Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 162743
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 254, modificando en consecuencia la sentencia apelada en los rubros de gastos médicos y farmacéuticos (elevándose a la suma de $750 para cada uno de los accionantes), incapacidad sobreviniente (que se fija en $100.000.- para cada actor) y daño moral ($90.000 para cada actor), confirmándola en lo restante que hubiere sido materia de agravio.
II. Imponer las costas de Alzada a la citada en garantía, atento a su calidad de parte vencida (art. 68 del CPCC);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904).
REGISTRADA BAJO EL Nº 117-S Fo. 599/605 Expte. Nº 162743 Juzgado Civil y Comercial N°11 En la ciudad de Mar del Plata, a los 23 días del mes de mayo de 2017 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “LÓPEZ FRIAS, ALFREDO DANIEL Y OT C/ EMPRESA DE TRANSPORTE 25 DE MAYO S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia de fs. 242/253?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada a fs. 242/253 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 254.
En lo que aquí interesa destacar, el Sr. Juez a quo hizo lugar a la demanda promovida por Alfredo Daniel López Frias y la Sra. Ana Gladys Silva Rojas contra la firma Transportes 25 de Mayo SRL., condenando a esta última -conjuntamente con la citada en garantía, Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros- a abonar a la accionante la suma de $162.000, bajo apercibimiento de ejecución. En el caso de la aseguradora, su responsabilidad fue limitada al monto que exceda el descubierto de $40.000 contemplados en la póliza. Finalmente, impuso las costas al demandado y la citada en garantía en los términos del seguro contratado.
Para así decidirlo, destacó que quedó demostrado que el 7 de enero de 2012 los actores viajaban a bordo del colectivo de la línea 523 interno 80 perteneciente a la empresa demandada en compañía de sus hijos menores de edad. Aclaró que este suceso, así como también el traslado de los actores a un nosocomio, no fue negado por la demandada.
Expuso que fue acreditada la relación contractual de transporte y el daño sufrido por los reclamantes, a la vez que la accionada ninguna prueba produjo para eximirse de responsabilidad en los términos del art. 184 del Código mercantil entonces vigente.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes: (a) Daño a la salud e integridad física: $45.000 para el Sr. López Frias y $45.000 para la Sra. Silva Rojas; (b) Gastos médicos y farmacéuticos: $250 para cada actor; (c) Gastos de traslado y movilidad: $750 para cada actor; (d) Daño moral: $35.000 para cada uno.
II. El apoderado de los actores expresó sus agravios a fs. 267, mereciendo la réplica de la aseguradora a fs. 290/3.
Sus quejas pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(i) Que la suma otorgada en concepto de daño a la salud y a la integridad física es incongruente y no repara el daño real causado a los actores. Critica que se hayan utilizado valores históricos y solicita la aplicación de fórmulas matemáticas contempladas en distintos precedentes de la sala Segunda y Tercera de este Tribunal. Efectúa cálculos para cada uno de los actores y peticiona que su resultado sea aumentado para contemplar aspectos no laborales o remunerativos de la persona y que también fueron afectados. (ii) Que el monto reconocido en concepto de gastos médicos y farmacéuticos es escaso y ha quedado desactualizado. Pone énfasis en la pericia médica de la cual se desprende que los gastos que afrontaron llegan a $1.500 cada uno con más los gastos de rehabilitación en sesiones de fisioterapia (equivalente a otros $1.500 cada uno).
(iii) Que es también insuficiente la suma de $1.500 otorgada para indemnizar los gastos de traslado y movilidad. Luego de detallar las terapias realizadas en momentos inmediatos posteriores al accidente y destaca que han sido 19 semanas en las que han permanecido con una incapacidad absoluta necesitando ayuda y transporte para movilizarse.
(iv) Que ha sido injustamente rechazado el parcial de lucro cesante. Explica que el Sr. López Frías estuvo 19 semanas sin poder trabajar y que en ausencia de otros elementos de convicción, corresponde utilizar como parámetro al Salario Mínimo Vital y Móvil.
(v) Que el monto otorgado por daño moral no es suficiente para reparar el daño realmente ocasionado, solicitando sea reconocida una suma mayor.
III. Consideración de los agravios.
Las quejas de los actores están dirigidas exclusivamente a criticar el tratamiento de los rubros indemnizatorios, tópico que abordaré seguidamente aunque alterando en parte el orden propuesto en el escrito recursivo. Sin perjuicio del tratamiento integral que se realizará sobre las cuestiones que son objeto de recurso, debo recordar que los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino tan sólo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2ª ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
III.1. Gastos médicos y farmacéuticos El agravio prospera parcialmente.
La Sra. Jueza a quo reconoció $250 a cada actor en concepto por los gastos realizados luego del accidente destacando que no es necesaria su prueba fehaciente cuando son erogaciones urgentes y de escasa magnitud, mas es exigible la demostración cuando el reintegro peticionado versa sobre importes significativos. Sobre esa base, consideró que las atenciones médicas dadas a los actores fueron cubiertas por Protección Mutual de Seguros, aunque calificó como razonable la compra de antiinflamatorios y analgésicos para paliar los dolores por un total de $250, extremo que fue verificado por el perito médico (v. fs. 249/vta, cons. V.b.).
El apelante brinda dos argumentos para refutar este razonamiento.
El primero, que el monto «ha quedado desactualizado», extremo que por sí solo no puede justificar su incremento, máxime tratándose de erogaciones dinerarias ya realizadas por los actores y no de valores todavía pendientes de cuantificación monetaria (art. 7 de la Ley 23.928, v. mi voto en causa 159.764, en autos "Corta...", RSD-112, del 17-V-2016).
Luego, la recurrente argumenta que la pericia médica refleja los gastos que debieron afrontar ($1.500 cada uno) y ello es así sin tener en consideración los gastos de rehabilitación (fs. 276).
En este punto tiene razón. En rigor, lo que el perito médico explica a fs. 174 (con relación a López Frías) y fs. 175 (con relación a la Sra. Rojas) es que las terapias y tratamientos fueron cubiertas por el seguro y que los actores pueden haber gastado dinero en “traslados y medicamentos”, los cuales estima en $1.500 pesos.
Es cierto que esa suma de dinero contempla un concepto que forma parte de un reclamo canalizado en un rubro independiente (los traslados y la movilidad), pero entiendo prudente, en ausencia de otros elementos de convicción, cuantificar el costo de los referidos medicamentos para paliar dolores en la mitad del monto estimado por el experto. Es decir, ponderar tales gastos —insisto: sin contar la movilidad, que se indemniza en forma separada— en un total de $750 para cada uno de los actores (art. 163 inc. 5° apartado segundo, 375 y 384 del CPC, 1068 y cctes. del CC y 7 del CCyC).
III.2. Gastos de traslado y movilidad.
El recurso, en esta parcela, no prospera.
Reiteradamente ha resuelto este Tribunal que tanto los gastos de farmacia como las erogaciones derivadas de los traslados que ha debido procurarse la víctima, se hallan comprendidos entre aquellos gastos orientados al restablecimiento de la integridad psicofísica del damnificado cuya resarcibilidad expresamente consagra el art. 1086 del Código Civil, no siendo necesaria la prueba acabada de su existencia, cuando su evidencia emana de la naturaleza de las lesiones sufridas o de informes de historias clínicas emitidas por establecimientos hospitalarios y asistenciales (Cfr. esta Sala, Exptes. 114.019 RSD-42-1 S. 27-2-2001, 134.149 RSD 350 S. 3-7-08, 143.597 RSD 159 S. 10-6-10, entre otros).
En el caso de autos, el perito médico ha sido muy claro al describir el tipo y entidad de las lesiones sufridas por los actores y la naturaleza de las terapias recibidas en las semanas que siguieron al siniestro. Destaco, en particular, la aplicación de un corset de yeso y luego termo cerrado – en el caso de López Frías- y un corset cerrado y luego de tipo quita y pon –en el caso de Silva Rojas-, y que fuera mencionado por el experto a fs. 173/vta primer párrafo, fs. 174/vta y 175/vta punto 6.
En este contexto, no parece irrazonable considerar que los gastos de movilidad (que el perito expresamente excluye de la cobertura asegurativa) han excedido a la utilización de taxis y remises. Por el contrario, de acuerdo a las lesiones sufridas y la movilidad reducida que le han impuesto los corsés que debieron utilizar temporalmente, puedo presumir que hubo de ser necesario un transporte profesional especial -como el que los accionantes refirieron haber contratado a fs. 72- y que, de suyo, tiene un costo sustancialmente mayor al de un transporte público regular (véase, en particular, fs. 210/vta respuesta novena). Sin embargo, también es cierto que, como correctamente apuntó la Sra. Jueza en su sentencia, el actor desistió de la prueba tendiente a demostrar que efectivamente realizó esos gastos. Ello reduce la evidencia producida a lo afirmado por el perito, quien estimó un total de $1500 en concepto de «traslados y medicamentos analgésicos», monto cuya mitad ya fue reconocido en el apartado anterior en concepto de gastos médicos y no cabe más que estimar que la otra mitad ($750 para cada actor) se corresponde a las erogaciones por movilidad.
Por esta razón, y siendo que tal ha sido la suma reconocida en el fallo en crisis, no cabe más que rechazar el agravio en estudio (arts. 474 del CPC, 1068 y cctes. del CC y 7 del CCyC).
III.3. Lucro cesante El agravio tendrá igual suerte que al anterior.
Efectivamente, la lectura atenta de las actuaciones permite verificar que no hay ninguna evidencia que, siquiera tangencialmente, permita corroborar que el Sr. López trabajaba en una firma denominada “Mito Expresso System S.A.”, como alegó en el escrito inaugural del proceso.
Es cierto que la jurisprudencia ha sido proclive a utilizar el Salario Mínimo Vital y Móvil cuando no ha sido acreditado fehacientemente el ingreso mensual de la víctima (v. de esta misma Sala, autos Lattanzi, Vicente c. Henrik, Daniel y Otros S/ Daños y Perjuicios, Expte. 136.476, del 13/11/2008, Reg. 594-S, con cit. de Zavala de González, Resarcimiento de Daños T. 2”a”, Hammurabi, p. 432), pero ello es así en tanto hubiese sido demostrado -o no fuese controvertido- que el reclamante efectivamente tenía un trabajo cuya remuneración hubiese sido frustrada por las lesiones físicas o psíquicas padecidas.
No es este último supuesto de autos: la Sra. Jueza de primera instancia no desestimó el rubro por falta de prueba sobre los ingresos mensuales del Sr. López Frías, sino porque no fue acreditado que trabajaba en la firma “Mito Expresso System” o que realizaba cualquier otra tarea remunerada, sea en relación de dependencia o en forma autónoma.
Memoro que la pretensión por lucro cesante, a diferencia del reclamo por incapacidad sobreviniente, encuentra su fundamento en las ganancias concretas y efectivas que el damnificado se vio privado de obtener durante el lapso que duró su convalecencia o su imposibilidad de trabajar (arts. 1068, 1069 y 1086 del C. Civil cfr. ley 340; CC2a. LP, Sala 1, expte. B 82.265 RSD-5-96 S 13-2-1996, entre otros).
Por consiguiente, a efectos de indemnizar ese rubro se requiere aportar prueba concreta del desmedro en los ingresos del damnificado, acreditando no sólo el lapso en que se vio impedido físicamente de trabajar sino también la realización de actividades rentadas con anterioridad al siniestro, pues de otro modo sólo podría hablarse de un perjuicio conjetural (cfr. CC1a.LP sala 3, expte. 219.480 RSD-301-94 S. 17-11-1994; CC2a.LP, sala 2, expte. 99.039 RSD-254-3 S. 16-10-2003, entre otros).
Son las partes las que tienen la carga de producir la prueba necesaria para formar convicción en el juzgador sobre la verdad de los hechos que dan soporte a su reclamo (art. 375 del CPC). Nuestro máximo tribunal ha dicho que “las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés” (SCBA, Ac 45068 S 13-8-1991, AC 73932 S 25-10-2000, AC 83124 S 5-3-2003, Ac 91961 S 20-12-2006, C 94338 S 16-9-2009).
No demostrado el presupuesto fáctico central en el cual se sostiene el rubro reclamado, no cabe más que concluir que la decisión de la jueza de primera instancia de rechazar la indemnización por lucro cesante ha sido correcta y debe ser confirmada (arts. 375, 384 del CPC y 1069 del Cód.Civ.).
III.4. Incapacidad sobreviniente.
La jueza de primera instancia reconoció una indemnización de $45.000 para cada uno de los accionantes, sopesando a tal fin las secuelas incapacitantes de ambas víctimas y cómo ello suponía una minoración en sus aptitudes físicas que se traducen en una merma sensible para el desempeño de actividades de la vida cotidiana y laboral.
El agravio formulado por los quejosos –dirigido a criticar el monto por escaso- prospera parcialmente.
a. Existe consenso en doctrina y jurisprudencia en el sentido que el reclamo por incapacidad apunta a la reparación de una lesión a la integridad corporal que proyecta sus secuelas sobre todas las esferas de la personalidad de la víctima -incluyendo la laboral-, constituyendo un quebranto patrimonial indirecto derivado de las limitaciones físicas y/o psíquicas que son secuelas del accidente (arts. 1068, 1069 y 1086 del C. Civil; CC2a. LP, Sala 1, expte. B 82.265 RSD-5-96 S 13-2-1996; esta Sala, exptes. 150.448 S. 22-5-2012 Reg. 130-S, 151.505 S. 29-11-2012 Reg. 327-S, entre otros).
Por ello -como hemos puesto de resalto en anteriores oportunidades-, el daño resarcible no consiste en la lesión misma sino en sus efectos, ya que a los fines de reparar los daños a la integridad física lo que interesa es la concreta proyección de las secuelas del infortunio en la existencia dinámica del damnificado (esta Sala, Exptes. 135.718 S. 29-4-08 Reg. 138-S, 136.669 S.22-12-08 Reg. 663-S, entre otros).
También hemos dicho que la referida evaluación debe realizarse en concreto, ponderando de qué manera -en función de las circunstancias de persona, tiempo y lugar- dicha minoración genérica repercute en la víctima, atendiendo a sus condiciones personales, aptitudes laborales o profesionales y a la actividad que ordinariamente desplegaba. La atención a esos aspectos es lo que diferencia a la incapacidad específica de la incapacidad en abstracto (ver Pizarro-Vallespinos, Obligaciones, Tomo 4, Hammurabi, 2008, pág.300; esta sala, expte. 146.218 S. 25-2-2011 Reg. 5-S).
Por otra parte, es sabido que la integridad física es un bien cuyo desmedro da derecho a indemnización; la afectación física y psíquica a consecuencia de un accidente no se mide sólo en relación a las posibilidades para realizar determinado trabajo sino por las aptitudes genéricas del damnificado; y no se limita a la capacidad para trabajar, ya que se extiende a todas las consecuencias que afectan su personalidad y su vida de relación en cualquier aspecto. Lo que se trata de indemnizar en estos casos no es otra cosa que el daño que se traduce en una disminución de la capacidad en sentido amplio, que comprende -además de la aptitud laboral- la relacionada con la actividad social, cultural, deportiva, etc. (CC2a.LP, sala 1, expte 102.338 RSD 126-6 S. 31-5-2006; CC1a.LP, sala 3, expte. 219.480 RSD 301-94 S.
17-11-1994, entre otros).
De ello se infiere que la falta de demostración de la realización de una actividad remunerativa a la fecha del hecho dañoso no empece al reconocimiento de este rubro; no solo porque –reitero- el parcial no se circunscribe únicamente a las aptitudes laborales o remunerativas y contempla también aspectos vitales de la persona, sino porque -a todo evento- la indemnización puede no versar sobre la merma en sus ingresos actuales o pasados pero sí contemplar la pérdida de ganancias futuras.
Hemos destacado en numerosas oportunidades que el resarcimiento por incapacidad debe fijarse no sólo en función del aspecto laborativo, sino del conjunto de la actividades del sujeto y de la proyección que las secuelas del accidente tienen sobre toda la vida de relación del damnificado, o de su personalidad integral (CC2a.LP, sala 1, expte. 100.329 RSD 349-3 S. 4-12-2003). Ello en la medida que toda lesión física o psíquica de carácter permanente, ocasione no un daño económico, debe ser indemnizada como valor del que la víctima se vio privada, aun cuando no desempeñara al momento del siniestro ninguna actividad lucrativa (esta Sala, exptes. 145.620 S. 14-10-2010 Reg. 289-S; 146.273 S. 20-4-2011 Reg. 39-S; 147.622 S.
15-11-2011 Reg. 257-S, entre otros).
En este mismo sentido, Matilde Zavala de González destaca como acertadas aquellas opiniones que en caso de disminución de la integridad sicofísica admiten el resarcimiento a título de daño patrimonial a pesar de que la víctima no tuviese ocupación remunerada o no hubiese perdido su empleo, fuese pensionada o jubilada, etcétera. Es que, como afirma la autora, «el hecho de que la persona estuviese ocasionalmente sin ocupación tampoco excluye que llegase a tenerla más adelante, máxime si se trata de una persona joven, sana y con alguna capacitación y su invalidez resulta prolongada o permanente» (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños. Daños a las personas – Integridad sicofísica”, Buenos Aires: Hammurabi, 2004, t. 2ª, pág. 86 y 340, con cit. CNCiv., Sala B, 13/7/74, JA, 23, 1974-334 y Sala C, 19/3/69, LL, 133-850).
b. Es importante aclarar que en las particulares circunstancias que el caso presenta deviene improcedente utilizar fórmulas mediante las cuales se estima la indemnización a partir de la determinación del valor presente de una renta futura no perpetua, con base en un capital actual productor de una renta periódica que represente las ganancias frustradas por la incapacidad, y que se amortizará en el tiempo en que razonablemente la persona podría desarrollar aquellas aptitudes total o parcialmente afectadas.
Tal mecanismo, utilizado por este Tribunal en alguno de los precedentes citados por la parte actora a fs. 269/vta (causa 161.169, en autos “Ruiz Díaz, José A. c/ Kreymeyer, Iván s/ Daños y perjuicios”, RSD-196, del 18/08/2016, voto del Dr. Loustaunau) tiene una virtud expresa: minimizar la discrecionalidad a través de la exteriorización del esquema de razonamiento subyacente a la hora de cuantificar el rubro (la fórmula propiamente dicha) y de las premisas fácticas que han sido tenidas en cuenta para desarrollar esa labor (las variables utilizadas). Pero para que la utilización de estos sistemas de cálculo pueda reportar algún beneficio en términos de reducción de la discrecionalidad, es menester que en el proceso se haya producido un mínimo de prueba útil vinculada a las distintas variables que la fórmula contempla, todas ellas relacionadas (en lo esencial) con la dimensión productiva o laboral de la incapacidad sobreviniente. Por el contrario, si poca –o ninguna– evidencia emerge de las constancias de la causa (o siquiera han sido exteriorizados en el escrito inaugural del proceso), tales datos deben ser reemplazados con simples estimaciones del juez basadas en generalizaciones o presunciones extraídas de las máximas de la experiencia, arribando de esta forma al mismo escenario que originalmente la fórmula pretende evitar: la discrecionalidad y el déficit de fundamentación en la cuantificación de un rubro resarcitorio.
Tal es el supuesto de autos. Los actores no han producido ninguna prueba de utilidad que permita acudir a estos mecanismos matemáticos para cuantificar el rubro. No es posible saber qué trabajos realizaban a la fecha del siniestro (y el trabajo invocado por López Frías nunca fue acreditado), tampoco es posible conocer qué oficio o profesión tenían (o en qué rubro o actividad solían despeñarse), ni tampoco qué posibilidades tenían de que sus ingresos –cualquiera ellos sean- varíen en un futuro, etcétera.
A ello se le suma que –tal lo dicho en párrafos precedentes- la falta de demostración de actividades remuneradas implica que el rubro en estudio debe reconocerse, al menos en su faz laboral, como simples chances perdidas. Es decir, la indemnización reconocerá, además de los aspectos vitales, las mermas en los ingresos futuros que eventualmente pudieran llegar a sufrir en el hipotético caso de conseguir un trabajo remunerado (autónomo o en relación de dependencia). Ello significaría que al resultado de la fórmula habría que multiplicarlo por un valor entre cero y uno que represente la probabilidad de que la actividad remunerada (base sobre la cual se edifica el cálculo) efectivamente exista en un futuro y concretice la frustración parcial de los ingresos como consecuencia de la incapacidad, todo lo cual –insisto- desvirtúa completamente el funcionamiento y la utilidad del sistema.
c. Aclarado lo anterior, advierto que del material probatorio que obra en la causa (pericia médica de fs. 176/6, testimonios de las Sras. Rodriguez –fs. 209- y Martín –fs. 210-, Ledesma –fs.211-, Montes –fs.213-) surge que a consecuencia del accidente López Frías sufrió una fractura y aplastamiento de la carilla superior de cuerpo vertebral de D12 y Silva Rojas sufrió idéntica lesión en la carilla superior de L1, siendo internados en camas con hiperextensión y luego tratados con corset de yeso, rehabilitación y faja ballenada. Estas dolencias motivaron en los actores una incapacidad parcial y permanente que el perito médico estimó a fs. 174 en el 15% (v. informe del perito médico Jaime Oliveros Malgrejo a fs. 173, apartado “Antecedente del accidente invocado”, “Estado actual” e “Incapacidad”).
Teniendo en cuenta tales circunstancias, sumado a la edad de las víctimas, el impacto económico que las lesiones han de tener en su actividad laboral y en sus capacidades vitales y genéricas, así como también reparando en variables económicas actuales (en particular, el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (Res. Nº 02/16 del C.N.E.P.Y.S.M.V.Y.M.), entiendo que el importe fijado en la sentencia es insuficiente para reparar íntegramente el daño sufrido. Por tal razón, estimo que debe elevarse la suma indemnizatoria a la de $100.000.- (art. 1068 y cctes. del Código Civil –Ley 340-, 7 del Código Civil y Comercial, 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 375, 384 y cctes. del CPC).
IV.5. Daño moral La Sra. Jueza a quo otorgó $35.000 en concepto de daño extrapatrimonial a cada uno de los actores, suma que en su recurso califican como insuficiente (fs. 444/vta, p. V.1.3).
Adelanto que tienen razón: el monto debe ser elevado.
El daño moral ha sido definido como una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. El daño moral conlleva una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Pizarro, Daniel, Vallespinos, Carlos. Instituciones de derecho privado. Obligaciones. Ed. Hammurabi, t. II, p. 641).
Es materia recibida que el daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (cfr. S.C.B.A., Ac. 2078 del 20-5-97 y sus citas; Ac. 35579; Ac. 46353 y Ac. 52258).
Como ya señaláramos en numerosos precedentes de esta Sala (expte. Nº 120.648 S. 13-9-07 Reg. 903, con voto del Dr. Loustaunau; Exptes. 134.728 S. 14-10-07 Reg. 951-S, 135.718 S. 29-4-08 Reg. 138-S, 134.149 S. 3-7-08 Reg. 350-S con voto del suscripto, entre otros) si bien se ha dicho reiteradamente que la fijación del monto de la reparación siempre queda, en última instancia, librada al prudente arbitrio judicial, no es menos cierto que en la actualidad tiene mayor aplicación la tendencia que obliga a indicar, en la sentencia, las pautas objetivas que permitieron arribar a la suma de condena (Zavala de González, Matilde "Resarcimiento de Daños", tº 5a, "Cuanto por daño moral", página 80 y siguientes; Editorial Hammurabi, Bs. As. 2005). Desde esta óptica, encontrándose demostrado que tanto el Sr. López Frias como la Sra. Silva Rojas sufrieron importantes lesiones físicas con secuelas incapacitantes y que tuvieron además un impacto disvalioso en su esfera espiritual, la procedencia del rubro -entiendo- deviene indiscutible (cfr. art. 1078 y ccds. del C. Civil vigente a la fecha del fallo; SCBA, Ac. L 43.813 S. 6-3-1990, AyS 1990-I-33; Ac. 57.435 S. 8-7-1997, AyS 1997-III-484; Ac. C 95.646 S. 7-5-2008, entre muchos otros).
En lo que hace a su cuantificación, teniendo en consideración la edad y demás circunstancias personales de los actores a la fecha del siniestro, las lesiones físicas padecidas (el Sr. Frías sufrió una fractura y aplastamiento de la carilla superior de cuerpo vertebral de D12 y la Sr. Silva Rojas una fractura y aplastamiento de carilla superior de L1; v. fs. 173 y sig.; art. 474 del CPC), el período de internación que tuvieron que tolerar, el posterior tratamiento con corsés, la realización de rehabilitación y consultas médicas complementarias, y reparando además en las molestias y los cambios que en su vida cotidiana se generaron como consecuencia del accidente (v. testimonios de la Sra. Rodriguez –fs. 209-, Sr. Martín –fs. 210-, Sra. Ledesma –fs. 211- y Sra. Montes –fs. 213), entiendo prudente y razonable -a la luz de la prueba reseñada, a cuyos resultados fue supeditada su pretensión- elevar el resarcimiento en la suma de $90.000 a cada uno de los actores (arts. 34 inc. 4°, 165 último párr. y ccdts. CPCC, 1068, 1078 y cctes. del Cód.Civ. -ley 340-).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 254, modificando en consecuencia la sentencia apelada en los rubros de gastos médicos y farmacéuticos (elevándose a la suma de $750 para cada uno de los accionantes), incapacidad sobreviniente (que se fija en $100.000 para cada actor) y daño moral ($90.000 para cada actor), confirmándola en lo restante que hubiere sido materia de agravio. II. Imponer las costas de Alzada a la citada en garantía, atento a su calidad de parte vencida (art. 68 del CPCC); III. Sugiero diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve:
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 254, modificando en consecuencia la sentencia apelada en los rubros de gastos médicos y farmacéuticos (elevándose a la suma de $750 para cada uno de los accionantes), incapacidad sobreviniente (que se fija en $100.000.- para cada actor) y daño moral ($90.000 para cada actor), confirmándola en lo restante que hubiere sido materia de agravio. II. Imponer las costas de Alzada a la citada en garantía, atento a su calidad de parte vencida (art. 68 del CPCC);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904). Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula (art. 135, inc. 12 del CPC). Devuélvase.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J.
LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia