Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 466/484 vta. por el Sr. Defensor Oficial ante este Alto Cuerpo, en representación de FABIÁN ALEJANDRO LÓPEZ, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:010 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 10 de abril de 2017 AUTOS: "LÓPEZ FABIÁN ALEJANDRO S/INFRACCIÓN AL ART. 119, 1°, 3°, 4° INC. B, 55 Y 149 BIS PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE", Expte. Nº 3501 (L-905/14/T.S.J.).-
Río Gallegos, 10 de abril de 2017.-
Los presentes autos caratulados "LÓPEZ FABIÁN ALEJANDRO S/INFRACCIÓN AL ART. 119, 1°, 3°, 4° INC. B, 55 Y 149 BIS PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE", Expte. Nº 3501 (L-905/14/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 466/484 vta. por el Sr. Defensor Oficial ante este Alto Cuerpo, Dr. Domingo Norberto Fernández, en representación de FABIÁN ALEJANDRO LÓPEZ, contra el pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 453/461 vta. que resuelve "...1º) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 408/420 vta. por el Sr. Defensor Oficial del imputado FABIÁN ALEJANDRO LÓPEZ ANULANDO la resolución de fs. 374/402 por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo dispuesto en un plazo no mayor a treinta (30) días de recepcionadas las presentes actuaciones; 2º) MANTENER el estado de detención de FABIÁN ALEJANDRO LÓPEZ...".- II.-) La parte recurrente -previo referir los antecedentes de la causa (fs. 468/474)- inicia la crítica a la resolución que pronunciara este Alto Cuerpo con fundamento en la presunta violación a la defensa en juicio, el debido proceso (art. 18 de la C.N.), así como arbitrariedad de la sentencia.-
Afirma el recurrente al comenzar la exposición de agravios, que "...en razón de que el fallo recurrido al hacer lugar al Recurso de Casación dispone ANULAR el fallo pero ordena el reenvío para que integrándose un nuevo tribunal dicte sentencia, dicha resolución incurre en violación de expresas garantías constitucionales que consagran el debido proceso legal y la inviolabilidad de la defensa en juicio, lo que configura por si mismas cuestión federal suficiente... el fallo en crisis incurre en arbitrariedad al no efectuar un fundamentado análisis de los agravios de tal modo de concluir acabada y certeramente con su refutación...".- Agregó "...Esta defensa considera que no resulta legal y constitucionalmente posible retrogradar el proceso a etapas ya superadas cuando la nulidad no atribuible al imputado lo perjudica dilatando la definición de su situación procesal, por lo que el Tribunal Superior de Justicia debió haber asumido competencia positiva dictando la absolución de López...".-
El recurrente finaliza su presentación sosteniendo la existencia de cuestión federal (fs. 484).-
III.-) A fs. 485 se ordena traslado del recurso extraordinario interpuesto al Sr. Defensor General Subrogante ante el T.S.J. Dr. Jorge Godoy (Defensor Público de Menores).-
El Defensor de Menores a fs. 486/488 manifestó "...Considero que habiendo alcanzado la actividad recursiva del imputado el objetivo de la nulidad de la sentencia oportunamente impuesta, es sabio y ajustado a derecho el criterio expuesto en la Resolución aquí recurrida, respecto del reenvío de la causa a la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción, considerando que se ha hecho ese juicio de ponderación de intereses y que habría prevalecido el interés superior de Sebastián. Por otro lado entiendo que el imputado tiene derecho a que se resuelva la cuestión de fondo, y en base al principio "reformatio in pejus" ante un nuevo proceso y la posibilidad de imponer sanción penal, la Excma.
Cámara Criminal, no podrá agravar la situación del imputado por encima de la condena impuesta en primer lugar. Por todo lo expuesto, habiéndose puesto en riesgo el desarrollo de la personalidad de un niño, concretándose el peor de los maltratos infantiles, la invasión a la integridad sexual de Sebastián, y que él tiene derecho a que se restablezcan sus derechos vulnerados. Teniendo en cuenta las obligaciones Constitucionales de origen internacional, que pesan sobre los operadores judiciales, de hacer prevalecer el interés superior de Sebastián, por encima de los derechos igualmente legítimos de su "Padre" quien lo abusó sexualmente, correspondería que V.E. rechace el recurso extraordinario impetrado por Fabián Alejandro López, respecto de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia registrada en el T VI, Registro N° 30, Folio 196/204 de fecha 20 de octubre de 2016, y ordene la ejecución de la misma...".- Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo que a fs. 490/491 dictamina que "...el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como tipo doctrinario jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad.
En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica... los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras...
La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa... Este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley Nº 48, constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del Recurso Extraordinario... Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende, no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo...", siendo de opinión que se declare inadmisible el recurso impetrado.- IV.-) En principio, corresponde realizar a este Tribunal Superior de Justicia, un análisis mínimo y provisional del recurso extraordinario deducido a la luz de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 21/3/2007, tendiente a definir si la cuestión federal invocada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:3081).- En dicha tarea, se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del primero de los artículos del reglamento, no así de los restantes. En efecto, la presentación no supera las 40 páginas de 26 renglones y ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1), y cuenta con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2.-
Que, no obstante el escrito recursivo no logra poner de manifiesto la observancia de los requerimientos del artículo 3º, de dicha acordada, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente se limita a realizar un sucinto relato de los hechos de la causa, e invoca como "cuestión federal" la vulneración del derecho de defensa, art. 18 de la CN, fundado en la vulneración de normas procesales. En este sentido, es dable recordar que "la cuestión federal" tiene una definición propia. No sin ánimo docente, diremos que las cuestiones federales presentan dos grandes campos: a) las llamadas cuestiones constitucionales "simples" (vinculadas con la interpretación directa de normas o actos de naturaleza federal que ponen en crisis a disposiciones de la Constitución Nacional (art. 14, inc. 3º ley 48), y b) las cuestiones constitucionales "complejas" (referidas a los denominados "conflictos de constitucionalidad", es decir, al enfrenamiento entre normas o actos de carácter infraconstitucional con la Constitución Federal (art. 14, incs. 1º y 2º ley 48). Como fácil puede advertirse el planteo del recurrente no encuadra en esta regla.- A mayor abundamiento, este Alto Cuerpo advierte que la instancia federal impetrada por el Defensor Oficial deviene improcedente, toda vez que los argumentos expuestos en representación de FABIÁN ALEJANDRO LÓPEZ son una ampliación de los desarrollados en la etapa casatoria, solicitando la absolución y cuestionando una decisión de derecho común que no habilita la instancia extraordinaria.-
Este defecto se encuentra agravado por la circunstancia de interponer el remedio federal sin efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos que dan basamento a la decisión obrante a fs. 453/461 vta., o bien desentendiéndose de los argumentos expuestos por este Tribunal Superior respecto los agravios que motivaron la instancia casatoria.-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 466/484 vta. están referidos netamente a la aplicación de derecho común, la transcripción de lo resuelto en la sentencia de la Excma. Cámara Criminal, lo resuelto en el decisorio de este Alto Cuerpo y a transcribir jurisprudencia, pues el impugnante se agravia por el reenvío y solicita la absolución de su defendido. Fácil resulta advertir que tales causales devienen improcedentes para un remedio federal –por tratarse de netas cuestiones de derecho común-, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.- V.-) Sobre la inadmisibilidad del remedio federal cuando el recurrente no plantea una cuestión federal en forma razonada y clara, se han expedido numerosos Tribunales Superiores de Provincia "...La cuestión federal debe introducirse en oportunidad de trabarse la litis y, excepcionalmente, en la primera oportunidad procesal posible, debiendo formularse de manera inequívoca y explícita, ya que el carácter genérico de la misma no es suficiente para habilitar el recurso extraordinario, como tampoco lo es la única expresión del apelante de que reserva el caso federal..." (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, "G.T., C. c/ L.B., R.", 14/II/2000, LLC 2000, pág. 923); "...Es insuficiente a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario federal la sola expresión del apelante 'Reserva Caso Federal', pues si bien no se requieren términos sacramentales es necesario que exista un correcto planteamiento mediante la invocación expresa y categórica del derecho federal del que pretende valerse, demostrando su conexión con la materia del pleito..." (Superior Tribunal de Justicia de Misiones, "C., L. c/ Cooperativa Agrícola Monte Carlo Ltda.", 16/X/2001, LLLitoral 2001).- Incluso, el Máximo Tribunal de la Nación ha revalidado la exigencia del tópico: "...En principio, el requisito de la introducción oportuna de la cuestión federal a los fines del recurso extraordinario, sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el art. 14 de la ley 48, que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último intérprete de las mismas...(dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)" (C.S.J.N., "González, Eduardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A.", 07/XII/2004, DJ 18/V/2005, pág. 176; Fallos 327:5528).- VI.-) En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, y procesal las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J.
Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad del recurso extraordinario son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; b) Ese tipo de disposiciones no afecta el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Carta Magna, principio de supremacía constitucional (Lino Enrique Palacio, "El recurso extraordinario federal", pág. 161, Abeledo Perrot, 1997). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como intérprete final del derecho común.- Reiterada también es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional en el sentido que las cuestiones de derecho común, aún regidas por leyes de naturaleza federal, son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria (Fallos 281:67; 284:483; 289:355; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Interlocutorio, Rº 23, Fº 36/40; Tº I, Otros Recursos, Rº 8, Fº 12/14; Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45, entre otros), pues "...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.- VII.-) En el resolutorio de fs. 453/461 vta., este Tribunal resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el ahora recurrente, anulando la resolución de la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, ordenándose se realice nuevamente el juicio con una nueva integración.-
En los considerandos de la resolución obrante a fs. 453/461 vta., se señaló que "...Surge aquí el conflicto entre el interés superior del niño y la libertad o prisión preventiva del imputado... no resulta ocioso recordar que 'cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros' (Art. 3, último párrafo, Ley 26.061)... Debe tenerse presente, sin ingresar en el análisis de los hechos; el vínculo familiar existente entre el imputado y la víctima; la gravedad de los hechos, el escenario donde se habrían desarrollado los sucesos -domicilios pertenecientes al grupo familiar-; en síntesis, gran parte de la prueba se enmarca dentro de ese contexto familiar, incluyendo a la terapeuta particular del menor -testimonio de suma importancia en este tipo de delitos-; de ahí que sea necesario mantener incólume el material probatorio; en tal sentido no resulta acorde liberar al prevenido, dada la influencia que pueda generar su presencia en ese contexto familiar...
La decisión entonces, es plenamente compatible con las Reglas de Mallorca, en cuanto dispone en su art. 17 'En relación con la adopción de las medidas limitativas de derecho, regirá el principio de proporcionalidad, considerando, en especial, la gravedad del hecho imputado, la sanción penal que pudiera corresponder y las consecuencias del medio coercitivo adoptado'... En definitiva, es la especial situación de vulnerabilidad de la víctima, en el contexto señalado, lo que torna imprescindible e irreemplazable el mantenimiento de la prisión preventiva del imputado..." (fs. 459/vta. y 460).- Se dijo en la sentencia en crisis que "...de manera preliminar cabe precisar que sólo existe preclusión e imposibilidad de volver sobre los actos ya complidos cuando éstos han observado las formas prescriptas por la ley y no cuando exhiben vicios que los invalidan, de ahí que la garantía constitucional que prohibe la doble persecución penal por un mismo hecho no impide que 'en el marco de un único proceso' se reediten actos esenciales básicos... en resumen, la nulidad de la sentencia implica que no ha sido resuelta la cuestión de fondo -situación del imputado frente a la ley-, y por consiguiente, reeditar la etapa del plenario para nada se trata de un supuesto de doble juzgamiento..." (fs. 460/461).- VIII.-) Por otra parte, el escrito presentado por la defensa oficial, de FABIÁN ALEJANDRO LÓPEZ, Dr.
Domingo Fernandez, impetrando el remedio federal padece de inconsistencia material, pues si bien el recurrente alega que el decisorio vulnera las garantías de defensa en juicio y del debido proceso legal, no alcanza a establecer ni discernir en qué medida se encontró impedida la parte de deducir defensas, producir la prueba ofrecida y alegar sobre ella, basamento fundamental del derecho de defensa; mientras que el debido proceso –formal o adjetivo y material o sustantivo- no aparece vulnerado ni conmovido por la interpretación que de las normas de derecho común realiza este Alto Cuerpo.- La mera invocación de una supuesta violación de las normas constitucionales que reconocen la garantía del derecho a la defensa en juicio y el cumplimiento del debido proceso legal, no habilita la instancia extraordinaria federal que el recurrente pretende habilitar.-
IX.-) El pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 453/461 vta. no deviene "arbitrario" por la circunstancia de no compartir el peticionante los argumentos del Tribunal para disponer el reenvío para integrar un nuevo tribunal manteniendo el estado de detención del imputado, reiterándose que el recurrente no demuestra causal fundada alguna para así descalificar el fallo.-
En tal sentido, si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la presencia del vicio de arbitrariedad que pudiera afectar a una sentencia, ello no exime a los órganos judiciales llamados a conocer en la concesión del recurso extraordinario, a expedirse si la apelación federal, circunstanciadamente valorada, cuenta respecto a cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la conocida doctrina de la Corte, a la invocación de un caso inequívoco de carácter excepcional, como es la arbitrariedad (Fallos 323:1248; T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 7, Fº 15/17, Secr. Civil, y Tº I, Otros Recursos, Rº 10, Fº Nº 12/24, Secr. Penal, entre otros).- En la estructura del pronunciamiento atacado no se advierten fisuras en orden al absurdo o la arbitrariedad que plantea el recurrente, ni se incurre en violaciones de normas constitucionales. Analizado lo actuado desde este cuadrante, la sentencia atacada no evidencia un error grave y ostensible en el concepto, juicio o raciocinio cuando debió interpretar o valorar la ley, conforme a las reglas de la sana crítica o -en su caso- evaluar la posible violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, resultando correcta la solución del caso por constituir derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa apreciadas objetivamente (Fallos 236:27) y en respeto de los principios de igualdad de las partes, bilateralidad del proceso y necesidad de estar precedida la sentencia de una acusación válida, ejercicio de defensa y producción de prueba.- X.-) A mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" del recurso extraordinario, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.-
Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto –aún de extrema gravedad- no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues -de no ser así- la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros). Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, siendo aplicable la opinión doctrinaria que reza: "...No basta hacer referencias genéricas; se requiere citas concretas, que fijen con precisión el derecho federal cuestionado y desconocido..." (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº I, pág. 803), no verificándose en autos que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.- XI.-) Luego de efectuar este Alto Cuerpo un detenido y severo análisis de los agravios contenidos en el escrito de interposición del remedio federal impetrado, surge de manera clara y manifiesta su falta de idoneidad para dar fundamento a la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, pues la mera invocación de aquella no basta para superar el óbice sustancial que supone la inexistencia de cuestión federal (art. 14 de la Ley 48), que justifique el impacto a la seguridad jurídica que lleva consigo la revisión por la Corte Suprema de fallos de tribunales ordinarios que se fundamentan en derecho común.- Surge evidente la insuficiencia recursiva pues no logra perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (G.
Carrió y A. Carrió, "El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria", Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25; TSJ, Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- Por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de un planteo ajeno a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fueran el Defensor de Menores y el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 466/484 vta. por el Sr. Defensor Oficial ante este Alto Cuerpo, en representación de FABIÁN ALEJANDRO LÓPEZ, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante el cargo restante (art. 27 de la Ley Nº Uno – T.O. Ley 2404).-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariano – Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2001O.171 TOMO:IV– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:010 FOLIO Nº: 050/055 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia