Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 Pergamino · Causa 81866
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mi incompetencia para entender en este caso (conf. arts. 4, 5, incs. 3, 5, 6 y 11, ss. y cc. del CPCCBA).
2Comuníquese a la Receptoría Gral. de expedientes departamental para que tome nota de la presente resolución de incompetencia.
3Cumplido con lo ordenado en el apartado anterior, se remita la presente causa a la Receptoría gral. de exptes. del departamento judicial de Junín (Prov. Bs. As) para el sorteo del Juzgado que habrá de intervenir.
REGISTRO
Exp. nº 81866 ----------------------------------------- Juzgado Civ. y Com. nº 1
Lopez Javier Ariel C/ Peralta Marcelo Ariel Y Otro/A S/ Daños Y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)
Pergamino , 19 de noviembre de 2026 .
Proveyendo al estado de la causa :
Para resolver la competencia del suscripto para entender en estas actuaciones, y CONSIDERANDO que:
En su relato de los hechos, expone que el origen de la relación comercial y los Aportes se dio en el año 2024, cuando el actor resolvió instalar un establecimiento comercial destinado al rubro de yogurtería bajo el nombre de fantasía "BonYogurt" en la localidad de Rojas. A tal fin, entabló una sociedad de hecho comercial con el co-demandado Marcelo Ariel Peralta, bajo el acuerdo verbal de que el suscripto aportaría la totalidad del capital, la cartelería, las materias primas y las herramientas y maquinarias de producción, mientras que Peralta aportaría exclusivamente su fuerza de trabajo (industria). Respecto al contrato de locación original y como base logística indispensable de la sociedad, en fecha 18/09/2024 el actor suscribió en carácter de único y exclusivo locatario (inquilino) un contrato de locación comercial con la co-demandada Nora Edith Cukar sobre el inmueble de su propiedad ubicado en calle: Av.
De Mayo Nro. 499 de la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires. El co-demandado Peralta intervino en dicho instrumento en el único carácter de fiador/garante. El plazo locativo pactado, de naturaleza comercial, se extendía por el término legal, restando aún un año de vigencia al momento del despojo. Ante el éxito comercial de la firma, el actor explica que decidió expandir la actividad abriendo una nueva sucursal en la ciudad de Arrecifes. Esta compleja tarea de puesta en funcionamiento le demandó al actor un lapso de un mes y medio, quedando la sucursal de Rojas bajo la atención diaria de su socio Peralta. Al regresar a la ciudad de Rojas, se encontró con una flagrante maniobra de exclusión coactiva y despojo: el socio Peralta, en franca violación de los deberes de lealtad, había concertado de manera clandestina con la locadora Cukar la celebración de un nuevo contrato de locación sobre el mismo inmueble a su propio nombre, manifestando de mala fe que el negocio "ahora le pertenecía".
Ante la privación de la tenencia del local y el despojo de las maquinarias, se procedió a intimar por carta documento a ambos requeridos, al Sr. Peralta mediante CD N°368407731 y a la Sra. Cukar mediante CD N° 368407728, cuyas respuestas configuran el nudo de su responsabilidad civil. Relata detalladamente los restantes hechos (los cuales en honor a la brevedad doy a aquí por reproducidos en su totalidad), funda su derecho, acompaña y ofrece pruebas, y pide que se haga lugar a la demanda.
II. Llegado el momento de resolver y luego de hacer un análisis del caso adelanto que, en virtud de la norma de los artículos 4 y 5 del CPCCBA, no me considero competente para entender en estas actuaciones por las razones que a continuación explicaré.
En primer lugar, es sabido que para determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos efectuada en la demanda; y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión.
En segundo término, y como bien explica la doctrina respecto de las reglas generales de la competencia territorial, ellas determinan la competencia por razón de territorio, vale decir, el conocimiento de la causa por un juez que ejerce su jurisdicción en el ámbito de una circunscripción judicial determinada por la ley. Ante la ausencia de un convenio escrito de prórroga, esta competencia se determina distinguiendo entre acciones (pretensiones, causas) reales y personales. Sobre las primeras prevalece el lugar de radicación de la cosas ("forum rei sitae"); sobre las segundas, el domicilio real del demandado (actor "rei forum seguitur") (conf. Fenochietto, Carlos E., en Código Procesal Civil y Comercial PBA comentado, ed. Astrea 2009, pág. 15).
Surge de la propia demanda que la presente acción se interpone contra dos personas domiciliadas en la ciudad de Rojas (BA), por un conflicto originado por una supuesta relación contractual y asociativa que habría existido entre las partes con base en un establecimiento comercial situado en la misma ciudad de Rojas, siempre conforme el relato que efectúa el actor en su escrito inicial.
Debo hacer especial hincapié, para aquí resolver, en el lugar de ubicación del establecimiento comercial que se denuncia (Rojas).
Es que no se puede soslayar la norma del inciso 11 del art. 5 del CPCC, que establece que en la acciones entre socios, será competente el juez del lugar del asiento único o principal de la sociedad, aunque la demanda se iniciaré con posterioridad a su disolución o liquidación; en concordancia además con el art. 5 de la ley 19.550. En este sentido explica la doctrina que: "Acciones que derivan de las relaciones societarias. En relación con las sociedades inscriptas, en orden a lo preceptuado en el art. 5° de al ley 19.550, será competente el juez del lugar del domicilio social inscripto. Tratándose de una sociedad irregular, el fuero lo determina el lugar de la sede social" (conf. Fenochietto, Carlos E., en obra citada, Código Procesal Civil y Comercial PBA comentado, ed. Astrea 2009, pág. 18).
Es que, como explica la siguiente jurisprudencia provincial con criterio que comparto, "Frente al supuesto de las sociedades no constituidas regularmente, estamos en una situación de carencia de un domicilio debidamente inscripto, que nos fuerza a acudir a otros elementos para fijar la competencia judicial en caso de litigio. Toda vez que en autos se invoca la existencia de una sociedad de hecho y sin prejuzgar acerca de la existencia o no de la misma, en este caso el fuero debe ser determinado por el lugar de la sede social, esto es, el centro del cual emanan las directivas y se coordina la acción administrativa y contable del ente. En su defecto, debería atribuirse competencia al juez del lugar donde se encuentra el establecimiento o explotación principal de la sociedad no constituida regularmente." (CC0002 LM 168 RSI-112-1 I 04/12/2001 Juez Sánchez, s/d).
A mayor abundamiento y a modo complementario del inciso anterior (que en el presente caso define a mi entender el juez natural), es sabido además que en relación a la competencia en las acciones personales, el principio general es que será juez competente el del lugar donde deba cumplirse la obligación; y en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato (conf. art. 5° inc. 3° del CPCCBA). De ello, surge que la competencia se establece en primer término por el lugar convenido expresa o tácitamente para el cumplimiento de la obligación (conf. CSJN, Fallos 240:334; 125:206; 153:215; 155:243; 244:185) y que los últimos supuestos mencionados -domicilio del demandado y lugar del contrato- son excepciones que solo pueden ejercitarse cuando ni siquiera tácitamente pueda determinarse el lugar de cumplimiento de la obligación.
En este caso en particular que se está aquí analizando, no se puede obviar que tratándose de una pretensión fundada en derechos personales entre supuestos socios de una sociedad, y donde hay más de un demandado (en rigor, dos), la ley procedimental ha optado por el lugar del asiento único o principal de la sociedad, y por el lugar de cumplimiento de la obligación o el domicilio de cualquiera de los accionados, a elección del actor en el segundo supuesto (conf. art. 5 incs. 3, 5 y 11 del CPCCBA).
Además, también en el presente trámite debo remarcar -con base en las pretensiones acumuladas contenidas en la demanda- que el inciso 6 del mismo artículo 5 del Código de forma dispone que en las acciones de rendición de cuentas será competente el juez del lugar donde éstas deban presentarse, y no estando determinado, el del domicilio del obligado, el del domicilio del dueño de los bienes o el del lugar en que se haya administrado el principal de éstos, a elección del actor (conf. art. 5 inc. 6 del CPCCBA). Esto es, será competente el juez del lugar donde se ejerció la administración o el establecimiento principal de la sociedad, que es la regla para la rendición de cuentas. Y si la administración no tuvo un asiento fijo o se ejerció en varios lugares, el demandante puede optar por el juez del domicilio real del socio administrador demandado.
Por último, debo destacar que el fuero electivo que proveen los incisos 3, 5 y 6 del art. 5 del mismo Código procesal en ningún caso habilita para que se ejerza lo que -en doctrina y jurisprudencia- se denomina generalmente como "foro de conveniencia".
En consecuencia, conforme lo explicado a lo largo del presente, en virtud del relato de los hechos, las pretensiones acumuladas esgrimidas y el derecho invocado, teniendo especialmente en cuenta los domicilios del establecimiento comercial (Rojas) y de los demandados (Rojas); dentro de las facultades que me otorga el art. 4 del Código procesal provincial, y a la luz la normativa procesal aplicable al presente caso respecto de la competencia (art. 5 incs. 3, 5, 6 y 11 del CPCC); teniendo especialmente en cuenta que respecto de las acciones entre socios es clara la normativa que señala al juez que debe intervenir en estos asuntos (art. 5 inc. 11 del CPCC); y dado que la intervención de los jueces naturales es una de las garantías constitucionales que asegura el debido proceso en todas las causas (conf. arts. 18 de la Const. Nacional y art. 10 de la Const. Provincial), considero no ser competente para entender en estas actuaciones (conf. arts. 4 y 5 incs. 3, 5 , 6 y 11 del C.P.C.C.B.A., y su doctrina).
Por los fundamentos expuestos, citas legales de referencia y lo dispuesto por los arts. 4, 5, ss. y cc. del C.P.C.C.B.A.; art. 18 de la Const. Nacional; y art. 10 de la Const. Provincial;
1. Declarar mi incompetencia para entender en este caso (conf. arts. 4, 5, incs. 3, 5, 6 y 11, ss. y cc. del CPCCBA).
2. Comuníquese a la Receptoría Gral. de expedientes departamental para que tome nota de la presente resolución de incompetencia.
3. Cumplido con lo ordenado en el apartado anterior, se remita la presente causa a la Receptoría gral. de exptes. del departamento judicial de Junín (Prov. Bs. As) para el sorteo del Juzgado que habrá de intervenir.
4. Regístrese. Notifíquese automáticamente (Ac. 4013 de la SCBA) remitiéndose copia digital de la presente resolución a los domicilios electrónicos de la parte actora y la mediadora interviniente.
Ramiro Ricardo Guerrico
Juez
d
Firmas
Funcionario firmante: GUERRICO Ramiro Ricardo - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 581-2026
Fin de la sentencia