Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 8167
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, sin costas de Alzada al no haber mediado oposición. Ordenar la remisión de estas actuaciones o las copias respectivas al Sr. Fiscal Ochoaizpuro por parte del juez de grado, para que evalúe la prosecución de la investigación penal.
Expte. n°: JU-8167-2012 LOUREYRO MAXIMILIANO EZEQUIEL C/ LABADO ARIEL CEFERINO S/EVICCION N° Orden: 104 Libro de Sentencia nº: 58 En la ciudad de Junín, a los 16 días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa nº JU-8167-2012 caratulada: "LOUREYRO MAXIMILIANO EZEQUIEL C/ LABADO ARIEL CEFERINO S/EVICCION", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. En la sentencia dictada a fs. 314/332vta. el Sr. Juez Dr. Castro Mitarotonda hizo lugar a la demanda entablada por Maximiliano Ezequiel Loureyro en base a la garantía de evicción contra el vendedor transmitente del dominio del automóvil marca Renault modelo Sedan TL color blanco año 1987 dominio RGU 016 Ariel Ceferino Labado ( ver formulario 08, cédula verde y título del automotor que corren a fs. 60/62), condenándolo, con costas, a abonar la suma de $ 12.000 en concepto de restitución del precio abonado (ver boleto de compraventa de fs. 56) y de $ 1.500 en concepto de gastos, ambos importes con más intereses a la tasa pasiva modalidad BIP, en el primer caso desde la negativa que exteriorizó el demandado en carta documento frente a la intimación de la contraria (18/6/2012) y en el segundo desde quedar firme el pronunciamiento.
Para resolver de esa forma el juzgador hizo mérito de las constancias de las constancias de la causa penal atraillada IPP 04-00-004007-11 de la cual surge que ante la denuncia el 30/5/2011 del Sr. Héctor Cámera en tramite de realizar la transferencia de un automóvil de igual marca, chapa patente y nros. de motor (2716407) y chasis (924-133755), se constató realizada pericia de revenido metaloquímico que las estampadas en el vehículo comprometido en la operación que unió a las partes no presentaba características morfológicas de primigeneidad ni similitud con las de fábrica, o para decirlo de forma más sencilla que se trataba de un automóvil "mellizo", por lo que se ordenó su decomiso ( ver fs. 49 IPP).
Enmarcado normativamente la litis de forma correcta en el régimen del Código Civil derogado (arts. 2089 y ss. 512 y conc.) atento las reglas dimanantes del art. 7 CCyCN, afirmó el Dr. Castro Mitarotonda que la responsabilidad de saneamiento por evicción es de carácter objetiva, con independencia de la buena o mala fe del transmitente, no dependiendo del conocimiento que tuviere o no de que el bien pertenecía a un tercero o que estaba comprometida la existencia o legitimidad del derecho del que se vio privado o turbado el adquirente, agregando que no es atendible el argumento del tiempo transcurrido entre que se concretara la venta y el reclamo posterior del actor.
Apeló el demandado ( fs. 337), expresando sus agravios a fs. 350/352. El cuestionamiento al fallo hace centro en que no puede hacérselo responsable por todas las vicisitudes que haya sufrido el automotor en un lapso tan prolongado desde que salió de su esfera de poder con la suscripción del boleto el 7/3/2009, período durante el cual detentó su posesión el actor. Destaca que no existe elemento probatorio alguno que acredite que la adulteración se haya producido con anterioridad a la venta, poniendo de resalto en este sentido que para realizar la transferencia ( la que fue instada por el actor luego de la denuncia de venta que el mismo efectuara) es precisa la verificación policial ( formulario 12) a través de la cual se revisan los números de chasis y motor. Que ello no presentó inconveniente alguno, tal como reafirmó en su declaración la gestora Senosiain, porque de lo contrario no se hubiera inscripto la titularidad a favor de Loureyro el 30/11/2010.
No habiendo ejercido el actor su derecho a réplica, firme que restó el llamado de autos para sentencia de fs. 357, se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC)
II. Puesto en esa tarea, de inicio he de señalar que la obligatoriedad de la verificación física de los automotores en forma previa a la inscripción de la transferencia de automotores (Título I Cap. VII del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor), que se constata a través de la Solicitud Tipo 12 , reviste fundamental importancia para detectar si en los mismos no hubo modificaciones en sus números de motor y de chasis y no presentan adulteraciones. Prueba cabal de ello son las consideraciones y efectos que a tal diligencia le reconoce ahora expresamente el CCCyN en sus arts. 1895,1899 y 1902 en sus últimos párrafos. También lo es que la mayoría de los supuestos jurisprudenciales referidos a reclamos similares al aquí resuelto, se los aborde desde la perspectiva de la obligación/responsabilidad de saneamiento por evicción o por incumplimiento contractual ( ver Picasso Sebastián- Sáenz Luis R "La evicción y los vicios redhibitorios en la compraventa de automotores" en RDPyC Rubinzal-Culzoni 2009-3p. 218/224) se configuran en ese momento, es decir sin que se haya logrado la registración de la transferencia y el nacimiento de un derecho putativo en cabeza del evicto.
En virtud de ello, y habiéndose logrado en este caso la inscripción del dominio del actor, podría tenerse al cumplimiento sin inconvenientes de dicho recaudo como un elemento indiciario de que al perfeccionarse la venta no existía esa discordancia física en cuanto al objeto enajenado que operaría en desmedro de uno de los requisitos del instituto (la causa anterior o concomitante que produce la privación del derecho, cfme. arg. 2091 CCivil ; en otras palabras que el defecto del título del adquirente haya existido antes o en forma simultánea a la transmisión del derecho). En ello, aunado al tiempo transcurrido hasta que se detectó la adulteración, radica básicamente el agravio del recurrente.
Sin embargo, y dejando a un lado que la verificación, aun correctamente efectuada (de lo que no existen elementos de juicio conforme a las constancias documentales remitidas por el Registro Seccional) no descarta que pudo haber pasado inadvertida, lo cierto es que del análisis de titularidad histórica y Solicitudes Tipo 08 de contratos de transferencia para la inscripción del automotor agregados, resulta evidente que la afectación de los derechos transmitidos se encuentra en un eslabón de la cadena anterior incluso a las adquisiciones de los litigantes. En efecto, según surge de fs. 6/7 de la IPPP y 210/211 de estos obrados, un anterior titular registral Sixto Manlio Ibañez y su cónyuge Adriana Insua suscribieron en dos oportunidades dichos formularios respecto de un mismo automóvil en favor de distintos adquirentes (de uno de los cuales el Sr. Hugo Alberto Vaca derivan las transmisiones a Labado y Loureyro y del otro Federico Daniel Lazari la del denunciante Héctor Cámera fs. 5 IPP). Lógico es entonces inferir que la duplicidad de objetos enajenados tiene allí su origen (arts. 375 y 384 CPCC), e independiente de la responsabilidad penal que pueda determinarse, obliga por la garantía reclamada, dejando a salvo los derechos de repetición que correspondan sin perjuicio de su propagación causal en los términos del art. 2096 CCivil.
Por tal razón, propicio la confirmación de lo decidido en la instancia de origen y la remisión por el juez de grado de estas actuaciones o las copias respectivas al Sr. Fiscal Ochoaizpuro para que a la luz de los nuevos elementos proceda según estime corresponder en relación al archivo que dispusiera.
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
CONFIRMAR la sentencia apelada, sin costas de Alzada al no haber mediado oposición. ORDENAR la remisión de estas actuaciones o las copias respectivas al Sr. Fiscal Ochoaizpuro por parte del juez de grado, para que evalúe la prosecución de la investigación penal.
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 16 de Mayo de 2017.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve: CONFIRMAR la sentencia apelada, sin costas de Alzada al no haber mediado oposición. ORDENAR la remisión de estas actuaciones o las copias respectivas al Sr. Fiscal Ochoaizpuro por parte del juez de grado, para que evalúe la prosecución de la investigación penal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia