Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución 50/15 (DI FIIM), dictada en el expediente SIGEA 16592-98-14 y, en consecuencia, también parcialmente el cargo FI 335/14, declarando que su importe asciende a la suma de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 22.217,7), el que deberá convertirse a pesos al tipo de cambio anterior al del efectivo pago, ello con más los intereses correspondientes devengados desde 26.09.14, conforme art. 794 del CA, hasta la fecha del efectivo pago, con costas a la actora.
2Revocar la exigencia del pago de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias (u$s 4.774,04), con costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-40783738-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Abril de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dr. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “LA LUCIA HNAS. S.A. C/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS S/ RECURSO DE APELACIÓN”, expediente 36.613-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 15/18 se presenta la firma LA LUCIA HNAS. S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución 50/15 (DI FIIM), dictada por el Director de la Dirección de Fiscalización de Importación, en cuanto rechaza el procedimiento de impugnación por ella interpuesto, confirmando el cargo FI 335/14, formulado en concepto de derechos antidumping dispuestos por la Resolución MEyFP 13/13. Se agravia de la liquidación practicada por el servicio aduanero, al sostener que el importe reclamado excede del 35% del arancel consolidado en violación a las normas de la O.M.C. Cuestiona que se mantenga dolarizada la obligación tributaria, considerando inaplicable al caso el art. 20 de la ley 23.905. Afirma que es contrario a la Constitución que el derecho antidumping sea fijado por la Resolución MEyFP 13/13, sobre la base del principio de legalidad tributaria, siendo dicha atribución propia del Congreso. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la apelación deducida, reliquidando los tributos respectivos.
II. A fs. 23/29 se presenta el Fisco y contesta el traslado conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la recurrente. Refiere al concepto de dumping y al Acuerdo del GATT. Afirma que en el art. VI del GATT se autoriza la imposición de un derecho antidumping por encima de los tipos consolidados, en los casos en que se acredite que el dumping causa o amenaza con causar un daño a una rama de la producción nacional. Manifiesta que de la normativa señalada se desprende que le compete al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos el dictado de las resoluciones que establezcan derechos antidumping. Se opone al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente en virtud de lo dispuesto por el art. 1164 del CA. Con relación a la inaplicabilidad del art. 20 de la ley 23.905, sostiene que conforme surge de las actuaciones administrativas los montos fueron establecidos en dólares estadounidenses y así fueron también notificados a la contraria. Cita jurisprudencia. Acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 30 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas. Asimismo, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 1143 del C.A., se ordena el libramiento de oficio a la DGA a los efectos de requerir la remisión de la carpeta original del despacho de importación aquí involucrado, lo que se cumple a fs. 44/58. A fs. 61 se certifica la conclusión de período probatorio. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F”, quedando en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa del expediente administrativo SIGEA 16592-98-2014 surge que se inicia con la formulación del cargo FI 335/14 sobre la base del informe obrante a fs. 5/6. A fs. 15 obra la notificación del cargo formulado a la firma LA LUCIA HNAS. S.A. en fecha 11/09/14. A fs. 18/20 obra recurso de impugnación interpuesto por la mencionada firma contra el cargo FI 335/14. A fs. 31/32 se amplía el informe realizado a fs. 5/6. A fs. 37/39 y vta. se emite el dictamen 46/15. Finalmente, a fs. 40/47 se dicta la Resolución 50/15 (DI FIIM), aquí apelada.
V. Corresponde determinar si se ajusta a derecho la Resolución apelada, en cuanto rechazó la impugnación de la actora confirmando el cargo FI 335/14, formulado por el servicio aduanero en concepto de derechos antidumping (establecidos por la Resolución -MEyFP- 13/2013), IVA y percepciones, con relación a la DI 12001IC04180884T.
No se encuentra discutido en autos que, mediante la mencionada DI, oficializada el 10.10.12, la importadora LA LUCIA HNAS. S.A., documentó la importación de mercadería consistente en “placas y baldosas de gres fino “porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento”, clasificada en la PA 6907.90.00, de origen China.
A efectos de esclarecer los hechos, conviene reseñar que, al tiempo de registro de la operación, se encontraba vigente la Resolución (MEyFP) 470/12 (BO: el 27/08/12) mediante la cual se fijó para las operaciones de exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de placas y baldosas de gres fino “porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento, originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA - mercadería que clasifica en la PA Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6907.90.00- la aplicación de una medida provisional bajo la forma de un derecho específico equivalente a DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO COMA SESENTA Y DOS POR METRO CUADRADO (U$S 4,62/m2). En su artículo 2° se dispuso que cuando se despache a plaza la mercadería antes descripta, el importador debía constituir una garantía equivalente al derecho específico establecido. Finalmente, su artículo 6° dispuso que la Resolución comenzaba a regir desde su publicación y por seis (6) meses, conforme el art. 7.4 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT de 1994.
Que, sobre la base de la Resolución mencionada, la recurrente constituyó una garantía equivalente al derecho específico, conforme resulta de la consulta de garantía que luce a fs. 4 de las act. adm. y de la copia de la DI involucrada obrante a fs. 51 vta. de autos.
Cabe señalar que por la Resolución (MEyFP) 470/11 se había declarado procedente la apertura de la investigación para determinar la existencia o no de dumping, respecto de la mercadería mencionada ut-supra.
Con posterioridad, efectuados los pasos de rigor, se dicta la Resolución (MEyFP) 13/2013 -BO: 29/01/13- por la que se procede al cierre de la investigación para las operaciones de exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de placas y baldosas de gres fino “porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento, originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la PA (NCM) 6907.90.00, fijándose un derecho antidumping definitivo bajo la forma de Derechos Específicos de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOCE COMA VEINTE POR METRO CUADRADO (12,20 u$s/m2) para los porcellanatos pulidos y de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO COMA SETENTA Y SIETE POR METRO CUADRADO (8,77 u$s/m2) para los porcellanatos sin pulir.
Como consecuencia de ello, la DGA formuló el respectivo cargo por diferencia de tributos (por aplicación del derecho antidumping, IVA y percepciones), identificando la garantía constituida por la aquí actora al oficializar la destinación involucrada en autos.
VI. La recurrente no cuestiona la procedencia del derecho antidumping, sino la liquidación del cargo practicada por el servicio aduanero.
En efecto, impugna el derecho antidumping calculado por la Aduana por superar el 35% ad valorem consolidado, contrariando las normas de la O.M.C.
Desde ya se adelanta, que el planteo de la actora no puede prosperar.
Ello así en atención a lo dispuesto por el art. 701 del C.A. que establece: “Los derechos antidumping y compensatorios se aplicarán en adición a todos los demás tributos que gravaren la importación de que se tratare”, lo que –a su vez- se encuentra en consonancia con lo dispuesto por el art. II, párrafo 2 b) del GATT en el sentido de que “no se podrá impedir a una parte contratante la imposición en cualquier momento sobre la importación de cualquier producto, de un derecho antidumping de conformidad con las disposiciones del artículo VI”.
En tal sentido, se ha dicho que: “…Esta disposición concuerda con el art. II, párr. 2-b) del GATT, que permite la acumulación de un derecho antidumping o un derecho compensatorio a los derechos de importación u otros tributos que gravaren la importación en los casos normales, así como también a las tasas proporcionadas al costo de los servicios prestados. De ahí que estos derechos se consideren ‘adicionales’ o, también ‘especiales’” (Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero Comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, obra completada y actualizada por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P. (h), Sumcheski, Ana L., y Vidal Albarracín, Guillermo (h), t. II, pág. 469).
Es decir, el derecho antidumping funciona como adicional al derecho de importación, justamente para contrarrestar o impedir el dumping. Por dicho motivo, “toda parte contratante podrá percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping que no exceda del margen de dumping relativo a dicho producto” (art. VI, párr. 2, del GATT). Ello significa que por su naturaleza –y vinculación al margen de dumpingse permite su adición al derecho de importación, no quedando sujeto a la limitación del tope del 35%.
VII. Se agravia también la actora del mantenimiento de la obligación tributaria en dólares, considerando inaplicable al caso el art. 20 de la ley 23.905.
Que dicha cuestión fue tratada en el precedente “Volkswagen Argentina SA c/AFIP-DGA”, de fecha 23/8/2011, en el cual la CSJN adoptó la postura de la Procuradora Fiscal, quien entendió que el art. 20 de la ley 23.905 no fue dejado sin efecto por la ley 23.928, toda vez que, según lo dispuesto en su art. 7, ésta solo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte allí se debatió debían determinarse en dólares.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la recurrente en este sentido.
VIII. Finalmente, corresponde tratar el agravio de la actora referido a la inconstitucionalidad de la fijación del derecho antidumping vía una resolución del Ministerio de Economía, sobre la base del principio de legalidad tributaria, correspondiendo dicha atribución al Congreso. Al respecto, tratándose de un planteo de la máxima gravedad institucional -ultima ratio de la función judicial- no puede tener acogida del modo genérico en que ha sido planteada por la actora, no cabiendo suplirla; más aún cuando la declaración de inconstitucionalidad, en nuestro ordenamiento, funciona a instancia de parte (lo que supone su debida fundamentación) y no procede de oficio, siquiera bajo la relativa morigeración jurisprudencial que dicho principio ha soportado en jurisprudencia reciente de la Corte Suprema.
Debe señalarse también, de modo liminar, que el principio constitucional de legalidad en materia tributaria reconoce normas constitucionales diferenciadas cuando se refiere a derechos de exportación (habiendo recibido tratamiento expreso en la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica”) a cuando versan sobre derechos de importación cuya fijación puede subsumirse, bajo determinadas circunstancias que deben examinarse pormenorizadamente en cada caso, bajo las facultades constitucionales propias y exclusivas del Presidente de la Nación (art. 99 inc. 11 de la Constitución) en relación a potencias extranjeras -China en este caso-; facultades que no son delegadas por el Congreso ni están sujetas a las respectivas condiciones constitucionales (art. 76).
IX. Como consecuencia de todo lo expuesto, corresponde reliquidar el cargo FI 335/14 formulado, en atención a la doctrina emanada de la Corte Suprema en la causa “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, respecto de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, en el sentido de que al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de aquéllas.
X. Ello así, el importe adeudado en autos por la recurrente en concepto de diferencia de tributos por aplicación del derecho antidumping previsto en la Resolución (MEyFP) 13/2013 e IVA, asciende a la suma de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 22.217,7), el que deberá ser convertido a pesos al tipo de cambio anterior al del efectivo pago, ello con más los intereses resarcitorios devengados desde la fecha de vencimiento del plazo de diez días, contado desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, conforme art. 794 del CA, hasta la fecha del efectivo pago, esto es desde el 26.09.14.
En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución 50/15 (DI FIIM), dictada en el expediente SIGEA 16592-98-14 y, en consecuencia, también parcialmente el cargo FI 335/14, declarando que su importe asciende a la suma de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 22.217,7), el que deberá convertirse a pesos al tipo de cambio anterior al del efectivo pago, ello con más los intereses correspondientes devengados desde 26.09.14, conforme art. 794 del CA, hasta la fecha del efectivo pago, con costas a la actora.
2. Revocar la exigencia del pago de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias (u$s 4.774,04), con costas al Fisco.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que habida cuenta el modo en que se decide, adhiero en lo sustancial al voto del Vocal preopinante.
II. Que, sin perjuicio de ello, en atención a lo señalado en el Pto. VIII del voto que antecede, corresponde dejar sentado que este Tribunal Fiscal de la Nación, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, goza de plenas facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, conforme fuera sostenido por el suscripto al votar con fecha 31/07/2013 en la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”); como así también con fecha 2/11/2012 en la causa “Cargill S.A.C. e I. c/ D.G.A. s/ apelación”, -Expediente N° 28.754-A-, de la 17a. Nominación (“Sala “F”), donde resolviera declarar la inconstitucionalidad del artículo 1164 del CÓDIGO Aduanero por resultar violatorio del artículo 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
III. Que, por lo tanto, no cabe más que concluir en que el principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 31 de la Constitución Nacional le plantea el desafío imperativo de desplazar la prohibición del artículo 1164 del CÓDIGO Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental (en el mismo sentido vide Spisso, Rodolfo: "Acciones y Recursos en materia tributaria", Lexis Nexis, segunda edición, pág. 35), siendo que una interpretación en sentido contrario sólo puede fundarse en una exégesis irrazonable de la norma, que no armoniza con los principios allí enumerados, toda vez que se le estaría otorgando una indebida preeminencia a lo dispuesto en el texto aduanero por sobre los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta contradictorio con el orden jurídico, tanto convencional como constitucional.
IV. Que admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” – Paniagua Morales vs. Guatemala –, consid. 149 y ss., del 08/03/98; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” – Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú –, consid. 66 y ss., del 31/01/01; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, consid. 129 y ss., del 02/02/01; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, consid. 100 y ss., del 06/02/01; “Gelman c/ Uruguay”, consid. 193, del 24/02/11), que deviene vinculante – conf. art. 68 de la C.A.D.H. – para los distintos poderes del Estado Nacional.
V. Que, no obstante, corresponde recordar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licenciaacordó -en lo que aquí interesa- fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.
Por lo tanto, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el artículo 151 de la ley 11.683, en cuanto establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece), y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto en las causas supra mencionadas, entre muchas otras, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que la competencia aduanera de este Tribunal se encuentra impedida de realizar el control de constitucionalidad peticionado en el pto. V del escrito recursivo. ASI LO VOTO.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución 50/15 (DI FIIM), dictada en el expediente SIGEA 16592-98-14 y, en consecuencia, también parcialmente el cargo FI 335/14, declarando que su importe asciende a la suma de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR (U$S 22.217,7), el que deberá convertirse a pesos al tipo de cambio anterior al del efectivo pago, ello con más los intereses correspondientes devengados desde 26.09.14, conforme art. 794 del CA, hasta la fecha del efectivo pago, con costas a la actora.
2. Revocar la exigencia del pago de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias (u$s 4.774,04), con costas al Fisco.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2024.04.17 19:01:22 -03:00 Date: 2024.04.22 09:50:49 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.22 11:53:10 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.22 11:53:12 -03:00
Fin de la sentencia