Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar íntegramente las resoluciones apeladas en cuanto determinaron impuestos y sus accesorios, con costas.
2Confirmar las multas impuestas por las Resoluciones Nro. 66/2018 y Nro. 67/2018, con costas.
3Confirmar las multas impuestas por las Resoluciones Nro. 89/2017 y Nro. 90/2017, reduciéndolas a su mínimo legal, con costas según sus respectivos vencimientos.
4Reencuadrar la multa impuesta en la Resolución Nro. 37/2016 por el impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2010, en el mínimo legal de la conducta prevista por el artículo 45, con costas según sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-86125383-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Septiembre de 2026
El Expediente N°47.029-I y sus acumulados N°47.030-I, N°48.251-I y N°49.220-I, caratulados “LOTERKING S.A. s/ Recurso de Apelación”; y El Dr. Magallón dijo:
I. Que a fs. 104/147, 287/325, 680/723 y 778/809 la recurrente interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI (hoy ARCA) que se detallan a continuación:
(i) Resolución N° 37/2016 (DV RRTU) de fecha 22/06/2016 mediante la cual se resuelve impugnar las declaraciones juradas del IG (en adelante IG) de los períodos fiscales 2009 a 2013, determinar de oficio con carácter parcial la materia imponible e imponer la obligación de ingresar la suma de pesos nueve millones veintiocho mil ciento ochenta con cuarenta y tres centavos ($ 9.028.180,43.-), con más la suma de pesos ocho millones ciento sesenta y nueve mil doscientos cuatro con ochenta y cinco centavos ($ 8.169.204,85.-) en concepto de intereses resarcitorios y aplica una multa de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve con cuarenta y cuatro centavos ($ 444.439,44.-) en los términos del art. 46 de la Ley 11.683 respecto de las sumas ajustadas por el periodo fiscal 2010, haciendo reserva de aplicar sanciones por los periodos 2011 a 2013 con arreglo a las previsiones del art. 20 de la Ley 24.769;
(ii) Resolución N° 36/2016 (DV RRTU) de fecha 22/06/2016 a través de la cual se determina de oficio con carácter parcial el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales 12/2008 a 03/2014 por la suma de pesos cuarenta y cinco millones ciento cuarenta y dos mil trescientos cuatro con doce centavos ($ 45.142.304,12.-) en concepto de capital, con más la suma de pesos sesenta y seis millones setecientos cuarenta mil ochocientos siete con veintiocho centavos ($ 66.740.807,28.-) en concepto de intereses resarcitorios, suspendiéndose la aplicación de sanción atento encontrarse la conducta de la contribuyente comprendida prima facie en la previsiones de la Ley 24.769;
(iii) Resolución 89/2017 (DVRRTU) de fecha 29/08/2017 por la que se determinaron obligaciones en el IVA de los periodos fiscales 04/2014 a 08/2015 por la suma de pesos diecinueve millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho con sesenta y nueve centavos ($ 19.898.468,69.-) liquidó intereses resarcitorios por la suma de pesos diecinueve millones cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis con treinta y ocho centavos ($ 19.044.966,38.-) y aplicó una multa de pesos trece millones novecientos veintiocho mil novecientos veintiocho con ocho centavos ($ 13.928.928,08.-) equivalente al 70% del impuesto determinado, ello con arreglo a las previsiones del art. 45 de la Ley 11.683.
(iv) Resolución 90/2017 (DVRRTU) de fecha 29/08/2017 que determinó el IG del periodo fiscal 2014 por la suma de pesos cuatro millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos veinte con veintinueve centavos ($ 4.897.620,29.-) y aplicó una multa de pesos tres millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos treinta y cuatro con veinte centavos ($ 3.428.334,20.-) equivalente al 70 % del monto determinado con apoyo en las previsiones del art. 45 de la Ley 11.683. (v) Resolución 66/2018 (DVRRTU) de fecha 31/08/2018 mediante la que se impuso a la contribuyente una multa de pesos veintidós millones quinientos setenta y un mil ciento cincuenta y dos con tres centavos ($ 22.571.152,03.-) por la omisión incurrida en el IVA de los periodos fiscales 12/2008 a 03/2014, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del impuesto omitido;
(vi) Resolución 67/2018 (DVRRTU) de fecha 31/08/2018 mediante la que se impuso a la contribuyente una multa de pesos cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil dieciséis con noventa y ocho centavos ($ 4.440.016,98.-) por la omisión incurrida en el IG de los periodos fiscales 2011 a 2013, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del impuesto omitido. Las actuaciones tuvieron inicio con la apertura de la Orden de Intervención -en lo sucesivo “O.I.”- N° 1.037.251 con fecha 06/06/2014, mediante la cual la demandada dispuso la fiscalización del IVA (periodos 12/2008 a 03/2014), del IG (periodos 2009 a 2013) y Salidas no documentadas (periodos 2009 y 2010).
Que conforme surge del Informe de Inspección -fs. 155 del Cuerpo N°1 de IG de los Antecedentes Administrativos (en adelante AA)- la verificación fue generada a partir del resultado de la consulta elevada al área Legal y Técnica de la Dirección Regional respecto de la gravabilidad de las operaciones de la parte actora en el IVA para que, en su caso, la fiscalización determinase la materia imponible no declarada por la contribuyente durante los periodos no prescritos. La hipótesis de investigación fue consignada en el informe como de “Omisión de ventas declaradas en el IVA - Gastos y deducciones improcedentes”.
Por su lado y en cuanto atañe a los antecedentes que originaron el caso, en el referido informe el Fisco consignó: “La contribuyente desarrolla como actividad única y principal la venta, administración y servicios del juego de azar denominado comercialmente en la República Argentina TELEKINO.
Dicha explotación la efectúa a partir de un contrato de uso de marcas comerciales, efectuado entre la contribuyente Loterking S.A. denominado "Licenciatario” y Loteria de Concepción o también denominado "el Licenciante", con domicilio en calle Colo Colo N° 580 de la ciudad de Concepción, República de Chile. Según copia de contrato aportado. Asimismo para la comercialización dentro del país del denominado Juego Telekino, poseen un contrato entre las partes citadas anteriormente para el uso de Software o programa computacional original, necesario para el diseño, desarrollo, generación, administración, ejecución, operación y control del juego TELEKINO en la República Argentina. La actividad de los servicios de intermediación prestado por agencias de lotería, prode y otros juegos de azar explotados por los Fiscos Nacional, Provincial y Municipales o por instituciones pertenecientes a los mismos a raíz de su participación en la venta de los billetes y similares que acuerdan derecho a intervenir en dichos juegos se encuentran encuadrados como exentos por el art. 7 inc h) punto 1 y 15. de la Ley de I.V.A.
En este caso como dichos sorteos se efectúan por intermedio de la Caja Popular de ahorros de la Provincia de Tucumán, entidad perteneciente al Gobierno de la Provincia de Tucumán, quien es la encargada de la comercialización de dicho juego, la actividad se encuentra exenta del IVA.
Como se mencionó en el origen del cargo, esta situación tuvo un giro en cuanto a su gravabilidad en el I.V.A., a partir de Nota N°1569/13 (AG SETU) donde informa que las actuaciones se inician con motivo del cruce débitos y créditos en cero periodo fiscal 12/2010, efectuado mediante la aplicación Verifica.
Respecto a la inconsistencia, señala que a modo de explicación la contribuyente presenta F.206/1 manifestando que: "... nuestra empresa LOTERKING SA. CUIT 30-7099120- 5 desarrolla como única actividad la intermediación en la venta del producto TELEKINO propiedad de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán en todo el territorio nacional..."Con respecto al encuadre de la actividad como IVA Exento, corresponde el art. 7 inc. h) punto 15 de la Ley...".
Luego del análisis del contrato entre la CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN Y LOTERKING S.A., el área verificadora evaluó que: "... la actividad llevada a cabo por LOTERKING S.A. contempla una serie de tareas que abarcan la impresión de los cartones, la logística y distribución de los mismos, la publicidad y promoción, el control y procesamiento del juego, confección del balance de cada jugada, etc., lo cual implica una tarea mucho más amplia que la simple intermediación de la venta de billetes/cartones y que por lo tanto, la actividad desarrollada excede el marco de la exención prevista en el art.7 inc. h) pto. 15 de la ley del IVA el cual se limita a los servicios de intermediación prestados por sujetos descriptos en dicho artículo a raíz de su participación en la venta de billetes y similares que acuerden derecho a intervenir en el juego en cuestión...".
Por tal motivo, el área de Verificaciones elevó en fecha 12/12/2011 una consulta a la División Revisión y Recursos a efectos de dilucidar situación planteada, la que a su vez elevó las actuaciones a las áreas Asesoras superiores. Es así que la Dirección de Asesoría Legal se expidió, concluyendo que "...la actividad llevada a cabo por la empresa LOTERKING S.A. excede el marco exentivo contemplado en el punto 15 inciso h) del artículo 7 de la ley del Impuesto al Valor Agregado...puesto que la misma conlleva tareas organizativas propias del titular de una explotación de un juego de azar y que no podrían considerarse como parte de una simple intermediación”.
II. Por su parte, la recurrente señala que en virtud de la Ley N° 6.274, los juegos de azar se encuentran prohibidos en el ámbito de la Provincia de Tucumán, exceptuando de dicha prohibición a los que son explotados, administrados o autorizados por la Caja Popular de Ahorros provincial (en adelante CPAT).
Afirma que la mencionada CPAT tiene la exclusividad del juego TELEKINO explotándolo desde el año 1992 y agrega que “Así las cosas, en el año 2007 mi mandante suscribió un acuerdo con dicha caja para otorgarle la exclusividad del juego “Telekino”. Asimismo, en dicho acuerdo mi mandante se comprometía a la impresión de cartones, control y procesamiento del juego. De ese modo (…) Loterking S.A. es una firma que -debido al antes referido contrato- desde hace prácticamente una década tiene como actividad la intermediación en la venta del jugo de azar, denominado “Telekino” en todo el territorio nacional.”.
Pone de relieve que fue fiscalizada en diversas oportunidades por la AFIP sin que se hubiera cuestionado en modo alguno su condición de exenta frente al Impuesto al Valor Agregado, hasta que con fecha 05/06/2014 el organismo fiscal dispuso la verificación de la empresa en virtud de la orden de intervención -en adelante O.I.- N° 1037251.
A partir de allí -prosigue-, comenzó la revisión de toda la documentación solicitada, tales como facturas de compra, los libros comerciales y societarios (IVA compras y ventas, etc.) inventarios y balances, detalles de ingresos, contratos celebrados con la CPAT, declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias e IVA, entre otra, brindándose toda la colaboración necesaria.
Una vez verificada toda la documentación, recuerda la recurrente que los inspectores comunicaron a la empresa que, a criterio de la administración tributaria, surgían diferencias a favor del Fisco Nacional, lo cual -dice- llamó poderosamente su atención. Seguidamente, con fecha 28 de agosto de 2015, se le notificó una propuesta de ajuste donde se confeccionaron liquidaciones del IVA por los periodos fiscales 12/2008 a 03/2014, la cual no fue aceptada. Como consecuencia de ello, con fecha 25/11/2015 se dictaron las resoluciones por las que se le corrió formal vista de las actuaciones relativas a la inspección, las que, mediando una prórroga, fueron evacuadas con fecha 12/02/2016 con su respectivo descargo, aportándose y ofreciendo las pruebas tendientes a demostrar la improcedencia del ajuste. Finalmente, el 23/06/2016 se dictaron las resoluciones N° 36/2016 y N° 37/2016 que ratificaron los ajustes en IVA e IG propuestos por la fiscalización y rechazados por la recurrente.
Al referirse a las razones de los ajustes, la actora señala que la AFIP se apoya en el contrato celebrado el 19/03/2007 con la CAPT, en cuanto a partir de sus términos, aquella consideró que “…debe entenderse que la explotación es realizada en forma conjunta”. Esta conclusión no permitiría sostener el criterio de que la actividad desarrollada por LKSA (en adelante LKSA) se encuadra en la prestación de servicios de intermediación conforme los términos del punto 15 inciso h) del articulo 7° de la ley del IVA, toda vez que ella “…implica una tarea organizativa que va más allá que una simple intermediación…”.
Pone de relieve que, a diferencia de su postura, en la resolución determinativa se asevera que “…las conclusiones vertidas por las áreas de asesorías técnica y legal de esta AFIP que concluyeron que al presente caso no le resulta aplicable el criterio emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volcado en la Instrucción General N° 6/11…”. Destaca que el organismo recaudador sostiene que la actora “…no solo realiza la impresión de los cartones del juego sino que sus otras tareas de acuerdo al contrato celebrado con la CAJA son de asesoría global en la administración del mismo entre otras…” lo que, a su criterio, impide considerar a LKSA como sujeto exento en los términos del art. 7 de la ley de IVA. Así fue que llegó a la conclusión de que LKSA debió haber tributado con arreglo a las disposiciones de los arts. 1° a 4° de la ley del gravamen.
Seguidamente enumera sus agravios. Corresponde prevenir que, habida cuenta de que los agravios expresados por la actora en sus distintas presentaciones resultan ser análogos, habrán de abordarse en forma conjunta.
Comienza por el planteo de nulidad del acto determinativo. La primera razón que enumera como sustento de ello es que, según su visión, el acto determinativo adolece de defectos de forma y ha existido inobservancia de los requisitos esenciales que deben verificarse para su dictado.
En tal sentido, puntualiza que el acto no sólo se fundó en prueba evaluada en forma manifiestamente arbitraria por parte de los funcionarios intervinientes, sino que también se ha resuelto su situación sin analizar el descargo que presentara oportunamente y sin haberse permitido la producción de las medidas de prueba ofrecidas. Todo ello, sostiene, le impidió ejercer su derecho de defensa.
Asimismo, atribuye al acto la convalidación de claras contradicciones en el proceder de los funcionarios actuantes, quienes desconocieron actos del Organismo, lo que demostraría la improcedencia del ajuste fiscal. Sostiene que antes y durante el proceso verificatorio de la actora, la AFIP emitió actos y adoptó criterios contrarios a los que impulsaron la iniciación del procedimiento determinativo. Tal proceder -concluye- importó una concreta y manifiesta afectación del principio de razonabilidad y de la teoría de los actos propios, receptada por elementales garantías del ordenamiento jurídico.
Señala el incumplimiento, en el caso, de los requisitos enumerados en el art. 7° de la Ley 19.549.
Así, con relación a la falta de causa y motivación, aduce que su parte no sólo aclaró y explicó la improcedencia de los ajustes al contestar la vista, sino que también acompañó la prueba que respalda que LKSA no tiene -ni puede- explotar el juego denominado Telekino, sino que es el Estado provincial quien detenta la explotación y que su parte, como intermediaria, reviste el carácter de sujeto exento frente al IVA.
De los términos del recurso -en lo que a este agravio atañe- se advierte que un aspecto central resulta ser la denunciada ausencia de fundamento, en el acto determinativo, para haberse apartado de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Instrucción General AFIP N° 6/11, así como la falta de análisis de la situación de LKSA, dada su situación de sujeto impedido de hacer explotación del juego en virtud de expresa disposición de normas provinciales. Por otro lado, señala que el Juez Administrativo persiguió una finalidad distinta a la que ordena el procedimiento administrativo, al afirmar hechos falsos -por ejemplo, que su parte modificó su condición a IVA exento por “motus propio ” (sic), circunstancia que niega- o descalificando las propias normas que ha dictado el Organismo.
Seguidamente, plantea la prescripción de la acción de reclamo de los periodos fiscales 12/2008 a 11/2009 del IVA y 2008 y 2009 del IG.
En síntesis, sostiene que la suspensión por un (1) año en el cómputo de los plazos de prescripción para el reclamo de tributos y aplicación de multas dispuesto por el art. 17 de la Ley 26.860 no le resulta aplicable, habida cuenta de que no se ha acogido a sus beneficios.
Por otro lado y en cuanto a los argumentos de fondo dados como fundamento de las resoluciones determinativas, la actora los controvierte en base a los siguientes planteos.
En primer lugar aborda el tópico relativo a la efectiva explotación del juego “Telekino”. En este sentido, comienza poniendo de relieve que la actividad del juego es regulada por cada uno de los estados provinciales de la República Argentina. En el caso particular y más allá del contrato que ella suscribiera con la Lotería de Concepción (República de Chile) por la que ésta le otorgó a LKSA la licencia exclusiva para la explotación del referido juego en la República Argentina, ello no la coloca de por sí en la condición de “explotadora” del juego, ya que en la Provincia de Tucumán se debe contar la autorización de la CPAT.
La actora señala puntualmente que “…en la Provincia de Tucumán la única habilitada a la explotación es la Caja Popular de Ahorros de la Provincia”. Cita y transcribe los arts. 1° y 4° de las Leyes provinciales 6274 y 5115, respectivamente. Explica que lo que se discute en las actuaciones es si esa explotación puede también ejercerla un particular, conforme lo sostuvo la AFIP al decir que “…debe entenderse que la explotación es realizada en forma conjunta”, lo cual sostiene que resulta imposible en virtud de lo dispuesto por la citada Ley 6274.
Más adelante en su racconto de agravios, aborda la cuestión relativa a la eventual aplicación de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sentada en la causa “Asociación Gremial de Profesionales del Turf” (Fallos 334:1027) a su propia situación, circunstancia que el Fisco Nacional niega en base a considerar que dicha doctrina no resulta aplicable por tratarse de supuestos fácticos diferentes.
A continuación, la actora expresa el agravio referido a las opiniones divergentes que en lo que al encuadre tributario de su actividad se refiere emitieron distintas áreas del organismo fiscal. Así, relata que mientras que tanto el Informe Técnico N° 299/12 (DV RRTU) como el Dictamen Jurídico N° 206/12 (DV JUTU) -emergentes de dependencias de la Dirección Regional Tucumán- postularon el carácter exento de LKSA, la Dirección de Asesoría Legal -basada en un informe del Departamento Asesoría Legal Tributaria obrante a fs. 95 a 104 del Legajo de Antecedentes- concluyó que la actividad desarrollada por la recurrente no se encontraba comprendida en el marco exentivo establecido en el punto 15 del inciso h) del art. 7° de la Ley del IVA.
La situación descripta precedentemente es la que da pie a otro de sus agravios: que la discordancia entre distintas áreas de opinión del organismo respecto del tratamiento tributario que corresponde asignar a su actividad conlleva la violación de la teoría de los actos propios. A ello, suma la alegación de que, con el -así llamado- “cambio de criterio”, la AFIP pretende gravar una actividad ilícita y asegura que, mediante este proceder, el organismo recaudador afecta el principio de seguridad jurídica y con ello, principios y garantías expresamente reconocidos en la Constitución Nacional. Prosiguiendo con el desarrollo de sus agravios, la recurrente denuncia la incorrecta liquidación del Impuesto al Valor Agregado. En tal sentido sostiene que el resultado ajustado ha sido determinado en forma errada. Explica textualmente “…que la AFIP ha calculado el “IVA por fuera”, esto es, que al valor declarado como ingreso por la firma le aplicó, mecánicamente, el 21% considerando a ese importe como gravado; (aun cuando Loterking S.A. está exenta del impuesto), en la tesis fiscal debiera haberse liquidado el “IVA por dentro”, es decir, del total percibido, y considerar incluido el IVA”.
A ello agrega que “Esto debió significar un ajuste en términos negativos en la determinación del IG practicada, que hubiera importado detraer de los ingresos un concepto por el cual, oportunamente, ya se pagó el impuesto”. A continuación, suma otro agravio que involucra la violación del principio de igualdad, a partir de la denunciada existencia de otros contribuyentes que -afirma- revisten la calidad de exentos por la misma o similar actividad que la realizada por Loterking S.A. y que, sin embargo, “(…) pueden gozar del derecho -que por ley les corresponde- que concede la exención del punto 15 inciso h) del art. 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado”.
En el último de los agravios relacionados directamente con los ajustes, la actora sostiene que LKSA se encuentra también alcanzada por la exención dispuesta en el art. 7° inc. c) como así también por lo dispuesto por el art. 3° inc. c), segundo párrafo de la Ley del IVA (en conjunción con lo dispuesto por el art. 6° del Decreto Reglamentario de la referida ley). Así, después de transcribir la normativa arriba reseñada, pone de resalto que está expresamente reconocido en el expediente que su parte es quien se encarga de la impresión de los billetes del juego Telekino, que las tareas que desarrolla están directamente vinculadas a la venta de tales billetes y que percibe a cambio de ello un porcentaje de la venta. Es claro entonces -concluye- que ese porcentaje, pactado contractualmente, se encuentra exento de IVA por aplicación de las normas mencionadas.
Seguidamente presenta defensa contra la multa aplicada en la Resolución N° 37/2016, basándose en la falta de mención en la resolución apelada de los parámetros que justificarían la imputación de la infracción enrostrada y en la inexistencia del elemento subjetivo en el accionar llevado a cabo por la empresa.
Finalmente, ofrece prueba, cita el derecho que funda su pretensión y solicita la revocación de las resoluciones apeladas. Mantiene la reserva del caso federal formulada oportunamente.
III. A fs. 163/1175 vta., 346/357, 733/744 y 823/836 vta. el Fisco Nacional contesta los respectivos traslados de los recursos. Por las razones que invoca, solicita la confirmación de las resoluciones apeladas y que se impongan a la actora las costas del proceso. Acompaña los antecedentes administrativos y efectúa reserva del Caso Federal.
IV. Que a fs. 851 se requirió a las partes que manifestasen en forma expresa y con relación a las pruebas oportunamente ofrecidas si prestaban conformidad para que la vocalía instructora resuelva respecto de su admisibilidad y pertinencia prescindiendo de la audiencia preliminar de prueba prevista en el art. 173 de la Ley 11.683, o bien, si consideraban indispensable su realización. A fs. 858 y 852/853 obran constancias de las respectivas notificaciones dirigidas a la parte actora y al Fisco Nacional. A fs. 855 luce agregada la respuesta del Fisco Nacional prestando conformidad para prescindir de la audiencia preliminar de prueba.
A fs. 873 la vocalía instructora resolvió rechazar la prueba ofrecida y declarar la cuestión como de puro derecho. A fs. 890 se elevaron los autos a consideración de la Sala “B” y a fs. 896 fueron puestos para dictar sentencia.
V. Que corresponde entrar a analizar si las resoluciones emitidas por el Fisco Nacional se ajustan a derecho, ello en función de la forma y alcances con que ha quedado trabada la litis.
Que por cuestión de lógica precedencia, debe abordarse primeramente y de forma separada el tratamiento de los planteos de nulidad y prescripción articulados por la actora respecto de las Resoluciones N° 36, 37, 89 y 90, cuyos lineamientos centrales ya se han consignado precedentemente.
V.1. Que respecto del primero de dichos planteos, cabe prevenir que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma.
Sabido es que “...cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado…” (CNACAF, Sala I, “Cooperativa de Trabajo AEI Colonia Barraquero” LTDA c/INAES- Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, 03/02/2012).
También se ha sostenido que “Para satisfacer la parte las exigencias derivadas del art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación relativas a expresar el perjuicio sufrido y mencionar las defensas que no haya podido oponer, no basta con la mera invocación de que ha sido privada del derecho de defensa en juicio si no se ha indicado concretamente de qué modo habría influido el vicio alegado en el ejercicio de aquel derecho.” (Fallos 329:2830).
Que además, corresponde recordar que este Tribunal ha dicho in re “MIRROR HOLDING S.A” (Sala “C”, Expte. Nº 20.440-I, sentencia del 15/09/2006) que “...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (Fallos 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como “in extenso”, en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...”.
Que es de destacar que la parte actora ha tenido oportunidad en esta instancia tanto de hacer ejercicio de su derecho de defensa -reiterando el ofrecimiento de las pruebas que se le hubiesen denegado durante el trámite de determinación de oficio- como de señalar, llegado el caso, las defensas de las que se habría visto privada de hacer valer. Dicho lo que antecede, cabe recordar que es doctrina de esta Sala que la circunstancia de que pueda reiterarse en esta instancia el ofrecimiento de las pruebas que hubiesen sido denegadas en el marco del procedimiento determinativo ante la ARCA obsta a la consolidación de agravio a la garantía del debido proceso, razón por la que no cabe admitir el planteo de nulidad sobre esa base.
En cuanto atañe al agravio relativo a la prueba producida en la etapa administrativa previa que, a juicio de la actora, demostraría el carácter de mera intermediaria y por ende -siempre según su visión- su condición de exenta frente al IVA, concretamente denuncia que “…en particular se advierte arbitrariedad en todo lo referente al tratamiento de las pruebas ofrecidas, que se rechazan sin fundamento válido”.
Al respecto, cabe señalar que la conclusión a la que se arribó en la decisión administrativa apelada no puede ser calificada como inopinada, toda vez que los fundamentos que allí se han consignado bastan -más allá de su acierto o error- para tener cumplido el requisito previsto en el inc. e) de la Ley 19.549 invocado por la recurrente para sustentar su planteo. Sobre la base de las premisas expuestas, cabe concluir que las argumentaciones vertidas por la actora no crean un sustento jurídico material acorde con los requerimientos inherentes a su pretensión de nulidad. En efecto, de las constancias obrantes en las actuaciones no se advierte la falta de motivación en el dictado de las resoluciones que aquella acusa, pues a juicio de este tribunal las resoluciones apeladas cumplen debidamente con los requisitos esenciales de motivación y fundamentación suficiente que la ley exige.
Por lo demás, cabe señalar que los restantes agravios vertidos dentro del planteo de nulidad -apartamiento de la decisión impugnada respecto de criterios internos adoptados previamente por la administración tributaria y falta de consideración de cuestiones relativas al cambio de situación de revista frente al IVA- tienen, en puridad, relación con la cuestión de fondo a resolver, por lo que se abordarán más adelante en esta sentencia.
En virtud de lo expresado hasta aquí, corresponde desestimar el planteo de nulidad intentado por la recurrente.
V.2. Cabe seguidamente abordar el planteo parcial de prescripción de la acción inherente al reclamo de los periodos fiscales 2008 y 2009 del IG (Resolución N° 37/2016) y 12/2008 a 11/2009 del IVA (Res. 36/2016).
De modo liminar, cabe hacer aclaración de que el periodo fiscal 2008 del IG no ha sido motivo de ajuste en la Resolución N° 37/2016 apelada, por lo que no cabe hacer análisis alguno a su respecto.
Hecha esta prevención, corresponde enunciar las normas procedimentales que resultan de aplicación al caso. La Ley 11.683 en su artículo 56 dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos. Por su parte, el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Consignadas ya las normas básicas de aplicación a la materia, corresponde examinar si las acciones del Fisco Nacional para determinar los impuestos a las Ganancias e IVA antes identificados se encontraba -como pretende la actoraprescripta al momento del dictado de las resoluciones en crisis.
Que ello así, a efectos de aplicar el ordenamiento jurídico vigente al caso bajo análisis, se impone recordar la plataforma fáctica que lo identifica, la que a continuación se describe:
(i) El plazo prescriptivo de los períodos fiscales 12/2008 a 11/2009 del IVA comenzó a correr el 01/01/2010 (art. 57, ley 11.683).
(ii) El plazo prescriptivo del período fiscal 2009 del IG comenzó a correr el 01/01/2010 (art. 57, ley 11.683) tratándose de un contribuyente empresa con cierre de ejercicio en el mes de junio.
iii) El 03/06/2013 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.860 -publicada el mismo día en el Boletín Oficial- que en su artículo 17 dispuso la suspensión por un (1) año del curso de la prescripción computada desde la publicación de la norma en el boletín oficial.
iv) El 22/06/2016 el organismo fiscal emitió las Resoluciones N° 36/2016 y N° 37/2016 que determinaron los tributos y se apelan en los presentes autos.
Corresponde señalar que no existe controversia entre las partes en cuanto al término y punto de partida de los plazos prescriptivos como tampoco en cuanto al momento de su cumplimiento conforme a las normas de los arts. 56 y 57 de la ley de rito; sí lo hay, en cambio, con respecto a si a dichos plazos puede aplicarse lo previsto por el artículo 17 de la Ley 26.860 (B.O. 03/06/2013).
En este sentido, la actora sostiene que dicha suspensión no resulta aplicable en la especie, en virtud de que ella no se ha acogido a los beneficios del citado régimen, por lo que los plazos de prescripción se encontraban cumplidos al momento de dictarse los actos determinativos.
La norma citada precedentemente estableció: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
A la luz de lo transcripto, cabe anticipar que el agravio introducido por el apelante -según el cual resultaría inaplicable a su caso lo previsto en el transcripto artículo 17- no puede prosperar.
Ello así, por cuanto la postura asumida -implícitamente- por la recurrente en torno al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida, en virtud de que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (doctrina de Fallos 308:1745; 320:2145).
También tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar la voluntad del legislador es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11° y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); que las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 -que instauró un régimen de normalización impositiva- y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “(…) con carácter general por el término de un (1) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”- resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656).
Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 -con adhesión al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15-, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476 -con un texto similar al que aquí incumbe-, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que la suspensión anual resulta plenamente aplicable al presente caso, por ser aquella de carácter general, no siendo condición para ello que el contribuyente hubiera adherido al régimen contenido en la ley. Una vez reanudado el plazo en fecha 04/06/2014, el día 25/11/2015 fue nuevamente suspendido el plazo de 120 días hábiles en virtud de que AFIP-ARCA emitió la resolución de corrimiento de vista determinativa de oficio que prevé el art. 17, ello por aplicación de la previsión contenida en el art. 65.1 de la citada ley procedimental.
Así las cosas y efectuándose el cálculo completo del plazo legal -neto de las indicadas suspensiones- se concluye que al momento del dictado de los respectivos actos administrativos se encontraban vigentes las acciones y poderes del fisco para determinar de oficio los tributos en cuestión, por lo que corresponde desestimar el planteo de la actora. Que respecto de las costas derivadas de los agravios tratados en los apartados V.1 y V.2 precedentes, corresponde señalar aquí que, si bien los mismos merecieron un abordaje previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fueron tratados como excepciones de previo y especial pronunciamiento, razón por la cual no corresponde una imposición autónoma de costas.
Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia al señalar “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal " (conf. sentencia de Cámara, considerando V, fs.735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (“BOLLAND Y CÍA. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Corresponde ahora abordar el tratamiento de la cuestión de fondo, la que requiere determinar si la actividad de la actora vinculada a la explotación del juego “Telekino” en la provincia de Tucumán se encontraba gravada en el IVA y en el impuesto a las ganancias -posición del Fisco Nacional- o si ella se hallaba exenta, tal como lo viene sosteniendo la recurrente.
Cabe aquí poner de relieve que los fundamentos en que se sustentan los ajustes impugnados se enfocan exclusivamente en el análisis de la situación de la recurrente frente al IVA y lo mismo sucede, de modo reflejo, con los agravios expresados por la parte actora en las distintas instancias del procedimiento. Bajo esa premisa habrá de analizarse la procedencia del ajuste.
A tal fin y antes que nada, cabe prevenir que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo a pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (Fallos 329:1951, 329:3373) ni a ponderar exhaustivamente todas las pruebas agregadas (Fallos 327:789).
VI.1. Ajuste del IVA periodos fiscales 12/2008 a 08/2015 (Resoluciones 36/2016 y 89/2017).
Dicho lo que antecede y habiendo sido ya consignadas en apartados precedentes las circunstancias fácticas relacionadas con la cuestión aquí debatida, es menester hacer referencia a las normas de aplicación que la rigen.
El art. 7 inc. inc. h) punto 15) de la ley del IVA dispone que “Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las ventas, las locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación: (…) 15) Los servicios de intermediación prestados por agencias de lotería, prode y otros juegos de azar explotados por los fiscos nacional, provinciales y municipales o por instituciones pertenecientes a los mismos, a raíz de su participación en la venta de los billetes y similares que acuerdan derecho a intervenir en dichos juegos”. Del texto legal pre transcripto se aprecia, con nitidez, cual es la actividad alcanzada por la exención: los servicios de intermediación prestados por ciertos sujetos -agencias de lotería, prode y otros juegos de azar- a raíz de su participación en la venta de billetes y similares que acuerdan a los compradores el derecho a intervenir en el juego en cuestión. Ahora bien, de las constancias de autos surgen detallados los servicios y prestaciones a las que la recurrente se comprometió con arreglo al contrato -denominado simplemente como “contrato” por las partes contratantes y obrante a fs. 135 del cuerpo N° 1 de IVA de los A.A.- celebrado con la CPAT.
Allí puede leerse (cláusula primera) que el objeto del contrato es el de “(…) establecer la forma en que los contratantes aunarán sus esfuerzos desde sus respectivos ámbitos para llevar a cabo las tareas para la explotación de las licencias de la Lotería de Concepción de la República de Chile, que obran en el “Contrato Confidencial” que entre LOTERKING S.A. y Lotería de Concepción celebraron con fecha 18 de diciembre de 2006 y por medio del cual la Lotería de Concepción concedió a LOTERKING S.A. el carácter de único autorizado para el uso y explotación en el territorio de la República Argentina del juego denominado TELEKINO (…)”.
En la cláusula segunda del contrato -apartados 1) y 2)- se describen las características salientes del juego TELEKINO, consistente en dos (2) tipos de sorteos; un “Sorteo principal” y un “sorteo adicional”. En líneas generales, se trata, en ambos casos, de proceder a la extracción, de un bolillero, de una cantidad predeterminada de bolillas de entre una serie de cantidad mayor, numeradas correlativamente del 1 (uno) al número más alto de la serie total, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.
En lo que aquí interesa conocer, el apartado 3) del contrato explica cómo participan los apostadores en el juego: “Los apostadores participan de este juego mediante la adquisición de “cartones”, los que llevarán impresas dos combinaciones de números de cantidad igual a las series de extracciones enunciadas en el inciso 2 anterior”. El apartado 17) de la cláusula 2) dispone que “Solo se pagarán premios a aquellos cartones ganadores que se presenten a su cobro totalmente íntegros, con su contenido completo, que no registren enmiendas, adulteraciones, reconstituciones, o que resulten de imposible identificación”.
A su vez, el apartado 19) de la cláusula bajo análisis establece que “Se presume que el apostador conoce, acepta y adhiere a todas las normas y reglamentos que regulan este juego, por el solo hecho de la tenencia del cartón por cualquier título y por la participación del juego”.
En la cláusula tercera (3°) del contrato, se establecen las numerosas obligaciones de Loterking S.A., entre las que cabe mencionar:
a. Asesoría global en la administración del juego, consistente en la cooperación permanente con LA CAJA (CPAT) en lo relativo, entre otros, a la administración general del juego, control operacional, administración financiera - contable y su distribución.
b. Impresión de los cartones del juego “Telekino”;
c. Control y procesamiento del juego, consistente en control y estadística de las ventas del juego, obtención de ganadores de cada jugada, control de pago de premios efectuado por los Señores distribuidores y agentes, quienes deberán despacharlos a las oficinas de Loterking S.A. para su verificación;
d. Balance final de cada jugada;
e. Efectuar la promoción y publicidad del juego “Telekino” en el territorio argentino, comprometiéndose a invertir lo necesario para obtener la mayor penetración posible de mercado del citado juego, inversiones éstas que corren por su exclusiva cuenta;
En la cláusula sexta (6°) se establece que todas las actividades relacionadas con el juego “Telekino” en que ambas partes estuvieran directa o indirectamente involucradas, serán coordinadas y programadas en forma conjunta.
Por la cláusula séptima (7°) se convino que “Las tareas efectuadas por LKSA enunciadas en el artículo tercero de este contrato, serán cobradas en pesos, por un valor equivalente al 29,67% (veintinueve coma sesenta y siete por ciento) de la venta bruta de cada jugada (valor de venta al público del cartón por cantidad total vendida para la jugada)”. Que bajo las premisas normativas y fácticas enumeradas precedentemente analizadas en conjunto, cabe concluir que la única actividad amparada por la exención del art. 7° inc. h) ap. 15) de la ley del IVA sería, tal como surge con claridad de su texto, la intermediación en la venta de billetes - “cartones” en el caso que nos ocupa-, entendidos como los instrumentos materiales que dan derecho a los apostadores a participar del juego y, llegado el caso, de cobrar los respectivos premios.
Que en cuanto atañe a las prestaciones comprometidas por la recurrente mediante las cláusulas del contrato -que de acuerdo con su redacción podría caracterizarse como de colaboración para la explotación del juego Telekino- que surgen detalladas en el texto de la copia de dicho instrumento agregado a fs. 135/140 del Cuerpo N°1 de IVA de los A.A. y que han sido descriptas con detalle a fs. 16 y 17 de la Resolución N° 37/2016 -obrantes a fs. 20/21 de los presentes autos- es dable concluir que exceden largamente una mera actividad de intermediación en la venta de los instrumentos que dan derecho a participar del juego, actividad ésta que -cabe anticipar- no surge, ni del relato de las partes ni de las constancias obrantes en estas actuaciones, como llevada a cabo directamente por la parte actora.
Dicho esto, cabe traer a colación las prescripciones del art. 3° inc. e) punto 21) de la ley del IVA que prescribe “Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley las obras, las locaciones y las prestaciones de servicios que se indican a continuación: (…) 21. Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, con prescindencia del encuadre jurídico que les resulte aplicable o que corresponda al contrato que las origina”.
Del texto legal precedentemente transcripto, se puede colegir que las actividades comprometidas y llevadas a cabo por la recurrente -circunstancias fácticas respecto de las cuales no existe controversia entre las partes- encuadran dentro las prestaciones gravadas por el IVA y no pueden entenderse comprendidas en la exención del art. 7° inc. h) punto 15 de la ley del gravamen como se pretende.
Que en cuanto atañe a su planteo basado en la falta de aplicación de la doctrina emergente del precedente de Fallos 334:1027 por parte del Fisco Nacional, cabe señalar que asiste razón a éste en cuanto a su inaplicabilidad al caso de autos.
En efecto, a diferencia de lo que se discutía en el citado precedente -esto es, si la exención reconocida a los distintos niveles Estatales puede entenderse extensible a concesionarios de quienes aquellos se valen para desarrollar una determinada actividad-, en nuestro caso se encuentra en tela de juicio, de modo central, si las actividades desarrolladas por la actora en el marco de la explotación del juego “Telekino” podrían quedar comprendidas por la norma exentiva del art. 7° inc. h) ap. 15), pregunta para la que se entiende que la respuesta es negativa.
Sucede, como ya se ha señalado, que tales actividades no solo no se identifican con la simple intermediación en la venta de billetes y similares -como la que suelen desarrollar las agencias de lotería, entre otros sujetos tales como los distribuidores o agentes a los que hace referencia la cláusula 3°) del contrato celebrado entre la recurrente y la CPAT-, sino que la exceden largamente.
En síntesis, no se trata aquí de una particularidad del sujeto o del instrumento de que éste se vale para llevar adelante la actividad exenta lo que motiva la controversia con el Fisco Nacional, sino la naturaleza misma de la actividad objeto de dispensa, materia que no fue objeto de tratamiento en el citado precedente de la Corte Suprema.
Por otro lado, la recurrente sostiene que en la medida que es su parte quien se encarga de la impresión de los billetes del juego Telekino, que las tareas que desarrolla están directamente vinculadas a la venta de tales billetes y que percibe a cambio de ello un porcentaje de la venta, también aplicaría a su caso la exclusión dispuesta por el art. 3° inc. c), segundo párrafo de la Ley del IVA -en conjunción con lo dispuesto por el art. 6° del Decreto Reglamentario de la referida leyrelativa a la elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble por encargo de un tercero.
La norma referida, en lo que aquí interesa, establece que “Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley las obras, las locaciones y las prestaciones de servicios que se indican a continuación: (…) c) La elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble - aun cuando adquiera el carácter de inmueble por accesión - por encargo de un tercero, con o sin aporte de materias primas, ya sea que la misma suponga la obtención del producto final o simplemente constituya una etapa en su elaboración, construcción, fabricación o puesta en condiciones de utilización. Lo dispuesto en este inciso no será de aplicación en los casos en que la obligación del locador sea la prestación de un servicio no gravado que se concreta a través de la entrega de una cosa mueble que simplemente constituya el soporte material de dicha prestación. El decreto reglamentario establecerá las condiciones para la procedencia de esta exclusión ”.
Como puede advertirse con claridad, la norma invocada por la actora se refiere a los supuestos en donde se dan, conjuntamente, la prestación de un servicio no gravado que se concreta a través de la entrega de una cosa mueble que constituye, simplemente, el soporte material de dicha prestación.
Pero es de destacar -a partir de la referencia en el 2° párrafo a “lo dispuesto en este inciso”- que la cosa mueble que constituye el mero soporte del servicio no gravado debe ser el resultado de la elaboración, construcción o fabricación llevada a cabo por el locador de dicho servicio.
Dicho lo que antecede, cabe repasar ahora si las circunstancias fácticas del caso aquí analizado se identifican, como la actora pretende, con la descripción normativa.
En cuanto a la prestación de un servicio no gravado como primer elemento que condiciona la aplicación de la exclusión del 2° párrafo, no se advierte cumplido en la especie, pues la recurrente no ha efectuado la identificación de la prestación que cumpliría con tales características. Por el otro lado, el segundo requisito -la elaboración, construcción o fabricación de la cosa mueble por encargo de un tercero- tampoco aparece acreditado, pues si bien es cierto que la provisión de cartones -cosa mueble- es una de las prestaciones contractualmente comprometida por la recurrente con la CPAT, no ha sido acreditado por la actora ni surge de los antecedentes que ella hubiera sido quien los elaboró, construyó o fabricó. Bajo tales condiciones, no podría sostenerse que estamos frente al supuesto contemplado en el citado art. 3° inc. c) de la ley del gravamen, por lo que el agravio tampoco puede ser admitido.
En virtud de lo expuesto, cabe confirmar el ajuste fiscal relativo al IVA.
VII. Que en lo que hace a los ajustes efectuados en el Impuesto a las Ganancias de los periodos fiscales 2009 a 2013 -Res. N° 37/2016- y 2014 -Res. N° 90/2017- ellos son una derivación o consecuencia del ajuste en el IVA.
Que tal como se señalara precedentemente al efectuar el relato de los hechos de la causa, la controversia central entre las partes remite exclusivamente a la situación de la contribuyente frente al IVA, en la medida que ésta consideró - erróneamente, como se expuso en el considerando VI anterior- que su actividad se hallaba exenta.
Que el fundamento para el ajuste del impuesto a las ganancias radica en el encuadre de las actividades de la actora en las previsiones de los arts. 17, 49 y 69 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificaciones). Corresponde recordar que, conforme al artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo -aplicable en forma supletoria por disposición del art. 116 de la ley de rito- la determinación de oficio, en tanto especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, lo que implica que se presume dictada conforme a derecho y subsiste mientras no se declare su invalidez por el órgano competente. Incumbe, por tanto, al contribuyente la carga de desvirtuar dicha presunción, circunstancia que no se verifica en autos.
Ahora bien, toda vez que dichos ajustes no fueron objeto de agravio puntual por parte de la recurrente en sus recursos de apelación, corresponde tenerlos por consentidos, quedando firme su procedencia y, por ende, imponiéndose su confirmación.
VIII. No habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en la proporción en que se determinan los impuestos omitidos en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Procede ahora abordar el tratamiento de los agravios expresados respecto de las multas aplicadas en las Resoluciones 37/2016, 89/2017, 90/2017, 66/2018 y 67/2018.
IX.1. En primer lugar, la actora plantea la prescripción de la acción inherente a la multa aplicada respecto del IVA de los periodos fiscales 12/2008 a 11/2009 (Res. 66/2018).
En ese orden, cabe en primer término identificar la normativa aplicable al caso.
El art. 56 la Ley 11.683 prevé -en lo que aquí interesa- que “Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben:
a) Por el transcurso de CINCO (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación”. A su turno el art. 58 dispone que “Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible”.
También cobra relevancia en el presente caso la disposición contenida en el art. 17 de la Ley 26.860 (B.O. 03/06/2013) en cuanto prescribe “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Cabe ahora referirse a las circunstancias fácticas relevantes del caso a fin de resolver el planteo prescriptivo, relacionándolas con las normas de aplicación referidas precedentemente.
En tal sentido, debe comenzar por señalarse que con arreglo a la norma del art. 58 de la ley procedimental, el plazo de prescripción para los periodos fiscales en discusión -12/08 a 11/09 del IVA- comenzó a correr el 1° de enero de 2010. No hay controversia entre las partes con relación a este aspecto. Y de acuerdo con la norma del inc. a) del art. 56 de la misma ley, el plazo de 5 años allí previsto se cumplió del 01/01/2015.
Así las cosas, aparece una disputa en cuanto a si resulta aplicable al caso la suspensión dispuesta por el art. 17 de la Ley 26.860 transcripto precedentemente.
En este aspecto y con sustento en lo que he merituado al votar -en minoría- en la causa “Comsoft S.A.” del registro de esta Sala, sentenciada con fecha 01/02/2012, debo concluir que no resulta de aplicación al supuesto bajo análisis la norma del artículo 17 de la ley 26.860, toda vez que su incorporación como causal de suspensión es posterior al inicio del curso de prescripción correspondiente a la acción para aplicar la porción de multa que se impugna bajo esta excepción. Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza material o procesal del instituto de la prescripción, así como también de las derivaciones que habrían de seguirse según se adopte una u otra postura. Entre tales derivaciones, cabe traer a colación aquí la que refiere a la posibilidad -o no- de operar modificaciones legales que impliquen el prolongamiento de los plazos prescriptivos, aun cuando ello tenga lugar mediante la incorporación normativa -por conducto de una ley dictada por el Congreso Nacional- de causales suspensivas o interruptivas de su curso.
Una muy ilustrativa reseña histórica de esta discusión y de las diversas posturas que han adoptado prestigiosos autores a su respecto, es la que ha efectuado el Procurador General de la Nación al emitir su dictamen en el precedente de Fallos 330:5158. Allí señaló que “La aplicación retroactiva de las leyes que amplían los plazos de la prescripción ha sido intensamente discutida en Alemania cuando se investigaban los delitos de guerra (...) Esta discusión renovó una disputa acerca de la naturaleza jurídica de los presupuestos del proceso, en especial, del plazo de la prescripción. Quienes comprendían a los presupuestos del proceso como institutos meramente procesales aceptaban la prolongación retroactiva de los plazos, mientras que quienes le atribuían contenido material, por el contrario, la rechazaban. (cfr. OTTO, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, 61 edición, § 2/19 y s.).
Este debate ha dado lugar a un amplio abanico de opiniones jurídicas. El Tribunal Federal Constitucional de Alemania sostuvo la opinión de que la prescripción no está alcanzada por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley más gravosa (BverfG 25, 287). La solución contraria, la irretroactividad de la modificación perjudicial, se fundamenta en que la prescripción posee naturaleza material (PASTOR, Prescripción..., p. 52; del mismo modo en: El plazo razonable en el proceso del estado de derecho, de. Ad-hoc, año 2002, p. 457 y s.), o bien en el argumento, que he referido en otro contexto (Interrupción de la prescripción de la acción penal por la “secuela del juicio”, p. 437), de que el debate sobre la naturaleza jurídica del instituto no es determinante para la pregunta sobre la sujeción al principio de ley previa, puesto que a las disposiciones de derecho procesal -o a cierto grupo de ellas- también se aplica la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa. Transita también este camino la idea de que la regulación de la prescripción constituye en Argentina “ley penal” en los términos del artículo 2° de nuestro Código Penal y que, por tanto, se le aplica la prohibición de retroactividad (cfr. voto de SCHIFFRIN, Cfed. La Plata, Sala III Penal, agosto 30- 1989, S.J.F.L., de, 135-323 y ss.)”.
Que tal consideración referida a que las normas que regulan la prescripción deben ser consideradas “ley penal”, es la que ha adoptado nuestra Corte Suprema de Justicia, incluso dentro del ámbito de las infracciones tipificadas en las normas fiscales, al señalar que “Reconocido el carácter principalmente punitivo de las multas aduaneras, la incidencia a su respecto de leyes penales ‘ex post facto’ que implican empeorar las condiciones de los infractores, transgrede el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, en cuyo concepto se incluye el estatuto de la prescripción...” (Fallos 294:68; 304:849; 304:892; 305:332).
Conforme puede extraerse de la doctrina jurisprudencial transcripta precedentemente, la citada regla de no operatividad de la ley penal más gravosa exhibe raigambre constitucional, toda vez que ella deriva del principio de legalidad material, instituido en el art. 18 de la Carta Fundamental, asistiéndole razón a los argumentos esgrimidos por la apelante. Ello así, por imperio de la citada regla penal, es dable concluir que no resulta aplicable al presente caso el supuesto de suspensión de la prescripción establecido en el artículo 17 de la ley 26.860.
Bajo las premisas señaladas y en virtud de lo que surge del cómputo del plazo de prescripción de las acciones relativas a la infracción juzgada en el sub lite con arreglo a las previsiones de los arts. 56 y 58 de la ley procedimental, corresponde hacer lugar a la excepción planteada por la parte actora respecto de los periodos 12/2008 a 11/2009 del IVA, con costas al Fisco Nacional.
IX.2. En segundo lugar, la actora plantea -vide primer párrafo del acápite del recurso de apelación (fs. 114 de estos autos)- la prescripción de la acción inherente a las sanciones aplicadas respecto de los periodos fiscales 2008 y 2009 del Impuesto a las Ganancias.
Cabe señalar aquí que el periodo fiscal 2008 no formó parte de la O.I. que dio origen a los ajustes cuestionados y el resultado del ajuste al periodo fiscal 2009 arrojó saldo a favor del contribuyente, por lo que el planteo deviene insustancial. Sin costas, atento tratarse de un aspecto considerado al solo efecto aclaratorio y sin que hubiera sido motivo de específica contestación de la demandada.
IX.3. Seguidamente habrá de hacerse consideración de los agravios de fondo vertidos por la parte actora con relación a las multas por omisión de impuesto graduadas en el 50% del tributo omitido, aplicadas con base en las disposiciones del art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) respecto de: (i) IVA periodos fiscales 12/2009 a 03/2014 (Res. 66/2018) y (ii) Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2011 a 2013 por la suma (Res. 67/2018).
El art. 45 establecía, a la fecha de los hechos de autos y en lo que aquí resulta relevante, que “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales”.
Que con arreglo al texto legal, la infracción requiere para su configuración objetiva la concurrencia de dos elementos: por un lado, la omisión de pago de impuesto y por otra, el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable. En el caso de los agentes de retención o percepción, la infracción queda configurada con la omisión de actuar como tales en la oportunidad en que la ley lo requiere.
En lo que atañe al aspecto subjetivo, la figura requiere la existencia de culpa en el obrar del imputado. Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Casa Elen Valmi de Claret y Garello” del 31/03/1999. Al analizar la figura del art. 45 de la ley 11.683 y en lo que aquí interesa dijo que “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”.
Sentado ello y tras recordar su conocida doctrina en el sentido de que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena -que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente-, concluyó que “... si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Con apoyo en este criterio plasmado por la Corte, debe entenderse que en la medida que se compruebe la falta de ingreso del tributo debido con arreglo a la ley y que dicho resultado derive de una conducta descripta por la norma punitiva, la sanción del artículo bajo análisis habrá de aplicarse a no ser que medie una causa exonerativa reconocida por la legislación vigente.
Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (Fallos 319:1524).
En efecto, el error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales que claramente se exhiban como de difícil y/o alambicada interpretación. En el caso bajo análisis, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió el ingreso de los tributos reclamados mediando la presentación de declaraciones juradas inexactas.
Ello así, teniendo en cuenta la ya señalada claridad del texto legal que rige la situación tributaria derivada de la actividad de la actora y atento la falta de aporte de elementos de prueba que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable en su observancia, corresponde confirmar las sanciones aplicadas en las resoluciones identificadas en el primer párrafo del presente considerando, con costas.
IX.4. Que entrando al análisis de los agravios vertidos contra las sanciones de multa por omisión de impuesto aplicadas mediante las resoluciones N° 89/2017 -IVA periodos fiscales 04/2014 a 08/2015- y N° 90/2017 -IG periodo fiscal 2014-, graduadas en el 70% del tributo omitido, cabe dar por reproducido aquí lo dicho en el apartado precedente en cuanto a la configuración del ilícito -presentación inexacta de declaraciones juradas y omisión de ingreso de tributo-, producto de la misma situación fáctica en diferentes periodos fiscales. Sin perjuicio de lo expuesto, en este caso la graduación de la multa por parte del Juez Administrativo ha sido más elevada -70% del tributo omitido- sin explicación alguna que justifique su proceder. En tales circunstancias, no podría juzgarse razonable la adopción de distinta solución para una situación fáctica idéntica sin que medie una explicación fundada para ello, por lo que corresponde confirmar el encuadre de la conducta en la figura prevista por el art. 45 ya citado y disponer la reducción de la multa al mínimo legal del 50% del impuesto dejado de ingresar. Costas por los respectivos vencimientos.
IX.5. Que cabe ahora abordar el planteo defensivo introducido por la recurrente con respecto a la multa por defraudación aplicada en el Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2010, graduada en tres (3) veces el impuesto dejado de ingresar.
Cabe recordar que el art. 46 de la ley 11.683 que tipifica la infracción imputada, en su redacción vigente a la fecha de los hechos aquí ventilados y en lo aquí resulta relevante, establecía que “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido”.
Sentado ello y entrando al análisis de las sanciones aplicadas en las resoluciones apeladas en autos, corresponde señalar que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no solo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante la identificación de hechos externos y concretos.
Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones de dolo en el artículo 47 de la ley ritual. En base a las mismas, a partir de la verificación de ciertos hechos taxativos -los descriptos en sus cuatro incisosque deben ser probados por el organismo fiscalizador, se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho -que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas-, lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999). Dicho lo que antecede, cabe anticipar que el encuadre infraccional utilizado carece de sustento normativo adecuado. Que ello así, en primer lugar, en virtud de que puede advertirse que la imputación sustentada en el art. 47 de la ley procedimental carece de indicación precisa de, al menos, uno de sus 4 incisos que, por cierto, se refieren a distintas circunstancias fácticas muy dispares.
Esta Sala -con otra integración- se ha ocupado de analizar los alcances del artículo 47 del ritual en el ámbito del catálogo de infracciones materiales estructurado por la Ley 11.683 en el precedente “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.” del 11/02/2008.
Allí se dijo que “Que por otra parte el art. 47, frente a las dificultades para acreditar aquella intención dolosa, ha creado un mecanismo para presumir "...salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas...", en tanto se den diversos presupuestos que sirven de sustento fáctico a la presunción.
Que ello significa que la carga de la prueba, que tiene el Fisco Nacional es relativa a establecer las situaciones de hecho previstas en los distintos incisos del art. 47, que por su objetividad facilitan la represión fiscal, quedando a cargo del infractor la destrucción de la presunción legal, atacando la situación base que la sustenta”.
Más adelante, la Sala entro a considerar el uso que, de las presunciones de dolo, había efectuado el Juez administrativo interviniente en el caso juzgado, consignando: “Que cabe para finalizar una breve referencia a los distintos incisos del art. 47 ya que, también en este aspecto, se observa un uso falto de precisión en cuanto a los supuestos de hecho a los que se aplica, lo que no se puede admitir dado que estas presunciones pasan a formar parte del tipo penal y por lo tanto sujetas al principio de tipicidad. Que, asimismo, como pudo apreciarse del análisis de los distintos supuestos del art. 47 cada uno de ellos tiene su individualidad y requiere que en su aplicación por el principio de tipicidad penal, exista un estricto ajuste entre la norma y los hechos.
Que, así ello, podemos observar que no se ha dedicado el juez administrativo a cumplir con dicha preceptiva, mientras consideró, y así lo hizo, la posibilidad de aplicar "masivamente" algunos incisos de dicho artículo, habida cuenta que del informe de inspección surgirían supuestos que encuadrarían en uno o en otro.
Que siendo ello así debió haber discriminado cada supuesto para acreditar que se daba, no sólo la situación prevista, sino con carácter de "grave contradicción" o la "grave incidencia", según el caso.
Que con base en estas premisas plenamente aplicables al supuesto de autos, cabe concluir que el encuadre doloso basado en una mera referencia global al art. 47 -sin indicación de los incisos fundantes de la presunción- resulta inadmisible y debe ser rechazado.
Sin perjuicio de lo señalado y a mayor abundamiento, debe señalarse también que no se ha hecho en la resolución apelada ninguna referencia o descripción de las circunstancias que demostrarían que la conducta omisiva de la recurrente -más allá de su mera materialidad- revisten características defraudatorias, entendidas éstas como signos visibles de la instrumentación de un ardid o engaño tendiente a inducir a error al Fisco Nacional. Dicho de otro modo, la errada convicción de la recurrente acerca del encuadre exento de su situación tributaria no podría, sin mediar indicio o elemento alguno que indique otra cosa, exceder el ámbito de la responsabilidad a título de culpa.
Por último, debe ponerse de resalto la llamativa circunstancia de que en los distintos sumarios infraccionales instruidos con sustento en un único y mismo hecho -el incorrecto encuadre tributario como exenta que la actora hizo de su actividad frente al IVA e Impuesto a las Ganancias- se han efectuado distintas imputaciones, basadas en atribuciones subjetivas que, bajo esas premisas, se exhiben contradictorias.
Que no obstante la señalada ausencia de fundamentación del organismo recaudador, ello no implica que la conducta fiscal del contribuyente en relación con el ajuste que se confirma quede impune, en tanto se configura la figura culposa de omisión de impuestos.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en el precedente de Fallos 322:519 cuya doctrina jurisprudencial, en lo que aquí concierne, ya ha sido analizada en el apartado IX.3. precedente.
Adicionalmente, cabría agregar que en este precedente quedó establecido el principio general de que “Si quedó acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11.683 con la determinación de la obligación tributaria que quedó firme - de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas - la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la apelante ha llevado adelante una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podría desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad, se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y más recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
Merced a lo expuesto, corresponde reencuadrar la conducta en el 45 y graduarla en el mínimo legal previsto en la norma infraccional. Costas por los respectivos vencimientos (art. 184 in fine Ley 11.683 t.v.).
El Dr. Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal preopinante en su voto.
II. Que asimismo adhiere a la solución arribada respecto del planteo de nulidad en el considerando V.1. votando en el mismo sentido.
III. Que, en cambio, se difiere en cuanto a la solución que arriba respecto de la prescripción articulada en autos, por lo que corresponde expedirse respecto de las argumentaciones de la recurrente en cuanto a la prescripción de las facultades de determinación del tributo respecto del impuesto al valor agregado períodos 12/08 a 11/09 y del impuesto a las ganancias período 2009, así como de la aplicación de sanciones respecto de los citados períodos del impuesto al valor agregado.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 56 de la ley procedimental dispone que “Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben: a) Por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos...”. Por su parte, el artículo 57 dispone “Comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen”. El art. 58 establece para las multas “desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible”.
En el caso, respecto de los períodos y tributos reseñados el cómputo del plazo se inició el 01/01/2010. Ello así, prima facie, se podría sostener que la prescripción habría operado el 01/01/2015 sin embargo, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción.
Que la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
De esa forma, el plazo prescriptivo se prolongó hasta el día 01/01/2016, fecha en que hubiera fenecido de no haber sido notificada previamente la resolución de vista del procedimiento de determinación oficio de tributos, hecho que acaeció en autos con fecha 25/11/2015.
Que, siendo ello así, cabe recordar que el artículo agregado a continuación del art. 65 establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir los impuestos por los períodos fiscales citados precedentemente, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de los actos determinativos recurridos. Respecto al acto sancionatorio Resolución N°66/2018, de fecha 31/08/2018, a través del cual se aplica sanción por el impuesto al valor agregado períodos 12/2008 a 03/2014, cabe dejar sentado que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “las normas procesales son de aplicación inmediata a partir de su entrada en vigencia” (Fallos: 95:201).
Que, no se comparte el argumento referido a la irretroactividad de la ley para el transcurso corrido de prescripción, dado que dicho lapso representaba un derecho en expectativa, una situación jurídica no concluida al momento de la entrada en vigor de la citada ley. En consecuencia, el curso de circunstancias precedentes que no hubieran generado efectos jurídicos fueron alcanzados por la suspensión dispuesta por dicha norma, como no puede ser de otro modo pues únicamente se puede suspender un plazo que ya se encuentra corriendo.
Siendo ello así, además resulta de aplicación al caso de la suspensión prevista por el inciso d) del artículo 65 de la Ley de rito que reza: “La prescripción para aplicar sanciones se suspenderá desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva”.
Más aún, al margen de dicha suspensión resulta aplicable el inc. a) del art. 68 “La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”.
Siguiendo el razonamiento expuesto por esta Sala -en anterior composición- in re “Club Atlético Newell's Old Boys”, de fecha 24/04/2003, que el suscripto comparte, debe considerarse interrumpido el plazo de prescripción en curso tantas veces como el infractor vuelva a repetir la misma conducta, debiendo contarse el nuevo término de prescripción de la forma prevista en la norma citada en el párrafo precedente.
Tal como lo sostuvo la Sala V de la Alzada, para que opere la interrupción que se discute no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, “pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad” (cf. “Parque Interama S.A. del 04/09/2002). A idéntica conclusión arriban doctrinarios prestigiosos en la materia, como ser Giulliani Fonrouge y Navarrine (ver comentario al art. 68 en “Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social”, Novena Edición, pág. 45).” Que en el caso de autos, se observa que la causal interruptiva está dada por la comisión de infracciones sucesivas en el impuesto al valor agregado, correspondiendo la última al período fiscal 3/2014, razón por la cual el término de prescripción comenzó a correr a partir del 01/01/2015 finalizando el 01/01/2020 y siendo el acto sancionatorio del 31/08/2018 las facultades del Fisco Nacional para aplicar la multa no estaban prescriptas.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y aplicar sanciones por los períodos fiscales citados precedentemente, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de las resoluciones que diera origen al procedimiento determinativo ni al momento del dictado del acto sumarial recurrido. Por ello, se resuelve no hacer lugar a los planteos de prescripción incoados por la actora.
Que toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re "Colorín- IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI" sentencia del 2 de Julio de 2013).
IV. Que en cuanto al fondo de la cuestión adhiero a la solución del vocal preopinante por lo que corresponde confirmar los ajustes del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias, con costas.
Cabe agregar en cuanto al planteo de la recurrente que denuncia la incorrecta liquidación del Impuesto al Valor Agregado "...que la AFIP ha calculado el "IVA por fuera", esto es, que al valor declarado como ingreso por la firma le aplicó, mecánicamente, el 21% considerando a ese importe como gravado; (aun cuando Loterking S.A. está exenta del impuesto), en la tesis fiscal debiera haberse liquidado el "IVA por dentro", es decir, del total percibido, y considerar incluido el IVA".
A ello agrega que "Esto debió significar un ajuste en términos negativos en la determinación del IG practicada, que hubiera importado detraer de los ingresos un concepto por el cual, oportunamente, ya se pagó el impuesto". En definitiva, la parte sostiene que la liquidación que efectúa el Fisco es incorrecta ya que ha calculado el IVA al valor declarado como ingreso por la firma y le aplicó mecánicamente el 21%, cuando debió haberlo considerado incluido en el total percibido, lo cual habría significado un ajuste negativo en la determinación de ganancias, que hubiera importado detraer de los ingresos un concepto por el cual, oportunamente, ya se pagó el impuesto.
Al respecto, cabe advertir que la pretensión de la actora es incorrecta. No puede pretender que se considere al IVA incluido en el total de sus ingresos cuando no lo ha liquidado en su facturación (al considerarse exento) y menos aún lo ha ingresado, por lo que tampoco puede pretender detracción alguna en el impuesto a las ganancias. Al respecto cabe señalar que dicho planteo no puede prosperar.
V. Que en cuanto a las sanciones aplicadas corresponde adherir a los fundamentos del vocal preopinante, correspondiendo extender el alcance de lo resuelto el considerando IX.3 respecto de las multas con base en el art. 45 a la Resolución N° 66/2018 de conformidad con lo resuelto en el presente voto.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pérez.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar íntegramente las resoluciones apeladas en cuanto determinaron impuestos y sus accesorios, con costas.
2. Confirmar las multas impuestas por las Resoluciones Nro. 66/2018 y Nro. 67/2018, con costas.
3. Confirmar las multas impuestas por las Resoluciones Nro. 89/2017 y Nro. 90/2017, reduciéndolas a su mínimo legal, con costas según sus respectivos vencimientos.
4. Reencuadrar la multa impuesta en la Resolución Nro. 37/2016 por el impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2010, en el mínimo legal de la conducta prevista por el artículo 45, con costas según sus respectivos vencimientos. Regístrese, notifíquese y una vez cumplido, procédase a su impresión para ser agregada al expediente papel. Date: 2026.09.04 12:56:23 ART Date: 2026.09.04 15:52:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.04 17:01:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.04 17:03:00 -03:00
Fin de la sentencia