Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 33.499-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-24662372-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 15 de Marzo de 2022 Tribunal Fiscal de la Nación En la ciudad de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, la Dra. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), el Dr. Rubén A. Marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 32841-I caratulado “ LUIS N. LUZZI S.A. s/apelación- y su acumulado, Nro 33.499-I LUIS N. LUZZI SA s/apelación (hoy TUBOPLAST SA).
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 54/58 y fs. 138/140vta. la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° 171/08, de fecha 31 de octubre de 2008 y N° 68/09, de fecha 4 de diciembre de 2009, por las que se impugnaron las declaraciones juradas presentadas en el Impuesto al Valor Agregado en los periodos fiscales 01/03 a 04/06 y en el impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2003 a 2005, se liquidaron los respectivos intereses resarcitorios, y se le aplicaron sendas multas en el I.V.A. por los periodos fiscales 02/03 a 05/03, 08/03 a 10/03, 05/04 a 07/04, 09/04 a 11/04 y 1/06 a 04/06 con fundamento en lo dispuesto por los arts. 46 y 47 inc. b) y 49 de la ley 11.683. Asimismo, se hace reserva de las sanciones que pudieran corresponderle en los términos del artículo 20 de la ley 11.683 respecto del impuesto al valor agregado por los períodos 01/05 a 03/05 y 05/05 a 12/05.
En primer lugar, efectúa una descripción de las actividades que realiza y resume lo actuado en sede administrativa por el Organismo Fiscal para arribar a las resoluciones que fueran apeladas en esta instancia. Manifiesta en relación con la supuesta falta de capacidad económica de la firma Genial S.R.L. y la de sus socios, que la inspección fue iniciada varios años más tarde de cuando fueron realizadas las operaciones, siendo la capacidad económica actual distinta a la del período fiscalizado.
Con respecto a la constatación del domicilio fiscal del proveedor, efectúa las mismas consideraciones que las señaladas en el párrafo anterior, toda vez que la concurrencia de los funcionarios a la empresa se realiza varios años después de ocurridas las operaciones.
Ahora bien, sobre las citaciones cursadas a los socios y su no concurrencia, considera que no es un argumento válido, dado que la firma no tiene la obligación de conocer el cumplimiento de una citación que la AFIP-DGI les hace a los socios de la empresa proveedora.
Afirma que las operaciones realizadas con la firma son reales, habiéndose verificado en cada oportunidad la consistencia de los datos exigidos por la AFIP-DGI, ello en un todo de acuerdo con la normativa vigente en cada período, vale decir, consulta de CAI real y vigente, comprobantes autorizados por la AFIP-DGI, verificación que los comprobantes no se encuentren incluidos en la base de facturas apócrifas y constancia de inscripción vigente.
En lo que respecta a la sanción aplicada, puntualiza que las declaraciones juradas bajo análisis reflejaban exactamente la realidad operatoria de la sociedad y las cifras declaradas en el balance comercial y ajustado a las normas impositivas utilizadas para confeccionar las mismas, existiendo un absoluto convencimiento que se estaba obrando correctamente.
Señala que no ha existido intención defraudatoria, toda vez que la empresa llevó su contabilidad y formuló su balance de acuerdo a las normas legales y técnicas correspondientes, contabilidad y balances que el ente fiscal no impugnó, razón por la cual debe considerarse que representan razonablemente la situación de la empresa al cierre del ejercicio.
Subsidiariamente, plantea que la conducta de la firma debe ser reencuadrada en el artículo 45 de la ley 11.683, debiendo ser graduada la misma en el mínimo legal.
II. Que a fs. 73/82 y 148/155 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos que le fueran conferidos, y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 159 se dispone acumular el Expte. N° 33.499-I, de igual carátula, a los presentes.
IV. Que a fs. 166 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “A” y pasan los mismos a sentencia a fojas 167.-
V. Que corresponde analizar la procedencia del primero de los ajustes efectuados por el organismo fiscal, el que se encuentra circunscripto a la impugnación de facturas de ciertos proveedores de la actora, soporte de las determinaciones de oficio de las obligaciones frente a los impuestos al valor agregado y a las ganancias. A los fines de un mejor entendimiento, resulta oportuno efectuar una descripción de la actividad de la fiscalización en cada proveedor en particular:
a) GENIAL S.R.L.: La inspección advierte que este proveedor se encuentra incluido en la base APOC desde el 30/06/2004 por considerar que la misma carece de capacidad económica y/o financiera para realizar operaciones. La fiscalización realizó consultas a las bases de datos de AFIP, detectándose que el proveedor presenta declaraciones juradas de IVA hasta el mes 10/05 con un débito fiscal muy inferior al que surge del CITI Compras y empresas circularizada, no aportó los libros y la documentación ni bienes registrables a su nombre, no registra percepciones por compra de bienes.
En otro orden de ideas, el ente fiscal advirtió que el domicilio fiscal resulta ser inexistente. En relación con los socios de la firma, el personal fiscalizador no pudo localizar a los anteriores y, en relación con las nuevas autoridades solo uno de ellos fue localizado quien manifestó desconocer la sociedad. En este sentido, el Sr. Medina, quien asume como socio gerente de la firma a partir de 04/10/05, señala que tiene como actividad la de changarín desconociendo a la firma en cuestión, así como también a las restantes autoridades.
El proveedor declara un único empleado, a saber el Sr. Sticconi, quien se apersonó ante la Agencia, señalando que la empresa funcionó en un domicilio en la calle Alvarado 1381 hasta su renuncia como empleado de la misma, operada el 31/10/05. Preguntado respecto de los titulares de la firma señaló que eran empleados de la misma, informando que el únicamente conocía al Sr. Segovia.
Finalmente, funcionarios de la inspección se constituyeron en el nuevo domicilio fiscal de la firma constatando que se trata de un inmueble que tiene doble ingreso, ubicado en la intersección de las calles Santa Fe y Alsina, siendo atendidos por el Sr. Basso quien manifestó que desde hace ya algunos años el inmueble cuya puerta de acceso esta por la calle Santa Fe no se alquila, no recordando como inquilino a la firma Genial S.R.L. La fiscalizada aportó la registración en el libro IVA Compras de las operaciones realizadas con el proveedor Genial S.R.L., informadas por la empresa en respuesta a la circularización y un detalle ampliatorio con la documentación respaldatoria, aportando la cuenta corriente del proveedor.
En los remitos aportados por la empresa no surge información acerca de quien efectuó el transporte de la mercadería comprada, manifestando únicamente que la misma entraba a su depósito siendo retirada con vehículos propios o con fletes contratados por el proveedor, también podía ser entregadas en obra, con flete a cargo del comitente, el que posteriormente se lo facturaba.
En relación con el circuito económico, se circularizó al Banco de Santa Fe, advirtiendo que una importante cantidad de pagos realizados por la fiscalizada a Genial S.R.L. se depositaban a través del agente de bolsa Sr. Moyano, también circularizado, en cuentas abiertas por el Sr. Ricardo Morenza y Daniel Morenza, siendo este último accionista y apoderado de Luis N. Luzzi S.A.
Asimismo, se detectó un importante monto de pagos al proveedor depositados en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y Protección Familia Italiana de Correa.
De la información obrante en la AFIP-DGI no se detectó que los Sres. Morenza desarrollen actividad comercial en forma individual.
Seguidamente, la fiscalización amplió la circularización al Sr. Moyano y al Banco Bisel para analizar el destino de los fondos retirados de las cuentas abiertas en el agente de bolsa, detectándose que: a) en el caso de Daniel Morenza, los cheques fueron en su mayoría cobrados por él, otros fueron cobrados directamente por la empresa Luis N. Luzzi S.A. y los restantes se depositaron en la cuenta de Ricardo Morenza; b) en el caso de Ricardo Morenza los cheques fueron en su mayoría depositados en la cuenta de este último o endosados a su favor, unos fueron cobrados directamente por la firma Luis N. Luzzi S.A. y los restantes cobrados por el mismo. Por otro parte, se cruzó la cuenta particular de Daniel Morenza con los fondos retirados del agente de bolsa, detectándose que algunas acreditaciones provenían de dichos retiros.
En otro orden de ideas, se circularizó a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y Protección Familia Italiana de Correa a los efectos de efectuar un seguimiento financiero de los cheques del Banco de Corrientes entregados por la fiscalizada en pago por las operaciones con el proveedor y que fueron depositadas en dicha institución. De la respuesta se observó que el proveedor tiene una cuenta abierta en dicha mutual y que opera depositando o retirando fondos, a través de Daniel Morenza (apoderado de Luis N. Luzzi) y Lucas S. Rodríguez o su socio gerente Rodolfo López. Los únicos que habrían operado en el período 09/05 a 03/06 son Daniel Morenza y Rodolfo López.
El ente fiscal advirtió que el Sr. López siguió operando en la mutual, en su carácter de socio gerente de la firma Genial S.R.L. con posterioridad a 11/05 cuando no era socio, ni gerente de la empresa ya que había efectuado la cesión de sus cuotas y renuncia al cargo respectivamente con fecha 10/11/05. Asimismo, de la consulta a Base EFisco surge que con posterioridad a dicha fecha el Sr. López se inscribió como monotribustista sin especificar actividad.
La mayoría de los retiros de fondos (60%) de la cuenta del proveedor son efectuados por el apoderado Daniel Morenza (apoderado de Luis N. Luzzi).
Los fondos recibidos por Ricardo Morenza fueron en su mayoría endosados a Daniel Morenza y Rodolfo López, quien actuó como gerente de Genial S.R.L., habiendo cesado su representación, recibiendo fondos. Por estos motivos los fondos recibidos por Ricardo Morenza y Rodolfo López se la adjudicaron a Daniel Morenza. Este último recibió el 72% de los fondos provenientes de los pagos realizados con cheques por Luis N Luzzi a Genial S.R.L.
b) “EMEGA” DE CARLOS ALBERTO GABELLONE: Como resultado del trabajo de la inspección se advirtieron inconsistencias en cuanto a la documentación respaldatoria de compras involucradas, atento a que, las facturas aportadas por la fiscalizada en contestación a la fiscalización que se le realizó, difieren respecto a las aportadas por el Sr. Gabellone en la actividad, el domicilio consignado e imprenta que figura al pie de las mismas. Conforme lo informado por el proveedor, el mismo desarrolla como actividad la de “Servicios de Impresión”, lo que se corroboró con la consulta realizada en EFISCO y no la venta y distribución de artículos como surge de las facturas aportadas por el contribuyente.
Por otro parte, el personal de fiscalización advirtió que el domicilio comercial del proveedor es en Ramón L. Falcón 7056 en la Ciudad autónoma de Buenos Aires y no Gral. Álvarez 706, Bernal como surge de las facturas informadas.
En relación con las imprentas que figuran al pie de las facturas del proveedor y quien realizó la impresión de las mismas es el Sr. Klodi, Daniel Juan, lo que se corroboró de la consulta a las bases de dato del organismo y no Artes Gráficas Güemes de Carlos J. Dante A. y Leonardo Ragusa. La inspección informó que se constituyó en el domicilio que figura en los comprobantes aportados por la contribuyente, siendo atendida por uno de sus titulares, quien manifestó desconocer al proveedor.
Con respecto a la operatoria con el proveedor, la fiscalizada explica que sus contactos se realizaban telefónicamente, que el flete era a su cargo, puesto el material en el depósito de la firma, que la mercadería llegaba conjuntamente con la factura y que se canceló siempre con bonos, no pudiéndose entonces realizar el seguimiento del circuito económico ni físico de la mercadería.
VI. Que de acuerdo con el relato efectuado, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas irregularidades de algunos proveedores de la recurrente que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones inexistentes.
En atención a lo expuesto, el thema decidendum queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos. En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012). Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7- 12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
Como complemento de esta doctrina debe mencionarse un reciente pronunciamiento de la Sala V del mencionado Tribunal el cual resulta sumamente esclarecedor sobre el tema en cuestión, donde se puntualizó que “...para negar completamente la veracidad de las operaciones impugnadas, no resulta suficiente que el Fisco se remita a las conclusiones de los inspectores que fiscalizaron las actividades de los proveedores objetados sin valerse de mayores argumentos ni de otros medios de prueba; ni el resultado de esta fiscalización lo autorizaba a trasladar de modo mecánico, y enteramente, la carga de la prueba sobre la parte actora. Ello es así porque la actividad de la administración fiscal y, en particular, la del juez administrativo, debe estar guiada por el principio de la verdad material, ya que el procedimiento en materia impositiva tiende a concretar la voluntad de la ley que crea el impuesto y hacer efectiva la obligación tributaria, o la exención del impuesto, nacida a partir de la realización de los hechos previstos en las normas materiales aplicables...” (conf. CNACAF Sala V “Noble Argentina S.A. c. EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva” de fecha 23/05/18).
VII. Que, en esa inteligencia resulta pertinente destacar que la defensa de la actora a lo largo de todo su escrito recursivo consiste –fundamentalmente- en sostener que las facturas impugnadas cumplen con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente y que los proveedores se encontraban incluidos en la Base Apoc con posterioridad a los períodos fiscales objeto de la presente causa, así como también que tanto la capacidad económica como el domicilio fiscal actual puede ser totalmente distinto al período analizado Sobre el particular, resulta oportuno señalar que, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con los mencionados proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como su no localización de alguno de los proveedores o en aquellos supuestos en los que fueron localizados, negaron las operaciones, su falta de capacidad operativa de los mismos, operaciones que resultan ser canceladas con cheques que son cobrados por el socio gerente de la firma, la existencia de designación de socios gerentes que niega haber desempeñado ese cargo, elementos que en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
A mayor abundamiento, cabe señalar, que contrariamente a lo sostenido por la contribuyente, en el caso del proveedor “Emega” de Carlos Alberto Gabellone, los comprobantes aportados por la actora diferían sustancialmente de los informados por este último en cuanto al domicilio fiscal, actividad desarrollada e imprenta que efectuó las mismas, situación esta última convalidada por la imprenta que figura en las facturas aportadas por el proveedor.
En esa dirección cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló, que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés". Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
VIII. Que, finalmente, y respecto del cómputo de créditos fiscales, es menester traer a colación la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98), en la que se sostuvo que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Criterio que fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en la causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
IX. Que así ello, corresponde ahora que este Tribunal aprecie el elenco probatorio obrante en los presentes autos.
En este contexto corresponde señalar que frente a las amplias facultades para ofrecer prueba que respalde sus dichos, lo cierto es que la recurrente no ha ofrecido probanza alguna ni en sede administrativa ni tampoco en esta instancia por lo que solo cabe concluir que los agravios de la recurrente sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones, al no ser sustentados por prueba fehaciente, resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos.
En consecuencia, corresponde confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en las resoluciones determinativas en cuanto impugnan el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y los gastos del impuesto a las ganancias.
X. Que en cuanto a las restantes impugnaciones formuladas por el Fisco Nacional en el impuesto a las ganancias relacionadas con los quebrantos por deudores incobrables y resultados financieros por tenencia, observaciones del rubro “Otros gastos operativos”, toda vez que la recurrente no ha expresado agravios corresponde su confirmación.
XI. Que corresponde ahora expedirse respecto a la sanción aplicada en la Resolución N° 171/08 que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor.
La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Será entonces el ente fiscal el encargado de probar la existencia de ambos elementos, habiendo recurrido en el caso sub examine al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Sobre la cuestión, cabe recordar que dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede. En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es -generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580).
XII. Que así ello y teniendo en consideración lo resuelto supra, se desprende que el accionar del Fisco Nacional resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante a tenor de lo dispuesto en el art. 47, inciso b) de la 11683 (t.o. vigente), pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, habiendo presentado declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de los ajustes enunciados en el Considerando VI, por lo cual omitió el pago del impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, los que surgen palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar la sanción aplicada al contribuyente, la que –por otra parte- se advierte han sido correctamente cuantificadas.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Dr. Marchevsky dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.-
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas. Con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía de la 1º Nominación (art. 184 de la ley 11.683). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvase los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.03.15 17:14:27 -03:00 Date: 2022.03.15 17:47:10 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.15 17:47:11 -03:00
Fin de la sentencia