Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-43407590-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución SEFI N°705991, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $62.157, equivalente a 0,65 UMA por la representación procesal y $95.626, equivalente a 1 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-66208099-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 6 de Julio de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX-2025-43407590- -APN-SGAI#TFN caratulado “Lorentor S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Lorentor S.A. interpone el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución SEFI N°705991, dictada el 25 de marzo de 2025, por la División Jurídica de la Dirección Regional Centro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en la que se le aplicó una multa de $534.638,23, imputándole haber presentado en forma inexacta las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales julio de 2016 a marzo de 2017, julio a diciembre de 2017 y abril 2018, con sustento en el art. 46 y presumiendo el dolo en su conducta por aplicación del art. 47, incs. b) y c), de la misma ley. Surge de la propia Resolución que la multa fue calculada sobre la porción del ajuste que Lorentor S.A. no canceló en el plan de facilidades de pago presentado el 31 de marzo de 2022 -N°Q055421, correspondiente al régimen sancionado por la ley 27.653, ampliatoria de la ley 27.541 y su modif. 27.562-. Dicho plan fue declarado caduco por falta de pago el 18 de octubre de 2023. Así, la base sancionatoria adoptada en la Resolución corresponde a los periodos fiscales no cancelados –marzo y julio a diciembre de 2017 y abril 2018-. Teniendo en cuenta que los montos de los ajustes de los restantes períodos fueron cancelados en el aludido plan, en la misma Resolución se exime a Lorentor S.A. de la sanción por aplicación de los arts. 11 a 13 de la citada ley. En su presentación ante este Tribunal, Lorentor S.A. plantea en primer lugar la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para aplicar la multa, negando que hayan ocurrido causales de suspensión y/o interrupción del plazo e invocando el principio de irretroactividad de la ley penal en relación a la ley 27.562.
Sostiene también la improcedencia de la sanción al no haberse acreditado el propósito de dañar, presupuesto exigido por el art. 46 de la ley 11.683. Entiende que la calificación dada por el juez administrativo a su conducta se sustenta en meras conjeturas y formulas genéricas, destruyendo el principio de la responsabilidad subjetiva en materia penal, por lo que solicita la revocación de la Resolución o, en su caso, el reencuadre en la figura de omisión del art. 45 de la misma ley. Aporta para ello prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa.
Por ello, solicita que se revoque la Resolución, con costas.
II. A través del IF-2025-73434348-APN-DTD#JGM contesta el recurso el Fisco Nacional, se opone a la producción de la prueba ofrecida y solicita, por las mismas razones esgrimidas por el juez administrativo, que se confirme la Resolución, con costas.
III. En el IF-2025-88403330-APN-DTD#JGM la recurrente acepta la oposición del Fisco Nacional a la prueba ofrecida, por lo que en la PV-2025-90510104-APN-VOCXI#TFN se la tiene por desistida de su producción.
Mediante la PV-2026-54097283-APN-VOCXI#TFN se eleva el Expediente a la Sala. Por último, a través del IF-2026- 65527690-APN-VOCXI#TFN pasa a sentencia.
IV. Corresponde analizar en primer término el planteo de prescripción.
De acuerdo con lo previsto en los arts. 56 y 58 de la ley 11.683, el plazo de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para aplicar sanción por el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales marzo y julio a noviembre de 2017 comenzó a correr el 1° de enero de 2018 y finalizó el 1° de enero de 2023, mientras que por los períodos fiscales diciembre de 2017 y abril 2018, el plazo comenzó el 1° de enero de 2019 y finalizó el 1° de enero de 2024.
Sin embargo, cabe tener presente también que el 26 de agosto de 2020 entró en vigencia la ley 27.562 que dispuso en su art. 17, con carácter general, la suspensión del plazo de prescripción en curso de las acciones para determinar deudas y aplicar multas por el término de un año. Al respecto, si bien en precedentes anteriores he sostenido que tales normas no tienen incidencia en materia sancionatoria, un nuevo análisis de la cuestión a la luz de la jurisprudencia reciente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, conlleva a que dicha norma también se aplique al plazo de prescripción de las sanciones.
Es por ello que, en el caso, los plazos aludidos se vieron extendidos por un año más, es decir al 1° de enero de 2024 y al 1° de enero de 2025, respectivamente.
Ahora bien, no se encuentra en discusión y así surge de los Considerandos de la Resolución que Lorentor S.A. rectificó las declaraciones juradas encontrándose en trámite el sumario y el 31 de marzo de 2022 incluyó los saldos adeudados en el Régimen de Regularización de la ley 27.653 ampliatoria de la ley 27.541 y su modif. 27.562. Luego por falta de pago, se dispuso su caducidad el 18 de octubre de 2023.
Dicho régimen estableció el beneficio la condonación de sanciones, para el caso en que la obligación principal se regularizara mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto había puesto a disposición la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos.
Por su parte, la R.G. N° 5101/2021 que reglamentó a dicha norma, estableció que “Operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de su Domicilio Fiscal Electrónico-, este Organismo quedará habilitado para disponer el inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado mediante la emisión de la respectiva boleta de deuda” –art. 30-. Y que “La caducidad producirá efectos a partir del acaecimiento del hecho que la genere y causará la pérdida de las condonaciones con los alcances previstos en el artículo 6° de la Ley N° 27.653, en proporción a la deuda pendiente al momento en que aquella opere. A estos fines, se considerará como deuda pendiente a la que no haya sido cancelada en su totalidad -capital e intereses no condonados y multas, consolidados en el plan de facilidades de pago- con las cuotas efectivamente abonadas” –art. 31-.
Por último, y en lo que aquí más interesa, el art. 49 agrega que “La adhesión al régimen de regularización en los términos y las condiciones establecidos en la Ley N° 27.653 implicará para el sujeto interesado el reconocimiento de la deuda incluida en el mismo y la interrupción de la prescripción respecto de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el gravamen de que se trate y sus accesorios, así como para aplicar las multas correspondientes, aun cuando la adhesión resulte rechazada o se produzca la ulterior caducidad del acogimiento. Idéntico efecto producirá el pago de cada una de las cuotas del plan respecto del saldo pendiente”.
En el caso, el Fisco Nacional al contestar el recurso informó que la recurrente había incluido la deuda en un plan de pagos -N° Q055421- suspendiéndose el procedimiento sumarial desde esa fecha -31/3/2022- y que dicho plan caducó el 18 de octubre de 2023, por lo que descontó el monto abonado, obtuvo la nueva base sancionatoria fijada en $1.069.276,42, reanudó el trámite sumarial y aplicó la sanción aplicada en la Resolución SEFI N° 705991, apelada en este Expediente. Surge también de allí que no se aplicaron sanciones por lo abonado de conformidad con lo establecido en los art. 11, 12 y 13 de la ley 27.541, ampliada por la ley 27.653.
Siendo ello así, teniendo en cuenta la suspensión del plazo de prescripción por la ley 27.563, sumado a la interrupción dispuesta por el art. 49 de su reglamentación que implicó el reinicio del cómputo del plazo de prescripción de 5 años , debe concluirse que en el caso el Fisco Nacional se encontraba en plazo para imponer la sanción.
Por lo que corresponde rechazar el planteo de prescripción opuesto, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
V. En cuanto a la legitimidad de la multa, debe examinarse si se configuran los presupuestos que la ley dispone, en el caso en el art. 46, que es la figura en la que ha sido encuadrada la conducta de Lorentor S.A., al haber declarado saldos de impuesto inferiores a los realmente debidos y con ello al haber presentado declaraciones juradas inexactas que es la conducta tipificada en dicha norma.
Y se dijo que Lorentor S.A. presentó las declaraciones juradas rectificativas en las que detrajo los créditos fiscales de facturas emitidas por proveedores que fueron calificados de apócrifos. Y si bien es cierto que no es la mera presentación de dichas declaraciones lo que castiga la norma, tal lo que en más de una oportunidad ha dicho este Tribunal y la Cámara que ejerce de alzada –vgr. “Federal Services S.RE.L.”, del 26.10.2022-, no puede soslayarse que fue ella misma la que reconoció la inexactitud de las declaraciones juradas originalmente presentadas, configurándose de ese modo el elemento objetivo del tipo descripto en dicha norma.
Respecto al elemento subjetivo, el juez administrativo se valió de las presunciones de dolo que contemplan los incs. b) y c) del art. 47 de la ley, considerando que las declaraciones juradas originales presentadas contenían datos inexactos que implicaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible y, en este sentido, era también de resorte de la recurrente proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad. En el caso, si bien ofreció la producción de una prueba informativa, luego desistió de la misma. Por ello, sus agravios se encuentran huérfanos de probanza y como tales deben ser desestimados. A ello debe agregarse, que los ajustes que dieron lugar a las declaraciones juradas rectificativas fueron detectados en el curso de un procedimiento de fiscalización, sin que Lorentor S.A. haya rendido prueba alguna respecto de las maniobras que respecto de la utilización de comprobantes apócrifos dieron sustento a los mismos, ni tampoco explicó las razones al incumplimiento a las condiciones del plan de facilidades de pago al que ella misma voluntariamente se acogió.
Su conducta tuvo así una grave incidencia en la determinación de la materia imponible que debió haber declarado, de manera que las presunciones aplicadas fueron correctas dado que, a partir de aquellas maniobras, Lorentor S.A. exteriorizó en sus declaraciones juradas un crédito fiscal considerablemente mayor al original. Así, era a Lorentor S.A. a quien correspondía probar en contrario y demostrar que no obró con la intención de defraudar que invoca, pero no lo hizo, sino que se limitó a realizar afirmaciones genéricas sin sustento concreto en documentación y/o registraciones. Por lo expresado, no existe razón para dejar sin efecto la pena que según la ley es la que corresponde a dicha conducta que es la prevista en el art. 46 de la ley 11.683, sin que se hayan invocado razones que justifiquen la recalificación en otra figura más leve que puedan modificar la gravedad de las circunstancias ya reseñadas.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución SEFI N°705991, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Adhiero al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiero a la solución propiciada en el voto de la Vocal Instructora Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución SEFI N°705991, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $62.157, equivalente a 0,65 UMA por la representación procesal y $95.626, equivalente a 1 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.07.06 11:55:12 -03:00 Date: 2026.07.06 12:51:12 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.06 12:56:24 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.06 12:56:25 -03:00
Fin de la sentencia