Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar íntegramente la resolución apelada, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-44298548-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Abril de 2024 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expte. 36.642-I, caratulado: “LÓPEZ ORLANDO DARÍO” s/ recurso de apelación":
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 69/79 se interpuso recurso de apelación contra la Res. 284/12 que determinó de oficio el impuesto a las ganancias (en adelante IG) de los ejercicios 2005 a 2007, intimó su pago con más intereses resarcitorios y aplicó una multa equivalente a 3 veces el gravamen defraudado (cfme. arts. 46, 47, incs. "b" y "c", ley 11.683). La actora planteó la nulidad de la resolución apelada por considerar que contiene hechos falsos (cfme. art. 14, inc. "b", ley 19.549).
Relató que el fisco impugnó las deducciones que efectuó en concepto de servicio de asesoramiento económico y financiero por entender que no eran necesarios para obtener, mantener y conservar la renta gravada que obtiene de la explotación de su agencia de Prode, Lotería y Quiniela.
Aseveró que dicha resolución presenta en forma alternada dos conclusiones opuestas que se excluyen mutuamente, porque en algunos párrafos el juez administrativo afirma que el gasto en concepto de asesoramiento es "falso" y, en otros, que "no es necesario" para mantener la renta de su negocio. Entendió que estos conceptos son incompatibles y que el acto apelado debió determinar si la documentación presentada es "falsa", en cuyo caso, al no existir respaldo documental, el gasto era falso y no podía ser deducido o, por el contrario, si la documentación que presentó "no era falsa", entonces le corresponde al fisco probar la innecesariedad de dicho asesoramiento para obtener la renta gravada.
Afirmó que el juez administrativo se limitó a emitir una opinión personal, sin sustento jurídico ni fáctico y sin conocimiento del negocio de una agencia de lotería que lo habilite a sostener que no necesita asesoramiento, limitándose a exponer una opinión subjetiva que invade la órbita del ejercicio de su libertad comercial, reconocida por la Constitución Nacional. Agregó que esas decisiones hacen a la estrategia de negocios que eligió y que debe ser determinada por ella sin injerencias.
Con relación a la alegada violación de la ley 25.345 (Prevención de la Evasión Fiscal) que argumentó el juez administrativo, manifestó que quedó acreditado por las declaraciones testimoniales de sus empleados y de los propios prestadores del servicio, contestes con sus propios dichos, que los pagos por el asesoramiento recibido se hacían en forma parcial por cada consulta evacuada mediante sistema de vales de caja y que facturaron todas las consultas mensuales al final del período. Añadió que no violó la mencionada ley, en tanto los pagos no superaban los $400 cada uno. Continuó explicando que una vez finalizado un período, los vales de caja eran canjeados por una factura que indicaba la cantidad de operaciones que al multiplicarse por el monto individual de cada vale, daba como resultado el monto total del período.
En lo concerniente a la multa aplicada, afirmó que el hecho de poseer comprobantes adecuados a las normas vigentes configura el presupuesto legal de conocer al beneficiario del pago, respecto del cual no caben dudas, debido a que concurrieron ambos asesores en forma personal a prestar declaración frente a los inspectores actuantes. Agregó que se corroboró la autenticidad de las facturas, la inscripción en el régimen del monotributo de sus asesores, la aplicación del servicio y su percepción.
Arguyó que el acto recurrido se sustenta en el art. 47, incs. "b" y "c", pero sostuvo que es falso que haya querido producir declaraciones engañosas, por cuanto no consignó datos inexactos en las facturas, sino que la impugnación se basó en que el gasto que intenta deducir no fue necesario para obtener, mantener y conservar su renta gravada en el IG. Aseveró que no existe disconformidad entre las DDJJ y las normas legales aplicables, sólo una opinión personal del juez administrativo respecto a la necesidad del gasto.
Efectuó también distintas consideraciones sobre el concepto de “salidas no documentadas”, a pesar de que la resolución apelada sólo refiere al ajuste en el IG con motivo de la deducción improcedente de gastos. Finalmente, peticionó que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 86/111 el fisco contestó el traslado del recurso interpuesto, acompañó los antecedentes administrativos de la causa (en adelante aa) y, por los argumentos de hecho y de derecho que expuso, solicitó que se confirmen los actos apelados, con costas.
III. Que a pesar de haberse abierto la causa a prueba, a fs. 134, pto. 1 y fs. 151 se dio por decaído el derecho de la actora a la producción de la prueba testimonial y pericial ofrecida, respectivamente, por no haberla instado. A fs. 156 se elevaron los autos a consideración de la Sala “C” y a fs. 162 pasaron los autos para dictar sentencia.
IV. Que primeramente corresponde señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que por una cuestión de lógica precedencia, previo a cualquier otra consideración, corresponde que me expida sobre el agravio de nulidad planteado por la recurrente; pues de ser acogido favorablemente, derivaría en la nulidad de la resolución apelada.
Al respecto, cabe recordar lo dicho por la CSJN en cuanto a que, para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
La actora planteó la nulidad absoluta e insanable del acto apelado por carecer de causa en los términos del art. 14, inc. "b" de la ley 19.549. Se agravió de la actuación del juez administrativo, quien entendió que la deducción del servicio de asesoramiento económico y financiero no fue necesaria para obtener, mantener y conservar su renta gravada, proveniente de una agencia de lotería, se basa en hechos falsos.
Al respecto, debe recordarse que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho. Del análisis del acto recurrido, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, surge que contiene los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7, ley 19.549), y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no vislumbrándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez del acto, por lo que corresponde rechazar el agravio nulidad articulado.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas alguna a su respecto.
VI. Que con relación al fondo del asunto, cabe puntualizar que de los aa de la causa, del informe final de inspección –en adelante IFI- (v. Cpo. de Verifificación IG N° 1, fs. 191/195vta., aa) y de la resolución apelada, surge que la actividad principal del Sr. Orlando Darío López es la de "Servicios de esparcimientos relacionados con juegos de azar y apuestas", puntualmente la venta de billetes de Prode, Lotería y Quiniela; que cierra sus ejercicios en diciembre de cada año y que el cargo fiscal provino al detectarse la presentación en cero de las DDJJ del IG correspondientes a los ejercicios 2004 a 2007, las que una vez rectificadas, fueron auditadas por el fisco, impugnándose deducciones improcedentes.
Es así que la inspección actuante observó que dedujo gastos en el IG por servicios de asesoría económica y financiera, que llegó a representar el 50% de los ingresos declarados por el actor, cuyas facturas son de la Sra. Encarnación Ángela Giostra —madre del recurrente— y del Sr. José Jesús María García —tío del actor y jubilado—. Teniendo en cuenta el concepto facturado por los citados proveedores de servicios, la actividad comercial del recurrente y que pagó en efectivo, el fisco infirió que la deducción computada no era necesaria para obtener, mantener y conservar la renta gravada. Asimismo, se dejó asentado que el recurrente en su carácter de contador, administra y liquida sus obligaciones ante el fisco (v. fs. 192, segundo párrafo, IFI, aa). Los ingresos que declaró el contribuyente corresponden a las comisiones determinadas por “lotería”, surgiendo dicho importe de las planillas aportadas por la Lotería de la Provincia de Buenos Aries.
A su vez, el fisco solicitó al "Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos" el contrato de adhesión celebrado con el actor y las condiciones impuestas por esa Lotería al momento de otorgar el permiso de explotación. De su lectura destacó que el actor tenía a su cargo la comercialización de los juegos que explotaba la Dirección Provincial de la Lotería (Prode, Lotería, Loto, Quini 6 y Tómbola); su comercialización se efectuaba de conformidad con las normas que fijaba la Dirección Provincial de Lotería y a los precios que la misma determinaba; esa Dirección tenía el derecho exclusivo de fijar las políticas de comercialización de los distintos juegos y los programas de premios y/o apuestas; la recurrente debía recaudar, por la totalidad de los juegos que explotaba, los montos mínimos que establecía la Dirección y aceptar el lugar de entrega de los materiales que designaba dicha Dirección; para la comercialización y explotación de todos los juegos y apuestas el actor debía respetar y cumplir las reglamentaciones vigentes a esa fecha y las que se dictaren en el futuro.
Es así que el fisco nacional concluyó, que, en el presente caso, el gasto deducido no persigue ningún propósito, dado que las comisiones percibidas surgen directamente de la venta de Lotería, que resulta ser la renta gravada del actor, y que más allá de todo asesoramiento comercial, la explotación de una agencia de lotería posee pautas y particularidades delimitadas y reguladas por –en este caso- la Pcia. de Buenos Aires al otorgar su explotación. Respecto al Sr. García, la fiscalización detalló que durante los ejercicios fiscales cuestionados se encontraba inscripto en el monotributo y en el impuesto sobre los bienes personales, y que poseía una cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires como cotitular del recurrente.
De las consultas a "acreditaciones bancarias" surgió que tuvo un importante movimiento bancario que no se condice con la actividad facturada al actor como único cliente al cual asesoraba, no encontrándose inscripto en el impuesto al valor agregado (en adelante IVA) ni en el IG. Tras ser citado, se presentó en las dependencias del fisco y reconoció como propias las facturas, como así también que las cobró en efectivo. A su vez, manifestó que el concepto facturado corresponde a “asesoramiento”, que era su actividad actual, además de ser jubilado, y que el Sr. López es su único cliente; que no poseía título habilitante y que su capacitación surge de su experiencia en el rubro, por haberse desempeñado varios años como agenciero de lotería.
Detalló, a modo de ejemplo, que asesoraba al actor respecto a cuánta venta realizar, que le hizo gestiones varias y que controlaba al personal y otras tareas propias del desarrollo comercial. En cuanto a la Sra. Giostra, el fisco informó que era monotributista y que el servicio prestado —de asesoramiento comercial y de gestión— no se condice con su actividad declarada de "Venta al por menor en kiosco, polirrubros y comercios N.C.P." El actor informó que los conceptos facturados fueron, por ejemplo, horario de apertura y cierre del local atendiendo la estacionalidad de las ventas; calidad de atención brindada por el personal de los distintos sectores dentro del negocio; aumento o disminución del personal; inversión para situaciones de superávit o endeudamiento en situación de déficit; proyección de ventas y costos; y contrato de locación, de prestación de servicios y otros.
Por otra parte, en las tareas de fiscalización se dejó asentado que, según lo declarado por el propio recurrente, las facturas por el servicio de asesoramiento fueron pagadas en efectivo, incumpliendo los arts. 1 y 2 de la ley 25.345.
De la lectura de las facturas emitidas por la Sra. Giostra y el Sr. García durante los ejercicios observados, obrantes (v. fs. 250/322 del Cpo. Verif. No Conformada, aa), surge que el concepto facturado fue "Honorarios por consultas de asesoramiento económico financiero", con cantidades que variaban entre 28 y 82 consultas mensuales, sin brindarse mayor detalle que permita apreciar los pormenores de esa específica prestación de servicios.
VII. Que corresponde recordar que las resoluciones de la AFIP, como todo acto administrativo, gozan de presunción de legitimidad (cfme. art. 12, ley 19.549), incluso las determinativas de oficio (Fallos 328:3720), por lo que en la etapa de revisión del acto, la carga probatoria se desplaza al contribuyente o responsable. Ello así, resulta aplicable la regla del “onus probandi incumbit et qui dicit” (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de aquello que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido debe recordarse que si bien este Tribunal -conforme al art. 164 y 177 de la ley 11.683- posee “... amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”-, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica llegar al extremo de reemplazar o suplir a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal.
En este sentido observo que si bien la actora ofreció prueba pericial contable y testimonial, se la tuvo por desistida por no impulsar su producción (como ya se relató en el Considerando III). En cuanto a la prueba documental acompañada que obra en los aa de la causa, la misma no logra dar sustento a la defensa expuesta en su escrito de apelación ante este Tribunal, ni resulta por sí misma útil para controvertir los hechos en los que se sustenta el acto recurrido.
VIII. Que debe tenerse presente que el art. 17 de la LIG (vigente al momento de los hechos) preveía que "…para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga." Por su parte, el art. 80 fijaba que "…los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina."
Debe señalarse que para establecer la base imponible del IG, esto es, la ganancia neta sujeta a impuesto, no cualquier gasto puede ser deducido, sino que la ley 20.628 impone determinados requisitos excluyentes para su cómputo. Una correcta hermenéutica de la normativa conduce a considerar que sólo los gastos vinculados a la actividad, y con la finalidad de obtener ganancia, o de mantener o conservar su fuente generadora, resultarían deducibles y en la medida que hayan sido necesarios a tales fines. Entonces, para que un gasto resulte deducible, deben reunirse tres requisitos: a) que tenga vinculación con la fuente generadora de renta, b) que su finalidad —directa e indirecta— sea la obtención de la renta, o el mantenimiento o conservación de su fuente, y c) consecuente del anterior, que resulte necesario para tales fines. En relación a este último, cabe señalar que la LIG no mantuvo un criterio riguroso en cuanto al carácter "necesario" del gasto, como ocurría con la vieja ley de impuesto a los réditos, sino a través —justamente— de la finalidad económica de los mismos (Fallos 304:661, considerando 7°, último párrafo).
Es en esta inteligencia, encuentro que la actora no logró acreditar los requisitos enunciados en el párrafo anterior respecto de los servicios de asesoramiento que dedujo. En forma escasa se limitó a brindar ejemplos que a todas luces devienen insuficientes para otorgar a los gastos bajo examen la cualidad de “deducibles”. Llama particularmente la atención la factura del 30/04/2006, N° 032, emitida por su tío, el Sr. García, y la factura de la misma fecha, N° 092, emitida por su madre, la Sra. Giostra, ambas por la misma cantidad de 82 consultas cada una, bajo el concepto de "asesoramiento económico y financiero durante el mes de abril". De dichos documentos no se observa mayor detalle, ni desarrollo ni explicación en la defensa de la actora ante este Tribunal o durante la inspección, que expliquen su pertinencia dentro del marco descripto de la LIG (v. Cpo. Verif. No Conf., fs. 283 y fs. 295, aa). También resulta llamativo que por cada mes facturado coincidan el mismo número de consultas de cada asesor, así por ejemplo, en 07/2005, 33 consultas de cada uno, en 09/2006, 51 consultas y en 03/2007, 56 consultas de cada uno. Resulta inverosímil que cada asesor –familiar- haya respondido en tales períodos exactamente la misma cantidad de consultas, que, por otro lado arrojan un promedio de más de una consulta diaria. Realmente llamativo. También lo es la explicación brindada por el propio Sr. López del detalle de los servicios que le fueron prestados (decisiones referentes al horario de apertura y cierre del local, devolución de billetes de lotería, cuestiones vinculadas con el manejo de empleados, etc.), cuando en realidad, se trata de decisiones que –tal como lo sostiene el fisco- son inherentes al dueño del negocio y que se toman en el desempeño de su función, máxime si se considera que el actor es de profesión contador público; y por otro lado, tales supuestos servicios nada tienen que ver con “asesoramiento económico y financiero”. Otro de los asesoramientos que el contribuyente argumentó haber recibido de su madre, la Sra. Giostra, es la relativa a cuestiones de “inversión para situaciones de superávit o endeudamiento en situaciones de déficit”, porque no sólo de sus DDJJ no surge la existencia de inversiones que justifiquen dicho asesoramiento, sino porque tampoco se acreditó cuál es la profesión o expertise de la Sra. Giostra, ni del Sr. García, que avalarían la prestación del servicio.
Además, del contrato de adhesión entre la Dirección Provincial de Lotería de la Pcia. de Bs. As. y la actora (v. Cpo. Aux. N° 1, fs. 10/11, aa) surge que el organismo provincial fijaba los precios de venta, los montos mínimos de recaudación por los productos comercializados, las políticas y normas de comercialización de los distintos juegos, como así también, los programas de premios y/o apuestas, entre otras reglamentaciones. A su vez, en art. 47 del Reglamento dictado por la Lotería de la Pcia. de Bs As se estableció como obligación de los permisionarios el asistir a las jornadas, cursos y/o clases de información y/o capacitación que dicte el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (v. Cpo. Aux. N° 1, fs. 20, aa). Ello así, puede afirmarse que la discrecionalidad de la recurrente para comercializar los juegos de azar explotados por esa Dirección se encontraba fuertemente restringida al cumplimiento de sus obligaciones como permisionario y de las normas dictadas por ese organismo; ante lo cual, para admitir la deducción como un gasto de servicios de “asesoramiento económico y financiero” se requería un mayor grado de exactitud y minuciosidad en su descripción, a fin de demostrar la necesidad de tal erogación para obtener, mantener o conservar la fuente generadora de renta.
Estas consideraciones me llevan a concluir que los gastos cuya deducción pretendió la actora carecen de los elementos requeridos para su procedencia, por lo que corresponde confirmar el ajuste practicado, con costas. Por la forma en la que resuelvo, deviene inoficioso expedirme sobre las restantes cuestiones planteadas.
IX. Que en lo que respecta a los intereses resarcitorios intimados, habiendo sido correctamente liquidados y no habiendo el actor expresado agravio alguno al respecto, corresponde su confirmación, con costas.
X. Que en relación a la multa por defraudación impuesta, cabe destacar que el art. 46 de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) en su parte pertinente disponía que: “…el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
La figura se construye con un “elemento objetivo”, consistente en la falta de ingreso total o parcial del impuesto debido, y un “elemento subjetivo” consistente en “una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco” (Fallos 323:2172 considerando 4).
Como se desprende de los considerandos que anteceden, debe tenerse por acreditado el elemento objetivo o material de la sanción impuesta.
Respecto del elemento subjetivo, el art. 46 citado exige al ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos, por acción u omisión. Al respecto, el ente fiscal debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente conjetural. Una vez acreditado dicho soporte, se infiere la conducta dolosa; más la vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto, debe ser unívoca, sin margen razonable para una consecuencia distinta. En efecto, demostrado el elemento objetivo del ilícito, las presunciones establecidas en el art. 47 admiten prueba en contrario. En el caso, el ente fiscal aplicó la presunción dispuesta en los incs. “b” y ”c” del art. 47 que establecen que: “se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: b) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas…c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso...”.
En este sentido, las constancias agregadas en las actuaciones y el análisis expuesto en los Considerandos VI a VIII, dan cuenta de la debida exteriorización de la presunción del art. 47 de la ley 11.683 utilizada. Como se afirmó, ésta admite prueba en contrario, siendo la apelante quien debió demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que la aplicación de dichas presunciones ocasiona procesalmente. Al respecto, se advierte que la actora no acompañó prueba fehaciente que avale sus dichos, lo que llevó al fisco a determinar de oficio la materia imponible.
En efecto, quedó evidenciado con los elementos hasta aquí analizados que el contribuyente incurrió en irregularidades que revelan la intención de ocultar su realidad impositiva, lo que -claramente- no fue puesto en conocimiento por la actora, sino evidenciado por el fisco, sin que aquella parte haya allegado -ni en sede administrativa, ni en la presente instancia- prueba fehaciente alguna que avale sus dichos.
Ello así, corresponde confirmar la sanción aplicada, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE
Confirmar íntegramente la resolución apelada, con costas.
Se deja constancia que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y oportunamente archívese. Date: 2024.04.26 16:02:23 -03:00 Date: 2024.04.30 12:54:21 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.30 12:54:22 -03:00
Fin de la sentencia