Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 38484-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 106/107vta.; con costas.
2Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del Fisco, de acuerdo con lo señalado en el considerando 5°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1379/2025 LPC CONDOR TECHNOLOGIES SRL (TF 38484-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 11 de marzo de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 106/107vta., el Tribunal Fiscal de la Nación declaró prescripta la acción del Fisco para imponer penas, respecto de las destinaciones de exportación 06 073 EC01 050085N y 049879J, involucradas en las actuaciones administrativas 12206-14206-2010 y su acumulada 12206-14019- 2011. Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para decidir como lo hizo, recordó que en la causa se había instruido un sumario por presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, incisos a y c, del Código Aduanero, con relación a las aludidas destinaciones. Señaló que el plazo de prescripción de la acción del Fisco había comenzado a correr el 1/1/07 (dado que ambos permisos de embarque se registraron el 20/9/09) y venció el 31/12/11 (art. 934 y concordantes, CA).
Agregó que, en el caso, el auto de apertura del sumario no pudo tener el efecto interruptivo previsto por el artículo 937, inciso a, del código, dado que se dictó el 3/10/12; es decir, una vez operada la prescripción.
En atención a lo resuelto, declaró inoficioso el examen de las restantes cuestiones planteadas.
2. Que, disconforme, a fs. 125 interpuso apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 126, se fundó a fs. 127/130 y fue contestado a fs. 133/135. Planteó que el tribunal de origen omitió considerar la suspensión general del curso de la prescripción que se había dispuesto, por el término de 1 año, en el artículo 44 de la ley 26.476 (BO 24/12/08).
3. Que, ante todo, interesa señalar que la ley 26.476 implementó, en su título I, un régimen de regularización de impuestos y recursos de la seguridad social.
En concreto, el artículo 1° de la norma estableció: “Los contribuyentes y responsables de los impuestos y de los recursos de la seguridad social, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, podrán acogerse por las obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de diciembre de 2007, y con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema nacional de obras sociales, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente título…Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley 23.427 y sus modificaciones, no resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios.”
Por su parte, el artículo 4° estableció “con alcance general, la exención y/o condonación: a) De las multas y demás sanciones, que no se encontraren firmes; b) De los intereses resarcitorios y/o punitorios y/o los previstos en el artículo 168 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, en el importe que supere: 1. El treinta por ciento (30%) del capital adeudado, cuando el acogimiento al régimen se efectúe en el primero o segundo mes de su vigencia. 2. El cuarenta por ciento (40%) del capital adeudado, cuando el acogimiento se efectúe en el tercero o cuarto mes de su vigencia. 3. El cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado, cuando el acogimiento se efectúe en el quinto o sexto mes de su vigencia. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y correspondan a obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas o por infracciones cometidas al 31 de diciembre de 2007.”
A su vez, el artículo 5° excluyó de la exención y/o condonación establecida en el artículo anterior a los siguientes conceptos: “a) Los intereses correspondientes a los aportes retenidos al personal en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; b) Los intereses y multas derivados de las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo.”
En el título IV de la ley, concerniente a “disposiciones generales”, también se estableció: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.” (art. 44, énfasis añadido).
4. Que este Tribunal ha interpretado que disposiciones como la referida en último término, habituales en las leyes de regularización impositiva, por las que se dispone con carácter general la suspensión anual de los plazos de prescripción de las acciones del Fisco, resultan aplicables en la medida en que no exista una deuda prescripta al momento de su entrada en vigencia; esto así, en el entendimiento de que los contribuyentes poseen una mera expectativa y no un derecho consolidado con respecto a la prescripción en curso, en tanto nadie tiene derecho adquirido al CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1379/2025 LPC CONDOR TECHNOLOGIES SRL (TF 38484-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO mantenimiento de leyes o reglamentos o a su simple inalterabilidad (doctr. Fallos: 332:2280; 339:245 y 340:257; y esta Sala, causa 46936/23 “Telefónica de Argentina SA (TF 137454217-I) c/ DGI”, sent. del 16/5/24, entre otras). Más allá de esta interpretación -que llevaría a desestimar el planteo de irretroactividad que se formula en la contestación de agravios-, no puede obviarse otro argumento en virtud del cual la suspensión dispuesta en el artículo 44 de la ley 26.476 no resulta aplicable en el caso.
Es que, en efecto, la razón de ser de estas suspensiones generales es que durante la vigencia de los regímenes de regularización el Fisco se encuentra dedicado a controlar el correcto acogimiento que hagan los responsables, con cierto recargo de su capacidad operativa, lo cual torna razonable que se lo libere de la inminencia del vencimiento de los plazos legales con que cuenta para actuar (cfr. LOCURSIO, Bastiana T., “Transcurre, pero no pasa. De la prescripción relativa a tributos e infracciones en el Derecho Aduanero”, en Revista de Tributación de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, N° 9, año 2022, cita: IJ-II-CDLXXIX- 130, nota 68).
Ahora bien, la redacción de la ley 26.476, al no incluir en su articulado referencias a los cargos por tributos aduaneros ni a las disposiciones de la ley 24.415, impide considerar las obligaciones aduaneras dentro de su régimen de regularización. Esto contrasta con lo dispuesto en la ley 27.260, que explícitamente las incluye en el Título II y el artículo 55, segundo párrafo, así como en normas posteriores. Esta exclusión fue, finalmente, ratificada en el artículo 3°, inciso e, de la resolución general AFIP 2537/09, reglamentaria del régimen de la ley 26.476. De manera que, en el caso, no está en discusión una acción para aplicar multas “con relación a” tributos comprendidos en el régimen de regularización de la ley 26.746, y carece de fundamento la causal de suspensión dispuesta en su artículo 44.
Lo expuesto basta para desestimar el recurso del Fisco y confirmar la resolución de fs. 106/107vta. en lo sustancial que decide, con costas de esta instancia a cargo del recurrente, al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
5. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. proveído del 26/2/25, punto I). Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $4.134,74 (v. proveído del 14/2/25, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 106/107vta.; con costas.
2. Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del Fisco, de acuerdo con lo señalado en el considerando 5°.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia