Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 29145-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos interpuestos por ambas partes y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
50.950/2017; “DE LORENZI HORACIO ALFONSO (TF 29145-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2023. JSY Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso El Sr. Horacio Alfonso De Lorenzi realizó una serie de depósitos bancarios. Como consecuencia de ello, la AFIP llevó a cabo una fiscalización en la que concluyó que aquellos depósitos correspondían a honorarios por su actividad como contador público, los cuales no habían sido declarados. Por lo tanto, a través de dos resoluciones, dictadas en 2006 y en 2013, la AFIP determinó de oficio las obligaciones tributarias del Sr. De Lorenzi relativas al Impuestos a las Ganancias –períodos fiscales 2000 a 2003– y el Impuesto al Valor Agregado –períodos fiscales 2001 a 2003–, con más sus intereses resarcitorios y multas. Contra aquellas resoluciones, el Sr. De Lorenzi interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual lo admitió parcialmente.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante la sentencia del 13/11/2019 –obrante a fs. 454/458–, admitió parcialmente el recurso del actor y revocó parcialmente la resolución apelada, con costas en el orden causado. Al mismo tiempo, confirmó en otro aspecto debatido la resolución apelada, con costas. En esta línea, la parte actora había interpuesto recursos de apelación contra las resoluciones del 20/12/2006 y del 4/11/2013 dictadas por la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI, mediante las cuales se había determinado de oficio las obligaciones tributarias relativas al Impuestos a las Ganancias –períodos fiscales 2000 a 2003– y el Impuesto al Valor Agregado –períodos fiscales 01/2001 a 12/2003– con más sus intereses resarcitorios respectivos. Asimismo, en las mencionadas resoluciones se habían aplicado multas por los conceptos y períodos mencionados, con sustento en lo dispuesto por el art. 45 de la Ley N° 11.683.
Para decidir de ese modo, en primer lugar efectuó una serie de precisiones respecto al procedimiento de determinación presuntiva en general y, en particular, respecto del que utiliza depósitos bancarios como medida indiciaria de ventas gravadas en el Impuesto al Valor Agregado y, la utilidad así generada, sometida a imposición en el Impuesto a las Ganancias.
Seguidamente, recordó la jurisprudencia de aquel tribunal relativa a que toda determinación sobre base presunta como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al fisco nacional, debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos de convicción de la real magnitud de la materia gravada, requieren la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados. Así las cosas, destacó que los ajustes impugnados en el caso eran anteriores al dictado de la Ley Nº 25.795, mediante la cual se había incorporado como presunción legal específica a “los depósitos bancarios debidamente depurados que superen las ventas y/o ingresos declarados del período”, con la previsión de las consecuencias que su verificación representaba en el Impuesto al Valor Agregado. En este sentido, puntualizó que los movimientos de las cuentas bancarias no constituían una presunción legal sino un indicio simple que, como tal, requería de su complementación y lógica coordinación con otros elementos probatorios para permitir llegar a un resultado que sea la razonada derivación de ellos, a los fines de una estimación válida de la materia imponible.
Asimismo, recordó que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, que se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 50.950/2017; “DE LORENZI HORACIO ALFONSO (TF 29145-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el organismo recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente. Sin embargo, adujo que esto no se daba en el caso bajo análisis. Indicó en la auditoría fiscal analizada el organismo se aferraba, solitariamente, al indicio de las cuentas bancarias sin dotarlo, a su vez, de un esquema probatorio u otros elementos complementarios que pudiesen robustecer su empleo legítimo y la razonabilidad de sus conclusiones en materia de impuesto omitido. De este modo, indicó que si el indicio que se utiliza no guardaba una relación de razonabilidad con las circunstancias presentes en el caso, no podía verificarse sin más la inversión de la carga probatoria que venía dada para las estimaciones de oficio por el art. 18 de la Ley Nº 11.683, la que continuaba en cabeza de la administración fiscal.
En efecto, afirmó que de la presunción de ventas omitidas por depósitos bancarios, el organismo fiscal había extraído, a su vez, la presunción de que dichas ventas omitidas habían sido producto del ejercicio de la actividad declarada por el contribuyente, sin indagar en elementos de juicio que le permitieran establecer una conexión razonable entre ambos hechos. Así, puso de relieve que esta concatenación de presunciones no podía sino catalogarse como una inconsecuencia jurídica, comportando una arbitrariedad pura y simple de los funcionarios de fiscalización avalada por el juez administrativo interviniente en la determinación. Indicó que la presunción debía partir de un hecho cierto, es decir, no fundarse en otra presunción. En el caso, por el contrario, adujo que el método empleado por el organismo recaudador había consistido en utilizar la suma de sucesivas inferencias que partían de un hecho ignorado, para aplicarlo a otro que también lo era.
Para arribar a dicha conclusión, el Tribunal Fiscal tuvo en cuenta que los resultados de la pericia contable elaborada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la CSJN en el marco de la causa penal “Delorenzi, Horacio Alfonso s/ Infracción a la Ley 24.769”, los cuales fueron citados por el juez penal en la sentencia del 3/11/10, en la cual los expertos intervinientes afirmaron que el Impuesto a las Ganancias y el IVA, determinados no se habían estimado razonablemente. En apoyo de su postura, el Tribunal Fiscal también destacó las distintas declaraciones testimoniales producidas en la aludida causa penal, las que demostraban no sólo la verdadera existencia de diversos préstamos otorgados por el aquí actor, sino que además dejaban en claro la reducida estructura que poseía para desarrollar su actividad profesional, hecho que era incompatible con los voluptuosos ingresos registrados en sus cuentas bancarias.
Por otro lado, afirmó que la determinación de oficio permitía al fisco determinar materia imponible que por omisión o defecto no había declarado el propio contribuyente, pero no lo habilitaba a apartarse de los presupuesto de ley en cuanto a lo que podía ser objeto de imposición. Así, indicó que la administración tenía facultades, como en el caso, para estimar de oficio, pero esto no alcanzaba al necesario encuadre legal de la materia imponible estimada, lo que debía ser preciso y ceñirse estrictamente a los presupuesto de ley. En este orden de ideas, sostuvo que ante ciertas dificultades administrativas y materiales manifiestas, la inspección había optado por adjudicar la materia imponible, como si fueran ingresos omitidos, a rentas de la 4º categoría del gravamen en cuestión. Sin embargo, esgrimió que la primacía de la verdad material, también llamada verdad jurídica objetiva, era una directiva inalienable del régimen jurídico argentino. De este modo, puso de manifiesto que si bien debía ser reconocida la trascendencia de las técnicas y principios tendientes a la organización y desarrollo del proceso, ello no justificaba legitimar que dichas formas procesales fueran utilizadas con prescindencia de la finalidad que las inspiraba y con el olvido de la verdad jurídica. Desde esta perspectiva, consideró que la conducta CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 50.950/2017; “DE LORENZI HORACIO ALFONSO (TF 29145-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
administrativa del fisco nacional omitía hacerse cargo del deber legal que recaía sobre él, en punto a la búsqueda de la verdad material. Respecto de la imposición de costas sobre la cuestión, indicó que resultaba procedente apartarse del principio de la derrota e imponerlas en el orden causado. En efecto, adujo que no correspondía castigar al fisco con las costas del procedimiento, cuando el contribuyente no había aportado nada durante la fiscalización, obligando al ente a recurrir a inciertos métodos estimativos, en un marco de notoria carencia registral y de comprobantes de apoyo.
Por otro lado, el Tribunal Fiscal confirmó lo relativo a las diferencias detectadas entre los ingresos declarados (honorarios profesionales y salarios percibidos) y la información brindada por Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, atento a que el accionante no había introducido ningún agravio sobre el punto, con costas.
Finalmente, cabe precisar que la parte actora solicitó aclaratoria a fs. 460, la cual fue rechazada por el Tribunal Fiscal a fs. 465, toda vez que consideró que al “revocar parcialmente la resolución apelada en autos”, resultaba claro que “al revocar el acto en los aspectos incluidos en el Considerando citado [considerando VII], dicha resolución abarca a todos los conceptos contenidos en la determinación de oficio cuestionada (entre ellos las multas)”.
III. Agravios de la AFIP Contra aquel pronunciamiento, el fisco nacional interpuso recurso de apelación a fs. 466 y expresó agravios a fs. 516/524, los cuales no fueron contestados por la contraparte.
Se agravia que el tribunal ha concluido en la sentencia sobre la base de valoraciones jurídicas (relativas a la aplicación de la normativa pertinente) y fácticas (valoración de los hechos y pruebas) que resultan erradas y carentes de todo sustento. En este sentido, considera que el pronunciamiento es arbitrario toda vez que nos e ha aplicado correctamente el derecho sustantivo con arreglo a las circunstancias de la causa.
En esta línea, sostiene la determinación sobre base presunta por ende es subsidiaria y excepcional, frente a la imposibilidad de reconstruir la situación tributaria del contribuyente y se realiza a través de la utilización de técnicas presuntivas, de hechos y circunstancias conocidas vinculadas con el hecho imponible, que posibilitan en casos particulares inducir la existencia y medida del mismo a través de una operación lógica.
En este contexto, afirma que la sentencia es arbitraria ya que en ella se sostiene que los depósitos bancarios no constituían un hecho cierto, lo cual implicaba el desconocimiento de la prueba producida. En efecto, se refiere a la prueba pericial producida y a las impugnaciones efectuadas a la misma por su parte. Asimismo, hace mención de la prueba testimonial y aduce que las respuestas de los dependientes no exhibían sostén documental alguno y, por ende, quedaban en meras afirmaciones que carecían de todo valor de convicción.
A su vez, refiere que la sentencia es arbitraria toda vez que ha valorado para decidir lo actuado en el proceso penal seguido contra el contribuyente.
Así las cosas, aduce que el accionar del fisco en la determinación del impuesto se encuentra ajustada a derecho, especialmente a lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Nº 11.683, cuando resulta necesario efectuar una determinación de oficio sobre base presunta.
IV. Agravios del actor A su vez, el actor interpuso recurso de apelación a fs. 461/462, el cual fue contestado por el fisco nacional a fs. 529/531.
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Se queja de la sentencia en cuanto dispuso imponer las costas por su orden. En este sentido, afirma que no corresponde apartarse del principio objetivo de la derrota.
V. Alcances del pronunciamiento.
De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
VI. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho.
Cabe recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inc. b) de la Ley Nº 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985, considerando 5; 326:2987, considerando 9; 328:3048, considerando 11; 332:357, considerando 8; 334:249, considerando 7; 336:1668, considerando 8; 338:169, considerando 6; 340:1513, disidencia del Highton de Nolasco y Rosenkrantz, considerando 15; “Tecpetrol SA (TF 27621-1) c/ DGI”, causa CAF 32366/2012/CS1 RO, del 12/9/2017, considerando 11; “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, causa CAF 40457/2012/CS1 RO, del 23/11/2017, considerando 9; “ADM Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, causa CAF 29982/2017/1/RH1, del 28/10/2021, apartado III del dictamen fiscal al cual la Corte remite).
En esta línea, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas por el apelante exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, en razón de lo previsto en el artículo recientemente citado (esta Sala, in re: “Inser SA (TF 30108-I) SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 14.116/2022, del 11/8/2022). En el supuesto previsto en la norma en comentario, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir a este Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, y b) acerca del fondo del asunto, tener por válidas las conclusiones de dicho tribunal sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (cfr. esta Sala, in rebus: “Golden Penaut Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.680/2018, del 9/5/2019; “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c/ DGI s/ Apelación”, Causa Nº 23.090/2012, del 12/11/2013).
En tal orden de exposición, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del citado recurso, razón por la cual cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 50.950/2017; “DE LORENZI HORACIO ALFONSO (TF 29145-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
hechos probados (cfr. Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/3/2009; Sala II, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/4/2010; esta Sala, “Del Buono, Jorge Luis” del 15/3/2007; entre muchos otros).
Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (cfr. esta Sala, in rebus: “CLK SA (TF 36588-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 12.113/2021, del 9/8/2022; “Boccuti, Antonio Miguel c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 5.864/2014, del 6/11/2014; Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/ DGI”, Causa Nº 35.379/10, del 21/3/2011).
Si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria (cfr. esta Sala, in rebus: “CLK SA” y “Golden Penaut Argentina SA”, ya citados).
En este sentido, lo que se encuentra sometido a conocimiento de esta Sala consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso sólo cabe confirmar la decisión recurrida (cfr. esta Sala, in rebus: “Kimberly Clark SA (TF 36115-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 17.550/2021, del 13/4/2022; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/ DGI”, Causa Nº 72.673/2018, del 7/5/2019; “Cuatro Esquinas SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 13.104/2018, del 14/3/2019; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/ DGI”, Causa Nº 83.620/2016, del 16/10/2018; “Salas, Fernando Martín c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 82.591/2015, del 10/4/2018; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/ DGI”, Causa Nº 18.124/2016, del 14/9/2017; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/ DGI”, Causa Nº 4.502/2014, del 29/9/2014; “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012, del 31/10/2012; entre otros; doctrina de Fallos: 326:2987; 332:357; y 334:249).
VII. Inexistencia de arbitrariedad en la decisión del Tribunal Fiscal.
En este entendimiento, cabe precisar que el Tribunal Fiscal en su pronunciamiento revocó parcialmente las resoluciones del 20/12/2006 y del 4/11/2013, dictadas por la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI, mediante las cuales se determinó de oficio las obligaciones tributarias relativas al Impuestos a las Ganancias –períodos fiscales 2000 a 2003– y el Impuesto al Valor Agregado –períodos fiscales 01/2001 a 12/2003– con más sus intereses resarcitorios respectivos y multa.
Para decidir de ese modo, efectuó una serie de consideraciones respecto al procedimiento de determinación presuntiva en general y, en particular, respecto del que utiliza depósitos bancarios. Seguidamente, sobre la base de las constancias obrantes en las actuaciones, ponderó que en la auditoría fiscal el organismo se había aferrado, solitariamente, al indicio de las cuentas bancarias sin dotarlo, a su vez, de un esquema probatorio u otros elementos complementarios que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 50.950/2017; “DE LORENZI HORACIO ALFONSO (TF 29145-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
pudiesen robustecer su empleo legítimo y la razonabilidad de sus conclusiones en materia de impuesto omitido. De este modo, indicó que el indicio que se utilizó no guardaba una relación de razonabilidad con las circunstancias presentes en el caso. Así las cosas, afirmó que de la presunción de ventas omitidas por depósitos bancarios, el organismo fiscal había extraído, a su vez, la presunción de que dichas ventas omitidas habían sido producto del ejercicio de la actividad declarada por el contribuyente, sin indagar en elementos de juicio que le permitieran establecer una conexión razonable entre ambos hechos. Por lo tanto, consideró que los funcionarios administrativos habían actuado con arbitrariedad, cuestión que se corroboraba también con la pericial contable y con las declaraciones testimoniales llevadas a cabo en la causa penal.
Así las cosas, se advierte que el recurrente no ha presentado razones de peso que permitan modificar lo decidido, máxime cuando se pretende revertir el juicio del Tribunal Fiscal acerca de los hechos y de la prueba, aspecto que solo resulta revisable para la alzada en supuestos de deficiencias manifiestas o errores en la apreciación de aquellos extremos –como se ha expuesto en el considerando VI–, los cuales no se advierten en el caso bajo examen.
En efecto lo decidido por el Tribunal Fiscal se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso, que le permitieron concluir que correspondía revocar parcialmente la determinación de oficio realizada por la AFIP.
VIII. Costas En lo que respecta a los agravios deducidos respecto de las costas del pleito, debo recordar que, como pauta general, el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (CSJN, Fallos: 323:3115; 325:3467); y quien pretenda exceptuarse de esa regla debe demostrar acabadamente las circunstancias que justificarían el apartamiento de ella (CSJN, Fallos: 312:889).
Asimismo, si bien es posible reconocer excepciones a la regla del art. 68 del Código Procesal en las condiciones que se establecen en el segundo párrafo de la misma norma, al facultarse a los jueces a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, por decisión fundada (CSJN, Fallos: 311:809 y 317:1640, entre otros), no lo es menos que la adopción de tal temperamento requiere comprobar que el tema debatido en el juicio es discutible y de singular complejidad (CSJN, Fallos 280:176, considerando 14° de la mayoría y 17° de la disidencia) o la cuestión es novedosa de tal modo que todo ello ha podido generar en la parte la creencia de que su pretensión era, al menos, opinable (esta Sala, in rebus: “Jacquemin, Sara Estela c/ ANLIS s/ Empleo público”, Causa Nº 72.348/2017, del 20/9/2022; “Morales Silvia Mónica c/ EN – PEN – AFIP – Resol 3212/11 s/ amparo Ley 16.986”, Causa Nº 30.272/12, del 20/12/2012, entre muchos otros).
En la especie, corresponde confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal en cuanto consideró que correspondía apartarse del principio de la derrota e imponer las costas en el orden causado. Para decidir de ese modo, el tribunal tuvo en cuenta que no debía castigarse al fisco con las costas del procedimiento, cuando el contribuyente no había aportado nada durante la fiscalización, por lo que había obligado al ente a recurrir a inciertos métodos estimativos, en un marco de notoria carencia registral y de comprobantes de apoyo. Así las cosas, se considera que el Tribunal Fiscal ha eximido adecuadamente al vencido de las costas por decisión fundada y reparando en las particulares circunstancias del caso. Por análogas razones, y en atención a la forma en que se resuelve, las costas de alzada se imponen en el orden causado (art. 68, segunda parte, del Código Procesal).
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Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar los recursos interpuestos por ambas partes y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia