Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Herman Lídoro Zalazar, en representación del querellante particular Pablo David Avilés.
2No Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el querellante particular, en contra del Auto Interlocutorio N° 36/2026 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos.
3Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y CUATRO
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinte días del mes de octubre de dos mil veintiséis, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la doctora María Fernanda Rosales Andreotti como Presidenta, por el doctor Néstor Hernán Martel y la doctora Rita Verónica Saldaño; se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en expte. Corte n° 046/2026, caratulado: “López, José Mauricio – estafa – s/rec. de casación interpuesto por el querellan te particular c/auto int. n° 36/26 de expte. n° 116/25”.
I. Por Auto Interlocutorio N° 36/2026 la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, en lo que aquí concierne, resolvió: “1°) NO HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Dr. Herman Lídoro Zalazar en su carácter de apoderado del Querellante Particular Ing. Pablo David Avilés y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia N° 765/25, dictada con fecha 28 de agosto de 2025 por el Juez de control de Garantías de Cuarta Nominación Dr. Marcelo Hadel Sago, en todo lo que fuera materia de agravios y en orden a los argumentos que componen el presente decisorio.- (…).”.
II. Contra la resolución dictada, el Dr. Herman Lídoro Zalazar, en representación del querellante particular Pablo David Avilés, interpone recurso de casación con fundamento en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y en los arts. 454, 456, 457 y concordantes del Código Procesal Penal porque con ella se confirma el pronunciamiento n° 765/2025 mediante el cual fue dispuso el sobreseimiento del imputado José Mauricio López.
En orden a la admisibilidad formal, el recurrente sostiene que su representado se encuentra legitimado para impugnar por su condición de querellante particular y por resultar directamente afectado por la decisión cuestionada. Afirma que el Auto Interlocutorio n° 36/2026 reviste carácter definitivo o, en su defecto, resulta equiparable a tal, en cuanto confirma el sobreseimiento del imputado, clausura la persecución penal respecto del hecho denunciado y ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior, al que atribuye asimismo consecuencias patrimoniales.
II a. Primer motivo de agravio
Encuadra sus planteos en las causales contempladas por el art. 454 incs. 1°, 2° y 4° del ordenamiento procesal. Denuncia, por una parte, arbitrariedad, falta de fundamentación lógica y legal, violación de las reglas de la sana crítica racional, afectación del principio de congruencia y omisión de prueba dirimente; y, por otra, inobservancia y errónea aplicación del art. 172 del Código Penal. Sostiene que tales deficiencias privan al pronunciamiento de validez como acto jurisdiccional y vulneran los derechos de defensa en juicio, debido proceso y tutela judicial efectiva de la parte querellante.
Como antecedente de la causa, refiere que José Mauricio López se habría presentado como propietario del denominado “Corralón Avenida” y que, bajo la apariencia de adquirir un autoelevador Toyota, modelo 8FG25B 14270, año 2018, celebró una operación instrumentada mediante el pedido n° MH 003; que el imputado entregó como medio de pago cheques de fecha diferida que posteriormente no pudieron ser cobrados y, luego de los reclamos formulados por la empresa, los sustituyó por otros valores del Banco Galicia, también de pago diferido, que fueron rechazados a raíz de órdenes de no pago impartidas por sus libradores. Afirma que, mediante esa operatoria, López habría evitado la cancelación de la suma de $838.210, calculada al 10 de marzo de 2022, ocasionando un perjuicio patrimonial a INGES S.R.L. y procurando para sí un beneficio económico indebido.
Señala que el imputado reconoció haber adquirido los bienes y haber entregado cheques como medio de pago, y que manifestó que, cuando los valores comenzaron a ser rechazados, cancelaría la obligación en efectivo. Sin embargo, según la querella, tales pagos nunca se concretaron y los cheques fueron reemplazados por otros valores que también resultaron rechazados.
Agrega que, luego de ser intimado, López presentó recibos destinados a acreditar supuestos pagos en efectivo. Dichos documentos fueron sometidos a pericia caligráfica a fs. 413/436. Ese examen determinó que no se advertían maniobras mecánicas, borrados, raspados ni lavado químico, pero que los sellos estampados en los documentos no se correspondían con ninguno de los sellos auténticos aportados como material indubitado y que las firmas insertas tampoco se compadecerían con el patrimonio gráfico de Pablo David Avilés.
A partir de esas conclusiones, la querella sostiene que los recibos no eran auténticos y cuestiona que esa circunstancia no haya sido considerada por la Cámara ni investigada de manera autónoma por el Ministerio Público Fiscal.
Refiere, asimismo, que en el incidente letra “D” n° 02/2019, caratulado “Del Parque S.A. sobre control jurisdiccional en autos INGES S.R.L. y Del Parque S.A. s/ denuncia de estafa”, el Juzgado de Control de Garantías de Tercera Nominación, mediante Auto n° 56/2019, dispuso la entrega de los bienes allí individualizados al apoderado de Del Parque S.A. y ordenó a la fiscal interviniente concluir la investigación penal preparatoria dentro del plazo de treinta días.
Expone que, durante ese período, la defensa de López respondió a una intimación mediante carta documento, negó la existencia de deuda y presentó los recibos posteriormente cuestionados a partir de las conclusiones periciales.
Señala que, en el año 2024, la defensa planteó la prescripción de la acción penal, pretensión que fue rechazada por la querella, por el Ministerio Público Fiscal, por el Juzgado de Control de Garantías y, posteriormente, por la Cámara de Apelaciones. Añade que, luego de disponerse y recibirse declaración al imputado, la fiscal requirió su sobreseimiento por considerar que el hecho no configuraba delito, actuación que el recurrente califica de contradictoria.
La querella sostiene que el Auto Interlocutorio n° 36/2026 incurre en arbitrariedad por omisión de prueba dirimente, valoración fragmentaria del material incorporado y falta de fundamentación lógica y legal.
Afirma que la Cámara construyó su razonamiento prescindiendo de constancias objetivas capaces de modificar sustancialmente la solución adoptada y reprodujo, sin adecuada confrontación, argumentos formulados por el imputado y su defensa.
Entiende que el defecto denunciado no consiste en una mera discrepancia con la apreciación probatoria efectuada por los jueces, sino en un error de percepción o inadvertencia respecto de elementos incorporados al legajo, que habría conducido a representar de manera incompleta la plataforma fáctica sometida a decisión.
Invoca, en apoyo de esa postura, jurisprudencia relativa a la invalidez de los pronunciamientos asentados sobre presupuestos fácticos que no se compadecen con las constancias de la causa.
A su entender, la omisión de pruebas decisivas, la aceptación de premisas incompletas y la falta de una explicación que vincule las constancias del expediente con la solución adoptada configuran una fundamentación meramente aparente.
Señala que el sobreseimiento, en cuanto clausura irrevocablemente el proceso respecto del imputado, requería un estado de certeza negativa debidamente fundado.
Por ello, considera insuficiente sostener que el hecho no resultaba típico o que no existían indicios de dolo sin individualizar las pruebas examinadas, confrontar las interpretaciones propuestas y explicar por qué los elementos invocados por la querella no permitían mantener la probabilidad propia de la etapa investigativa.
Cuestiona que la Cámara haya sostenido que no resultaba posible verificar el elemento subjetivo del delito de estafa, que el dolo no podía presumirse del solo rechazo de los cheques y que no existían pruebas o indicios concretos para inferir que López conociera la imposibilidad de cobro de los valores entregados.
También objeta que se haya considerado que la operatoria se desarrolló dentro de una relación comercial en la cual algunos instrumentos fueron inicialmente atendidos y que el imputado, por su condición de endosante, carecía de dominio sobre la provisión de fondos al momento de los vencimientos y sobre las órdenes de no pago impartidas por los libradores.
II b. Segundo motivo de agravio:
Frente a esas conclusiones, el recurrente afirma que la inexistencia de indicios de dolo fue declarada sobre la base de una omisión valorativa sustancial.
En primer término, denuncia la falta de consideración de la pericia caligráfica obrante a fs. 413/436. Sostiene que los recibos presentados por López para acreditar supuestos pagos contenían sellos que no se correspondían con los auténticos y firmas que no pertenecerían al patrimonio gráfico de Pablo David Avilés.
Entiende que la incorporación de esos documentos al expediente podía constituir un indicio del propósito de justificar pagos inexistentes, Considera que, al omitir toda valoración sobre ese extremo, la Cámara construyó la premisa de que López habría actuado como un endosante de buena fe sometido al riesgo propio de una relación comercial, sin confrontarla con la documentación incorporada posteriormente.
En segundo término, cuestiona la falta de valoración de la secuencia cronológica establecida por la pericia contable de la C.P.N. Laura Keseru. Refiere que ese informe confirmó que los seis cheques del Banco Galicia identificados con los números 20381731 al 36 ingresaron a INGES S.R.L. el 6 de abril de 2018, mientras que la denuncia de extravío fue formulada el 4 de mayo del mismo año.
A partir de esa cronología, sostiene que el supuesto extravío no podía ser considerado un acontecimiento anterior o ajeno a la entrega de los valores, puesto que éstos ya se encontraban en poder de la acreedora. Infiere de ello que la denuncia habría sido utilizada para frustrar el cobro de cheques previamente entregados y considera que ese dato resultaba relevante para determinar si López intervino deliberadamente en la generación de la causa bancaria de rechazo y si, en consecuencia, podía afirmarse que carecía de conocimiento o dominio sobre la imposibilidad de cobro.
En tercer lugar, denuncia la omisión de valorar las declaraciones de Gonzalo Rubén Figueroa y Alejandra Isabel Sánchez. En relación con esta última, refiere que reconoció haber denunciado el extravío de un sobre cuyo contenido desconocía y haber actuado siguiendo instrucciones directas de López. Estos datos podían revelar que la presentación no respondió a un extravío real, sino a una actuación orientada a impedir el cobro, lo que fue omitido por la Cámara.
En cuarto término, cuestiona la falta de confrontación entre los montos de los cheques rechazados y los recibos presentados para acreditar el supuesto pago. Refiere que los valores rechazados totalizaban $331.000, mientras que uno de los recibos cuestionados pretendía justificar un pago de $465.000 por lo que los recibos no reflejaban pagos efectivamente realizados.
En quinto lugar, no fue valorado que, al responder la intimación de restitución de las maquinarias, López negó la obligación de devolverlas y sostuvo que la operación había sido íntegramente cancelada mediante cheques aceptados por la empresa. El recurrente entiende que esa manifestación constituye un reconocimiento expreso de la entrega de los valores como medio de pago y que debía ser confrontada con la explicación posterior vinculada con su extravío. Sostiene que, si el imputado afirmó que los cheques fueron entregados y aceptados por la acreedora, la posterior alegación de pérdida exigía una explicación específica, cuya ausencia configuraría un indicio de mala justificación.
En función de lo expuesto, considera que la pericia caligráfica, la pericia contable, las declaraciones de Figueroa y Sánchez, la discordancia entre los montos y la carta documento constituyen precisamente los indicios concretos cuya inexistencia afirmó la Cámara.
Asimismo, se agravia de la aplicación del principio in dubio pro reo. Sostiene que, para disponer o confirmar un sobreseimiento, no bastaba con la subsistencia de una duda, sino que era necesario justificar por qué los elementos reunidos permitían descartar razonablemente la hipótesis acusatoria.
II c. Terecer motivo de agravio:
Denuncia la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, en los términos del art. 454 inc. 1° del Código Procesal Penal.
Cuestiona que la Cámara haya descartado la configuración objetiva y subjetiva del delito de estafa mediante una interpretación restrictiva de los conceptos de ardid y engaño y que haya aislado el requisito del engaño previo del desarrollo integral de la relación contractual y de los actos sucesivos atribuidos al imputado.
Sostiene que la conducta investigada no podía ser reducida al posterior rechazo de determinados cheques, sino que debía analizarse desde el comienzo de la relación comercial y como una sucesión de comportamientos destinados a generar confianza, obtener la entrega de las maquinarias y evitar posteriormente el pago integral del precio.
Resalta las manifestaciones de la Contadora de la empresa, de apellido Medina en cuanto a que el imputado utilizaba esos valores para generar confianza y convencimiento en la empresa; que demoraba sucesivamente los pagos; que reemplazaba los cheques rechazados por otros pertenecientes a terceros; y que invocó la urgencia derivada de una supuesta contratación estatal para conseguir que la maquinaria le fuera entregada. Que sólo se habría abonado aproximadamente el cuarenta por ciento de la operación y que los restantes valores fueron rechazados por denuncias de extravío o robo.
Agrega que López habría aprovechado una confusión vinculada con la identidad de su progenitor y suscripto documentación contractual utilizando una identidad que no le correspondía.
También objeta que la resolución haya considerado decisivo que las órdenes de no pago fueran formalmente impartidas por los libradores y no directamente por López, pues entiende que correspondía determinar si el imputado intervino deliberadamente para provocar las denuncias de extravío y las consecuentes órdenes de no pago. Reitera que esa hipótesis encontraba sustento en la declaración de Alejandra Isabel Sánchez, en la cronología determinada por la pericia contable y en la circunstancia de que los valores ya se encontraban en poder de INGES S.R.L. al tiempo de formularse la denuncia.
Afirma que la Cámara fragmentó indebidamente la secuencia al separar la presentación inicial del imputado, la celebración del contrato, la entrega de cheques, los pagos parciales, la sustitución de valores, la denuncia de extravío, las órdenes de no pago y la posterior presentación de recibos cuestionados.
Sostiene, en definitiva, que el tribunal redujo el análisis a la falta de fondos o al rechazo de cheques entregados dentro de una relación comercial, sin examinar si el contrato había sido utilizado como vehículo del engaño.
De manera complementaria, cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal. Afirma que, pese a encontrarse frente a delitos de acción pública y a la existencia de elementos que, a su criterio, revelaban la incorporación de documentos espurios al expediente, el órgano acusador omitió promover la investigación correspondiente.
Sostiene que se habrían incorporado documentos presuntamente falsos en los expedientes individualizados en su presentación sin que se impulsara una investigación por falsedad documental.
Por otra parte, solicita el apartamiento de los integrantes de la Cámara de Apelaciones, del juez de control y del fiscal interviniente para continuar entendiendo en la causa.
Funda esa pretensión en el adelanto de opinión que atribuye a dichos magistrados respecto de la irrecurribilidad de la decisión vinculada con la entrega de las maquinarias.
Seguidamente, incorpora consideraciones relativas a la naturaleza registrable de los autoelevadores y a su titularidad dominial.
Invoca el art. 1895, inc. 2°, del Código Civil y Comercial y sostiene que, respecto de las cosas muebles registrables, no existiría buena fe sin inscripción a nombre de quien la invoca.
Asimismo, refiere que los autoelevadores se encontrarían alcanzados por la obligatoriedad de inscripción prevista en las disposiciones registrales citadas en su presentación.
Afirma que dichas maquinarias no fueron íntegramente abonadas y que continuarían registradas a nombre del fabricante y vendedor Toyota.
En definitiva, solicita que se revoque el Auto Interlocutorio n° 36/2026, dictado el 16 de abril de 2026; que se declare la nulidad de esa resolución y del Auto n° 765/2025; y que se disponga el reenvío de las actuaciones a la Fiscalía General, a fin de que se designe un nuevo fiscal para continuar interviniendo en la causa.
III. Así las cosas, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
Primera ¿Es admisible el recurso?
Segunda ¿Son procedentes las impugnaciones planteadas por el asistente técnico del querellante?
Tercera ¿Qué solución corresponde dictar?
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (fs. 43), nos pronunciaremos de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Martel; en segundo, la Dra. Saldaño y en tercer lugar, la Dra. Rosales Andreotti.
I. A la primera cuestión, el Dr. Martel dijo:
Inicialmente corresponde señalar que el recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, pues, como regla general, la resolución que confirma el auto que desestimó la denuncia por inexistencia de delito, resulta –por sus efectos– equiparable a definitiva. Entonces, en el caso se cumple con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva previstos para la procedencia del recurso de casación.
A la Primera cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Adhiero a la solución propugnada por el Sr. Ministro preopinante y voto en igual sentido.
A la Primera cuestión, la Dra. Rosales Andreotti, dijo:
El Dr. Martel da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en idéntico sentido.
II. A la segunda cuestión, el Dr. Martel dijo:
a. Al momento de interponer el recurso bajo examen el recurrente se agravió del tratamiento dispensado a los hechos oportunamente denunciados, por cuanto a su parecer, aquellos develaban la posible comisión de los delitos previstos en los art. 172 del C.P.
A su criterio, el Auto Interlocutorio n° 36/2026 incurre en arbitrariedad por omisión de prueba dirimente, valoración fragmentaria del material incorporado y falta de fundamentación lógica y legal.
Así también entiende, que el tribunal redujo el análisis a la falta de fondos o al rechazo de cheques entregados dentro de una relación comercial, sin examinar si el contrato había sido utilizado como vehículo del engaño.
En definitiva, encuadra sus planteos en las causales contempladas por el art. 454 incs. 1°, 2° y 4° del ordenamiento procesal.
De manera complementaria, cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal. Afirma que, pese a encontrarse frente a delitos de acción pública y a la existencia de elementos que, a su criterio, revelaban la incorporación de documentos espurios al expediente, el órgano acusador omitió promover la investigación correspondiente.
Solicita el apartamiento de los integrantes de la Cámara de Apelaciones, del juez de control y del fiscal interviniente para continuar entendiendo en la causa. Funda esa pretensión en el adelanto de opinión que atribuye a dichos magistrados respecto de la irrecurribilidad de la decisión vinculada con la entrega de las maquinarias.
Seguidamente, incorpora consideraciones relativas a la naturaleza registrable de los autoelevadores y a su titularidad dominial.
Afirma por último, que dichas maquinarias no fueron íntegramente abonadas y que continuarían registradas a nombre del fabricante y vendedor Toyota.
b. Puestas las actuaciones a mi decisión, y previo a ingresar al análisis de la presentación casatoria, a través de la cual la querella pretende conmover los argumentos vertidos por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhorto, por la que se confirmó la Sentencia del Juez de control de Garantías de Cuarta Nominación, que hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal, resulta menester consignar el hecho que motivó el archivo de las actuaciones por atipicidad.
1. Antecedentes del Caso:
Del cotejo de la causa se desprende, que el caso se originó por una denuncia realizada el día 05 de noviembre de 2018 por Carlos María Molas Aguiar en su carácter de apoderado del Parque S.A. en su calidad de concesionario oficial Toyota en Catamarca y de INGES S.R.L. en su calidad de comercializadora de productos Toyota material Handling (TMH).
A raíz de ello, la resolución Ministerial que establece la base fáctica de la imputación, describió el factum de la siguiente manera: "Que el día 16 de enero de 2018, en un horario que no se ha podido determinar con precisión, pero que sería en horario comercial JOSE MAURICIO LOPEZ, se hizo presente en el domicilio sito en avenida José R. Luna S/N, de esta ciudad capital, de la Provincia de Catamarca, lugar donde funciona el local comercial "TOYOTA DEL PARQUE S.A" y mediante ardid suficiente para el engaño, previo convencer a los responsables de la firma entre ellos Pablo David Avilés y aparentando solvencia económica, presentándose como dueño del Corralón Avenida, logro desapoderar a la empresa de mención de un AUTO ELEVADOR MARCA TOYOTA MODELO 8FG25B 8FG25B-14270 MODELO DE AÑO 2018, mediante compraventa realizada a través de solicitud de pedido núm. Tmh0003, habiendo LOPEZ entregado a cambio cheques de pago diferido y sin fondos del Banco Francés, para luego de los reclamos efectuados por los encargados de la empresa de mención, ya que los cheques entregados no pudieron ser cobrados, LOPEZ sustituir los mismos por cheques del Banco Galicia también de pago diferido, siendo estos los siguientes: No 20381731/ 20381732/ 20381733/ 20381734/ 20381735/20381736, los que tampoco fueron pagados por orden de no pago por parte de los emisores, logrando de esta manera López con este accionar estafar a la empresa "TOYOTA DEL PARQUE S.A" por la suma aproximada de $838.210,00 a la fecha 10/03/2022, causándole un perjuicio patrimonial y procurándose López un beneficio económico indebido".
Luego y en la oportunidad pertinente, la Fiscal a cargo de la causa, solicitó el sobreseimiento total y definitivo de José Mauricio López por el delito de estafa en calidad de autor (arts. 172 y 45 CP), con archivo de las actuaciones, en los términos del art. 346 inc. 2 CPP.
Fundamenta, que tras un examen integral de la prueba (testimonios, informes bancarios, pericias caligráficas y contables, además de la declaración del imputado), no se configuran los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal de estafa.
Señala que el caso se reduce a un conflicto de naturaleza estrictamente comercial, dado que existieron pagos parciales efectivamente recibidos por la empresa denunciante, y que los cheques rechazados fueron reemplazados o abonados en efectivo, lo cual desdibuja la existencia de un ardid fraudulento típico del ámbito penal.
Además, señala la falta de congruencia entre el hecho atribuido y las medidas procesales adoptadas durante la investigación, ya que se habla de un autoelevador modelo 2018, pero también se secuestró uno del año 2017, no comprendido en la imputación.
Concluye que no se advierte dolo directo ni una maquinación engañosa atribuible exclusivamente a López, sino la participación conjunta de padre e hijo en distintas operaciones, lo cual dificulta establecer una conducta dolosa unívoca.
En cuanto a los bienes, solicita que se disponga la entrega definitiva del autoelevador modelo 2017 al imputado, por no estar comprendido en la acusación ni en reclamo formal, y que el autoelevador modelo 2018 permanezca bajo su custodia como depositario judicial hasta la resolución final.
Apoya su postura en garantías constitucionales y en la dogmática penal de Ferrajoli ("nulla iniuria sine actione" y "nulla actio sine culpa"), que obligan a evitar la prosecución penal sin la comprobación clara de un hecho delictivo.
Así las cosas, la sentencia del Juez de Control de Garantía de IV Nominación, N° 765/2025, se ciñó a analizar la relevancia jurídico penal de la conducta enrostrada al encartado concluyendo que la maniobra denunciada resultaba atípica.
Dice: “..el análisis de las constancias de autos revela que la empresa denunciante recibió pagos parciales, aceptó cheques de terceros (incluso verificando su capacidad crediticia) y mantuvo con el imputado un trato comercial reiterado, lo cual evidencia que la disposición patrimonial no fue resultado de un engaño inicial, sino de una operatoria propia de un comercio. ”
“..El dolo en la estafa no puede presumirse del solo hecho de que los cheques fueran rechazados, pues la insolvencia sobreviniente o la falta de cobertura posterior no equivalen a un ardid inicial en los casos como este donde ha primado una operación comercial; ..”
“..la existencia de pagos parciales y la sustitución de cheques demuestran que no existió un plan ..”
“..Finalmente, la garantía de última ratio del derecho penal impide subsumir dentro del tipo de estafa situaciones que encajan mejor en el marco del derecho privado. El poder punitivo del derecho penal no puede ni debe ser utilizado para resolver disputas comerciales ni para suplir deficiencias en la gestión crediticia de las empresas,...”; “... En este orden de ideas, la falta de claridad sobre la existencia de un ardid idóneo y el reconocimiento de actos de cumplimiento por parte del imputado, impiden afirmar la configuración del delito de estafa. En consecuencia, adhiero a lo valorado y solicitado por la Fiscalía, debiéndose dictar el sobreseimiento total y definitivo de José Mauricio López en los términos del art. 346 inc. 2 CPP, por no acreditarse los elementos típicos requeridos por la figura penal.-”.
En relación a los bienes y su disposición, expreso: “…La denuncia inicial y la imputación fiscal se circunscribieron al autoelevador modelo 2018, sin que existiera una atribución expresa respecto del 2017. Esta falta de correlación entre la hipótesis acusatoria y la medida de secuestro obliga a reconocer que el mantenimiento de la cautela sobre el bien 2017 carece de sustento procesal y material.”
“.. resulta procedente disponer su entrega definitiva a José Mauricio López, tal como lo postula la Fiscalía, en tanto no existe controversia penal valida que lo afecte;..”; “..En cuanto al autoelevador modelo 2018, si bien es el que dio lugar a la imputación, no puede soslayarse que el propio dictamen fiscal ha solicitado el sobreseimiento por inexistencia de delito. En tal marco, y hasta tanto la resolución quede firme, se justifica que el bien se mantenga bajo la modalidad de depósito judicial a cargo del imputado,…”.
“..La postura de la querella en torno a que ambos bienes deben permanecer retenidos, parte de una premisa equivocada: considerar que cualquier incumplimiento en la cancelación del precio convierte la operación en ilícito penal y habilita la indisponibilidad absoluta de los bienes.
Sin embargo, y como se vino tratando, la estafa no puede confundirse con un incumplimiento contractual, incluso en operaciones de bienes registrables…”.
“….Es sabido el carácter de ultima ratio del derecho penal y la necesidad de ceñir las medidas cautelares a las garantías constitucionales de propiedad. Si la imputación principal pierde sustento y el tipo penal no se configura, como en este caso, mantener secuestrados los bienes deviene irrazonable e injustificado. Por ello, siguiendo el criterio fiscal, corresponde disponer la entrega definitiva del autoelevador 2017 al imputado, y la entrega del autoelevador 2018 en carácter de depósito judicial bajo su guarda, hasta la conclusión definitiva de la causa, cuestiones éstas que - repito- queda reservado al órgano judicial interviniente.”.
Asimismo, el AI Nº 36/26, discutido en esta instancia, convalidó por mayoría de votos, el pronunciamiento aludido anteriormente y el consecuente archivo dispuesto, con los siguientes argumentos: Voto del Dr. Rosales: “En el caso concreto, no se verifica la existencia de un ardid o engaño precedente, idóneo y determinante de la disposición patrimonial, por el contrario, la operatoria se inserta en el marco de una relación comercial en la cual los instrumentos fueron inicialmente atendidos, produciéndose con posterioridad su rechazo por "orden de no pago" de los libradores originarios, circunstancia que, por sí sola, no permite inferir la existencia de una maniobra defraudatoria. A ello se añade que el encartado, en su calidad de endosante, carecía de dominio sobre la provisión de fondos al momento del vencimiento, lo cual debilita aún más la hipótesis de un obrar doloso dirigido a defraudar.”
“..En tales condiciones, admitir que la mera entrega de cheques de pago diferido posteriormente rechazados configure, sin más, el delito de estafa implicaría desnaturalizar los elementos típicos del ilícito y extender indebidamente el ámbito de intervención del derecho penal a supuestos propios del incumplimiento de obligaciones de naturaleza comercial, en contradicción con el principio de intervención mínima del derecho penal aplicado por el juez de garantías.”
“..En tal sentido, no basta la mera invocación de un gravamen ni la transcripción de la decisión recurrida, sino que resulta exigibie la exposición clara, específica y fundada de los motivos de agravio que habiliten la revisión por parte de este tribunal, extremo que no se verifica en el caso.”
En su opinión, respecto los bienes en discusión, dijo: “..el recurrente se limita a reproducir el contenido del resolutorio que dispone la entrega definitiva del auto elevador modelo 2017, como así también, pero bajo la modalidad de depósito judicial, la entrega del auto elevador modelo 2018, sin formular en audiencia una crítica concreta y razonada que permita identificar el vicio o error judicial que se atribuye a la resolución impugnada.”.
“…A ello se añade que el punto cinco de la decisión
cuestionada no reviste carácter expresamente apelable conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Provincia de Catamarca, circunstancia que refuerza la improcedencia de su tratamiento en esta instancia…”.
“..En consecuencia, y aun cuando dicha disposición se
encuentre contenida en el mismo pronunciamiento que dispone el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, ello no habilita, por sí solo, la apertura de la competencia revisora respecto de aspectos que carecen de impugnabilidad autónoma. Por consiguiente, este tribunal se encuentra impedido de expedirse sobre el punto en cuestión.”
Voto del Dr. Brizuela: “..Del contenido de la causa penal en cuestión se puede divisar que el imputado López afrontó una acusación. consistente en haber empleado un engaño suficiente -mediante la apariencia de ostentar solvencia económica al presentarse como dueño de un corralón- para convencer a los propietarios de la concesionaria de vehículos "Toyota del Parque S.A." a llevar adelante la compraventa de un auto elevador -la cual fue efectivamente entregada por la concesionaria-, habiendo entregado a cambio cheques de pago diferido y sin fondos en una primera oportunidad, lo cual motivó el reclamo por parte de la firma comercial, por lo que López procedió a sustituirlos por otros cheques de igual naturaleza, los que tampoco fueron pagados por haberse librado orden de no pago por parte de los emisores, con todo lo cual logró finalmente estafar a la concesionaria al ocasionarle un perjuicio patrimonial y así obtener un beneficio económico indebido.”
“..Siendo la estafa un delito que exige en su faz subjetiva un dolo de tipo directo, es imprescindible dirimir la existencia de este ánimo delictivo en la modalidad de defraudación comercial expuesta por el apelante.”
“..El dolo como aspecto subjetivo solo puede mensurarse de acuerdo a los actos externos de la conducta del agente, y del legajo penal no se evidencia la completa maniobra ardidosa que se reclama.”.
2. Solución del caso:
A. Efectuadas las precisiones anteriores, corresponde brindar respuesta a lo aquí debatido, esto es, si la conducta atribuida al imputado es o no típica en los términos del art. 172 del CP, en el caso en concreto.
Es decir, que teniendo en cuenta los estrictos requisitos que exige la norma penal aludida, corresponde determinar, si se han acreditado los requisitos típicos de la figura escogida - como postula la parte recurrente - o si el suceso investigado resulta atípico - tal como lo consideraron los tribunales intervinientes.
A los efectos de maximizar la claridad de los motivos que informan esta decisión, se ordenará las impugnaciones formuladas, siguiendo un orden lógico, respetando su contenido pero no necesariamente el orden en el que fueron expuestas las críticas por el recurrente.
Con ese propósito, y en primer término, considero necesario destacar, que no obstante el recurrente invoca críticas de naturaleza formal y sustancial, la queja está centrada en la revisión del fallo en cuanto rechaza la tipicidad del hecho denunciado, lo cual conduce a abordar el análisis casatorio necesariamente desde la óptica del motivo sustancial para determinar si se ha configurado la inobservancia de la norma penal que entiende aplicable al caso (art. 172 del CP).
Bajo estas premisas, analizaré sintéticamente los requisitos típicos de la figura penal reclamada, para luego expedirme sobre su concurrencia al hecho de que se trata.
a) El delito de estafa consiste en obtener de otro una disposición patrimonial injusta, lograda a partir de un error producido por el despliegue del ardid o engaño con que actúa el agente.
Señala Donna, que en palabras de Anton Oneca, podríamos decir que la estafa consiste en “la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que determinando un error en una o varias personas las induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero”. (DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal Parte Epecial, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2016, Tomo II-B, p. 330).
Como se advierte, la figura requiere inexorablemente la existencia de una concatenación causal de sus elementos - ardid o engaño; error; disposición patrimonial y perjuicio patrimonial -, es decir, que exista un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo, cuyas maniobras engañosas lleven al error de la víctima, quien realiza un acto que menoscaba el patrimonio.
b) En un breve análisis de los elementos descriptos podemos decir, siguiendo a Soler, que “el ardid constituye el punto central de la teoría de la estafa”, definiéndolo como "el astuto despliegue de medios engañosos", que requiere "el despliegue intencional de alguna actividad, cuyo efecto sea el de hacer aparecer, a los ojos de cierto sujeto, una situación falsa como verdadera y determinante" (SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tea, Bs. As., 1970, Tomo IV, p. 285/6).
Respecto del “error”, que ocupa el lugar intermedio entre el ardid y la disposición patrimonial, destaca Molinario “que es preciso que la víctima haya sido inducida a error. No basta que haya caido en el por su propia torpeza.”. “El error debe derivar de las falsas apariencias presentadas por el sujeto activo.”. (MOLINARIO, Alfredo J., Los delitos, t. I, 1" impr., prep. y actualiz. Por Eduardo Aguirre Obarrio, Tea, Buenos Aires, 1996.)
En opinión de Gladys Romero, el error consiste en una representación mental que no responde a la realidad. Sin embargo, el error sólo tendrá relevancia típica si es el resultado de una acción engañosa. En efecto, el error para que sea relevante debe haber sido causado por el engaño y motivar la disposición patrimonial injusta y patrimonial. El error debe derivar directamente de las falsas apariencias presentadas por el sujeto activo.”
Concluye señalando que “el error es una idea falsa acerca de un hecho, a diferencia de la ignorancia que es una falta total de representación de los hechos.” (Los elementos del tipo de estafa, Ediciones Lerner, Buenos Aires, 1985, p. 103)
Núñez lo define como la "falsa noción sobre algo" (NÚÑEZ, Ricardo C., Derecho Penal Argentino, Parte Especial, Omeba, Bs. As., 1976, Tomo V, p. 304).
La doctrina en general participa de la tesis que considera idóneo el engaño siempre que resulte apto para producir error en la víctima, merced a lo cual resulta cardinal tener en cuenta el éxito que obtiene el victimario conforme la confianza de la víctima.
“..De tal suerte, si el autor ha usado fraude para engañar a la víctima y ésta ha padecido el error sin que las circunstancias se lo hagan imputable, el ardid o engaño ha sido idóneo.” (NÚÑEZ, ob. cit., p. 300)
En cuanto a la “disposición patrimonial y el perjuicio”, el tipo penal de la estafa exige que, a consecuencia del error, la víctima del engaño realice un acto de disposición patrimonial que cause un perjuicio patrimonial.
c) En lo que refiere al aspecto subjetivo de esta figura penal, diré que se trata de un tipo doloso que se integra por el conocimiento y la voluntad de la realización de los elementos objetivos del tipo, esto es, requiere que el autor conozca y tenga la voluntad de engañar y ocasionar un perjuicio patrimonial.
"el sujeto debe actuar con una intención lucrativa, ya que la fórmula legal exige que el autor engañe para defraudar a un tercero, esto es, para que, perjudicialmente, disponga de su propiedad o de la de un tercero en favor suyo o de otro. Por lo tanto, el engaño vinculado a un asunto de carácter patrimonial sólo se adecua a la figura de la estafa, si el autor tiende a defraudar..." (NÚÑEZ, ob. cit., p. 307).
En torno a ello, y no obstante las diferentes apreciaciones respecto de la extensión del tipo subjetivo de la estafa, es conteste la doctrina nacional al indicar que en el delito de estafa requiere para su configuración tanto el conocimiento como la voluntad de causar un daño patrimonial mediante el ardid o el engaño.
B. En este marco, y en el examen complexivo de estas cuestiones, nos conduce al análisis relativo a la idoneidad del ardid, es decir, evaluar si la maniobra engañosa desplegada por el autor resulta objetivamente apta, suficiente e idónea para inducir a error a la víctima y configurar un delito defraudatorio.
Debemos partir de la idea, de que los elementos de la tipicidad objetiva, ardid o engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio, ya no deben ser vistos como un simple proceso mecánico de causa y efecto, en el sentido de que el ardid causa el error, que a su vez causa la disposición patrimonial generadora de perjuicio; sino desde un prisma normativo, a partir del cual se pueda afirmar que, por caso, el error de la víctima cabe imputarlo objetivamente al ardid del sujeto activo, en sentido de hacerlo responsable de ello.
Por eso, tal relación de imputación, habrá de ser negada, cuando el error de la víctima no quepa atribuirlo valorativamente a la actuación del agente, sino de modo preponderante y en actividades regladas, al incumplimiento de las concretas normas de actuación, o deberes de vigilancia a cargo del sujeto pasivo, en cuyo caso tal yerro será de su exclusiva responsabilidad.
Lo que se trata de sostener aquí es la idea de que la negligencia extrema del sujeto pasivo corre del eje al error que podría haber provocado el sujeto activo con su actuar.
En este punto es importante tener en cuenta, que la ausencia de relación causal entre el ardid o engaño y el error, conduce inexorablemente a la atipicidad de la conducta. Y ello es así, en tanto el análisis de tipicidad también incluye el análisis de la idoneidad del engaño, a los fines de excluir rectamente la tipicidad objetiva.
De ello se sigue que respecto del “engaño” se exige una mínima idoneidad en concreta relación al sujeto pasivo, se trata de mantener un prudente equilibrio que permita verificar la necesaria vinculación entre el engaño y el error, el cual desaparece cuando el error se produjo por la mera negligencia del sujeto pasivo.
Entonces se hace esencial y complejo, en la interpretación del tipo de estafa, determinar cuándo las acciones de quienes interaccionan en el mercado son casos de engaño típico y cuándo, por el contrario, solamente manifestación de habilidad negocial penalmente irrelevante.
El tipo penal de la estafa protege el patrimonio en la medida en que su titular haya observado el comportamiento exigible en orden a su protección. Por lo tanto, la relación de riesgo entre el engaño y el error sólo se cubre cuando aquél sea idóneo para vencer los mecanismos de defensa puestos por el titular del patrimonio perjudicado, al no considerarse como tal al producto del comportamiento negligente de la víctima.
C. En la señalada dirección, no debe perderse de vista, que lo relevante, es que tanto el ardid como el engaño, mencionados en la norma penal, son formas de suscitar un error mediante la modificación de la verdad objetiva, y deben provocar un error en la persona a quien va dirigida y, consecuentemente, lograr de ella un acto dispositivo de propiedad pecuniariamente perjudicial.
Así, del marco teórico delineado, como del análisis de los fallos en examen, los que considero debidamente fundados, surge, que las maniobras ardidosas denunciadas por la parte querellante, no pudieron de alguna manera llevar a un error a la supuesta empresa víctima y determinar la consiguiente disposición patrimonial perjudicial. Esta falta de acreditación del ardid, determinó la atipicidad de la conducta endilgada al imputado López.
Del cotejo de autos puede observarse, que la persona denunciada, suscribió un contrato y presentó cheques como forma de pago y a fin de cancelar su deuda, por él endosados; y a la vez, quien debía hacer entrega del vehículo - autoelevador, aparentemente omitió la debida compulsa de información respecto del comprador o bien lo hizo defectuosamente, lo que denota un incumplimiento de los deberes de diligencia a su cargo, actuando a propio riesgo.
Parecería entonces, que el error no fue provocado por un despliegue de conductas por parte de Lopez, que logró vencer las defensas normativamente predispuestas por la propia empresa, sino que la disposición patrimonial se produjo, casi exclusivamente, por el incumplimiento de las normas de seguridad que la propia firma posee a su cargo.
En el sublite, López no exteriorizo ni completó con sus actos y/o acciones, los requisitos típicos del delito de estafa, desde que, conforme la prueba aportada a los autos en estudio, no simulo, como lo sugiere la querella, una calidad de la que carecía, que fuera determinante del error provocado en el ánimo de los empleados de la empresa, que a posteriori derivara en la disposición patrimonial perjudicial a su favor.
En rigor, López, no realizó ninguna conducta que pueda caracterizarse como una puesta en escena, ya que al haber firmado un contrato proporcionando datos relacionados a su actividad comercial, comprobada por la empresa denunciante, el comportamiento engañoso, estaría limitada a la entrega de cheques al portador como legítimo tenedor y su posterior falta de pago ante el rechazo al cobro.
Los argumentos expuestos, en consonancia a los esgrimidos en las resoluciones de las instancias previas, ponen de resalto la inexistencia de un hecho ilícito que amerite investigación y tratamiento en esta sede, máxime teniendo en cuenta el carácter de última ratio del derecho penal y que, en la especie se trata de debatir cuestiones estrictamente civiles, que habilitarían al denunciante a canalizar sus agravios en esa sede jurisdiccional.
Así lo sostuvo el Dr. Rosales mediante el voto emitido en el decisorio recurrido, cuando expresa: “..En tales condiciones, admitir que la mera entrega de cheques de pago diferido posteriormente rechazados configure, sin más, el delito de estafa implicaría desnaturalizar los elementos típicos del ilícito y extender indebidamente el ámbito de intervención del derecho penal a supuestos propios del incumplimiento de obligaciones de naturaleza comercial, en contradicción con el principio de intervención mínima del derecho penal aplicado por el juez de garantías.”
Por su parte el Juez de Garantías al respecto dijo: “Finalmente, la garantía de última ratio del derecho penal impide subsumir dentro del tipo de estafa situaciones que encajan mejor en el marco del derecho privado. El poder punitivo del derecho penal no puede ni debe ser utilizado para resolver disputas comerciales ni para suplir deficiencias en la gestión crediticia de las empresas, pues la expansión indebida del derecho penal hacia otros fueros como el civil o comercial conduce a un derecho penal simbólico, que erosiona las garantías básicas de todo individuo.”
En definitiva, los argumentos expuestos en los decisorios de instancias anteriores, son jurídicamente correctos y se basan en la falta del elemento volitivo, de la intención o voluntad, sobre un elemento del tipo objetivo, que elimina el dolo y vuelve atípica la conducta.
D. Del marco desarrollado se destaca también, que la figura penal tipificada en el art. 172 del Código Penal requiere para su configuración, entre otros elementos esenciales, el “animus defraudandi”, que debe estar implícito en la intención ex profeso elaborada y orientada al perjuicio o lesión de quien es sometido a los designios del autor y el delito se integra con ese propósito de lograr un beneficio indebido.
Se sostiene en el fallo impugnado que no se ha configurado en el caso el elemento subjetivo que requiere el tipo penal pues no hubo intención de "defraudar", no hubo un fin patrimonial lucrativo, y tal como lo indicara, siguiendo en este punto la postura tradicional, se requiere esa intencionalidad en el autor del fraude, independientemente del logro o no del propósito. La figura requiere para su configuración tanto el conocimiento como la voluntad de causar un daño patrimonial mediante el ardid o el engaño.
La intención del autor debe estar constreñida al ánimo o intención de defraudar. Y, tratándose de un elemento subjetivo de la figura, es indispensable que esa finalidad concurra positivamente de modo que, cuando no es así, la estafa queda excluida, de la misma manera en que se excluye cuando falta cualquier otro elemento.
“La orientación de la subjetividad juega un rol casi excluyente en el ardid, ya que el intento para lograr su concreción debe estar unido al engaño. Hacia él se encaminan los actos del sujeto activo; al minar la voluntad de la víctima y estar la subjetividad del autor en una línea que le permite la convicción de estar intencionalmente provocando el error en aquella, el elemento subjetivo debe ser ponderado como decisorio en la actividad estafadora” (Juan H. Sproviero, “Delitos de estafas y otras defraudaciones”, Tº 1, ed. Ábaco, 1998, pág. 58).
El Tribunal sentenciante, mantuvo la misma postura que el Juez de Control, en cuanto a la inexistencia del elemento subjetivo del tipo penal, sosteniendo que Lopez no actuó con intención de defraudar ni hubo un fin patrimonial lucrativo, pecuniario, ni un beneficio indebido, y por ende, el hecho denunciado resultó atípico porque el denunciado no persiguió un beneficio económico.
E. Ahora bien, sobre dicho elemento subjetivo se ha sostenido, que el dolo, como requisitos del tipo, no debe presumirse, sino probarse como todo hecho que se imputa al procesado, y su determinación es una cuestión de hecho que, por ser un acto de voluntad, debe ser deducible del comportamiento externo del sujeto activo.
Así, ese comportamiento externo debe formar parte de los hechos denunciados, de donde sea posible inteligir el elemento subjetivo.
El dolo es un hecho de naturaleza psíquica, deducible de conjeturas anteriores, y se determinará sobre la base de la índole del imputado, las manifestaciones precedentes del hecho, la causa para delinquir, la naturaleza de los medios empleados, la manera de obrar, etc.
En esta voluntad de realización del tipo objetivo para la presencia del perjuicio, cobra especial relevancia la precisa investigación del elemento subjetivo, cuando -como en el caso-, el denunciante planteó que la disposición patrimonial se motivó a raíz de las conductas desplegadas desde el inicio de la relación comercial entre Lopez y la empresa IGNES S.A. - TOYOTA DEL PARQUE, por ello entiende que: “.. la voluntad de las víctimas fue viciada desde la génesis de la relación comercial. El imputado se valió de su prestigio público y de una falsa solvencia financiera para generar un estado de confianza que anuló las prevenciones ordinarias de la empresa…”.
Resalto lo anterior porque el elemento subjetivo del tipo penal, esa intención de defraudar que alega el denunciante, no puede deducirse lógicamente, como intenta hacerlo, de la plataforma fáctica acreditada en autos.
Al respecto el Juez de Garantía expresó: “...El dolo en la estafa no puede presumirse del solo hecho de que los cheques fueran rechazados, pues la insolvencia sobreviniente o la falta de cobertura posterior no equivalen a un ardid inicial en los casos como este donde ha primado una operación comercial;...”; “...por lo que, en consecuencia, no es posible sostener que la conducta atribuida configure per se el delito de estafa, cuando se advierte una cadena de transacciones que fueron cumplidas parcialmente y en las que existió voluntad de pago, aunque insuficiente a posteriori.”.
“..Otro aspecto central es la valoración de los recibos y pagos en efectivo efectuados por el imputado, que si bien han sido cuestionados por la parte querellante en cuanto a su formalidad, no pueden ser descartados como actos de cumplimiento…”
“..la existencia de pagos parciales y la sustitución de cheques demuestran que no existió un plan preconcebido de defraudar, sino una relación comercial fallida.”.
“En este orden de ideas, la falta de claridad sobre la existencia de un ardid idóneo y el reconocimiento de actos de cumplimiento por parte del imputado, impiden afirmar la configuración del delito de estafa”.
A su vez, el Dr. Brizuela de la cámara de Apelación y Exhorto dijo: “Siendo la estafa un delito que exige en su faz subjetiva un dolo de tipo directo, es imprescindible dirimir la existencia de este ánimo delictivo en la modalidad de defraudación comercial expuesta por el apelante. Esta indagación implica el problema de verificar una maniobra engañosa en aquellos negocios jurídicos en los que se promete una prestación futura ya que como aducen los autores "Lo que está en el futuro, no es como tal un hecho y por lo tanto, una afirmación sobre lo que está situado en el futuro, no constituye una afirmación de un hecho" (Mezger, "Derecho Penal", citado por G. Romero en "Delitos de estafa" p. 118. Ed. Hammurabi). Aquí López asumió un compromiso sobre algo futuro, el de ir pagando el precio del vehículo en cuestión, sobre la base de una afirmación que es actual, consistente en que tenía la capacidad o solvencia necesaria para afrontar el costo de la operación”.
De tal forma, no se probó la creación de una impostura apta para eludir la perspicacia del personal de la empresa y de ello deviene la atipicidad de los hechos reprochados a Lopez y su consecuente absolución por el delito de estafa.
E. Memorando de lo precedentemente expuesto, y en relación a los elementos esenciales del tipo, el error representa el resultado de la acción engañosa y se convierte en causa de la disposición patrimonial, por lo que representa un criterio distintivo entre el fraude punible y el fraude que solo produciría consecuencias civiles.
Entonces, y de acuerdo surge de la prueba aportada, como de lo declarado por el propio imputado, éste celebró un acuerdo con la firma denunciante a fin de la adquisición de una máquina autoelevadora, para la explotación de su actividad comercial, y para la cual convinieron una forma de pago. Luego, por motivos aparentemente ajenos a Lopez, no se cumplió con los pagos comprometidos por éste.
El escenario descripto, en función con la prueba aportada y los conceptos relativos a la figura en estudio, demuestra que el o los hechos externos que el a quo tuvo por cumplidos, no demuestran y no puede deducirse de ellos, el error en el que supuestamente hicieron incurrir al sujeto pasivo.
Es que ante las distintas actividades llevadas a cabo por las partes en la operación comercial, siendo el imputado una persona de negocios, con actividad en el rubro, incluso con comprobantes de las disposiciones que realizaba, queda en evidencia que el posible perjuicio relatado por el denunciante, en virtud de los acuerdos transaccionales expuestos, y los propios actos unilaterales, aparece más como una negligencia manifiesta de la empresa víctima, que como consecuencia de maniobras engañosas del sujeto activo.
En este contexto, cabe traer a colación lo sostenido en párrafos anteriores, siguiendo por la doctrina mayoritaria, en cuanto a que no hay estafa si el error proviene de negligencia del sujeto pasivo y no, precisamente, de engaño que, a no mediar esa negligencia, hubiere sido superado.
Precisamente, reviste verdadera significación delimitar la potencialidad que debe tener el engaño como presupuesto de la falsa noción sobre algo (error), pues esa será una tarea fundamental a emprender por el juzgador para adecuar el grado de responsabilidad penal que habrá de caberle al autor, ya que de la subsunción de la norma al caso podrá derivarse la atipicidad o no, conforme la comprobación del quiebre de defensas intelectuales predispuestas, sujetas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que condicionaron el acto.
De lo hasta aquí desarrollado, y por la naturaleza de los hechos comprobados –negociaciones para concretar la adquisición de maquinaria- sumado a la calidad del sujeto activo y pasivo, no se puede deducir lógicamente que el encartado haya defraudado al denunciante, con lo que queda sin demostración que haya querido de modo directo el hecho imputado –elemento subjetivo del tipo penal- o ese resultado.
Es decir que, si no se acreditó en el caso la imprescindible presencia de un engaño fraudulento inicial a la contratación, los hechos imputados podrán ser reprochables desde lo moral o podrán tener consecuencias civiles, pero no existe “conducta típicamente punible”.
El dolo no se probó en ninguno de los hechos, ni aun considerándolos en conjunto como una maniobra, y el evidente error de tipificación no puede llevar sino a la absolución del encartado por el delito de estafa.
Al respecto, el a quo, en línea y haciéndose eco de lo resuelto por el Juez de control de Garantías, sostuvo que, “... no resulta posible verificar el elemento subjetivo del tipo, en tanto el dolo propio de la estafa no puede presumirse del solo hecho de que los cheques hayan sido rechazados. A tal fin, señaló que la insolvencia sobreviniente o la falta de cobertura posterior no equivalen a un ardid inicial en aquellos supuestos en los que ha mediado una operatoria comercial”.
En el caso se advierte, que la conducta pretendida, luego de evaluar los dichos vertidos por la denunciante, como la demás prueba aportada a la causa, no constituye el delito de estafa, ya que no se verifica la existencia del ardid o engaño requerido por la figura típica, sino que responde a un incumplimiento de orden contractual, ajeno al derecho penal.
Comparto por ello, los fundamentos expuestos por los tribunales inferiores que se expidieron al respecto, en consonancia con lo dictaminado oportunamente por la agente Fiscal del caso, en cuanto sostienen que no es en la esfera penal donde debe dilucidarse la cuestión de mala fe entre los contratantes, por tratarse de una situación que excede este derecho y tiene por objeto obtener una solución favorable a intereses particulares.
Al respecto destaco lo expresado en su resolución por el Juez Sago “la garantía de última ratio del derecho penal impide subsumir dentro del tipo de estafa situaciones que encajan mejor en el marco del derecho privado. El poder punitivo del derecho penal no puede ni debe ser utilizado para resolver disputas comerciales ni para suplir deficiencias en la gestión crediticia de las empresas, pues la expansión indebida del derecho penal hacia otros fueros como el civil o comercial conduce a un derecho penal simbólico, que erosiona las garantías básicas de todo individuo. En este orden de ideas, la falta de claridad sobre la existencia de un ardid idóneo y el reconocimiento de actos de cumplimiento por parte del imputado, impiden afirmar la configuración del delito de estafa…”
Es que tal como lo resaltó el juez de Garantía, confirmada luego por el tribunal a quo, se verifica en la causa, una ausencia de sucesos idóneos que permitieran impulsar la acción penal, por lo que confirmó la desestimación de la denuncia y el archivo de las actuaciones.
En este contexto, no es posible considerar, como lo pretende la parte querellante, que lo ocurrido no se limite a un mero incumplimiento contractual, y como tal, puede hallar cauce en sede del fuero represivo, pues no ha quedado evidenciado el dolo requerido por la figura contenida en el artículo 172 del código Penal.
En efecto, “lo que caracteriza a un “negocio jurídico criminalizado” frente a un negocio jurídico civil, lícito y posteriormente incumplido (del cual surgiría una responsabilidad contractual privada), es que en ellos existe una discordancia entre la voluntad interna de no cumplir y enriquecerse y la exteriorizada y engañosa que manifiesta un propósito de cumplimiento inexistente, residiendo ahí el engaño” (Jorge E. Buompadre en “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Tomo 7, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2009, pág. 98).
Por ello entiendo acertado el razonamiento esgrimido por los tribunales de grado inferior, que precisaron que las conductas prima facie ardidosas del imputado (a través de las cuales habría logrado inducir a error a la empresa denunciante) no implica el perfeccionamiento del delito de estafa denunciado, porque no hubo un acto de disposición que generara un perjuicio patrimonial, y determinar lo contrario, llevaría a una aplicación inadecuada de la norma de derecho, que la desvirtúa y la vuelve inoperante en el caso.
F. De lo hasta acá consignado no se advierte arbitrariedad alguna en la valoración de los hechos por parte del tribunal, ni tampoco una errónea aplicación de la ley sustantiva, sino que por el contrario, comparto que el plexo probatorio obrante en autos sólo permite arribar a la conclusión desincriminatoria confirmada por los judicantes, pues no se configuran los elementos del tipo penal en juego.
En efecto, los sentenciantes, en uso de sus propias facultades, escogieron, valoraron e hicieron convicción sobre las pruebas e indicios serios, precisos y concordantes que analizaron en su decisorio respecto de la denuncia en contra de Lopez, brindando los esenciales y fundamentales argumentos para motivar su conclusión.
Es dable puntualizar al respecto, que para tener por debidamente acreditada su postura desestimatoria de los sucesos supuestamente realizados o que se le atribuyen al imputado, los magistrados de la instancia anterior tuvieron en cuenta distintas probanzas: “Denuncia de Carlos M. Molas Aguiar en representación de "INGES SRL Y DEL PARQUE S.A" obrante a fs 02/04, copia de documentación adjunta a fs 05/29; Acta de procedimiento a fs 40; Acta inicial de actuaciones a fs 44/44 vta; Declaración testimonial de Sandra Esther Medina a fs 50/52; Informe operaciones de López José Mauricio y López José Luis a fs 53/54/55; copia documentación obrante a fs. 56/67; Presentación del imputado López José Mauricio, adjuntado copias de documentación obrante a fs 68/102; Acta de entrega de elemento secuestrado a fs 103; documentación aportada por López José Mauricio a fs 107/126; copia carta Documento y acuse de recibo a fs 120/131; Acta de entrega de elemento secuestrado a fs 133; Copia de documentación aportada por el Imputado López a fs 195/200 y de fs 201/219;
Informe del Banco Galicia a fs 225/253; Declaración testimonial de Sandra Esther Medina a fs 269/270, copia informe-consulta de información a fs 271/288; Informe BBVA a fs 298/300; Declaración testimonial de Carlos María Molas Aguiar a fs. 302/303; Declaración testimonial de Rolando Elio Avilés a fs 304/305; Declaración testimonial de Castrellon González. Arturo Gregorio a fs 307/308; Informe del Banco Galicia a fs 327/330; Declaración testimonial de Figueroa Gonzalo Rubén a fs 341/342; Declaración testimonial de Alejandra Isabel Sánchez a fs 359/359 vlta; presentación informe empresa INGES SRL y DEL PARQUE S.A. a fs 363/364; Informe de la Contadora DE KESSERU MARIA LAURA a fs 371/372; cuerpo de escritura de fs 405/412; Perícia caligráfica -documentológica a fs 413/436; Copia de recibos de fs 439/441;
Planilla de Antecedentes penales de López José Mauricio a fs 583; Informe Socio Ambiental a fs 593/594.
Justamente, debe destacarse que los sentenciantes de la instancia previa, han efectuado en el caso, un examen global y abarcativo de los distintos elementos probatorios disponibles, evitando fragmentarlos, de modo de conservar la visión de conjunto y la correlación que, sin espacio para la duda, han arrojado certeramente los distintos elementos para consagrar su decisión.
Así, la resolución impugnada, en lo relativo a la ponderación de las pruebas, a la acreditación de la ocurrencia de los hechos juzgados y a la participación que le cupo al encausado López, se encuentra correctamente fundada y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento.
Frente a este panorama, cobra relevancia mencionar nuevamente, el contexto en el que las maniobras investigadas fueron ejecutadas. Es que la conducta reprochada a Lopez se dio en el marco de una situación de negocios, donde no se pudo demostrar que los actos del denunciado, hayan configurado el elemento subjetivo que requiere el tipo penal, pues no hubo intención de defraudar.
Ante esto, considero necesario destacar también, que las diversas decisiones adoptadas a tal efecto fueron precisas en destacar que las conductas sobre las que recaen la denuncia, no se encuentran previstas por la figura en las que pretende la querella encuadre.
En esta dirección, y en consonancia con lo que oportunamente dictamino la fiscal de la causa, los órganos judiciales que conocieron y resolvieron en la etapa previa, remarcaron correctamente que lo determinado por la agente Fiscal, refleja la falta de idoneidad del ardid desplegado por el imputado; sus conductas no reflejan la configuración de una concreta actuación dolosa tendiente a engañar a la empresa proveedora de la maquinaria y con ello lograr la disposición patrimonial perjudicial en su beneficio, y el consecuente perjuicio a la firma querellante que de ello directamente se derivó.
Por su parte, los argumentos expuestos por la defensa, no permiten refutar los elementos probatorios que acreditan la versión asumida por la mayoría de la Cámara de Apelaciones, en tanto no constan en lo manifestado por el recurrente argumentos sólidos que permitan distanciarse de lo acreditado por el juzgador.
Subrayó su discrepancia con el a quo, en torno a que no solo no resulta necesaria para la configuración del delito de referencia el dolo preexistente, sino que además, en el caso, tal circunstancia si exquisito, y dice al respecto: “....el a quo al exigir dogmáticamente un engaño previo a la disposición patrimonial, desatiende la interpretación pacífica del art. 172 del Código Penal. La cláusula residual "valiéndose de cualquier otro ardid o engaño" otorga al tipo penal una casuística abierta. En el sub examine, nos encontramos ante una estafa contractual donde la voluntad de las víctimas fue viciada desde la génesis de la relación comercial…”.
Afirma que los hechos encuadran en la figura de estafa contractual, que las conductas realizadas desde el inicio de la relación comercial por el imputado, dan cuenta que son maniobras desarrolladas por Lopez, que configuran la figura penal que denuncia.
La posición asumida, muestra estrictamente una discrepancia con la forma en la que el Tribunal a quo valoró los distintos elementos de prueba incorporados a la causa, toda vez que no funda de manera fehaciente de qué manera dicha valoración ha sido errónea, a los fines de demostrar el error jurídico al que se refiere.
Es que en su opinión, la pericia caligráfica, la pericia contable, las declaraciones de Figueroa y Sánchez, la discordancia entre los montos y la carta documento enviada por Lopez, constituyen indicios concretos de la maquinación fraudulenta desplegada por el imputado y cuya inexistencia afirmó la Cámara de Apelaciones.
En este sentido observo, que el aserto expuesto por el Tribunal a quo, en el marco convictivo reseñado, disipa toda posibilidad de darle credibilidad a los argumentos defensivos del querellante cuando señala que, “..El imputado se presentó invocando la titularidad de un reconocido corralón y contratos vigentes con el Estado. Incluso, bajo un pretexto de identidad compartida confundiendo ardidosamente su identidad con su progenitor, suscribió el boleto de compraventa falseando la identidad del firmante, aprovechándose de la celeridad que el negocio exigía,...”, “..Esta apariencia de solvencia y respaldo en el mercado de la construcción fue el factor determinante que indujo a error a las víctimas...”.
Es que, en rigor y a pesar de lo extenso del escrito que contiene la impugnación, el querellante se limita a reiterar su peculiar punto de vista sobre la alegada tipicidad de la conducta denunciada (estafa contractual), sin exponer una crítica pormenorizada a los argumentos de la Fiscal, validados luego por el juez de Control de Garantía y confirmado por el voto mayoritario de Tribunal a quo.
La obligación de expresar razones fundadas que revistan concreta entidad para demostrar yerros de logicidad o irrazonabilidad o la errónea aplicación de la ley sustantiva, no lo logra ni se supera con invocar la presunta vulneración de derechos de raíz constitucional.
Por tales razones, como la querella no han logrado demostrar que el tribunal de juicio ha caído en el absurdo, en la arbitrariedad o ha violado las leyes de la sana crítica racional al momento de ponderar la evidencia en su contra, deviene adecuado afirmar que los motivos que fundamentan la decisión impugnada constituyen una derivación razonada del derecho vigente y valora las pruebas de la causa de acuerdo con la lógica y las leyes.
En este entendimiento y en otro andarivel, es de destacar y como es sabido, que si en el recurso de casación se aduce la falta de motivación por ilogicidad de la sentencia recurrida, el control del decisorio se enfoca en comprobar si la decisión cumple con los requisitos mínimos de validez, logicidad y fundamentación legal exigidos por el derecho.
Por su parte, quien alega tal deficiencia, debe evidenciar y demostrar acabadamente violación a las leyes de la lógica, a las normas de la experiencia común, de la psicología y del recto entendimiento humano, es decir la existencia de un vicio en el razonamiento probatorio, específicamente a la infracción de las reglas de la sana crítica que habilite la nulidad de la sentencia.
Se advierte, pues, que el recurso se apoya en meras discrepancias valorativas con el análisis efectuado en la anterior instancia, a partir de la interpretación de las particulares circunstancias del caso y, en este sentido, las razones expuestas en la impugnación no configuran agravios fundados en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), ni invocan graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605) o alguna cuestión federal debidamente fundada (Fallo: 328:1108).
Aquellas críticas relacionadas con: la falta de autenticidad de los recibos acompañados por la parte denunciante, el extravío de cheques, la declaración testimonial de los empleados de la empresa de Lopez, la falta de coincidencia en los montos consignados en los recibos de pago y los cheques extraviados, el reconocimiento por carta documento de la entrega de cheques como parte de pago efectuada por el imputado, no consiguen demostrar por qué razón el fallo de la Cámara Penal no resulta de una ajustada valoración de la prueba incorporada a la causa.
Por otro lado, tampoco resultan ser argumentos de peso aquellos relacionados con las manifestaciones de la Contadora de la empresa denunciante, en cuanto a que “..el imputado utilizaba esos valores para generar confianza y convencimiento en la empresa; que demoraba sucesivamente los pagos; que reemplazaba los cheques rechazados por otros pertenecientes a terceros; y que invocó la urgencia derivada de una supuesta contratación estatal para conseguir que la maquinaria le fuera entregada …”.
Todas estas circunstancias no resultan ser una consecuencia directa del supuesto ardid llevado adelante por López, precedente y determinante en la disposición patrimonial; en todo caso, y como anteriormente lo expresé, la figura penal se confunde con simples incumplimientos contractuales propios de otro fuero como el civil o comercial.
Desde este marco, es importante también, resaltar lo dicho por Lopez en su defensa, cuando manifiesta “..Niego los hechos que se me imputan, jamás intente defraudar a nadie, simplemente con mi padre decidimos comprar unas máquinas para la empresa familiar, pagando con cheques que recibíamos de nuestros clientes y de la venta de bienes propios,...”; “... Dichos cheques se fueron cobrando con normalidad por parte de Toyota del parque o la sociedad comercial INGES S.R.L. y cuando empezaron a ser rechazados se pagaban en efectivo, nunca me ausente, siempre fui a intentar arreglar,...”; “... Niego haber tenido conocimiento que los cheques no se iban a cobrar, esa verificación la debía hacer la empresa que recibe los cheques, que, de hecho, es lo que nos mencionaron cuando los entregamos, que ellos verificaron con sus libradores la capacidad crediticia y la solvencia y que era una política de la empresa Toyota del parque recibir cheques endosados de terceras personas, por lo que entendí que tenían experiencia al respecto.”
“A partir de eso, empezamos a recibir más cheques por nuestra actividad comercial y de la venta de algunos bienes y los pasábamos directamente a la empresa Toyota del parque para cancelar ambas máquinas, con la tranquilidad de que ellos mismos chequearon y se contactaron con los libradores para asegurar los respectivos pagos, sin perjuicio de haber endosado los mismos, lo que demuestra que no existió por parte mía ningún tipo de ardid o engaño, ya que personalmente endosaba los cheques,...”
Además y a fin de conformar la validez de sus dichos, el imputado agrego a la causa recibos de supuestos pagos parciales efectuados, los que obviamente fueron rechazados y desconocidos por la contraria, atento no se corresponden con los sellos auténticos de la empresa y las firmas no pertenecerían al patrimonio gráfico de Pablo David Avilés.
No queda claro cuáles son las conclusiones y criticas propuestas por la defensa en relación con la incorporación de los recibos presentados por López. Más aun cuando observo, que las decisiones jurisdiccionales dictadas al respecto —desestimación de denuncia por inexistencia de delito y rechazo a la pretensión de la firma denunciante— han descartado, mediante un análisis detallado y completo de las constancias de la causa y las concretas alegaciones de la parte, la hipótesis delictiva pretendida por la empresa querellante.
El a quo consideró -con remisión a lo dispuesto por el Juez de Garantías como al dictamen fiscal- que la hipótesis delictiva no supera el umbral mínimo exigido por el Código Procesal Penal para proceder a la investigación en un proceso penal de los hechos allí denunciados.
No obstante que la parte interesada, no expresó fundamentos concretos para refutar en forma adecuada lo que el tribunal de grado inferior expuso en su decisión final, señalando que el tipo legal pretendido es atípico porque no se observa que los hechos de autos encuadren en el elemento típico objetivo de la figura delictiva.
G. Por último, en cuanto a la mención efectuada por la querella, relativa a que el Tribunal a quo ignoró la solicitud de apartamiento de los integrantes de la Cámara de Apelaciones, del juez de control y del fiscal interviniente para continuar entendiendo en la causa, en el entendimiento que existió adelanto de opinión de los magistrados respecto de la irrecurribilidad de la decisión vinculada con la entrega de las maquinarias. Adelanto que tal planteo no será de recibo.
Igual surte correrá, la crítica en relación a que las maquinarias secuestradas, al ser bienes registrables, seguirán en poder de la empresa y por lo tanto la resolución que ordena la entrega de uno de ellas al denunciado carece de fundamentos, pues a criterio del recurrente, resultaría contraria a la norma que lo regula - el art. 1895, inc. 2°, del Código Civil y Comercial.
De lo precedentemente expuesto, quedó demostrado la atipicidad del delito de estafa, por no acreditarse el elemento subjetivo del tipo. En consecuencia y necesariamente se debe desechar la posibilidad de valorar los hechos que pretende la querella en torno a que ambos bienes deben permanecer retenidos por la empresa denunciante, pues al no configurarse el delito denunciado, carece de sustento la medida cautelar ordenada.
Por ello, encuentro razonable lo dicho al respecto por Juez de Control de Garantías “Si la imputación principal pierde sustento y el tipo penal no se configura, como en este caso, mantener secuestrados los bienes deviene irrazonable e injustificado”.
Entonces, bajo esta línea conceptual, según lo antes referido respecto de las medidas ordenadas, y de la plataforma fáctica acreditada por el a quo, no se observan motivos excepcionales que autoricen a apartarse de lo allí dispuesto.
Y en este sentido, el Tribunal de instancia anterior ha resuelto “del análisis del escrito recursivo de fs. 652/653 de autos no se advierte el desarrollo de un agravio autónomo dirigido a cuestionar el punto de dicha decisión, sino que el recurrente se limita a reproducir el contenido del resolutorio que dispone la entrega definitiva del auto elevador modelo 2017, como así también, pero bajo la modalidad de depósito judicial, la entrega del auto elevador modelo 2018, sin formular en audiencia una crítica concreta y razonada que permita identificar el vicio o error judicial que se atribuye a la resolución impugnada2; “…resulta exigibie la exposición clara, específica y fundada de los motivos de agravio que habiliten la revisión por parte de este tribunal, extremo que no se verifica en el caso”.
Y continua diciendo: “A ello se añade que el punto cinco de la decisión cuestionada no reviste carácter expresamente apelable conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Provincia de Catamarca, circunstancia que refuerza la improcedencia de su tratamiento en esta instancia. En consecuencia, y aun cuando dicha disposición se encuentre contenida en el mismo pronunciamiento que dispone el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, ello no habilita, por sí solo, la apertura de la competencia revisora respecto de aspectos que carecen de impugnabilidad autónoma. Por consiguiente, este tribunal se encuentra impedido de expedirse sobre el punto en cuestión”. (voto del Dr. Rosales).
La realidad es que la hipótesis que supo emplear el impugnante relativa a la falta de motivación de la resolución, luce rebatida por las circunstancias mencionadas precedentemente, no merituando la cuestión un mayor análisis al respecto.
Por lo expuesto, entiendo que el razonamiento de los magistrados de grado, que votaron en mayoría, no presenta fallas de logicidad, ni es arbitrario y contiene elementos necesarios para ser un acto jurisdiccional válido.
En consecuencia, corresponde declarar inadmisible la pretensión recursiva, y en base a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el Dr. Herman Lídoro Zalazar, en representación del querellante particular Pablo David Avilés, en contra del Auto Interlocutorio N° 36/2026 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Así voto.
A la Segunda cuestión, la Dra. Saldaño, dijo:
Adhiero a los motivos y a la solución propugnada por el Sr. Ministro preopinante, por ello, doy mi voto en el mismo sentido.
A la Segunda cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
El Sr. Ministro que lidera el acuerdo da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Herman Lídoro Zalazar, en representación del querellante particular Pablo David Avilés.
2. No Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el querellante particular, en contra del Auto Interlocutorio N° 36/2026 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos.
3. Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
4. Protocolícese, notifíquese y bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia