manifiesta que la resolución determinativa fue notificada con fecha 13 de marzo de 2020, por lo que su recurso de apelación interpuesto con fecha 16/12/2020 es extemporáneo. Tal circunstancia, dice, no se ve modificada aún en el supuesto en que se considere la suspensión de los plazos procesales por la solicitud de vista que efectuara con fecha 12/8/20, concedida el 18/8/20, habiendo tomado vista efectivamente el 20/8/20. Ello así, en el marco de las disposiciones vigentes en el procedimiento ante este Tribunal, el recurso –reitera- fue interpuesto fuera de término.
Con respecto a la litispendencia, manifiesta que con fecha 1 de diciembre de 2020 interpuso recurso de apelación, que tramita bajo Nº EX2020-83387873-PN-SGAI#TFN, ante la Vocalía de la 9ª Nominación, con idéntico reclamo que el que se encuentra bajo estudio en autos, lo que da por cumplido –a su criterio- con la presencia de los tres requisitos que exige la excepción que plantea, esto es, identidad de partes, objeto y causa. Corrido el pertinente traslado, la recurrente alega que su recurso fue interpuesto temporáneamente en atención a que a través de sucesivas resoluciones generales la Administración Federal de Ingresos Públicos decretó feria extraordinaria, encontrándose en consecuencia los plazos procesales suspendidos. Dicha feria fue prorrogada hasta el día 29 de noviembre de 2020, razón por la cual entiende que el recurso fue interpuesto en término. Con respecto a la litispendencia, aclara que no existe identidad de objeto en tanto en autos se pretende la nulidad del acto atacado y en el expediente en trámite en la Sala C, se formuló el descargo como consecuencia de la notificación de la resolución que confirió vista.
III. Que en atención al relato que antecede y a la cuestión en litigio, entiendo que por una cuestión de lógica precedencia, debe este Tribunal resolver en primer término la temporaneidad del recurso interpuesto. En efecto, a mi modo de ver -como señalara el Dr. Agustín Torres en numerosos precedentes- en el sistema de impugnación que se intenta por vía del recurso de apelación ante este organismo, el de nulidad queda subsumido en el de apelación con la importante consecuencia de que por no tratarse de un recurso autónomo, es inviable si no resulta admisible el segundo. (Vid. entre muchos otros, Sala B, “Candle S.A.”, "Rentería Hnos.", 31/10/85, "Metalúrgia Dalmacio Vélez SRL", 19/6/91).
Aclarado ello, cabe destacar que no existe controversia entre las partes sobre la fecha de notificación de la resolución que en definitiva el recurrente apela en autos, tal como lo manifestara en su escrito de inicio y en la contestación de las excepciones articuladas por el Fisco Nacional, en las que claramente explica que la resolución apelada fue notificada el día 13/3/2020.
IV. Que en atención a ello, cabe recordar que el art. 4 de la ley 11.683 establece que para todos los términos establecidos en días en dicha ley se computarán únicamente los días hábiles administrativos, pero aclarando que cuando un trámite administrativo se relacione con actuaciones ante este Tribunal Fiscal, se considerarán hábiles los días que sean tales para éste.
Específicamente el art 152 del mismo ordenamiento fiscal señala que todos los términos de este Título -relativo a la organización, competencia y funcionamiento del Tribunal Fiscal de la Nación-, serán de días hábiles y se suspenderán durante el período anual de feria de este organismo jurisdiccional. En concordancia con ello el art. 18 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento fiscal, señala que los días hábiles administrativos, son aquellos que son tales para la administración pública, agregando que los términos referidos a las actuaciones ante organismos judiciales o el Tribunal Fiscal son aquellos que surgen de las respectivas normas procesales o dispuestos expresamente por los magistrados intervinientes.
Asimismo debe señalarse que, conforme lo dispone el art. 153 de la ley 11.683, el Tribunal Fiscal de la Nación, como un organismo jurisdiccional autónomo, está facultado para dictar reglas de procedimiento que complementen las disposiciones de esta ley, a fin de dar al proceso la mayor rapidez y eficacia. Dichas reglas serán obligatorias para el Tribunal Fiscal y las personas que actúen ante él, desde su publicación en el Boletín Oficial y podrán ser modificadas para ajustarlas a las necesidades que la práctica aconseje. Por su parte, el presidente del Tribunal, podrá dictar normas complementarias del Reglamento de Procedimientos del Tribunal, tendientes a uniformar trámites procesales y cuestiones administrativas cuando no se encuentren previstos en el mismo.
En ese entendimiento, y en el marco de la emergencia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12/03/ 2020, con el objetivo de proteger la salud pública —de sus empleados y funcionarios, como así también del público en general—, se reunieron en Plenario Conjunto los Vocales de este Tribunal para tratar sobre el funcionamiento del organismo y a través de Acta Acuerdo de fecha 16/03/2020 se declaró Feria Extraordinaria la cual fue prorrogada sucesivamente conforme las medidas y recomendaciones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional a fin de mitigar la propagación del COVID-19.
En ese contexto, se decidió en Acta Acuerdo de fecha 28/07/2020, publicada en el B.O. del 31/07/2020 levantar la feria extraordinaria y dejar sin efecto, a partir del 10/08/2020 la suspensión de plazos dispuesta en los expedientes electrónicos sin perjuicio de las facultades del juez/a instructor/a de disponer nuevamente su suspensión de modo fundado y mantener la feria extraordinaria -y consiguiente suspensión de plazos- respecto de todos los expedientes que tramitan en soporte papel (Resolución Nº 30/2020). Como se observa, la norma que decidió levantar la Feria Extraordinaria para los exptes electrónicos fue publicada con una antelación de 10 días del comienzo de sus efectos.
V. Que en atención a la normativa precedentemente referenciada, los plazos para los expedientes electrónicos - como es el caso de autos- se reanudaron el día 10/08/2020.
Habiéndose notificado la actora de la resolución que apela, 13/3/2/20, y teniendo en consideración que la primera suspensión ocurrió a partir del 17/3/20, el plazo de 15 días para apelar comenzó a correr nuevamente el 10/8/20, con lo cual venció las dos primeras horas del 31 de agosto de 2020, es decir, se encontraba ampliamente vencido al 16 de diciembre de 2020, fecha de presentación del escrito de apelación discutido en autos.
Ahora bien, dicha solución no se ve alterada por la aplicación de la suspensión prevista por el artículo 76 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento administrativo –criterio que la suscripta no comparte- toda vez que, de acuerdo con las constancias de la causa, el recurrente tomó vista de las actuaciones con fecha 20 de agosto de 2020. Ello así, el plazo para interponer el recurso hubiera vencido las dos primeras horas del 10 de septiembre de 2020, esto es, también resulta extemporánea la interposición del recurso en trato.
En mérito a lo expuesto, voto por hacer lugar a la defensa opuesta por la representación fiscal y declarar la improcedencia formal del recurso, con costas.
VI. Que por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar el resto de los agravios expuestos por las partes. El Dr. Porporatto dijo:
Adhiere en lo sustancial al voto de la Dra. Guzmán, aunque entiende que corresponde la aplicación de la suspensión prevista por el artículo 76 del decreto reglamentario de la ley de Procedimiento Administrativo, la que, para este caso, no cambia el hecho de resultar extemporánea la interposición del recurso en trato, conforme se expone en el párrafo tercero del Considerando V de tal voto.
Por ello, por mayoría SE RESUELVE:
Hacer lugar a la improcedencia formal opuesta por la representación fiscal, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. -
Date: 2021.12.29 16:46:00 -03:00 Date: 2021.12.30 09:59:36 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.30 10:00:05 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.30 10:00:06 -03:00
Fin de la sentencia