Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-40137/08", Expte. Nº 4093 (L-792/13/TSJ).-
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 276/293 por la parte querellante Sr. Carlos Antonio López con el patrocinio letrado del Dr. Mario Iván Reyes.-
2Confirmar el interlocutorio dictado por el Juzgado de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 267/271.-
3Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 292 vta.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:006 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 13 de Marzo de 2014.-
AUTOS: "LOPEZ FUENTEALBA, CARLOS Y OTRA S/ SUS MUERTES". Expte Nº: L-40137/08", Expte. Nº 4093 (L-792/13/TSJ).-
Río Gallegos, 13 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: "LOPEZ FUENTEALBA, CARLOS Y OTRA S/ SUS MUERTES". Expte Nº: L-40137/08", Expte. Nº 4093 (L-792/13/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación interpuesto a fs. 276/293 por el Querellante Sr. Carlos Antonio Lopez, con el patrocinio letrado del Dr. Mario Iván Reyes, contra el interlocutorio dictado por el Juzgado de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 267/271 , que en su parte resolutiva dispone CONFIRMAR el auto interlocutorio dictado a fs. 231/234, que dispone el archivo de las presentes actuaciones por no constituir delito el hecho denunciado (art. 187 2º párrafo del Código Procesal Penal).- Que, el recurso de casación en tratamiento fue concedido por el Juzgado de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 295/296 vta., y sostenido en esta instancia a fs. 303.-
II.-) Se agravia el querellante "...de conformidad a lo dispuesto por el art. 439 inc. 1 del CPCyC (sic) vengo a expresar que el auto interlocutorio impugnado interpreta erróneamente, viola y aplica equivocadamente las siguientes normas: el decreto 779/95 anexo L, particularmente el decreto 779/95 anexo L, art. 39 T inc. c y 42 inc. c, el decreto 779/95 anexo L, art. 39 punto T.1, apartado "b", el art. 84 del Código Penal, el art. 18 de la Constitución Nacional por cuanto el pronunciamiento atacado padece de arbitrariedad y resulta violatorio del derecho de defensa en juicio del querellante al no constituir derivación razonada del derecho vigente apegada a los elementos probatorios de la causa, y en tanto tal norma de la ley fundamental 'tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso...al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa'...".- Manifestó además que "...en la resolución atacada con este recurso se aplicó erróneamente la ley, toda vez que sus fundamentos aparentes para cerrar el tipo real de homicidio culposo remiten a una interpretación errada de la reglamentación, esto es del decreto 779/95 anexo L; incurre en una omisión inaceptable al no considerar las pautas sociales y éticas de cuidado necesarias jurídicamente a tales fines; incurre en una omisión inaceptable al no considerar la necesidad previa de contar con estudios técnicos -hasta ahora inexistentes en la causa- a fin de establecer la señalización cuidadosa que debió existir en el caso concreto...".- Agregó que "...la errónea aplicación de la ley, es decir del art. 84 del Código Penal y Decreto 779/95 especialmente Anexo L, como así también la omisión de debido cerramiento del tipo objetivo culposo en cuanto a deber de cuidado interesa todo ello en la resolución atacada, comporta la violación de la reglamentación de tránsito y de la ley penal aplicable.
Toda vez que las fallas indicadas no respetan el mandato que los respectivos poderes del estado contuvieron a las normas referidas...".- Asimismo, "...también solicito se case la resolución atacada que pretende poner fin a la investigación, por cuanto incurre en una reformatio in peius contra esta parte querellante. Si bien el instituto de la reformatio in peius ha sido tradicionalmente invocado para proteger la situación del imputado, la igualdad procesal que me asiste en el proceso penal como querellante y el desarrollo que de dicha garantía se ha hecho, me permiten agraviarme en orden a su violación por parte de la resolución en crisis. Máxime cuando se pone con tal accionar en serio riesgo mi derecho de propiedad y a ser indemnizado...".- Manifestó al respecto el querellante que la Juez de Recursos "...excede la jurisdicción concedida en orden a los agravios de esta parte y del interés que motivó la impugnación, y termina por reformar para peor o peyorativamente la decisión asumida en el procesa (sic) y en contra del único apelante este es este querellante, atento lo dispuesto además por el art. 1103 del Código Civil y los efectos probables de ello en el juicio indemnizatorio civil antes individualizado... solicito la casación de fallo por cuanto se ha visto afectado el derecho de defensa en juicio, mi derecho a ser oído en particular, se ha violado la prohibición de reformatio in peius... amenazando ilegítimamente mis pretensiones patrimoniales en el proceso indemnizatorio civil que he iniciado contra los responsables de la obra vial, se ha conculcado el principio constitucional de igualdad en el proceso, y en definitiva ha sido declarada la inexistencia de una (sic) nexo causal entre la ausente o deficiente señalización de la obra sin posibilidad de debate específico sobre el punto y con afectación por ende al debido proceso al que tengo derecho...".- Agregó que "...el incorrecto criterio de la resolución de Instrucción apelada se hace patente, en tanto en la misma se sostiene en síntesis que si no se demuestra la inocencia material y concreta de la víctima no se puede continuar la investigación contra otros imputados o posibles responsables, esto es un notorio error ya que como dijo el juez de recursos Dr.
Lobos resulta conducente la producción de medidas de prueba para procurar la determinación de otros responsables en forma coadyudante (sic) del siniestro. La juez de Instrucción decidió archivar la causa y declarar que no existe delito... haciendo caso omiso a los lineamientos dados por el Juez de recursos Dr. Lobos y a las pruebas obrantes en la causa que señalan clara y concretamente la responsabilidad al menos en grado de probabilidad bastante de las personas encargadas de la obra que comportó una trampa mortal para mis padres...".- Finalmente, hizo expreso planteo de caso federal "...basándose en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de Sentencias arbitrarias y por considerar que existiría en caso de mantenerse la declaración de inexistencia de delito del resolutorio de fecha 27/06/2012 y del resolutorio del 20/03/2013 y la orden de archivo una denegación de justicia, mantengo el caso federal por considerar afectado el debido proceso...".- III.-) Teniendo en cuenta los agravios de la parte querellante, conforme el criterio adoptado en numerosos precedentes por este Tribunal Superior de Justicia, en el sentido que el recurso de casación incoado se realizará un examen amplio e integral del pronunciamiento en crisis; conforme a la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el fallo "Casal" (328:3399) y en igual sentido "Herrero Ulloa" de la CIDH (02/07/2004).-
Es dentro de este contexto donde corresponde analizar los argumentos esgrimidos por los recurrentes.-
IV.-) Conforme la revisión integral a la que hicieramos referencia, tenemos que de la constancia de autos se investiga el accidente de tránsito acaecido con fecha 1º de marzo del año 2008, donde siendo las 13:10 horas, se produce un vuelco del rodado marca Scania 113, dominio SDC-065, el cual habría caído en un sector de refacción de la ruta Nº 3, distante a 89 kilómetros de esta ciudad. Como consecuencia del infortunio, perdió la vida Carlos Antonio Lopez Fuentealba quien resultaba ser el conductor del camión como así también su esposa Herminia Muñoz.- Conforme al material probatorio que fuera colectado en la respectiva instrucción, -inspección ocular y croquis del lugar de los hechos, secuencias fotográficas (fs. 79/85), testimonios de Jose Luis García, Gaspar Da Silva, Alejandro Marcelo Aguilar y Mario Adrián Leguina-; de acuerdo al dictamen del Sr. Agente Fiscal (fs. 126), se declaró extinguida la acción penal teniéndose en cuenta para ello, el deceso de Carlos López Fuentealba conforme a los arts. 59 inc. 1 del CP y 317 y 319 inc. 1º del CPP, procediéndose al archivo de las presentes actuaciones con fecha 31 de agosto del año 2009 (fs. 129).- El 24 de febrero de 2010 -casi dos años después- se presenta el recurrente como pretenso querellante, a lo que en un primer momento no se hizo lugar, apelando dicha resolución.-
El Sr. Juez de Recursos resolvió haciendo lugar a la posibilidad de actuar como parte querellante, y manifestando que "...cabe observar que las personas fallecidas resultan ser los progenitores de quien se presenta solicitando ser reconocido como parte querellante... resulta razonable que quien tiene el derecho de ser aceptado como querellante pueda tener la oportunidad de proponer las medidas que estime conducentes para avanzar en la investigación tendiente al esclarecimiento total de los hechos e autos como a procurar la determinación de otros responsables en forma coadyuvante del siniestro, o al menos que tenga la oportunidad de tener un pronunciamiento jurisdiccional acerca de la pertinencia o no de las medidas solicitadas..." (fs. 152 y vta.).- V.-) Conforme los lineamientos vertidos por el Sr. Juez de Recursos, la querella solicitó que se practiquen diversas medidas probatorias (fs. 158) haciéndose parcialmente lugar a las diligencias propuestas.-
En este sentido, se ofició a Vialidad Nacional a los efectos que informe a través de planos y otros documentos el lugar del accidente; de idéntica manera se solicitó todo tipo de información relacionada con la obra que se estaba ejecutando y las empresas encargadas de llevar a cabo las mismas, también el pliego licitatorio, siendo evacuados por Vialidad Nacional a fs. 165/170, fs. 175/176 y 178/179 por parte de Vialidad Provincial.- Asimismo, se citó a ampliar sus dichos a José Luis García y a Gaspar Da Silva prestando testimonio los nombrados a fs. 214 y fs. 226/227 respectivamente; también se recepcionó testimonio a José Eduardo Santana (fs. 211) quien resulta ser el oficial principal de Accidentología Vial; y finalmente, se ordenó una pericia cinemática la cual obra a fs. 199/200.-
Analizado las nuevas medidas probatorias, con fecha 27 de junio de 2012 la Sra. Juez manifestó "...luego de analizar detenidamente los elementos glosados en autos, considero que de los mismos no surgen indicios que hagan presumir la comisión de un hecho delictivo de instancia penal, sea este un homicidio culposo o bien doloso (dolo eventual), tal como lo planteó la parte querellante. En efecto, la muerte de Carlos Antonio Fuentealba, y e Herminia Muñoz, como resultado del siniestro investigado no puede considerarse como consecuencia directa de la ausencia y/o insuficiente señalización de la obra en construcción existente sobre la ruta nacional nº 3 -lugar donde ocurrió el accidente-, tal como manifestaran los testigos García y Da Silva, toda vez que no pudieron determinarse en autos datos objetivos primordiales, como ser la velocidad en la que circulaba Fuentealba en el camión Scania, con la cual se podría haber descartado 'prima facie' la responsabilidad del nombrado respecto del accidente y en consecuencia derivar la investigación respecto a una presunta responsabilidad penal del personal de Dirección Vial Provincial y/o de la empresa Austral Construcciones S.A....
En todo caso debería la parte querellante ejercer sus derechos ante la vía civil correspondiente..." (fs. 233).- Nuevamente, el recurrente apela la resolución de la a quo, manifestando que "...la resolución atacada... incurre en un absurdo e irritante injusticia al ordenar el archivo de las actuaciones y considerar que los hechos investigados no constituyen delito, razón por la cual solicito sea revocada a fin de dar una respuesta al homicidio de mis padres, cuya muerte era absolutamente previsible atento la inexistente y/o deficiente señalización de la obra. Máxime si tenemos en cuenta que la ausencia de frenada que refiere el perito Amilcar Fleita indicia más la imposibilidad de previsión que tuvo mi padre por las falencias apuntadas de los encargados de la obra...".- La Sra.
Juez de Recursos subrogante, manifestó que "...de la normativa citada, surge que el cartel mencionado por los testigos, anticipaba la existencia de obras que comprometían el normal tránsito vehicular. Esta señal de prevención cumplía la función de dar cuenta a los conductores del riesgo existente en la zona a transitar, y la existencia de la misma ameritaba que quienes transitaban por allí, debían tomar los recaudos pertinentes prestando la debida atención para circular de manera segura y responsable. Por consiguiente, pierde sustento la postura ensayada por el recurrente de que las obras en el lugar no se encontraban debidamente señalizadas. En este encaminamiento, carece de relevancia en materia penal determinar si debió haberse instalado, además del cartel con la leyenda 'obra en construcción' otro cartel adicional informativo de la longitud de construcción, tal como propone el apelante en su entendimiento de que debió haberse situado tal cartel a una distancia de 1000 metros del sector de trabajo... ello, debido a que la seña de 'obra en construcción' que habría estado ubicada antes de comenzar la 'bajada del 100' reviste entidad suficiente como para advertir a los conductores de la necesidad de extremar los recaudos en los siguientes kilómetros a transitar.
De ello se desprende que la causa del siniestro no habría obedecido a la hipotética circunstancia de falta de señalización o señalización incorrecta, no pudiendo atribuirse responsabilidad de carácter penal a quienes tenían a su cargo las tareas de señalización en aquel lugar..." (fs.270).- VI.-) Como se lo adelantara en el encabezamiento de la presente resolución, la querella en su escrito casatorio se agravia de la resolución del Juez de los Recursos, al entender que se ha interpretado arbitraria e infundadamente, fundamentalmente el decreto 779/95 anexo L como así también se ha interpretado erróneamente la ley sustantiva artículo 84 del Código Penal.-
Al respecto este Tribunal Superior de Justicia, advierte que tanto el Juzgado de Instrucción como así también en la actuación llevada a cabo ante el Juez de los Recursos, se han analizado en forma pormenorizada los trabajos que se estaban llevando en el lugar del accidente para lo cual merituó la inspección ocular, pericias cinemáticas, declaraciones testimoniales, concluyendo finalmente que de la conjugación de dichos elementos probatorios no surgiría la comisión de ilícito penal alguno.- Como se adelantara, la parte querellante, hace incapié a que los problemas de demarcación de las obras que se estaban llevando a cabo, atento a lo deficiente de la misma, han sido la causa por la cual se produce el accidente y como consecuencia de ello el deceso de Lopez Fuentealba y Muñoz.-
Ahora bien, la pericia cinemática ordenada en autos, ha sido efectuada a los efectos de despejar las dudas y precisar cual ha sido la causal del siniestro.-
En este sentido, si nos detenemos a analizar la experticia de mención, para nada se despejan las dudas consignadas sino que todo lo contrario, se acrecientan, tan es así, que no se precisa en forma certera cual ha sido la dinámica del siniestro.-
Si alguna duda cabe de lo antes manifestado, resulta conveniente traer a colación lo informado por el perito actuante "...previo al hecho, el camión SCANIA circulaba por la ruta nacional Nº 3, con sentido de circulación norte, cuando en un momento dado y por razones que se tratan de establecer, previo a la zona del desvío existente, pierde el control y dominio de su trayectoria, cayendo en la depresión del terreno existente en el lugar..." (fs. 200).- Como se puede apreciar en la experticia no se establece cual ha sido la dinámica del siniestro, ya que, las razones que se deben establecer, incógnita planteada por el perito, debían ser resuelta por el profesional.-
A mayor abundamiento sobre el tema, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, resulta ser prácticamente imposible precisar la dinámica del siniestro; máxime si se tiene en cuenta el informe policial donde se deja constancia que no se observan huellas de frenadas, de derrapes, y/o efracciones en el lugar de los hechos.-
De idéntica forma, si se ha dificultado precisar la dinámica del siniestro, tampoco se ha podido determinar la velocidad probable a la que circulaba el camión antes del suceso, toda vez que, el perito sostiene que se ve imposibilitado de realizar con verdadero rigor científico el interrogante en cuestión.-
En cuanto a la prueba testimonial, también se han generado contradicciones las cuales prácticamente resultarían ser imposibles de ser dilucidadas atento al tiempo transcurrido.-
Nótese en este sentido que Gaspar Da Silva, menciona la existencia de un cartel el cual daba cuenta de los trabajos que se estaban realizando, concluyendo el nombrado que debían tomarse los recaudos correspondientes.-
Por otro lado, José Luis García, también hace mención a los trabajos que se estaban llevando a cabo en la ruta en la zona del accidente, destacando que si circulaba despacio, en la zona de la curva, uno podía advertir el desvío, pero si uno venía medianamente fuerte a unos 70 kilómetros, ya casi no había tiempo para frenar.-
Asimismo, García agrega que pasando la curva, había unos conos y un hombre con una bandera, pero también recuerda que había un cartel de desvío, pero que estaba muy cerca de la obra.-
Del testimonio de García también se debe tener en cuenta, que también se estaban llevando a cabo trabajos en la ruta nacional nº 3, por lo cual era común que existieran carteles de obras que ya habían sido concluidas.-
Lo último, acotado por el testigo, que influencia tuvo en el manejo del rodado por parte de Lopez Fuentealba? Téngase en cuenta que el mismo era de profesión camionero, y que generalmente circulaba por la ruta por lo cual no le era desconocido los trabajos que se estaban llevando a cabo; no siendo extraño el suceso, que el mismo haya obrado con exceso de confianza con el desenlace fatal.-
Es cierto que el meollo de la cuestión no radica solo en la existencia de una cartelería que hiciera mención a los trabajos que se estaban realizando, sino que a los efectos de prevención de futuros accidentes, era necesario la presencia de uno o varios banderilleros.-
Nuevamente el transcurso del tiempo conspiró en poder precisar certeramente si efectivamente había o no banderilleros en el lugar, ya que los testimonios en tal sentido, resultan contradictorios.-
Las circunstancias apuntadas impiden acceder a la probabilidad necesaria a los fines de atribuir responsabilidad penal, más aún teniendo en cuenta el tiempo transcurrido lo cual dificulta la reconstrucción de los hechos, en forma precisa. No obstante la conclusión arrivada no obsta a la eventual procedencia de la reclamación en sede civil de los daños y perjuicios que entienda pertinente el querellante, a la luz de las pautas de valoración que son propias a la esfera de la responsabilidad civil.- Que, por todo ello, de conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448 del C.P.P., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 276/293 por la parte querellante Sr. Carlos Antonio López con el patrocinio letrado del Dr. Mario Iván Reyes confirmando en todas sus partes el interlocutorio dictado a fs. 267/271 por el Juzgado de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial, teniéndose presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 292 vta..- Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 276/293 por la parte querellante Sr. Carlos Antonio López con el patrocinio letrado del Dr. Mario Iván Reyes.-
2. CONFIRMAR el interlocutorio dictado por el Juzgado de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 267/271.-
3. TENER PRESENTE para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 292 vta.-
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia la Dra. Salazar y el Dr. Peretti (art. 27 Ley Nº Uno – T.O. Ley N° 2404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2013I.141 TOMO:XVIII– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:006 FOLIO Nº:026/030 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia