Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución (DI FIIM) n° 52/15, dictada en el expediente SIGEA 16592-94-2014, declarando que el monto a exigir a la actora asciende a la suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS ONCE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (U$D 14.811,79), con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas a la actora.
2Revocar parcialmente el art. 1 de la Resolución, en cuanto exige los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18690264-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Febrero de 2026 ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “LA LUCIA HNAS. S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 36.610-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 15/17 vta., se presenta por apoderado, la firma epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DI FIIM) n° 52/15, recaída en el SIGEA n° 16592-94-2014, que rechaza el recurso de impugnación interpuesto contra al cargo FI n° 328/14, formulado con relación a la DI n° 12 001 IC04 155768 W. Relata que el resultado de la liquidación que surge de la aplicación de los derechos antidumping excede el 35% del arancel consolidado, en violación a las normas de la OMC. Asimismo, se agravia del tipo de cambio utilizado para su cálculo que debe ser el vigente al momento de la oficialización de la destinación. Entiende que el derecho específico aplicado excede notoriamente el arancel consolidado ad valorem, infringiéndose el art. 663 del C.A., el Tratado del GATT y el Acuerdo de Marrakesh aprobado por la Ley n° 24.425. Considera que se debe practicar una nueva liquidación que no exceda el porcentaje respectivo. Hace referencia al art. 20 de la Ley n° 23.905. Realiza consideraciones en cuanto a los arts. 637, 638 y 639 del C.A. Plantea la inconstitucionalidad de la fijación de derechos antidumping mediante una resolución. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
II. A fs. 25/31, se presenta el representante fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora. Hace referencia al Articulo VI del Acuerdo de Dumping del GATT, su incorporación mediante la Ley n° 24.425 y el Decreto Reglamentario n° 1393/08. Expresa que el Ministerio de Economía es el encargado del dictado de las investigaciones antidumping. Se refiere a Resolución n° 13/13 que cierra la investigación correspondiente a la mercadería en cuestión. Sostiene que la garantía constituida en virtud de la aplicación de la medida provisional bajo la forma de un derecho específico se encontraba en estado afectada. En cuanto a la liquidación, sostiene que no corresponde sea realizada en dólares estadounidenses. Además, solicita se rechace el planteo de inconstitucionalidad incoado por la recurrente en virtud de lo estipulado en el art. 1164 del C.A. Cita jurisprudencia. Entiende que el plazo para la formulación del cargo es ajustado a derecho en los términos del art. 9.3.1. del Acuerdo. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 32, se abre el período de prueba (producida a fs. 42/50). A fs. 51, se declara clausurado el período de prueba. A fs. 54, se ponen los autos para alegar. A fs. 60/61 alega el Fisco. A fs. 63 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. A través de la actuación SIGEA n° 16592-94-2014 se inician a fs. 1, con el “resumen de los documentos liquidados”. A fs. 2, obra el cargo FI n° 328/14. A fs. 5/6, consta la Nota n° 116/14 de la División Bienes Intermedios y de Consumo. A fs. 15, se notifica el cargo (11/09/14). A fs. 18/20, la recurrente impugna el cargo formulado. A fs. 30/31, luce la Nota n° 62/15 de la División Bienes Intermedios y de Consumo. A fs. 35/37 vta., obra el Dictamen n° 42/15. Finalmente, a fs. 38/45, se dicta la Resolución (DI FIIM) n° 52/15, apelada en autos.
V. Que corresponde resolver si la resolución aquí apelada por la que se confirma el cargo FI nº 328/14 y se condena a la actora al pago de derechos antidumping y tributos adeudados, se ajusta a derecho. De las actuaciones administrativas surge que mediante la DI n° 12 001 IC04 155768 W, registrada en fecha 5/9/12, la recurrente documentó la importación a consumo de la mercadería consistente en “Las demás Placas y baldosas de gres fino “porcellanato” pulidas, incluso semipulidas (satinadas) –Los demás PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO; CUBOS, DADOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE CERÁMICA, PARA MOSAICOS, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE”, ubicada en la P.A. 6907.90.00.290H, proveniente de China, con un valor FOB total de 12.968,08 dólares estadounidenses.
Al respecto, debe señalarse que la aludida posición arancelaria, por medio del dictado de la Resolución n° 470/11, fue objeto de investigación por presuntas prácticas antidumping para operaciones de importación originarias de la República Popular de China.
Durante el curso de la investigación, mediante Resolución n° 470/12, la Secretaria de Comercio resolvió continuar con la misma con la aplicación de medidas antidumping provisionales bajo la forma de un derecho específico equivalente a U$S 4,62 metros cuadrados.
Tal resolución indicaba que cuando se despache a plaza la mercadería descripta (P.A. 6907.90.00) el importador debía constituir una garantía equivalente al derecho específico establecido. En consecuencia, la recurrente presentó un seguro de caución que se encuentra identificado mediante el n° 12 001 037523 G (ver fs. 4 de las act. Adm.).
Finalmente, a través de la Resolución n° 13/13, de fecha 25/1/13, se procedió al cierre de la investigación respectiva, fijándose para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de placas y baldosas de gres fino “porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA un derecho antidumping definitivo bajo la forma de Derechos Específicos de 12,20 u$s/m2 para los porcellanatos pulidos y de 8,77 U$s/m2 para los porcellanatos sin pulir. Señalando que se ejecutarían las garantías constituidas mediante la Resolución nº 470/12.
En función de ello, el servicio aduanero formuló el cargo aquí recurrido en virtud de lo dispuesto en la citada resolución, teniendo en cuenta la categoría porcellanatos sin pulir (U$S 8,77 m2), en razón de la mercadería importada.
En consecuencia, la recurrente impugnó el cargo aludido aduciendo que el ajuste practicado excedía el 35% del valor en aduana de la mercadería, bajo los mismos términos de la apelación presentada en esta instancia.
VI. En función de los agravios introducidos por la actora, entiendo pertinente realizar las siguientes consideraciones en lo que refiere al plexo normativo aplicable al caso.
En lo que a ello respecta, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (“Acuerdo Antidmping”), aprobado por la Ley n° 24.425 y el Decreto n° 1393/08 (hoy derogada por el Decreto n° 33/25) constituyen las normas encargadas de regular el mecanismo legal de la imposición y determinación de los derechos antidumping.
Que el art. 1 del Decreto citado indica la autoridad competente para el dictado de las resoluciones que establezcan derechos antidumping o compensatorios, ya sean provisionales o definitivos, resuelvan el inicio de examen de derechos antidumping o compensatorios y las demás funciones que se le atribuyen es el Ministerio de Economía.
Nótese que ambas resoluciones, la que establece los derechos provisionales y la que fija el derecho antidumping definitivo, han sido dictadas por la autoridad propiamente dicha, razón que me lleva a desestimar el planteo de incompetencia incoado por la recurrente.
Que más allá, de lo precedentemente expuesto, la pretensión de la actora al plantear la inconstitucionalidad de la fijación de un derecho antidumping a través de un reglamento, es una facultad que se encuentra vedada a este Tribunal conforme lo dispone el art. 1164 del C.A., que precisamente limita sus facultades jurisdiccionales a la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hubiere declarado la invalidez de las leyes tributarias o aduaneras.
En cuanto a la vigencia temporal de los derechos antidumping provisionales, el punto 9.3.1 de la norma citada establece que “Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, la determinación de la cantidad definitiva que deba satisfacerse en concepto de derechos antidumping se efectuará lo antes posible, normalmente en un plazo de 12 meses, y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de la fecha en que se haya formulado una petición de fijación definitiva y de la cuantía del derecho antidumping…”.
Que bajo tal premisa, obsérvese que la Resolución n° 470/12 (B.O. 27/8/12), fijó derechos aduaneros provisionales para la posición arancelaria en cuestión bajo la forma de un derecho específico equivalente a U$S 4,62 m2 y, posteriormente, en el plazo de 5 meses, mediante la Resolución n° 13/13 (B.O. 29/1/13) se aplicaron los derechos antidumping definitivos. Es decir, que la exigencia de los derechos antidumping pertinentes se realizó dentro del plazo establecido al efecto.
Por otro lado, la recurrente se agravia de la determinación de un derecho antidumping específico sosteniendo que excede notoriamente el arancel consolidado ad valorem establecido en las disposiciones del Tratado del GATT y contrario al art. 663 del C.A.
Acerca de ello, surge con claridad en el art. 45 del Decreto que “El derecho antidumping o compensatorio, provisional o definitivo, podrá ser ad valorem o específico. La Autoridad de Aplicación podrá, a los fines de determinar el derecho antidumping o compensatorio que corresponda, establecer Valores Mínimos de Exportación FOB”.
Que el funcionamiento de los derechos de importación ad valorem y específicos son sustancialmente distinto al que corresponde conforme al régimen general. Su aplicación en los derechos antidumping rigen respecto de las importaciones originarias en el país sujeto a tales derechos y, aún dentro de tal país quedaran excluidos los que demuestren que no han operado en condiciones de dumping, distinto es su aplicación a aquellas importaciones generales a la que correspondan a la partida arancelaria correspondiente.
VII. Ahora bien, corresponde señalar que en autos no se encuentra controvertida la imposición de los derechos antidumping, sino que la recurrente reclama que la suma exigida en concepto de tales exceda el 35% del valor en aduana de la mercadería importada.
En este aspecto, debe aclararse que los derechos antidumping son impuestos aduaneros que aplican en adición a todos los demás tributos que gravan una importación determinada.
Sentado lo precedente, valga recordar que en materia aduanera resulta inaplicable el principio de no confiscatoriedad que intenta oponer la recurrente, la CSJN en el fallo Montearce (Fallos 289:443), relató que el poder impositivo tiende, ante todo, a proveer de recursos al tesoro público, pero constituye, además, un valioso instrumento de regulación económica que a veces linda con el poder de policía y sirve a la política económica del Estado, en la medida que corresponde a las exigencias del bien general, cuya satisfacción ha sido prevista en la Constitución como uno de los objetos del poder impositivo. Añadió, por tanto, que no es aplicable la jurisprudencia de la Corte que tiene declarado que determinados impuestos, en la medida que excedan el 33% de su base imponible, afectan a la garantía de la propiedad, por confiscatorios, cuando se trata de tributos que gravan a la importación de mercaderías. Tal ocurre cuando el Estado, por razones que hacen a la promoción de los intereses económicos de la comunidad y su bienestar, instituye, con finalidades acaso disuasivas, gravámenes representativos de uno o más veces el valor de la mercadería objeto de importación.
Es decir, en relación a los tributos aduaneros, la CSJN justificó la no aplicación del principio de no confiscatoriedad con fundamento en que, si el Estado puede prohibir la introducción al país de productos extranjeros, con igual razón está facultado para llegar a un resultado semejante por medio del empleo de su poder tributario.
En otro orden de ideas, en cuanto a la liquidación de los derechos antidumping, se observa que los derechos específicos provisionales aplicados por la Resolución n° 470/12 han sido descontados del monto de los derechos antidumping definitivos.
No obstante, en cuanto a las percepciones del IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias, en orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
En conclusión, se desprende que en virtud de la operación de importación de trato, la importadora debe un total de U$D 14.811,79 por derechos antidumping e IVA, ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794 y concordantes del C.A. Por lo tanto, en atención al análisis efectuado en los considerandos precedentes, corresponde estimar que resulta procedente la aplicación de los derechos antidumping previstos por la Resolución n° 13/13 a la operación de importación de marras y, en consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada y también el cargo FI n° 328/14 con las deducciones mencionadas.
VIII. Respecto al planteo en relación a la cuestión relativa a la dolarización de la liquidación aduanera y la determinación –en moneda nacional- según el tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, debe señalarse que tal cuestión ha sido tratada en el precedente “Volkswagen Argentina S.A. c/AFIP-DGA”, de fecha 23/8/11, en el cual la CSJN avaló la postura de la Procuradora Fiscal, entendiendo que el art. 20 de la Ley n° 23.905 no ha sido dejada sin efecto por la Ley n° 23.928, porque según lo dispuesto en su art. 7°, dicha ley solo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se debate debían determinarse en dólares.
IX. En cuanto a las costas del pleito, se imponen a la recurrente en lo que respecta al monto que se le reclama en virtud de los derechos antidumping en virtud de lo establecido en el Considerando VII. En relación a las percepciones, toda vez que el fallo CLADD ITA S.A. fue dictado con posterioridad al trámite de estos autos, resulta razonable que las costas del proceso se distribuyan, respecto a ello, en el orden causado (“DU PONT ARGENTINA S.R.L. (TF 38.483-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, expte. N° 1461/2025, sentencia del 30/09/25).
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución (DI FIIM) n° 52/15, dictada en el expediente SIGEA 16592-94-2014, declarando que el monto a exigir a la actora asciende a la suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS ONCE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (U$D 14.811,79), con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente el art. 1 de la Resolución, en cuanto exige los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
Así lo voto.— El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede, en tanto recepta adecuadamente la doctrina sustentada por esta Sala “F” in re “LA LUCIA HNAS. S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS S/ RECURSO DE APELACIÓN” -Expedientes Nros. 36.612-A y 36.613-A-, a cuyos fundamentos corresponde remitirse en toda su extensión, por guardar sustancial analogía con la temática debatida en la presente litis.
II. Que, por lo demás, el relación al agravio de la actora referido a la inconstitucionalidad de la fijación del derecho antidumping vía una resolución del Ministerio de Economía, sobre la base del principio de legalidad tributaria, resulta una clara atribución del Congreso Nacional, corresponde dejar sentado que este Tribunal Fiscal de la Nación, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, goza de plenas facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, conforme fuera sostenido por el suscripto al votar con fecha 31/07/2013 en la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”); como así también con fecha 2/11/2012 en la causa “Cargill S.A.C. e I. c/ D.G.A. s/ apelación”, -Expediente N° 28.754-A-, de la 17a. Nominación (“Sala “F”), donde resolviera declarar la inconstitucionalidad del artículo 1164 del CÓDIGO Aduanero por resultar violatorio del artículo 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
III. Que, por lo tanto, no cabe más que concluir en que el principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 31 de la Constitución Nacional le plantea el desafío imperativo de desplazar la prohibición del artículo 1164 del CÓDIGO Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental (en el mismo sentido vide Spisso, Rodolfo: "Acciones y Recursos en materia tributaria", Lexis Nexis, segunda edición, pág. 35), siendo que una interpretación en sentido contrario sólo puede fundarse en una exégesis irrazonable de la norma, que no armoniza con los principios allí enumerados, toda vez que se le estaría otorgando una indebida preeminencia a lo dispuesto en el texto aduanero por sobre los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta contradictorio con el orden jurídico, tanto convencional como constitucional.
IV. Que, admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” – Paniagua Morales vs. Guatemala –, consid. 149 y ss., del 08/03/98; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” – Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú –, consid. 66 y ss., del 31/01/01; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, consid. 129 y ss., del 02/02/01; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, consid. 100 y ss., del 06/02/01; “Gelman c/ Uruguay”, consid. 193, del 24/02/11), que deviene vinculante – conf. art. 68 de la C.A.D.H. – para los distintos poderes del Estado Nacional.
V. Que, no obstante, merece recordarse que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó -en lo que aquí interesa- fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.
Por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el artículo 151 de la ley 11.683, en cuanto establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece), y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto en las causas supra mencionadas, entre muchas otras, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que la competencia aduanera de este Tribunal se encuentra impedida de realizar el control de constitucionalidad peticionado en el pto. V del escrito recursivo. ASÍ LO VOTO.-
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución (DI FIIM) n° 52/15, dictada en el expediente SIGEA 16592-94-2014, declarando que el monto a exigir a la actora asciende a la suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS ONCE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (U$D 14.811,79), con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente el art. 1 de la Resolución, en cuanto exige los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18ª Nominación (Art. 1162 C.A.).
Date: 2026.02.23 15:40:26 ART Date: 2026.02.23 16:41:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.23 16:42:09 -03:00
Fin de la sentencia