Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar los actos apelados en todas sus partes, con costas
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $337.329 (pesos trescientos treinta y siete mil trescientos veintinueve) equivalente a 52,15 (cincuenta y dos con 15/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $843.323 (pesos ochocientos cuarenta y tres mil trescientos veintitrés) equivalente a 130,38 (ciento treinta con 38/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°28/2021 (9/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-18483262-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 25 de Febrero de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. 49.822-I, caratulado “LOPEZ JUAN CARLOS s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 116/130 vta. obra recurso de apelación interpuesto por el Sr. Juan Carlos López contra dos resoluciones dictadas el 27 de febrero de 2019 por la Dirección Regional Centro de la AFIP- DGI. En la primera de ellas, se estableció la responsabilidad personal y solidaria del apelante respecto de la deuda determinada e intimada a la firma Rock Argentina S.A. por el Impuesto a las Ganancias 2012, liquidándose también accesorios. Asimismo, se hizo reserva de aplicar sanciones en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769 (fs 7/43). Por su parte, en otro acto que luce a fs. 44/81, se atribuyó la responsabilidad personal y solidaria en los mismos términos expuestos anteriormente pero respecto al IVA 01/2012 a 04/2012 más accesorios; dejando en suspenso la imposición de multa conforme lo previsto por el art. 20 de la Ley Penal Tributaria. En primer lugar, relata que sendas determinaciones de oficio efectuadas al deudor principal Rock Argentina S.A. - con fecha 30 de octubre de 2018- no pudieron ser apeladas dado que su presidente y único director desde 2014 se encontraba privado de su libertad. Expresa que en virtud de esta circunstancia de fuerza mayor, la empresa no fue efectivamente notificada, ni pudo ejercer su derecho de defensa contra ajustes que no responderían a la verdadera capacidad económica de la firma con lo cual es nulo todo lo actuado e improcedente la extensión de responsabilidad solidaria.
A su vez, puntualiza que del análisis de los Estados Contables oportunamente aportados, la firma antes mencionada se encontraba en una crisis económica y financiera que tornó imposible el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En tal sentido, invoca el eximente de responsabilidad previsto en el artículo 8, inciso a), de la ley de rito.
Plantea, en forma subsidiaria (vide fs. 121 vta.), que siendo que Rock Argentina S.A. presentó declaración jurada de “confirmación de datos” en los términos del artículo 85 de la ley 27.260, la fiscalización no respetó las normas del bloqueo fiscal allí establecido, solicitando que se decrete la nulidad de las actuaciones. Aduce la improcedencia de la impugnación de las facturas de compra efectuadas por Rock Argentina S.A., y pide el cómputo del crédito fiscal en el IVA y de los gastos en el Impuesto a las Ganancias. Además, se agravia de la presunción del art. 18 inc. g) de la ley de rito fiscal por la diferencia entre acreditaciones bancarias y ventas declaradas, puntualizando que no existió una debida depuración. Finalmente, expone la irrazonabilidad e ilegalidad de la presunción de ventas omitidas netas adicionando el IVA, en contraposición con lo dispuesto por el art. 10 de la ley de ese gravamen.
Ofrece prueba informativa y pericial contable. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoquen los actos apelados. Con costas.
II. Que a fs. 137/149 obra escrito de contestación del Fisco Nacional.
Pone de relieve que la firma Rock Argentina no cuestionó las determinaciones de oficio realizadas respecto del IVA, períodos 1 a 4/2012, y el Impuesto a las Ganancias 2012; calificando de inaceptable el argumento de que tales actos no se pudieron recurrir por encontrarse detenido quien al momento de la fiscalización ostentaba el cargo de Presidente de Directorio, ello en virtud de que la empresa podía ser representada por otros socios y/o representantes legales.
En efecto, resalta que el Sr. López se desempeñaba como Director Titular y Presidente de Rock Argentina S.A., al vencimiento del período fiscal inspeccionado y que se encontraba autorizado para disponer fondos de la empresa (vg. firma de cheques). Expone que a partir de ello, la atribución de responsabilidad solidaria surge del art. 8 inciso a) de la ley, habiéndose seguido con el procedimiento allí dispuesto y garantizando que la recurrente pudiera ejercer su derecho de defensa.
Con relación a la aplicación del artículo 85 de la ley 27.260, la representación fiscal sostiene que no fue acreditada la presentación de la declaración jurada denominada “confirmación de datos” como tampoco el Formulario 408/NM para allanarse de la pretensión fiscal.
Respecto a la supuesta improcedencia de impugnación de operaciones comerciales, señala que lo que se puso en tela de juicio fue la efectiva concreción de las mismas, presumiéndose su inexistencia. Por su parte, subraya que resultó válida la presunción del artículo 18 inciso g) de la ley de rito, debiendo la recurrente probar en contrario el ajuste realizado.
Finalmente, invoca la procedencia de la liquidación de intereses resarcitorios, toda vez que no fueron objeto de agravio en el recurso incoado.
Se opone a la producción de prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirmen los actos apelados. Con costas.
III. Que a fs. 180/vta. obra acta de audiencia celebrada en los términos del art. 173 de la ley de rito fiscal, obrando a fs. 181 el auto de apertura a prueba, en el que se hizo a lugar a la informativa ofrecida.
Que mediante PV-2021-81370794-APN-VOCX#TFN se requirió al Fisco Nacional que informara si las obligaciones determinadas en autos se encontraban regularizadas, ya sea por el deudor principal o por el aquí recurrente. El organismo contestó mediante RE-2021-95515274-APN-SGAI#TFN, surgiendo de dicha presentación que ni Rock Argentina S.A. ni el Sr. López registraban pagos referentes a los impuestos, montos y períodos solicitados.
Que mediante PV-2021-110667557-APN.-VOCX#TFN se clausuró el período probatorio y posteriormente por PV-2021-115683788-APN-VOCX#TFN se elevó la causa a conocimiento de la Sala D.
En el IF-2021-1171163714-VOCX#TFN luce el proveído que ordenó la producción de alegatos, obrando las presentaciones de las partes a fs. 354/358 y 359/365vta Finalmente, por IF-2022-14187857-APN-VOCX#TFN se pusieron los autos a sentencia.
IV. Que corresponde referirse a la nulidad del procedimiento invocada y a la aplicación en autos del artículo 85 de la ley 27.260.
En primer lugar, sobre el agravio relativo a que el deudor principal (Rock Argentina S.A.) vio vulnerado su derecho de defensa, en tanto no fue efectivamente notificado de la determinación de oficio practicada y por la que en estas actuaciones se extendió la responsabilidad solidaria al Sr. López, ello en virtud de que su presidente de la citada sociedad se encontraba detenido; en tal sentido, adviértase que la actora no cuestiona el medio de notificación utilizado por el organismo sino la imposibilidad de la empresa de tomar conocimiento. Que en tal sentido, asiste razón al Fisco Nacional en cuanto puntualiza que Rock Argentina S.A. no es una empresa unipersonal sino una sociedad anónima y ante una eventual imposibilidad de un integrante, los intereses de aquella bien pudieron ser asumidos por otros integrantes, un representante legal o autorizado ante el Fisco En esta línea, surge de las constancias administrativas que Rock Argentina S.A. estuvo bajo fiscalización mediante O.I. 1.472.320 y que incluso a lo largo de ésta fue representada por un apoderado; todo lo cual impide concluir en que existió la causal de fuerza mayor que restringió su derecho de defensa (vide fs. 88 Cpo. de Antecedentes agregado por cuerda al principal).
Respecto a la presentación de la “Declaración jurada de confirmación de datos” supuestamente presentada por Rock Argentina respecto al Impuesto a las Ganancias 2015 y por la que la recurrente pide la aplicación del artículo 85 de la ley 27.260, corresponde hacer notar que oficiado el organismo recaudador en autos (vide fs. 306/vta.), respondió que no surgía que dicha empresa haya efectuado presentaciones en el marco de esa ley como tampoco hubiera el formulario de confirmación de datos invocado. Por lo expuesto, cabe desestimar la defensa opuesta al respecto.
Ello así, cabe rechazar los planteos efectuados, haciendo notar que no procede la imposición de costas en virtud de no haberse articulado los mismos como cuestiones previas.
V. Sentado ello, cabe precisar que las sumas cuyo ingreso se intima en el acto apelado tienen origen en sendas determinaciones de oficio en el IVA e Impuesto a las Ganancias (períodos 01 a 12/2012 y 2012, respectivamente) efectuadas a la empresa Rock Argentina S.A., en el cual se verificó: i) cómputo crédito fiscal/ gastos improcedentes; ii) ventas/ ingresos omitidos detectados a partir de depuración de las acreditaciones bancarias. Ello así, se dictaron los actos determinativos en el cual se reclamaron el ingreso de los citados tributos más accesorios (en el caso del IVA, la intimación fue por los períodos 01 a 4/12) y se difirió la aplicación de sanciones, en virtud del artículo 20 de la ley 24.769 (vide fs. 82/115).
Tal como surge de los antecedentes administrativos, habiendo vencido los plazos procesales para interponer recursos contra esas resoluciones y encontrándose incumplido el pago de las sumas adeudadas, se extendió la responsabilidad solidaria al Sr. Juan Carlos López (vide fs. 300/301 Cpo. Responsabilidad Solidaria- Ganancias N°2).
Como sustento de tal imputación, se constató que el aquí recurrente se desempeñaba como Director Titular y Presidente al momento del período fiscalizado (2012), dejando su cargo con posterioridad a ello (vide fs. 52/54 Cpo. Responsabilidad Solidaria- Ganancias). Asimismo se encontraba autorizado para la firma de cheques (fs. 1/12 de los citados antecedentes), con lo cual efectivamente disponía de fondos de la Rock Argentina, lo cual no fue rebatido en el recurso incoado.
Ante los elementos colectados, se estableció la responsabilidad solidaria del Sr. López en cuanto cumplimiento de Rock Argentina S.A. de su obligación frente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2012, ello en virtud de los artículos 6 inciso d) y 8 inciso a) de la ley de rito fiscal.
V. Que en primer lugar, cabe resaltar que el Fisco ha procedido conforme lo normado por el art. 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) y el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769), en tanto la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”...” para luego agregar “.... que en el ordenamiento de la ley 11.683 ... se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.” Es importante destacar que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba incontrastable y concluyente para desvirtuar la responsabilidad -desde el plano de la imputación subjetiva- que recae en aquéllos que administren o dispongan de los bienes sociales que son quienes se hallan obligados a cumplir con los deberes tributarios y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley (criterio de esta juzgadora in re Marinaro Luis Atilio s/recurso de apelación”, sentencia del 23 de abril de 2019).
Que, como se dijera, no se encuentra controvertido que el Sr. López se desempeñaba como Director Titular y Presidente de Rock Argentina S.A. y participaba activamente en el giro comercial de la empresa y por lo tanto, no puede abstraerse de la responsabilidad generada por el incumplimiento de obligaciones tributarias durante su gestión.
Que tal responsabilidad recae en aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales que son quienes se encuentran obligados a cumplir con los deberes tributarios y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley, por lo que, en razón de tratarse de un incumplimiento ocurrido en ocasión de desempeñar una función que supone responsabilidad subjetiva y no haber demostrado el inculpado encontrarse en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente los deberes fiscales confiados a su custodia, concurren en cabeza de la apelante de autos los supuestos antes señalados, por lo que resultaría en principio, aplicable en este caso la responsabilidad establecida por la ley fiscal (cfr. criterio de esta juzgadora in re “Castricini Emilse Anabel s/recurso de apelación”, sentencia del 5 de marzo de 2018).
Que la actora invoca para eximirse de la responsabilidad endilgada, la crisis económica que afrontaba la empresa, lo cual además de no encontrarse debidamente demostrado en autos tampoco libera al aquí apelante del cumplimiento de obligaciones fiscales o del deber de actuar con la diligencia del buen hombre de negocios, tal como lo resalta el Fisco Nacional a fs. 141 vta. En cuanto a la revisión de los ajustes que plantea subsidiariamente, el hecho de que las determinaciones de oficio de los impuestos y períodos involucrados en los presentes autos, notificadas al deudor principal se encuentran firmes en tanto no fueron objeto de recurso alguno por parte de la sociedad anónima, implican que ello resulte una cuestión ajena a la suscitada en autos. Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento, ni siquiera fueron justificados los ingresos omitidos por la depuración de acreditaciones bancarias y con relación a los gastos impugnados, la prueba informativa producida en autos, lejos está de desvirtuar las conclusiones del Fisco Nacional en los ajustes a Rock Argentina S.A. (vide fs. 86/87)
En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en tanto extiende la responsabilidad personal y solidaria del Sr. López, respecto de las obligaciones tributarias determinadas en IVA y Ganancias a la contribuyente Rock Argentina S.R.L.
VI-. Con relación a las liquidaciones de intereses obrantes en sendos actos determinativos, teniendo en cuenta la naturaleza resarcitoria de tales accesorios y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315); corresponde confirmar su procedencia y los cálculos efectuados al respecto.
VII. Ello así, voto por confirmar los actos apelados en todas sus partes. Con costas.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar los actos apelados en todas sus partes, con costas 2°) Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $337.329 (pesos trescientos treinta y siete mil trescientos veintinueve) equivalente a 52,15 (cincuenta y dos con 15/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $843.323 (pesos ochocientos cuarenta y tres mil trescientos veintitrés) equivalente a 130,38 (ciento treinta con 38/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°28/2021 (9/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes al Fisco Nacional y archívese.- Date: 2022.02.24 13:47:55 -03:00 Date: 2022.02.24 14:31:51 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.25 09:41:21 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.25 09:41:22 -03:00
Fin de la sentencia