Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de José Francisco López; sin costas (arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
//la ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky, como Presidente, y los doctores Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la causa CFP 5048/2016/TO1/68/CFC20 del registro de esta Sala, caratulada: “LÓPEZ, José Francisco s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad, con fecha 22 de agosto de 2025, resolvió en lo aquí pertinente:
“CONDENAR a JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ a la PENA ÚNICA de TRECE (13) AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DEL 60% DEL VALOR DEL ENRIQUECIMIENTO, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA E INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA PORTAR Y TENER ARMAS POR EL PLAZO DE TRES AÑOS Y DOS MESES, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS (arts. 12, 19, 20, 29 -inc. 3-, 40, 41, 45, 174, inc. 5° y último párrafo, en función del art. 173, inc. 7°; 189 bis, inciso segundo, tercer, quinto y séptimo párrafos; 268 (2) del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación), comprensiva de la condena dictada por sentencia firme de fecha 6 de diciembre de 2022 en esta causa nro. 5048/2016/TO1, a la pena de seis (6) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer 1 REGISTRO N° 1416/25.4 cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 – inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación); de la condena a la pena de seis (6) años de prisión, multa del 60% del valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, impuesta por sentencia firme dictada el 28 de agosto de 2019 -veredicto del 12 de junio de 2019-, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 12, 29 -inc. 3°-, 45 y 268 (2) del C.P. y arts. 530 y 531 del CPPN); y, finalmente, de la pena que se le aplicara en el marco de la causa nro. ME-170-2017-6.073, de fecha 21 de octubre de 2017, impuesta por el Juzgado en lo Correccional nro. 3 del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a un (1) año y siete (7) meses de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial para portar y tener armas, por el plazo de tres años y dos meses y costas, por resultar autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 5, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 189 bis, inciso segundo, tercer, quinto y séptimo párrafos del Código Penal de la nación; y 375 inc. 1ero y 2o, 399, 530, 531 y c.c. del Código Procesal Penal provincial)”.
II. Contra dicha decisión, el defensor público oficial, doctor Santiago Finn, en representación de José Francisco López, interpuso recurso de casación, el que fue concedido el 11 de septiembre de 2025.
III. La defensa sustentó sus agravios en orden a ambos incisos del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación.
Consideró que la sentencia dictada ha afectado el derecho de defensa en juicio de acuerdo con la doctrina de la arbitrariedad porque no ha contestado argumentos centrales que fueron planteados por esa parte en la audiencia celebrada para determinar esta unificación, ni ha brindado motivos válidos para justificar el monto de la pena única.
Cuestionó, además, la imposición de una pena cercana al máximo de la escala y a la suma aritmética de las condenas que se unifican, omitiendo aplicar el método composicional correspondiente. Que, a raíz de ello, entendió que se han violado los principios de proporcionalidad y culpabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Destacó que una visión fragmentada de los delitos por los que fue condenado lo puede perjudicar ya que de haber sido juzgada esta maniobra con todos los delitos que le atribuyen a su gestión de Secretario de Obra Pública, la figura de enriquecimiento ilícito no hubiese tenido prácticamente sentido porque hubiese sido desplazada por un concurso aparente de leyes toda vez que, en su criterio, pretender esconder el producto del delito no es un delito autónomo, sino que, en todo caso, agregaría algún disvalor muy menor a las maniobras principales.
Mencionó que los magistrados debieron comprender que regía aquí el principio de unidad del ejercicio del poder punitivo del Estado. Es que, el reproche y la consecuente determinación de la pena en el caso de enriquecimiento ilícito debería haber disminuido porque se están duplicando las mismas circunstancias agravantes, más teniendo en cuenta que se trata de un hecho accesorio o subsidiario al delito de administración fraudulenta al que participó en su carácter de Secretario de Obra Pública en perjuicio de los fondos del Estado nacional.
Entendió, entonces, que los magistrados tenían que determinar una pena a partir de una escala que iba de los dos (2) años a los trece (13) años y seis (6) meses y hasta tenían la posibilidad de imponer una pena en suspenso porque estamos frente a una primera condena en los términos del art. 26 del Código Penal.
Que, si bien estos mismos jueces habían señalado que para los hechos calificados como delito de “administración fraudulenta” le correspondía el máximo de la escala, la cuestión aquí estaba en determinar cuánto disvalor le agregaban los otros hechos calificados como enriquecimiento ilícito y portación de armas de fuego, siguiendo los principios generales del derecho penal en la materia.
Mencionó que, a diferencia de lo entendido por el a quo, no hicieron un planteo de non bis in ídem, sino simplemente solicitaron que se tenga en cuenta el carácter subsidiario o accesorio del delito de enriquecimiento ilícito cuando concurría con delitos de contenido económico cometidos durante la función pública.
Por otro lado, consideró que los jueces también fueron arbitrarios porque se negaron a realizar el nuevo razonamiento de determinación penal que debían realizar ponderando los atenuantes y agravantes de cada uno de los hechos por los que López resultó condenado porque descartaron, a la vez, los fundamentos propuestos por esa defensa sin brindar motivos.
Que tomaron su planteo como si hubieran interpuesto una nulidad por defensa técnica eficaz y lo rechazaron por cuestiones formales cuando su planteo apuntaba a la falta de gravedad de esta conducta y su desproporción con la pena impuesta.
Por último, remarcó los atenuantes que, a su entender, no fueron considerados: a) Su carácter de primario; b) El sufrimiento procesal que implicaron estos procesos sobre hechos de que ocurrieron hace 20 años; c) El costo en términos de intimidad que tuvieron estos dos procesos para él porque se transcribieron en un documento de pdf de 12 mil hojas (60 cuerpos) todos los mensajes telefónicos de su celular que circularon no solo entre operadores judiciales sino también entre periodistas; d) Los costos personales que tuvieron para él estos hechos (padece de un trastorno de stress postraumático crónico con pronóstico reservado) y e) su comportamiento carcelario que fue intachable y cuando recuperó la libertad también fue muy meritoria.
Hizo reserva del caso federal.
IV. En los términos de los arts. 465 y 466 del CPPN, presentó un escrito la Defensora Pública de la Defensoría Nro. 3 ante esta instancia, doctora Brenda Palmucci -en representación de José Francisco López-, en el que ratificó los cuestionamientos realizados y amplió los fundamentos oportunamente brindados.
Por su parte, el Fiscal General a cargo de la Fiscalía Nro. 1 ante la Cámara Federal de Casación, doctor Mario A. Villar, presentó un escrito, donde solicitó que se rechace el recurso de casación interpuesto.
Ante todo, mencionó que las pretensiones defensistas giran en derredor de dos ejes temáticos igualmente inatendibles: la presentación de una mera disconformidad con respecto al monto punitivo total escogido como si fuera un supuesto de arbitrariedad, por un lado, y la reedición de la pretensión de un supuesto solapamiento entre los injustos cometidos, que habrían dado lugar a dos condenas distintas, corroborándose una situación próxima al ne bis in idem, por el otro.
En primer lugar, consideró que al momento de fijar la pena el Tribunal sí valoró correctamente las circunstancias agravantes y atenuantes respecto del condenado.
Añadió que, a partir de las condiciones agravantes tenidas en cuenta por el a quo, la pena impuesta no se presenta como un exceso punitivo. Por el contrario, entendió que se han tenido en consideración, más allá del grado de afectación a la vigencia de la norma, circunstancias objetivas que ameritaban la cuantificación concreta a la que se arribó.
Resaltó que es posible sostener que en el caso presente se cumple la relación de proporcionalidad entre las penas conminadas y las ofensas cometidas vinculadas a los hechos.
Afirmó, entonces, que el agravio expuesto en cuanto a la desproporcionalidad de la pena no es más que una mera discrepancia con sus montos, los que no aparecen arbitrariamente fijados sino dentro de los parámetros legales pertinentes.
En segundo lugar, mencionó que, en lo que hace al agravio relacionado a la supuesta existencia de un supuesto solapamiento entre los injustos del delito de administración fraudulenta y del de enriquecimiento ilícito, tal cuestionamiento resulta improcedente ya que el recurrente no hace otra cosa que intentar reintroducir aquí cuestiones que ya fueron debidamente debatidas y juzgadas y que volver a analizar tal situación supondría un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por todo lo expuesto, solicitó que se rechace el recurso de casación interpuesto y se confirme el fallo impugnado.
V. En la etapa prevista en los artículos 465, último párrafo y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la defensa pública oficial presentó breves notas, oportunidad en la cual amplió motivos, peticionó la reducción de la pena única y mantuvo reserva del caso federal.
El 10 de diciembre de 2025 se celebró la audiencia de conocimiento directo y de visu del imputado José Francisco López (art. 41 del CP).
Habiéndose efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña.
En consecuencia, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial resulta formalmente admisible, toda vez que la resolución recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), el recurrente se encuentra legitimado para impugnarla (art. 459 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.
II. En cuanto al fondo de las cuestiones aquí planteadas, resulta necesario reseñar, en primer término, los antecedentes relevantes de la resolución impugnada. En ese sentido, los magistrados del Tribunal Oral Federal Nro. 2 de esta ciudad, ante todo, recordaron que José Francisco López registraba las siguientes sentencias firmes:
1. Condena a la pena de un (1) año y siete (7)
meses de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial para portar y tener armas por el plazo de tres (3) años y dos (2) meses y costas, por resultar autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil atenuada (arts. 5, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 189 bis, inciso segundo, tercer, quinto y séptimo párrafos del Código Penal), impuesta por sentencia del 21 de octubre de 2017 en la causa nro. ME- 170-2017 -6.073 del registro del Juzgado en lo Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Mercedes, provincia de Buenos Aires. El hecho objeto de ese proceso ocurrió el 14 de junio de 2016.
2. Condena a la pena de seis (6) años de prisión, multa del 60% del valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 12, 29 -inc. 3°-, 45 y 268 (2) del CP y arts. 530 y 531 del CPPN), la que fuera impuesta por sentencia del 28 de agosto de 2019 que dictó el Tribunal Oral Federal nro. 1, en el marco de la causa nro. 12441/2008/TO1 de su registro. El período del enriquecimiento que tuvo por acreditado el tribunal coincide con el de la gestión de López como Secretario de Obras Públicas de la Nación, entre los años 2003 y 2015.
3. Condena a la pena de seis (6) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 – inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación), dictada el 9 de diciembre de 2022 por este Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2, en el marco de la presente causa nro. 5048/2016/TO1. Los hechos juzgados fueron cometidos en el período comprendido entre los años 2003 y 2015.
Por ello, se sostuvo en sustento de la decisión impugnada que el caso demandaba una unificación de condenas por cuanto concurrían las condiciones objetivas que estipula el art. 58 del Código Penal, más precisamente la existencia de dos o más sentencias condenatorias recaídas sobre delitos cometidos antes del dictado de la primera de ellas. Consideraron que la pena única se impone porque el concurso real se configuró en el momento en que se cometió el segundo (y tercer) delito, no desde que se dictó la segunda sentencia. Que dicha resolución se dictó a instancias de la defensa técnica del condenado José Francisco López, quien ha alegado diversos motivos para fundar su interés legítimo en la unificación.
Explicaron que para su determinación los jueces de la unificación se restringen a la fijación de la pena unificada y alcanzan únicamente las cuestiones que necesariamente tienen que ver con su individualización legal, judicial y administrativa: monto, cómputos, modo y contralor de la ejecución.
Añadieron que para establecer el quantum de la pena también debían considerar los parámetros establecidos en los arts. 40 y 41 del Código Penal, aclarando que, en este caso en particular, la escala punitiva se encuentra finalmente ceñida por el monto escogido por los acusadores públicos, esto es, trece años y seis meses de prisión.
Remarcaron que la oportuna gravedad que se ha valorado en cada uno de los pronunciamientos para mantenerse en el máximo legal posible en dos de ellas (las más relevantes) y cercano al tope máximo restante, debe tener su evidente repercusión en el monto a establecer.
Mencionaron que, además, entró en juego la intervención directa y decisiva del imputado en los hechos, el grado de participación, la modalidad de ejecución, la magnitud de los bienes jurídicos afectados y el desprecio demostrado hacia los bienes jurídicos protegidos por la ley penal; todo ello agravado por el rol que desempeñaba como funcionario público.
Consideraron que los hechos analizados involucran graves supuestos de corrupción cometidos desde la primera línea del Estado Nacional, que los delitos por los que fuera condenado exhiben peligrosidad y que, por si fuera poco, López se ha valido para cometerlos de una variedad de medios. Afirmaron que el conjunto de conductas cometidas que son objeto de los procesos bajo análisis redundaron en una incalculable afectación al erario público, en beneficio personal, y con el daño colateral de haber quebrado la confianza colectiva en los funcionarios públicos que nos representan.
Destacaron, a su vez, que los hechos juzgados se inscriben como actos graves de corrupción y no pueden dejar a un lado el factor de que, por el rol funcional que ocupaba, López actuó desde la primera línea del Estado Nacional cometiendo, lisa y llanamente, un atentado al sistema democrático según fuera considerado por los convencionales constituyentes de 1994 al incluir en el art. 36 de la Constitución Nacional el “grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento” y que por esa razón debían ser castigados con esa misma entidad.
Que, ello, no solo por el vaciamiento de las arcas públicas y sus nefastas consecuencias, sino principalmente por la confianza de la ciudadanía en la noble y alta función que le fue conferida.
En siguiente término, señalaron que, desde un plano subjetivo y directamente vinculado con las condiciones personales de López, también encontraron circunstancias que únicamente vienen a fundar un mayor disvalor de su accionar, que debe proyectarse a la sanción a imponer y ya motivaron en dos de los casos sanciones penales en el máximo de la escala y, en el restante, una pena cercana al máximo.
Ponderaron el avanzado grado de formación de López, que le permitió acceder a conocimientos técnicos específicos, fue puesta a disposición y facilitó la comisión de cada uno de los delitos por los que se encuentra condenado. En dos de los casos, por cierto, también se valió de su formación política y pertenencia a ciertos círculos de poder, a partir de los que se aseguró el acceso a un cargo de altísima relevancia institucional. Que López utilizó esos lugares en los que la ciudadanía en su conjunto deposita las mayores expectativas, para la concreción de una pluralidad de infracciones penales.
Explicaron que, frente a la envergadura de estas circunstancias agravantes de la punibilidad, la defensa pretendió relativizarlas con una serie de argumentos que no pueden prosperar, más precisamente la doble valoración que importaría el lucro económico obtenido por el encausado durante su gestión como funcionario público.
Afirmaron que la parte fundamentó su postura desde un presupuesto inicial incorrecto: en esta causa identificada con el nro. 5048/2016/T01 se acreditó y se dio por cierta la existencia de un beneficio económico vinculado con el plan criminal, pero que sólo fue en beneficio de dos de las personas condenadas: Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. Por ello, entendieron que ese argumento resultó impertinentes e inexactos.
Por otro lado, consideraron que la valoración de la defensa de López sobre la ineficacia de la asistencia letrada recibida en el marco del proceso que tramitó en la justicia provincial de Buenos Aires -delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil- no era una cuestión que correspondía ponderar en esa instancia ni ante esa judicatura; máxime si atendía a que el alegato en ese sentido se basa en meras afirmaciones desprovistas de evidencia que permita evaluar seriamente la situación que se describía. Por todo lo expuesto, concluyeron que la pena única a imponer se fija en un quantum próximo al máximo legal previsto, que refleja adecuadamente tanto la magnitud de los delitos que concursan en forma real y, especialmente, el grado de culpabilidad del condenado.
En consecuencia, los magistrados del Tribunal Oral Federal Nro. 2 condenaron a José Francisco López a la pena única de trece (13) años de prisión.
III. Ahora bien, estudiada la concreta fundamentación otorgada a la resolución impugnada, corresponde señalar, en primer término, que resulta ajeno al supuesto de unificación de condenas, y en orden a los argumentos ya reseñados, la aplicación de los criterios de suma aritmética o composición de penas, toda vez que, como se dijo, la unificación de condenas se trata de un concurso real de delitos que han sido juzgados en procesos distintos, por lo que el juez de la unificación sólo se encuentra limitado por la fijación de hechos resuelta en las condenas objeto de unificación, y no por las penas impuestas respectivamente, que desaparecen; por lo que el único marco, en cuanto al monto de pena a imponer, es el establecido por la escala penal aplicable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 del C.P. (cfr. mi voto en causa CCC 4083/2000/TO1/3/CFC3 “ALSOGARAY, María Julia s/recurso de casación”, reg. nro. 1191/16, rta. el 22/09/16; entre otros).
Cabe memorar, además, que procede el dictado de una sentencia que resuelva la unificación de condenas, mediante el dictado de una única condena, en casos en los que, y así lo refiere el tribunal de origen, las conductas delictivas debieron ser objeto de juzgamiento por un mismo tribunal, en un mismo proceso y en una única sentencia condenatoria que impusiera una pena total, de acuerdo a las reglas de los arts. 55 a 57 del C.P.
El fundamento de la unificación radica en que todos los hechos debieron haber sido juzgados en un único proceso, con aplicación de las reglas del concurso real de delitos, pero no lo fueron debido a la imposibilidad material o procesal de juzgamiento simultáneo de los hechos concurrentes o al incumplimiento de la obligación legal de hacerlo. Sabido es que, en esos supuestos, el tribunal de la unificación debe dictar una única condena, quedando sujeto a la fijación de los hechos que se consideraron acreditados en las respectivas sentencias condenatorias abarcadas en la sentencia unificadora; única concesión a favor de la cosa juzgada, cuyos efectos se subordinan a la premisa de lograr un código penal único para todos los habitantes de la Nación, previendo las mismas sanciones para hechos iguales (cfr.: mi voto en la causa Nro. 801: “FERMI, Ricardo Luis s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 1198; rta. el 26/3/98; y en la causa CCC 4083/2000/TO1/3/CFC3: “ALSOGARAY, María Julia s/rec. de casación”, ya citada; entre muchas otras).
Es por eso que no resulta vinculante el monto de pena impuesto en cada una de las condenas objeto de unificación; pues el juez que dicta la condena única se transforma en el juez que deberá individualizar la pena a imponer respecto del concurso real de delitos que integran aquellos juzgados en procesos diferentes.
Todo ello, con el parámetro compuesto también por el mandato constitucional que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida, esencialmente, a la reforma y readaptación social de los condenados (art. 5, inc. 6, CADH), lo que exige que el sentenciante no se desentienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial.
Entonces, el concreto planteo de la defensa de Julio Francisco López no resulta suficiente para controvertir lo resuelto por el a quo. Es que, lo señalado por el recurrente no luce en modo alguno suficiente a los fines de mostrar la pretendida arbitrariedad de la composición de la condena única impuesta finalmente a su asistido, en tanto no evidencia que los argumentos expuestos resulten en una errónea aplicación de las normas previstas en los arts. 55 a 57 del C.P., así como de las pautas de individualización de la pena fijadas en los arts. 40 y 41 del Código Penal. Como he tenido oportunidad de señalar en diversos pronunciamientos, la enumeración de las pautas de mensuración punitiva efectuada en el artículo 41 del código de fondo, es puramente enunciativa y explicativa, y no excluye ninguno de los elementos referentes a la persona o al hecho dignos de ser considerados y que representen mayor o menor gravedad del delito cometido.
Entonces, por ejemplo, sí puede tener incidencia como agravante o atenuante el grado de afectación al bien jurídicamente protegido. Al igual que ocurre con el tiempo, lugar y modo en que se desarrolló el delito; así como los medios de que se valió el delincuente, que en cada caso adquirirán según su intensidad un diferente valor indiciario de la gravedad del hecho.
Que lo mismo ocurre respecto de la evaluación de las condiciones personales del autor, contenidas en el artículo 41, inc. 2°, del C.P. -como la educación, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir o, como en el caso, la importancia del cargo público desempeñado, etc.-, las que evaluadas respecto al momento en que se cometieron los sucesos, pueden revelar su mayor o menor gravedad; y para estimar la capacidad del autor para reconocer la antijuridicidad del hecho y para determinarse conforme a ese conocimiento.
Igualmente, corresponde remarcar que no se advierte incorrecto el mérito que en carácter de agravantes se les otorgó a los aspectos relativos a la naturaleza de los hechos, los medios empleados, la magnitud de las lesiones reprochadas y la importancia del rol que desempeñaba en la función pública y de la actuación protagónica que tuvo López en las maniobras delictivas objeto de juzgamiento, en cuanto reveladores de la mayor capacidad del nombrado para reconocer la antijuridicidad de los hechos y determinarse conforme a ese conocimiento y, como consecuencia, el mayor disvalor de su comportamiento. Analizados dichos parámetros siempre en relación los sucesos concretos por él cometidos.
No puede desconocerse que la presente investigación versa sobre hechos de suma gravedad y trascendencia institucional, por cuanto refieren directamente a la presunta comisión de maniobras defraudatorias en perjuicio del erario nacional. Se trata, huelga decir, de un delito que forma parte de una clase gravísima, cuyas consecuencias producen efectos insidiosos que trascienden a la sociedad en su conjunto.
Resulta ineludible recordar que estos delitos no sólo generan una incalculable afectación al patrimonio público, sino que deslegitiman la democracia representativa al quebrantar el principio fiduciario que rige el mandato político. Como afirmé en mi voto en la causa “Daneri, Gustavo Víctor” (reg. nro. 611/17.4, rta. 1/6/2017), estos hechos deben ser juzgados con la máxima severidad, ya que no sólo lesionan bienes jurídicos económicos, sino que dañan los cimientos mismos del orden constitucional, y eso debe verse traducido al momento de la ejecución de la sentencia. Tal como lo sostuve en anteriores pronunciamientos (cfr. mi voto en “Alsogaray, María Julia”, causa CFP 2160/2009/37/CFC3, Reg. nro. 512/16, rta. 29/04/2016; “Cossio, Ricardo Juan Alfredo”, Reg. Nro. 1075/18, rta. 29/08/2018), este tipo de maniobras constituye un atentado contra el sistema democrático en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. La corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas. No se trata de una simple infracción penal, sino de un fenómeno estructural que socava el Estado de Derecho y mina la confianza ciudadana en las instituciones.
Desde esa perspectiva, he señalado de manera constante que los delitos de corrupción requieren un enfoque más riguroso y menos tolerante (cfr. en lo pertinente causa “Salvatore, Carla Yanina”, reg. nro. 106/18.4, rta. 12/03/2018).
Ello es coherente con una interpretación axiológica del derecho, que privilegia los valores de Justicia y Paz Social, conforme al Preámbulo de la Constitución Nacional. Además, esta postura permite dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino al suscribir instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759), que instan a los Estados Parte a sancionar de forma proporcional los delitos contra la administración pública. La corrupción es una tragedia que favorece a unos pocos y deja por detrás terreno desolado para muchos. Es la ruta que no se construye, el hospital sin insumos, la escuela sin techo, el ciudadano sin derechos básicos satisfechos. Es una violencia estructural que castiga a los más vulnerables y perpetúa la desigualdad.
Como he venido considerando desde la “tragedia de Once” y nuevamente reiteré en esta causa “Vialidad”: la corrupción mata (cfr. de Sala I mi voto en causa “De Vido Julio Miguel, y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 2632/20, rta. el 22/12/2020 y en causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13, reg. 1373/24, rta. el 13/11/24, de esta Sala); donde ha quedado demostrado los estragos que hace en el tejido social el azote de la corrupción en la República Argentina.
Por todo lo expuesto, y frente a la gravedad institucional de los hechos juzgados, reitero que el proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado. La sentencia no sólo impone una pena proporcional al hecho, sino que reafirma ante la ciudadanía que el derecho persiste y se aplica.
En el ejercicio de dicha obligación constitucional de juzgar hechos delictivos de extrema gravedad institucional, no puede soslayarse que el derecho penal constituye el último bastión del orden jurídico. En efecto, cuando todas las medidas morales, sociales, administrativas o civiles fracasan, es el derecho penal el que asegura, en última instancia, la coercibilidad de ese orden, restaurando sus cimientos vulnerados.
En efecto, las conductas delictivas cometidas por José Francisco López encuadran en las previsiones típicas que tornan operativa –entre otras– la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por la ley 24.759), en cuyo artículo II, dentro de los propósitos, se propone: 1. “Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”.
Mientras que dicho instrumento internacional, en su artículo VI, inciso 1.c., dispone que “La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero”; y, asimismo, a “La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de los actos a los que se refiere el presente artículo” (inciso e.).
A la vez, el artículo V, inciso 1, del mismo cuerpo normativo sujeta al Estado argentino a la obligación internacional de adoptar “las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio”.
A la luz de las normas transcriptas, pues, ninguna duda puede caber de que la tarea jurisdiccional debe llevarse adelante con particular minuciosidad, toda vez que en dicha empresa se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado. Aun cuando, claro está que lo aquí expresado ha de interpretarse armónicamente con las garantías de los imputados que consagran tanto la Constitución Nacional (conf. art. 18) como los tratados internacionales en materia de derechos humanos que revisten igual jerarquía, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la D.A.D.y D.H. y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Así es que, al igual que lo afirmado por el tribunal de la instancia anterior, debe ser meritado con esa entidad calificante la importante jerarquía del cargo ocupado en la Administración Pública que lo ubicaba a José Francisco López en las esferas de más alta responsabilidad del Estado: Secretario de Obras Públicas de la Nación entre los años 2003 y 2015.
De manera entonces que esas precisas y particulares circunstancias: que el nombrado se haya desempeñado al momento de cometer los delitos en alguno de los cargos de mayor responsabilidad del gobierno nacional, así como la pluralidad y la extensión de este tipo de funciones, fueron las que incidieron válida y más intensamente en la individualización del monto punitivo como pauta agravante en la mensuración de la pena a imponerle.
En otro orden de ideas, a diferencia de lo planteado por la defensa, considero que no resulta posible ingresar a analizar en esta oportunidad si el delito de administración fraudulenta debió haber subsumido a la figura de enriquecimiento ilícito por la que resultó condenado, ya que, repito, la actual intervención de esta judicatura se encuentra circunscripta únicamente al análisis de los elementos que fueron considerados por el tribunal para determinar la pena única aquí cuestionada. Amén de que, ciertamente, se trata de dos conductas delictivas escindibles.
Cualquier intención de retrotraer el análisis a cuestiones previas que ya fueron debatidas y poseen sentencia condenatoria firme, escapa al objeto de la presente incidencia. En consecuencia, dicho cuestionamiento debe ser rechazado.
Tampoco encuentra asidero el planteo relacionado a que el a quo ponderó doblemente ciertas pautas agravantes al momento de fijar la pena única aquí analizada, ya que, conforme fuera descripto por los magistrados de la previa instancia -a los que me remito-, el tribunal analizó específicamente las cuestiones que hacían a cada uno de los procesos en que José Francisco López resultó condenado para poder, así, establecer la pena única que entendió que correspondía aplicar al presente caso, la cual considero acertada.
Llegado a este punto, cabe recordar que fue este mismo tribunal el que, tras analizar los hechos investigados como así también la específica responsabilidad del imputado, decidió confirmar la condena a seis años de prisión dispuesta en esta causa (cfr. reg. nro. 1373/24, ya citado).
Entonces, considero que no corresponde ingresar una vez más a analizar cuestiones fácticas de hecho y prueba como así tampoco en torno a las adecuaciones jurídicas oportunamente dispuestas, como nuevamente pretende la defensa en su impugnación.
Por último, no puedo dejar de mencionar que el holgado apartamiento del mínimo de la escala penal guarda íntima relación con la inusitada gravedad de las conductas acreditadas y el específico rol que cumplió José Francisco López, como Secretario de Obras Públicas de la Nación. En este escenario, corresponde concluir que, a la luz de las consideraciones efectuadas, el monto punitivo establecido en razón de la condena única dispuesta de trece años de prisión -que cuestiona la defensa-, resulta razonable en orden a las pautas fijadas por los artículos 40 y 41 del C.P., y a la escala penal aplicable para el concurso de delitos en cuestión.
Ello, sin que se presente desproporcionado con el específico disvalor evidenciado por los concretos injustos por los que ha sido condenado López en los tres procesos de que se trata; ni evidente en el caso la falta de correspondencia entre la gravedad de las lesiones a los respectivos bienes jurídicos provocados por esos delitos, y la intensidad o extensión de esa privación de bienes jurídicos, que, como consecuencia de la comisión de aquéllos, aquélla debe ahora soportar a raíz de su condena.
La condena única impuesta no luce tampoco repugnante a la finalidad de resocialización de la pena, ni a la protección de la dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales en nuestro orden constitucional.
En definitiva, corresponde concluir que en el caso no resulta en modo alguno evidente la falta de correspondencia entre la gravedad de la lesión a los respectivos bienes jurídicos provocada por los delitos por los que resultó condenado López, y la intensidad o extensión de esa privación de bienes jurídicos, que, como consecuencia de la comisión de aquellos éste debe ahora soportar a raíz de su condena.
IV. En virtud de todo lo expuesto, propicio al Acuerdo que se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial, asistiendo a José Francisco López; sin costas en la instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (art. 8.2 h de la C.A.D.H. y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Y que se tenga presente la reserva del caso federal. El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial de José Francisco López contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 de esta ciudad, que el 22 de agosto de 2025, resolvió: “CONDENAR a JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ a la PENA ÚNICA de TRECE (13) AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DEL 60% DEL VALOR DEL ENRIQUECIMIENTO, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA E INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA PORTAR Y TENER ARMAS POR EL PLAZO DE TRES AÑOS Y DOS MESES, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS (arts. 12, 19, 20, 29 -inc. 3-, 40, 41, 45, 174, inc. 5° y ultimo párrafo, en función del art. 173, inc. 7°; 189 bis, inciso segundo, tercer, quinto y séptimo párrafos; 268 (2) del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación), comprensiva de la condena dictada por sentencia firme de fecha 6 de diciembre de 2022 en esta causa nro. 5048/2016/TO1, a la pena de seis (6) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 – inc. 5° y ultimo párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación); de la condena a la pena de seis (6) años de prisión, multa del 60% del valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, impuesta por sentencia firme dictada el 28 de agosto de 2019 -veredicto del 12 de junio de 2019-, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 12, 29 -inc. 3°-, 45 y 268 (2) del C.P. y arts. 530 y 531 del CPPN); y, finalmente, de la pena que se le aplicara en el marco de la causa nro.
ME-170-2017-6.073, de fecha 21 de octubre de 2017, impuesta por el Juzgado en lo Correccional nro. 3 del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a un (1) año y siete (7) meses de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial para portar y tener armas, por el plazo de tres años y dos meses y costas, por resultar autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 5, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 189 bis, inciso segundo, tercer, quinto y séptimo párrafos del Código Penal de la nación; y 375 inc. 1ero y 2o, 399, 530, 531 y c.c. del Código Procesal Penal provincial)”. En lo medular, la parte impugnante alegó que la sentencia bajo examen afectó el derecho de defensa en juicio de su asistido, de acuerdo con la doctrina de la arbitrariedad porque no trató argumentos centrales oportunamente planteados en la audiencia a los fines previstos en el artículo 58 del Código Penal, a la par que no brindó motivos válidos para fundamentar debidamente el monto de la pena única de prisión escogido.
La defensa explicó que, si bien el tribunal oral dijo seguir el método composicional para la construcción de la sanción integral, en rigor aplicó el aritmético pues el quantum punitivo resultó cercano al máximo posible correspondiente a la suma de las penas dispuestas en las tres condenaciones que debían unificarse. Destacó que el representante del Ministerio Público Fiscal, siguiendo el método de acumulación material, solicitó trece (13) años y seis (6) meses de prisión en la audiencia de rigor. Adujo que se vulneraron los principios de proporcionalidad y culpabilidad. Insistió con que se aplique correctamente el método composicional, el cual admitiría la imposición de una sanción cercana al mínimo legal –de dos (2) años de prisión-, que a su vez permitiría su cumplimiento condicional. Al respecto, enunció las pautas atenuantes que debieron ser tenidas en cuenta por el a quo en el decisorio recurrido y que fueron desatendidas.
Asimismo, el recurrente se agravió de la respuesta recibida por el tribunal oral en cuanto consideró que dicha parte había invocado vulneración al principio ne bis in idem. Aclaró que no pretendió reeditar cuestiones de fondo establecidas en los respectivos pronunciamientos condenatorios pues son hechos distintos que concursaron materialmente entre sí, sino remarcar que, al momento de la determinación de la pena única de prisión, el a quo debió ponderar aspectos relativos al desvalor de los injustos penales cometidos contra la administración pública, que se hallaban intrínsecamente ligados en razón del cargo que ejerció como Secretario de Obra Pública del Ministerio de Planificación Federal. Por consiguiente, explicó que el objeto de reproche en última instancia siempre sería su desempeño en la gestión pública. Indicó que se duplicaron circunstancias agravantes como el grado de afectación al bien jurídico en cuestión, el fenómeno de la corrupción implicado y la posición jerárquica que ocupó su defendido. Ahondó que el enriquecimiento ilícito (art. 268, ap. 2° del C.P.) sería una consecuencia de su intervención en la administración fraudulenta (art. 174, inc. 5° y último párr., en función del art. 173, inc. 7° del C.P.). Destacó que, al resolver como lo hizo, el sentenciante sumó el máximo de la escala penal correspondiente a ambos delitos y justificó tal proceder tras invocar la necesidad de imposición de un castigo “ejemplar” que desatendió principios constitucionales y los parámetros legalmente previstos (arts. 40 y 41 del C.P.).
La asistencia técnica José Francisco López precisó los atenuantes que debieron tenerse en cuenta para la determinación de la pena única aplicable. En particular, señaló la ausencia de antecedentes penales del nombrado al momento de la comisión de los hechos, remarcó los perjuicios personales ocasionados por la tramitación de los procesos judiciales en la intimidad de su defendido y puntualizó los avances que habría alcanzado dentro de la órbita penitenciaria, que en última instancia evidenciarían el cumplimiento de los fines de la pena.
II. Previo a dar tratamiento a los agravios traídos por el impugnante, corresponde repasar sucintamente las circunstancias aquí relevantes del caso. Por lo demás, habré de remitirme a la reseña efectuada por el distinguido colega preopinante, juez Gustavo M. Hornos, en su voto.
Según surge de la resolución recurrida, el Juzgado en lo Correccional nro. 3 del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, el 21/10/2017 condenó a José Francisco López -mediante el procedimiento local de juicio abreviado- a la pena de un (1) año y siete (7) meses de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial para portar y tener armas por el plazo de tres (3) años y dos (2) meses, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil atenuada por poseer autorización para su tenencia (art. 189 bis, inc. 2°, tercer, quinto y séptimo párrafos del C.P.); causa nro. ME-170-2017-6.073.
A mayor abundamiento, según se aprecia del estudio de las constancias obrantes del Sistema Informático de Gestión Judicial Lex-100, de la lectura del decisorio emitido por el precitado juzgado provincial, el pronunciamiento versó sobre el hecho cometido el día 14/06/2016 cuando fue aprehendido en el “Monasterio Nuestra Señora de Fátima” sito en el Partido de General Rodríguez de la Provincia de Buenos Aires, esto es, la portación de un arma de fuego de uso civil, careciendo el mismo de autorización para portarla, no obstante encontrarse habilitado para ser legítimo usuario para ser tenedor de la misma, según el Registro Nacional de Armas. A mayor precisión, el arma en cuestión resultó ser una carabina calibre .22 L.R. (long Rifle), marca “Sig Sauer”, número de serie XA 033368 con veinticinco (25) municiones del mismo calibre en su interior, con culata rebatible, sistema de disparo a repetición, con selector de disparo y seguro del tipo “a llave”, la cual presentaba empotrada una mira telescópica, sobre el frente, sector próximo a la boca del cañón, en la que se halla insertada un puntero laser (punto rojo) sobre el lateral izquierdo, en tanto que sobre el lateral derecho se halla insertada una linterna. Ello, junto a dos (2) almacenes cargadores llenos aptos para el arma en cuestión –con veintitrés (23) municiones-.
A su vez, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esta ciudad, el 28/08/2019 condenó a José Francisco López a la pena de seis (6) años de prisión, multa del 60% del valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 12; 29, inc. 3°; 45 y 268, ap. 2 del C.P.); causa CFP 12441/2008/TO1. El período del enriquecimiento fue el correspondiente a la gestión del nombrado como Secretario de Obras Públicas de la Nación, entre diciembre de 2003 y diciembre 2015.
Por su parte, el tribunal a quo condenó el 09/12/2022 a José Francisco López a la pena de seis (6) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12; 19; 20; 29, inc. 3°; 40; 41; 45 y 174, inc. 5° y último párr., en función del art. 173, inc. 7° del C.P.); autos principales de esta causa CFP 5048/2016/TO1. La maniobra se cometió también en el lapso comprendido entre diciembre de 2003 y mismo mes de 2015, correspondientes al desempeño del nombrado en la función pública. Dicho decisorio fue confirmado por este Tribunal en fecha 13/11/2024 (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13, “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1373/24.4).
Ahora bien, tras haber adquirido firmeza los dos primeros pronunciamientos condenatorios aludidos –de fechas 21/10/2017 y 28/08/2019-, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esta ciudad, el 01/09/2020 procedió a la unificación de condenas y dispuso la pena única de siete (7) años y seis (6) meses de prisión, multa del 60% de valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua e inhabilitación especial para portar y tener armas por el plazo de tres (3) años y dos (2) meses, accesorias legales y costas. Dicho decisorio resultó confirmado por la Sala II de esta Cámara Federal de Casación Penal en fecha 06/08/2021 (cfr. C.F.C.P., Sala II, causa nº CFP 12441/2008/TO1/23/CFC17, Reg. 1251/21.2).
Luego de haber recaído firmeza -en fecha 10/06/2025- la tercera la condena enunciada –decisorio del 09/12/2022 correspondiente al principal de esta causa CFP 5048/2016/TO1-, el Defensor Público Oficial de José Francisco López solicitó al a quo la unificación de dicha condena con las anteriores ya integradas. Sustanciada debidamente la cuestión en la audiencia dispuesta por el tribunal de grado a tales fines, la defensa pidió la unificación de condenas por los motivos que precisó, el representante del Ministerio Público Fiscal ante la anterior instancia se opuso al pedido tras reputar que se hallaba vencida la pena de seis (6) años de prisión (art. 16 del C.P.) y, subsidiariamente, en lo que aquí concierne, peticionó la imposición de una pena única de trece (13) años y seis (6) meses de prisión.
Finalmente, el sentenciante practicó la unificación de condenas a través de la integración de sentencias –de fechas 01/09/2020 y 09/12/2022- e impuso la pena única de trece (13) años de prisión omnicomprensiva de las tres condenaciones reseñadas -del 21/10/2017 que estableció una pena de un (1) año y siete (7) meses de prisión, del 28/08/2019 que previó una pena de seis (6) años de prisión, ambas a su vez unificadas el 01/09/2020, y la del 09/12/2022 que impuso seis (6) años de prisión- cuyo monto que se encuentra cuestionado bajo el recurso de casación en examen.
III. Sentado cuanto antecede, cabe señalar que el objeto cuestionado es la determinación judicial del quantum punitivo impuesto a José Francisco López en relación con la pena única privativa de libertad de trece (13) años de prisión.
Corresponde reseñar los fundamentos expuestos por el tribunal oral a quo para sustentar su decisorio. El sentenciante graduó y determinó la respuesta punitiva que, a su entender, resultaba acorde con el grado de responsabilidad penal correspondiente con los sucesos que fueron juzgados, exponiendo las razones que dieron fundamento a su decisión. Como pautas agravantes, en cuanto a la extensión del daño causado, los señores magistrados intervinientes ponderaron: “…la intervención directa y decisiva del imputado en los hechos, el grado de participación, la modalidad de ejecución, la magnitud de los bienes jurídicos afectados y el desprecio demostrado hacia los bienes jurídicos protegidos por la ley penal; todo ello agravado por el rol que desempeñaba como funcionario público. Consideramos, en ese sentido, que los hechos analizados involucran graves supuestos de corrupción cometidos desde la primera línea del Estado Nacional, que los delitos por los que fuera condenado exhiben peligrosidad y que, por si fuera poco, López se ha valido para cometerlos de una variedad de medios. El conjunto de conductas cometidas que son objeto de los procesos bajo análisis redundaron en una incalculable afectación al erario público, en beneficio personal, y con el daño colateral de haber quebrado la confianza colectiva en los funcionarios públicos que nos representan”.
El a quo agregó que meritaron que dos de los hechos juzgados, constituyeron graves actos de corrupción que, a su criterio, socavaron el sistema democrático. Al respecto, señaló que el vaciamiento de las arcas públicas trajo nefastas consecuencias y significó un menoscabo a la confianza pública y la validez de la norma; citaron la legislación que estimaron aplicable.
Finalmente, los integrantes del tribunal oral aclararon que no hallaban atenuantes para los delitos contra la administración pública. Por el contrario, sostuvieron que: “…desde un plano subjetivo y directamente vinculado con las condiciones personales de López, también encontramos circunstancias que únicamente vienen a fundar un mayor disvalor de su accionar, que debe proyectarse a la sanción a imponer y ya motivaron en dos de los casos sanciones penales en el máximo de la escala y, en el restante, una pena cercana al máximo […] Nos referimos al avanzado grado de formación de López, que demuestra que lejos se encontraba de una situación de vulnerabilidad que de algún modo impacte favorablemente en el análisis de su culpabilidad. Por el contrario, su formación profesional, aquella que le permitió acceder a conocimientos técnicos específicos, fue puesta a disposición y facilitó la comisión de cada uno de los delitos por los que se encuentra condenado. En dos de los casos, por cierto, también se valió de su formación política y pertenencia a ciertos círculos de poder, a partir de los que se aseguró el acceso a un cargo de altísima relevancia institucional. Desde allí, en esos lugares en los que la ciudadanía en su conjunto deposita las mayores expectativas, López los utilizó para la concreción de una pluralidad de infracciones penales”. Aclararon que solamente respetaban las pautas atenuantes tenidas en cuenta por el tribunal provincial que lo condenó por la portación de arma de fuego.
Ahora bien, he tenido oportunidad de señalar como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos: 347:863) que, si bien en principio, la cuestión de la determinación de la pena constituye el ejercicio de una facultad propia de los jueces de la causa, que resulta ajena a esta vía excepcional por remitir a la interpretación de los hechos, prueba y derecho común (conf. Fallos: 306:1669; 308:2547; 315:807 y 315:1699), cabe el apartamiento de dicha regla, de conformidad con la doctrina de la arbitrariedad, cuando, como en el caso, la decisión impugnada adolece de fundamentación aparente y omite el tratamiento de una cuestión conducente planteada, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y debido proceso del recurrente (Fallos: 315:1658; 320:1463; 324:4170; 329:3006; 330:490).
En este sentido, resulta pertinente recordar que la graduación de las sanciones dentro de los límites ofrecidos por las leyes respectivas para ello, constituye el ejercicio de una facultad propia de los jueces de la causa (Fallos: 237:790 y 423; 255:253; 305:494; 306:1669; 315:807 y 1699: 347:863, entre otros). Debe tenerse presente que la doctrina de la arbitrariedad invocada por la parte impugnante posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos 295:2206 y sus citas; 330:133, entre otros), tal como se aprecia en el sub examine.
No se encuentra en discusión que el supuesto bajo de autos constituye un supuesto de unificación de condenas, motivo por el cual, debe ser resuelto mediante las reglas previstas para el concurso real porque los hechos por los que José Francisco López ha sido condenado en las tres causas en juego, fueron cometidos por el nombrado con anterioridad al dictado de la primera condena.
Al respecto, he tenido ocasión de precisar que el modo de unificación aplicable al caso se configura cuando, por su fecha de ocurrencia, las diversas conductas delictivas debieron haber sido juzgadas por un mismo tribunal, en un mismo proceso y en una única sentencia condenatoria que impusiera una pena total-, de acuerdo con las reglas de los arts. 55 a 57 del C.P. y, a su vez, haya existido una imposibilidad de juzgamiento simultáneo que pueda deberse a diversos motivos como ser la distinta competencia de los órganos judiciales que intervinieron en los diferentes hechos, el estado de los procesos o el desconocimiento sobre la existencia de otro proceso u otro suceso. Este tipo de unificación constituye la construcción de una nueva y única condena, que abarca a todos los hechos que originaron los pronunciamientos condenatorios anteriores, cuyos efectos cesan “sin alterar las declaraciones de hechos contenidas” (art. 58 del C.P.), y aquellos pasan a ser resueltos mediante las reglas de los arts. 55 a 57 del C.P. (cfr. C.F.C.P., Sala IV, votos del suscripto, en lo pertinente y aplicable, en causas FMZ 11356/2013/TO1/40/CFC5, “VARGAS MÉNDEZ, Silvana Natali y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1889/19.4 del 18/09/2019; FTU 400654/2008/16/CFC5, “TAVIANSKY, Ana Alicia s/recurso de casación", Reg. Nº 1505/20.4 del 25/08/2020; CCC 44205/2017/TO1/CFC4, “GAONA RIVAS, Fredy Ramón s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2045/20.4 del 16/10/2020, entre otras).
Cabe aclarar que, tampoco se encuentra en discusión la viabilidad de unificar condenas pese a que algunas de sus respectivas sanciones se hallen vencidas –argumento central por el que el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido unificador peticionado por la Defensa Pública Oficial-, en atención a que el decisorio bajo examen ha sido recurrido por la asistencia técnica de José Francisco López. Si bien las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en miras por el sentenciante para la determinación de la pena única, lucen pertinentes para su graduación, cabe destacar que, en las particularidades de autos, no han tenido un debido correlato en el quantum punitivo correspondiente establecido a la pena de prisión.
Ello así, por cuanto el supuesto de unificación de condenas constituye uno de menor gravedad que el de integración de penas, en tanto en este último caso un nuevo delito lo comete quien se hallaba cumpliendo su sanción como penado, mientras que en el sub examine todos los sucesos fueron cometidos mediando un concurso material de delitos (art. 55 del C.P.). De manera que, el menor contenido de desvalor correspondiente a todos los injustos penales en cuestión, en las particulares circunstancias de la especie, debe tener un debido correlato en la respuesta punitiva. Ello impone el establecimiento de la pena única comprensiva de las previstas en los pronunciamientos judiciales sucesivos, cuyas condenas se unifican en una sola abarcadora y sus sanciones, individualmente consideradas, ceden a los efectos de la cosa juzgada.
El artículo 58 del Código Penal responde al propósito de establecer real y efectivamente la unidad penal en el territorio de la Nación, mediante las medidas necesarias para que ella no desaparezca por razón del funcionamiento de las distintas jurisdicciones (Fallos: 212:403; 311:744; 340:829, entre otros). De modo que el sistema seguido por dicha disposición legal es el que determina el establecimiento de una unidad en la respuesta punitiva para aquellos supuestos en los que, como el sub examine, medió un concurso real de delitos pero cuyo juzgamiento no pudo efectuarse simultáneamente.
La escala penal resultante de las reglas concursales imperantes (arts. 55 y 58 del C.P.) entre los delitos por los que José Francisco López fue condenado – mediando un concurso real-, quedó conformada entre un mínimo de dos (2) años de prisión a catorce (14) años y ocho (8) meses de prisión (arts. 174, inc. 5° y último párr., en función del art. 173, inc. 7°; 189 bis, inc. 2°, tercer y quinto párrs.; y 268, ap. 2° del C.P.). Sin embargo, cabe memorar que el acusador público oportunamente había solicitado una pena de trece (13) años y seis (6) meses de prisión y existe la limitación impuesta por el a quo en atención a que solamente interpuso recurso de casación la asistencia técnica del nombrado –teniéndose presente el impedimento establecido en el art. 458, inc. 2° del C.P.P.N.-. Por su parte, la defensa postuló la aplicación de un monto de pena única que permita su ejecución condicional. Realizada la audiencia de visu respecto de Francisco José López de conformidad a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Niz” (C.S.J.N., causa N. 132. XLV, “Niz, Rosa Andrea y otros s/recurso de casación”, rta. el 15/06/2010) y considerando el límite máximo de pedido de pena por el representante del Ministerio Público Fiscal –de trece (13) años y seis (6) meses de prisión- y el monto impuesto por el a quo en la sentencia impugnada –en atención a la garantía constitucional de prohibición de reformatio in pejus-, corresponde evaluar las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, a los fines de la determinación del monto punitivo que corresponde imponer (cfr. C.F.C.P., Sala IV, voto del suscripto en causas FTU 52269/2013/TO1/5/CFC1 “Bustos, Lucas Luis Eduardo y otros s/recursos de casación”, Reg. nro. 1668/16, rta. el 19/12/2016; FCR 53002787/2012/TO1/12/CFC2 “González, Alejandro Damián y otro s/recurso de casación”, Reg. nro. 1707/19, rta. el 30/08/2019; FSA 11044/2019/TO1/9/CFC5, “Cruz, Martina Simona s/recurso de casación”, Reg. nro. 1829/22, rta. el 29/12/2022; FMZ 7450/2019/TO1/7/CFC1 “Granella, Luis s/recurso de casación, Reg. Nro. 81/23 del 17 de febrero de 2023; causa CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, “Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 125/23.4, rta. el 28/02/2023, entre otras).
Para ello se analizarán las circunstancias personales en particular, según el conocimiento directo tomado en fecha 10 de diciembre de 2025 a partir de la respectiva audiencia dispuesta por este Tribunal.
Al respecto, se estiman como pautas atenuantes que José Francisco López tiene sesenta y cinco (65) años de edad y presenta problemas de salud. En la audiencia de visu (art. 41 del C.P.), puso en conocimiento del Tribunal que tuvo recientemente un episodio vinculado con su diagnóstico de estrés postraumático, motivo por el cual fue derivado al Hospital Penitenciario Central del CPF I de Ezeiza. Refirió que cuenta con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Se pondera dentro de las pautas atenuantes, que tiene lazos afectivos estables. Entre ellos, cabe mencionar que mantiene vínculos con su ex esposa y sus hijas –sobre quienes brindó sus datos personales-.
Al ser consultado sobre el tiempo que lleva privado de la libertad, José Francisco López junto con su defensor recordaron que el nombrado fue detenido el 16/7/16, tras lo cual se le concedió la excarcelación en términos de la libertad condicional en el año 2022. Aludieron que fue nuevamente detenido luego de recaer firmeza en su condena en la causa “Vialidad” (dicha detención acaeció el 17/6/25, conf. cómputo de pena en expte. CFP 5048/2016/TO1), permaneciendo en dicha condición hasta la actualidad. A las preguntas del Tribunal relacionadas con las actividades que realiza, López expresó que llevó a cabo los cursos de formación profesional marketing de eventos, marketing de servicios y que actualmente se encontraba cursando “productor de plantas para ornamentación en interiores”. Señaló que, durante el lapso en que se encontraba en libertad y hasta su detención ocurrida este año, dictaba cursos de apoyo escolar de matemática y física a estudiantes de nivel secundario; ello, en virtud de su formación como ingeniero.
Asimismo, se justiprecia favorablemente que José Francisco López carecía de antecedentes penales al momento de la comisión de los hechos cuyas condenaciones aquí se unifican. También se valora positivamente la impresión favorable causada, que ha estado a derecho y no se constatan incumplimientos a las obligaciones impuestas al disponerse su soltura (art. 317, inc. 5º del C.P.P.N., y art. 13 del C.P.). Las circunstancias descriptas lucen conducentes para la determinación judicial de pena, teniendo en cuenta su finalidad.
Al respecto, cabe destacar que, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que: “… el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 5.6 de la Convención Americana, entendidos desde la perspectiva de la ejecución de la pena privativa de libertad (no propiamente de la pena), supone que la privación de libertad se desarrolle en condiciones adecuadas, que no resulten lesivas de los derechos de las personas penadas, pues existe una relación intrínseca entre tales elementos”; y que “…el sistema penitenciario no debe deteriorar a la persona, más allá del efecto inevitable de toda institucionalización (en este caso prisionización), debiendo procurar minimizar o neutralizar dicho efecto en la mayor medida de lo posible. Ello conlleva, por un lado, que el régimen penitenciario sea diseñado y propenda a la consecución de los fines de reinserción y reintegración social de la persona, y que las autoridades judiciales y administrativas, según sea el caso, tomen en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas…” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lynn vs. Argentina, Sentencia del 02/07/2025. Fondo y Reparaciones).
Ahora bien, la naturaleza de los hechos atribuidos, su gravedad, la extensión de la afectación a los bienes jurídicos tutelados -en especial la administración públicalos montos de la maniobra fraudulenta y el injustificado incremento patrimonial, los elevados medios empleados aprovechando el cargo jerárquico que ostentó, el papel preponderante que el condenado tomó, su especial ánimo de ejecutar los hechos en su propio beneficio económico y la ausencia de circunstancias que limitaran la posibilidad de motivarse en la norma jurídica y obrar conforme a derecho, aun teniendo en cuenta las atenuantes precisadas, son todos ellos extremos que conducen a apartarse holgadamente del mínimo computable.
Como circunstancias agravantes se evalúa la naturaleza de las acciones cometidas y de los medios empleados para ejecutarlas, junto a la extensión de los daños causados (art. 41, inc. 1° del C.P.).
José Francisco López menoscabó la seguridad pública al portar indebidamente un arma de fuego de uso civil que, aunque era su legítimo usuario y su calibre era menor, dicha carabina estaba repotenciada con los demás elementos precisados, lo que tornaba indiscutible carácter intimidatorio al ojo del común denominador de la población. A ello cabe agregar que la llevó consigo en su automóvil hasta introducirla –lógicamente cargada- en un establecimiento religioso durante la madrugada.
A su vez, cometió dos delitos contra la administración pública –administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito (arts. 174, inc. 5°, en función del art. 173, inc. 7°, y 268, ap. 2° del C.P.)- que se presentan de suma gravedad, en razón de la extensión del perjuicio ocasionado, lo cual se ve reflejado en los correspondientes montos dinerarios implicados y la posición jerárquica de la función pública que ostentó.
Se considera su papel esencial en los hechos ilícitos que perjudicaron a la administración pública, dentro de la estructura de corrupción montada que lo tenía como uno de los principales actores. En efecto, debe recordarse que formó parte del plan principal tendiente a defraudar las arcas estatales y a tal fin se valió de la confianza que la sociedad depositó en él como funcionario. Cabe aquí destacar que, he tenido ocasión de señalar al respecto que: “…la defensa de José López (condenado a la pena de 6 -seis- años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos) no se agravió del monto punitivo fijado por el tribunal de juicio con relación a su asistido” (cfr. C.F.C.P., Sala IV, voto del suscripto en causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13, “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1373/24.4, rta. el 13/11/2024). Sin embargo, se pondera el uso indebido otorgado a los contactos personales que tuvo como funcionario público de relevancia, con las más altas esferas del poder político de turno y su articulación con el sector empresarial implicado, todo ello dirigido a la consecución de su designio criminal en el montaje de la estructura de corrupción que supo establecer en el rubro de la ejecución de la obra pública.
También como circunstancias agravantes se estima el grado de educación alcanzado, su formación universitaria con altos conocimientos en economía y gestión pública, junto con el evidente reproche que merece el hecho de que contaba con un trabajo fijo y un salario acorde con su responsabilidad en altas esferas de la administración pública nacional, lo que demuestra la falta de necesidades para delinquir y el grado de enriquecimiento ilícito inexplicable alcanzado en relación sus ingresos.
Por los motivos reseñados precedentemente y teniendo en cuenta el conocimiento directo (art. 41 del C.P.) que este Tribunal tomó del nombrado en la audiencia del día 10 de diciembre de 2025, se estima pertinente la imposición a José Francisco López de una pena única de doce (12) años de prisión, manteniendo las penas de multa, inhabilitaciones y las accesorias legales oportunamente dispuestas -entre ellas, el decomiso de bienes- y que han quedado abarcadas por los efectos propios de la cosa juzgada material.
IV. Por todo ello, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial, casar la resolución recurrida y, en consecuencia, condenar a José Francisco López a la pena única de doce (12) años de prisión, manteniendo las penas de multa del sesenta por ciento (% 60) del valor del enriquecimiento, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta perpetua e inhabilitación especial para portar y tener armas por el plazo de tres (3) años y dos (2) meses, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito y autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil atenuada. Estarse a las demás sanciones oportunamente impuestas -decomiso de bienes- en las decisiones que aquí se unifican, en los términos correspondientes a su actual estado de la etapa ejecutiva. Sin costas en la instancia (arts. 12; 19; 20; 29, inc. 3°; 40; 41; 45; 55; 58; 174, inc. 5° y último párr., en función del art. 173, inc. 7°; 189 bis, inc. 2°, tercer, quinto y séptimo párrs.; y 268 (2) del C.P.; arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
Que por compartir, en lo sustancial, las consideraciones del voto del magistrado Gustavo M. Hornos que inaugura el Acuerdo, en la ocasión, habremos de adherir a la solución propuesta, y expedimos nuestro sufragio en igual sentido en cuanto a que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial que asiste a José Francisco López, en esta oportunidad, sin costas, y tener presente la reserva del caso federal. Es nuestro voto.
Por lo expuesto, en virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría,
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de José Francisco López; sin costas (arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase mediante pase digital al Tribunal de origen, que deberá notificar personalmente al encausado de lo aquí decidido, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
Fdo: Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego G. Barroetaveña.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo. Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia