Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2023-24241867-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado el Sr. Daniel Angel Lopez. Con costas.
2Intimar a la actora para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de pesos dos millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro con 17/100 ($ 2.759.794,17.-) en concepto de la tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar el respectivo certificado de deuda (conf. Artículo 7 de la Ley N° 25.964).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-135123963-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Noviembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, la Dra. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y el Dr. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el EX-2023-24241867-APN-TFN#MEC caratulado “LOPEZ DANIEL ANGEL s/ Incidente de Beneficio de Litigar sin Gastos”.-
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que mediante RE-2023-24243304-APN-DTD#JGM la recurrente solicita beneficio de litigar sin gastos con fundamento en la imposibilidad de afrontar los gastos del proceso judicial que se ha iniciado ante este Tribunal. Manifiesta que en razón de encontrarse con exiguos ingresos se encuentra en la imposibilidad económica y financiera para acceder a la justicia.
En consecuencia, toda la situación que detalla, más la prueba que ofrece y acompaña, acreditan a su criterio, que se encuentra imposibilitada de hacer frente al pago de la tasa reclamada, por lo que solicita se haga lugar al beneficio exentivo.
Asimismo, plantea la inaplicabilidad en el caso concreto del artículo 7 de la Ley n.° 25.964 por resultar manifiestamente inconstitucional atento a limitar de manera arbitraria e ilegítima el acceso a los tribunales superiores, violentando además los principios de igualdad, legalidad y del debido proceso legal.
II. Que corrido el pertinente traslado por el artículo 80 del C.P.C.C.N, el Fisco Nacional toma intervención y por las razones de hecho y derecho que expone peticiona se rechace el beneficio solicitado, con costas.
III. Que mediante se rechaza la prueba informativa ofrecida por la actora tanto en el punto B.1 como el punto B.2 por resultar meramente dilatoria a los fines del otorgamiento del beneficio exentivo. Ello, por cuanto lo solicitado al Fisco Nacional en carácter de prueba informativa es acompañado por la incidentista mediante las constancias y declaraciones juradas consignadas como prueba documental arrimada oportunamente a los actuados.
IV. Que en fecha 1 de noviembre de 2023 se elevan los actuados a consideración de la Sala “A”.
V. Que es menester señalar que la petición del incidentista se encuentra dirigida a obtener un beneficio que lo exima de abonar la tasa de actuación establecida por la Ley N° 25.964. Dicha normativa establece en su artículo 9° la exención del pago de la tasa de actuación a las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos. El mentado beneficio –contemplado en el artículo 78 del C.P.C.C.N.- constituye una franquicia concedida a ciertos justiciables a fin de acudir a la justicia sin la obligación de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones incluidas en las costas, sea en forma definitiva o provisional. Más aun, esta institución está dirigida a quienes –por insuficiencia de medios económicos- no están en condiciones de afrontar el pago de los gastos que ocasiona la sustanciación de un proceso y reposa en la existencia de dos preceptos de raigambre constitucional, a saber: la igualdad ante la ley y la garantía de defensa en juicio y (artículos 16 y 18 de la C.N.) y pretende asegurar la prestación del servicio de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes. (Cfr. C.S.J.N., “Siderman, José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios”, 9/8/1988, entre otros). Como sostiene Couture, resulta evidente que la posibilidad de acceder a la justicia se vería frustrada si la ley privase de amparo a quienes no se encuentran en condiciones económicas de requerir a los jueces una decisión acerca del derecho que entienden los protege, asegurando la prestación de justicia a los pobres y a los ricos sin distinción (“Estudios de Derecho Procesal Civil”, Tº I, pág. 114).
VI. Que en relación con el planteo de inconstitucionalidad es menester resaltar lo dispuesto por el artículo 185 de Ley n.° 11.683 el cual reza: “La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese TRIBUNAL de la NACION.”. Asimismo, en cuanto a la limitación del acceso a la justicia alegada por la incidentista resulta imperioso tener en cuenta que el artículo 7° de la Ley n.° 25.964, en lo que aquí interesa, dispone: “Incumplimiento del pago de la tasa por actuaciones. Procedimiento. Las resoluciones que ordenaren el pago de la tasa por actuaciones, deberán cumplirse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, personal o por cédula, de la parte obligada al pago o de su representante… Ninguna de las circunstancias expuestas impedirá la prosecución del trámite normal del juicio.”. De lo expuesto, se colige que el incumplimiento del pago de la tasa de actuación por parte de la recurrente para acudir ante este Tribunal no implica una limitación del acceso a la justicia como tampoco la vulneración de preceptos constitucionales como los alegados en autos.
VII. Que es criterio de nuestro más Alto Tribunal que la “Concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la convicción sobre la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas” (Conf. “Coihue S.R.L. c/Provincia de Santa Cruz”, 11/6/2006).
Ello así, toda vez que el legislador omitió hacer referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, en virtud de que este, por tratarse de un concepto contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En definitiva, frente a cada situación concreta, el juzgador deberá efectuar un examen exhaustivo y pormenorizado de las probanzas acompañadas a fin de determinar si quien pide la exención carece de recursos o se encuentra en la imposibilidad de obtenerlos para hacer frente a los gastos que demanda la sustanciación del proceso. Por ello, no es necesario demostrar un estado de indigencia o insolvencia patrimonial absoluta, sino una situación económica que no permita afrontar los gastos del proceso (conf. Fallos 317:1020), más aún si para pagarlos resulta necesario que el litigante se desprenda de ellos.
A mayor abundamiento, la Alzada tiene dicho “que el beneficio de litigar sin gastos comprende un privilegio restrictivo y excepcional, por lo que se debe demostrar fehacientemente la ausencia de recursos para costear total o parcialmente la demanda que se ha de iniciar (causa 17.178/2012, “Paramio Claudio Pascual (TFN 30256-I) - BLSG pronunciamiento del 13 de noviembre de 2012).
VII. Que en consecuencia, corresponde analizar la prueba acompañada en los actuados, adelantando desde ya que la misma no conduce a la concesión del beneficio solicitado.
Así, dentro de los límites trazados por el pedido de beneficio, la incidentista sostiene –entre otras cosas– la imposibilidad de afrontar los gastos casuísticos en virtud de no encontrarse en condiciones económicas aptas para hacerlo.
Asimismo, acompaña a tal fin en carácter de prueba documental la constancia de inscripción correspondiente a la actividad que declara ante la AFIP y las declaraciones juradas correspondientes a los periodos 2019, 2020 y 2021 del Impuesto a las Ganancias.
VIII. Que en ese contexto, el material probatorio arrimado a autos y las afirmaciones efectuadas para obtener la franquicia se encuentran enderezadas a describir y demostrar la situación económica y financiera de la incidentista, situación que no ha acontecido en los presentes. Si bien, no escapa a quien suscribe que, para obtener el beneficio de litigar sin gastos no es imprescindible producir una prueba acabada que otorgue un grado absoluto de certeza sobre las condiciones de pobrezas alegadas, es necesario que se allegue al expediente suficientes elementos de convicción que permita verificar razonablemente que el caso encuadra en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio (cf. CSJN en Fallos 311:1372, entre muchos otros).
Ello así, las probanzas arrimadas no han logrado acreditar la situación económica que habilita la liberalidad, por lo que entiendo que la actora no ha demostrado fehacientemente la carencia de recursos, razón que conlleva a denegar el beneficio solicitado, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Potr ello, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado el Sr. Daniel Angel Lopez. Con costas.
2. Intimar a la actora para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de pesos dos millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro con 17/100 ($ 2.759.794,17.-) en concepto de la tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar el respectivo certificado de deuda (conf. Artículo 7 de la Ley N° 25.964).
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el artículo 52 del RPTFN, por encontrarse vacante la Vocalía de la 3era Nominación.
Regístrese y notifíquese.-
Date: 2023.11.10 21:08:11 -03:00 Date: 2023.11.13 13:00:35 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.13 13:00:36 -03:00
Fin de la sentencia