Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto el presente agravio tampoco puede prosperar.-
Pues bien, siendo que el caudal probatorio reunido en los presentes autos brinda cabal sustento al auto de procesamiento, corresponde homologar íntegramente el pronunciamiento adoptado por la A quo.-
Finalmente, en virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6917 FOLIO Nº 123/126 PROT. ELECT. JRS1016I.211
Río Gallegos, 11 de noviembre de 2021.-
La presente causa caratulada: "Lucero Gerardo Daniel S/ Amenazas Calificadas" - Expte. Nº 17.071/19 - Apelación/Causa JR Nº 6597/20, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 39/42, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº 3, con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto II) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado Gerardo Daniel Lucero, en orden al delito de “Amenazas Calificadas por el Uso de Armas" (Arts. 45, y 149 bis 1º párrafo in fine del Código Penal).- Que a fs. 45/49, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 56 y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.-
I. Ingresando al tratamiento del primer agravio expresó la recurrente que existe valoración arbitraria de la prueba incorporada en autos, y que la misma fue direccionada para arribar a una conclusión forzada, que solo tuvo en miras declarar la responsabilidad penal de su defendido.
Entiende la defensa, que además la Juez A quo valoró la prueba de manera fragmentada, analizando únicamente los elementos que pudieron resultar cargosos sin meritar aquellos que desincriminan a su defendido, por lo que, determina que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos, fueron realizados en contra y en perjuicio de su defendido afectando así, el principio general de In dubio pro reo (art. 4 del CCP). Se debe decir que no prosperará el presente agravio por no advertir una valoración arbitraria de la prueba rendida en autos ni un direccionamiento de la labor instructiva; ello en mérito a que la Magistrada ha resuelto en función de las constancias obrantes en la causa, analizando las mismas bajo las reglas de la sana crítica racional, dando las razones de por qué asigna valor convictivo a la denuncia judicial interpuesta por la Sra. Balmaceda, robustecido por la certificaron actuarial y el secuestro del arma de fuego del domicilio del imputado. Menos aún, se cree que se haya valorado la prueba de manera fragmentada, ya que el resolutorio en análisis se encuentra debidamente motivado por la A quo en el desarrollo de los considerandos, quien valoró armónicamente los elementos probatorios con el grado de probabilidad requerido por la Instancia, motivo por el cual tampoco se evidencia la vulneración de la garantía constitucional In dubio pro reo - En este sentido, no asiste razón al apelante en sus argumentaciones. Cabe destacar que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los Arts. 115º, 116º y 291º del C.P.P., habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y explicado tanto la materialidad del hecho imputado, como la autoría y la calificación jurídica atribuida a los sucesos investigados a los que se calificó provisoriamente como constitutivos de “Amenazas Calificadas por el Uso de Arma”.- Correlativamente, manifiesta que la Magistrada no tomó en cuenta la inexistencia de testigos presenciales, objetivos y directos que pudieran corroborar los dichos de la denunciante.-
Debo recordar aquí que, con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima, esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.- Por otro lado, resalta la defensa que S.S. realizó una serie de afirmaciones, las cuales a su parecer son apresuradas y carecen de respaldo probatorio.
La primera, que la Jueza A quo establece que las amenazas fueron proferidas con un arma de fuego, indicando la defensa que el arma en cuestión no corresponde a tal categoría.
Se podría manifestar que si bien es correcta la existencia de tal afirmación, resulta indiferente la apreciación hecha por la defensa, puesto que la Magistrada, de manera posterior a la mención de ese párrafo, refirió a que el arma en cuestión no resultaba ser un arma de fuego, pero que a pesar de ello, bastaba para sustanciar la agravante por uso de arma. La segunda, que la Juez A quo asegura que el disparo del arma provocaría la muerte del can, valiéndose únicamente de su presunción, estableciendo la defensa que la Magistrado estaría atribuyéndose conocimientos sobre balística y que de ser de ese modo, debió haberse explayado y fundamentado sobre ésta en los autos.-
No logra conmover el planteo con los sólidos argumentos de la Juez Aquo acerca del poder intimidatorio de los dichos del imputado, considerando el contexto, siendo que el Sr. Lucero portaba el arma en sus manos y teniendo en cuenta las dimensiones de la mascota de victima. Ello permite suponer que pese a no contar con el criterio de un experto en la materia, existiría la probabilidad de lo afirmado por la Sra. Juez.- Finalmente la Magistrada asevera que no se hallaron indicadores de mendacidad por parte de la victima que repercutan sobre la verosimilitud de la denuncia, en contraposición la defensa argumenta que no se ha dispuesto de la intervención de profesionales del Cuerpo Pericial de Psicología para arribar a tal conclusión, además replica acerca de si el imputado se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad de su accionar. Así, establece la defensa que la investigación tuvo desde el comienzo una sola dirección, sin si quiera indagar sobre la posibilidad que la damnificada hubiese elaborado un relato con la finalidad de perjudicar a su defendido.- Se debe resaltar que no existiría motivo por el cual la denunciada falsamente difamaría al Sr. Lucero, considerando el hecho de que son vecinos, que tienen grandes posibilidades de verse y/o cruzarse de manera regular y que tal situación no llevaría más que a situaciones molestas e incomodas, y por otro lado como ya se resaltó, los dichos de la Sra. Balmaceda se verían respaldos por el resultado del acta de allanamiento, lo que llevaría a suponer que no existen mendacidad en sus dichos.- Con respecto a la comprensión del imputado al momento de suscitarse los hechos, se podría tomar como referencia, la pericia social de fs 27/28, que si bien no fue valorada por la Sra. Jueza, se desprende de la misma el relato del imputado, quien contó como se suscitaron los hechos y cual fue el motivo por el cual “se descontroló verbalmente y dijo un par de cosas…”, de lo cual se podría inferir que pudo comprender la criminalidad de sus actos, al menos respecto de las amenazas verbales en contra de la mascota de la denunciante.- Por otro lado, la recurrente solicita la nulidad del acta de resultado de la orden de allanamiento, por no haberse judicializado la misma en sede judicial. Considera que es necesario que los testigos se hubieran acercado a rectificar o ratificar el contenido de la misma en sede judicial para dar fe sobre la veracidad de su contenido.-
La jurisprudencia es pacífica en cuanto a que: "...Las actuaciones policiales del sumario de prevención revisten calidad de instrumentos públicos que hacen plena fe hasta su argución de falsedad (art. 993, Cód. Civil), de manera que son prueba suficiente de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese enunciado como cumplidos por él mismo o que pasaron en su presencia, así como de los reconocimientos contenidos en ellas...". (Cita on line • 25/09/2001 • A., A. • LLLitoral 2002, 119 •AR/JUR/1845/2001).- Por tal motivo, no se hace lugar al pedido de nulidad del acta en cuestión, por no resultar, la ratificación o rectificación de los testigos, un requisito intrínseco de la misma, ya que éste, al ser considerado instrumento público se basta así mismo como elemento probatorio valido.-
En suma, la defensa establece que debe existir extremo cuidado a la hora de merituar la veracidad de los dichos de la Sra. Balmaceda, lo que se ha obviado en la presente investigación, por cuanto, solicita que se revoque el pronunciamiento dictado en contra del Sr. Lucero y se disponga el sobreseimiento o se dicte la falta de merito al nombrado.- En razón de todo lo expuesto precedentemente se puede determinar que la resolución se encuentra fundada en elementos de cargo objetivos, y no se advierte tampoco arbitrariedad en la juzgadora, por lo que no prosperarían los agravios proferidos por la defensa.-
II. La defensa se agravia por considerar que no existen elementos probatorios suficientes para sostener que el Sr. Lucero pueda ser autor responsable del delito que se le endilga. Establece que no puede desconocerse que el procesamiento debe basarse en elementos de convicción idóneos y sobrados que acrediten la comisión del delito.-
Establece la defensa que no están acreditados en autos ni siquiera con la probabilidad que esta etapa procesal requiere, los elementos mínimos y constitutivos de la figura penal en tratamiento, ya que la prueba resulta insuficientes para atribuir la responsabilidad a su defendido, ello atento a la falta de testigos, siendo la única fuente de prueba la denuncia de la victima.- Por cuanto concluye que las escasas pruebas carecen de entidad suficiente y que las mismas se encuentran influenciadas y direccionadas por los dichos de la pretensa victima, y que ello no alcanza para justificar el juicio de probabilidad que pretende la Juez A quo.-
No se avizora carencia de sustento probatorio como argumenta la recurrente, ni tampoco se advierte que el plexo probatorio reunido sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación. Recordemos que el imputado fue enrostrado del hecho en las circunstancias referidas por la denunciante, las cuales guardan plena coherencia con el resultado de la orden de allanamiento, mediante el cual se estableció que arma con el cual se logró amedrentar a la victima se encontraba en el domicilio del denunciado.- Por otra parte, se debe destacar lo indicado en la Pericia Social a fs. 27/28, de la cual surge que a partir de la entrevista con el imputado, la Licenciada estableció “fueron varias veces la que le solicitó que se hiciera cargo de las necesidades de su perro, y ante su negativa en la última se descontrolo y verbalmente y dijo un par de cosas que termino con la presente causa”. Se reitera que pese a que dicho elemento no fue mencionado por la Magistrada, no se puede desconocer su contenido ya que del mismo se podría inferir que el acusado si llegó a proferir los términos intimidatorios mencionados por la denunciante, lo que sin lugar a dudas además brindaría robustez a su denuncia.- En suma se podría establecer que, en contra de lo afirmado por la defensora, el testimonio de la víctima no es el único elemento probatorio que podría sustentar el auto en crisis, sino que se contaría además, con el acta de la orden de allanamiento y la pericia social.-
Por otro lado, en relacion a la acreditacion de la comision del delito a la que se refiere la defensora debe decirse que "La agravante prevista en el art. 149 bis, primer parrafo, segundo supuesto, del C.P. funciona con las acciones de blandir, exhibir o mostrar el arma, sin importar que ésta sea propia o impropia, que esté o no en condiciones de funcionamiento, ya que lo que interesa es la mayor posibilidad de atemorizar a la victima. (del voto del Dr. Semhan "SD-). S.T.J. de Corrientes, 16/08/2006, "Ruiz, Javier Antonio s/ dcia.por sup, amenaza de muerte", Causa Nº 26.115/06, Jueces: Farizano, Rubin Sehen).- Por tales motivos no quedan dudas que los elementos probatorios alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar los hechos y la responsabilidad que "prima facie" le cabe al imputado en los mismos.-
Por lo expuesto el presente agravio tampoco puede prosperar.-
Pues bien, siendo que el caudal probatorio reunido en los presentes autos brinda cabal sustento al auto de procesamiento, corresponde homologar íntegramente el pronunciamiento adoptado por la A quo.-
Finalmente, en virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 39/42, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada al correo electrónico [email protected]. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen. – FIRMADO: Dr. NELSON A. SÁNCHEZ- JUEZ DE RECURSOS, DRA. ADRIANA I. GEYER - SECRETARIA TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6917 FOLIO Nº 123/126 PROT. ELECT. JRS1016I.211
Fin de la sentencia