Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-842/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: L-842/20-TSJ Sentencia N°: 1084 Actor: LOPEZ RAMON HERMINIO ARTURO Demandado: ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 21/10/21 Texto:
TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1084 FOLIO Nº 3461/3463 PROT. ELECT. TSS1 014 C.211
Río Gallegos, 21 de octubre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “LOPEZ RAMON HERMINIO ARTURO C/ ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº L-842/20-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Tribunal Superior de Justicia para decidir sobre su competencia para entender en estas actuaciones, conforme lo establecido por el artículo 67 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.-
El Sr. Ramón Herminio Arturo López se presenta con el patrocinio letrado del Dr. Rubén Darío Martínez e inicia demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Santa Cruz -Vialidad Provincial-. Como objeto de su pretensión manifiesta que: “…se condene a dicho organismo, a abonar los importes correspondientes a la póliza de incapacidad por accidente N° 5230/998769801, con más intereses a tasa activa del Banco Central de la República Argentina, con costas, más el I.V.A. de corresponder, sobre honorarios judiciales. Asimismo, solicito se condene a la accionada, al pago de la suma de pesos trescientos mil ($300.000,00) o lo que en más o en menos, determine el Excmo. Tribunal Superior, en concepto de daño moral.” (cfr. PE23441-2020).- Luego relata que es jubilado de Vialidad Provincial y que el 16 de septiembre de 2017, siendo las 15:00 hs. en circunstancias en que se encontraba trabajando, padeció un accidente vial en la localidad de Perito Moreno sobre la ruta N° 40, a causa del cual perdió parte de la utilidad del brazo derecho, quedando con una luxación equivalente a una fractura.-
Afirma que el 27 de agosto de 2018 presentó nota ante la Dirección de Relaciones Laborales -Departamento Seguro y Estadísticas- de Vialidad Provincial, a fin de que se le haga efectivo el importe correspondiente a su cobertura por tal accidente, en razón de la retención que en tal concepto realizaba la demandada, como código 922 y 925 respectivamente. Agrega que la Caja de Seguros S.A. le comunicó que no le brindaría cobertura, pues las pólizas 5230/998769801 y/o 5230/998771901 (Vialidad Provincial) se encontraban anuladas por falta de pago de primas desde el 1° de febrero de 2017, por lo que a la fecha de su accidente no se encontraba cubierto.- Expresa que en virtud de tal notificación y en atención a que Vialidad Provincial actuó como agente de retención de las pólizas de referencia, es que le envió carta documento a dicho organismo con el objeto de que la accionada, asuma el pago de las sumas indemnizatorias por el accidente sufrido; pero no recibió ninguna respuesta.-
Sostiene que resulta indudable que la Provincia de Santa Cruz -Vialidad Provincial- debió, en atención a su omisión de girar los fondos correspondientes de la cobertura de póliza a la Caja de Seguros S.A., asumir los montos indemnizatorios por tal siniestro; puesto que se hallan presentes todos los requisitos propios de responsabilidad estatal por accidente laboral.-
Al respecto señala que: “...en el ámbito nacional se dictó en el año 2014 la ley 26.944 de ‘Responsabilidad Estatal’ en donde se establecen los supuestos en los cuales el Estado responderá por su actividad legítima e ilegítima, de acuerdo con normas y principios propios de derecho público, sin perjuicio de lo cual se indica expresamente en el art. 10 del citado cuerpo normativo que ‘las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador’, lo que torna inaplicables las previsiones de la ley en los casos en estudio. En igual sentido, cabe señalar que la responsabilidad del Estado Provincial, a través de Vialidad Provincial, encuentra su fundamento legal en función de lo normado en el art. 11 de la ley 26.944 y lo dispuesto en el art. 121 de la Constitución Nacional, que en el ámbito provincial se encuentra adherida la Provincia de Santa Cruz, mediante Ley 3.396 B.O. 27/11/2014.” (cfr. PE cit.).- Argumenta que el daño que padeció cumple con los requisitos de la responsabilidad estatal que regula el artículo 3° de la Ley Nº 26.944, en atención a la omisión de la demandada de integrar las primas del seguro de marras.-
Asimismo solicita se condene a la accionada al pago de trescientos mil pesos ($300.000) en concepto de daño moral; ello en virtud a la omisión de reparación económica oportuna.-
II. El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal dictamina que: “... analizadas que fueran estas actuaciones entiendo, que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia no se encuentra habilitado para ingresar a su tratamiento dentro del marco de la competencia originaria y exclusiva que le confiere el art. 132 Inc. 2º de la Constitución Provincial, en base a la naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, sin que opte a ello la denominación que las partes asignen a la acción instaurada [...] Lo expuesto encuentra fundamento en el art. 89 del CPCA, Ley 2600, que establece que el fallo del tribunal deberá limitarse a resolver la cuestión contencioso administrativa conforme lo alegado y probado por las partes, excluyendo expresamente toda posibilidad de pronunciamiento respecto de derechos laborales o civiles (conf. Doctrina de fallos TSJ, Santa Cruz, Tomo VIII, Cont, Adm, Reg. 527, Folio 1439/1446, entre otros), lo que marca una valla infranqueable para que ese tribunal pued[a] expedirse acerca de los planteos efectuados. La parte con su pretensión persigue que se le abonen los importes correspondientes a la póliza de incapacidad por accidente Nº 5230/998769801 con más los intereses a tasa activa del Banco Central de la República Argentina y en concepto de daño moral reclama a la accionada el pago de la suma de $ 300.000 o lo que en mas o en menos determine el T.S.J, lo que detalla en su presentación y que resultan ser cuestiones patrimoniales no susceptibles de ser resueltas y tratadas por el Alto Cuerpo...” (cfr. PE52217-2021).- Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE53435-2021).-
III. Que, la cuestión a debatir circunscripta a los términos precedentemente expuestos, exige preliminarmente, verificar si este Tribunal Superior de Justicia se encuentra habilitado para ingresar a su tratamiento dentro del marco de la competencia originaria y exclusiva que le confiere el art. 132, inc. 2° de la Constitución Provincial; para ello, la télesis del sendero que debe abordar la presente resolución debe efectuarse -tal como reiteradamente tiene resuelto este Tribunal en anteriores precedentes- en base a la propia naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, ya que éstos constituyen el sustento de la pretensión que el actor propone a decisión con relación al derecho sustancial reclamado (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo IX, Reg. 632, Folio 1770/1772).- Conforme la situación fáctica de autos, surge a todas luces que el actor -en su pretensión- concurre en demanda del reconocimiento de derechos que derivan inequívocamente de normas preexistentes, en tanto atribuye como causa del reclamo cuestiones que se vinculan al derecho del trabajo y el derecho civil, constituyendo materia especial la influencia decisiva que las mismas han de tener en la resolución del pleito, tanto en sus alcances como en los efectos de las mismas (cfr. fallo cit.). Esto es así, en tanto la atribución de competencia en razón de la materia debe, inexorablemente, prevalecer sobre la efectuada en razón del órgano administrativo, autor del acto u omisión, “...por lo cual se pone de manifiesto la prevalencia frente al ente, posición que supera la visión estrictamente formal, abordándose sin retaceos, el contenido sustantivo de la resolución (por un lado) o de la petición jurisdiccional (por el otro), es decir, por razón del contenido material del acuerdo, o acto recurrido, o -como en el sublite- por razón de la sustancia demandada.
En este sentido se ha resuelto que: ‘Aunque la relación jurídica que une a ambas partes constituya, tanto por su objeto como por las normas a la que está subordinada, un vínculo de empleo público, en el marco de la jurisprudencia vigente en la materia, dicha circunstancia no configura un antecedente que por sí baste, cuando la pretensión se fundamenta en normas laborales, para que el caso sea de la competencia contencioso administrativa (SCBA, B 55233 -I-3-8-93 in re: ‘Vargas Juan c. Prov. de Bs. As. s. Dem. Cont. Adm.’), así como la pretensión que persigue el cobro de una indemnización que no es consecuencia directa de la ilegitimidad de acto administrativo alguno, ni se refiere a la vulneración de una situación jurídica administrativa (íd.
B-55378 -I- 2-11-93 in re: ‘Martínez de Echeverría María y ot. c. Prov. de Bs. As. y ot. s. Dem. Cont. Adm’, íd. B-57562 -I-1-10-96 in re: ‘Pierpin S.A.C.I.E.I. c. Municip. de Gral. Pueyrredón s. Cobro de Pesos’, entre otros)...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 942, Folio 2822/2824).- Por otro lado -y a mayor abundamiento- la valla que demarca el art. 89 del CPCA, Ley N° 2600, en cuanto establece que el fallo del Tribunal deberá limitarse a resolver la cuestión relativa al derecho administrativo conforme a lo alegado y probado por las partes, excluyendo expresamente toda posibilidad de pronunciamiento respecto de derechos reales o civiles (cfr. TSJ Santa. Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos VIII, Reg. 527, Folio 1439/1446 y XIV, Reg. 916, Folio 2705/2710; entre otros), se vincula con el reclamo del actor, que por su naturaleza, imposibilitan también la apertura de esta instancia jurisdiccional.- En efecto, es criterio de este Tribunal que sólo debe decidirse sobre aquello que respecta a la materia contencioso administrativa (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo IX, Reg. 626, Folio 1748/1750). Por lo que no entenderá en aquel proceso que tenga por objeto el cobro de una suma de dinero, como sucede en el caso de autos que pretende cobrar montos de dinero correspondientes a la póliza de incapacidad por accidente, más la indemnización por daño moral e intereses, ya que su competencia originaria únicamente corresponde a lo que respecta a normas de materia contencioso administrativa, resultando ajena a ella los procesos de contenido patrimonial (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 942, Folio 2822/2824 cit.). Asimismo se contempla expresamente en el artículo 3º inciso b) del CPCA -Ley 2600-, la exclusión de la competencia para el caso de autos, cuando se pretende la aplicación de normas de derecho laboral y derecho privado, aún cuando la relación jurídica que vincula a las partes sea de empleo público, tal como ya se adelantó.-
IV. Que de las consideraciones expuestas, se concluye que la presente acción no constituye materia contencioso administrativa de conocimiento originario y exclusivo de este Tribunal Superior de Justicia (art. 132º, inc. 2° de la Constitución Provincial), debiendo declararse la incompetencia en razón de la materia, con imposición de las costas por su orden, de conformidad a lo prescripto por el artículo 90 del CPCA, Ley N° 2600; y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.- Por todo lo expuesto, jurisprudencia y normas legales citadas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014C.211 Tomo: XVIII Sentencia: 1084 Folio N°: 3461/3463 Secretaría: 1
Fin de la sentencia