Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-840/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Adrián Gustavo Luján en PE14990-2020, contra la Municipalidad de Río Gallegos.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: L-840/20-TSJ Sentencia N°: 1132 Actor: LUJAN ADRIAN GUSTAVO Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 18/09/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1132 FOLIO Nº 3653/3658 PROT. ELECT. TSS1 019 C.231
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 18 días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “LUJAN ADRIAN GUSTAVO C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº L-840/20-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 4º) Dr. Fernando Miguel Basanta, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que el Sr. Adrián Gustavo Luján, con el patrocinio letrado de la Dra. Marianela Garrido, se presenta promoviendo demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Río Gallegos, con el objeto que se declare la nulidad del Decreto Municipal N° 1261 del 28 de mayo de 2020, en virtud del cual se resuelve derogar el Decreto N° 4272/19, que le adjudicaba en venta la Parcela 13, Manzana 505, Sección A, Circunscripción III, con destino a vivienda familiar, según Ordenanza Nº 2639 y, consecuentemente, se ordene a la accionada a otorgar el correspondiente título traslativo de dominio (cfr. PE14990-2020, IND00000182.pdf, pág. 1).-
Continúa afirmando que: “...luego de asumida la actual gestión municipal, en fecha 10 de diciembre de 2019, es que me acerqué en varias oportunidades al Departamento Tierras y Catastro, con la finalidad de dar impulso al expte de referencia y presentar los planos de obra para su aprobación, indicándoseme que en función al Decreto Municipal 364/20, todos los expedientes en los que hubiera adjudicación de terrenos en el último año, quedaban en estudio y revisión, por lo que no aceptaban se agregue ningún tipo de documentación a los mismos, debiendo esperar al finalizar el receso administrativo.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 2).-
A ello agrega: “Que encontrándome en plazo para la recepción de dichos planos, durante el mes de marzo de 2020, nuevamente me acerco a la Municipalidad de Río Gallegos -Dirección de Tierras y Catastro-, con resultado infructuoso en virtud de la declaración de pandemia por el covid-19, hallándose administrativamente el municipio sin atención al público. Que en el mes de junio de 2020, soy notificado mediante cédula, del Decreto N° 1261 de fecha 28 de mayo de 2020, por el cual se deroga el Decreto N° 4272/19, por no haber dado cumplimiento a la presentación de planos de obra.” (cfr. PE, pdf y pág. cits.).- Seguidamente afirma: “Que resulta evidente, que la Municipalidad ha actuado con absoluta mala fé (sic) al derogar el instrumento de adjudicación sobre el que resido junto a mi grupo familiar, desconociendo elementales derechos constitucionales...e ignorando de igual manera, cuestiones fácticas y jurídicas consecuentes a instrumentos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de las medidas dispuestas por la pandemia del covid-19.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 2/3).-
Respecto del cómputo de los plazos administrativos, señala: “...que al momento de entrada en vigencia del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 de aislamiento social preventivo y obligatorio, me encontraba dentro de los plazos previstos de la Ordenanza en cuestión para el cumplimiento de los requisitos indicados en el mentado art. 15°, modificándose sustancialmente la actividad laboral en todo aspecto, tanto sea el público como el privado...” (cfr. PE y pdf cits., pág. 4).- Finalmente, denuncia violación a la garantía del debido proceso administrativo, manifestando: “Que tratamiento diferenciado merece la llamativa postura de la accionada, de impedirme tomar vista y extraer copia del Expediente Administrativo N° 2.913/00, la que fuera fehaciente y convenientemente peticionado a través de la carta documento...violando con ello, el debido derecho a la defensa en juicio.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 4/5).- Ofrece la prueba que hace a su derecho (cfr. PE y pdf cits., págs. 7/8).-
Que la Municipalidad de Río Gallegos, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Jorge Manuel Cabezas contesta demanda negando los hechos en los que se funda la actora. Relata que: “Que habiendo sido beneficiado con una adjudicación en venta, Decreto N° 4272, el accionante no cumplió con las obligaciones emergentes de este beneficio, que se encuentran enumeradas taxativamente en la Ordenanza N° 2639, y que resulta de cumplimiento obligatorio para todos los adjudicatarios de tierra fiscal dentro del ejido de la Municipalidad de Río Gallegos, no existiendo ningún eximente a favor del actor, ya que este no informo (sic) de impedimento alguno ni solicito (sic) prorroga (sic) para cumplir sus obligaciones. Siendo así, resulta que el Sr. Lujan (sic) abono (sic) la tierra, pero no cumplió en el plazo de ley con la certificación de la documental [de] planos e inicio de obra, situación que fuera informada por la Dirección de Obras Privadas y certificada por inspección efectuada a fs 44/45 del expediente de adjudicación; ya que mediante Decreto 364/20 se estaba llevando a cabo una inspección general a todos los expedientes referidos a terrenos adjudicados durante el año 2019, para determinar quienes cumplieron con los requisitos, y quienes se encontraban en falta.” (cfr. PE353979-2021, COD00002826.pdf, pág. 2).-
Agrega que: “De la documentación compulsada y de las inspecciones efectuadas, este Municipio tomo (sic) conocimiento de los incumplimientos del actor, por lo cual se produjo la derogación del Decreto 4272/19, en cumplimiento a la Ordenanza Nº 2639 cuyo Artículo 12º establece: El adjudicatario para mantener dicha condición, deberá dar cumplimiento a lo siguiente: a) Aprobar los planos ante el Departamento Obras Privadas de la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo, dentro de los sesenta (60) días de la fecha del Decreto, para obras de vivienda y noventa (90) días en los demás casos...b) La obra deberá iniciarse dentro de los ciento veinte (120) días a contar desde la fecha del Decreto de adjudicación y ejecutar el 30 % del proyecto aprobado, dentro de los seiscientos (600) días subsiguientes.” (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, contesta vista, dictaminando que es formalmente admisible la demanda, pudiendo ingresar este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones (cfr. PE379751-2022, pág. 2).-
En PE394436-2022 se declaró la cuestión de puro derecho y se ordenó correr traslado en los términos del artículo 78 del CPCA, Ley N° 2600, haciendo uso de ese derecho la actora en PE402636-2022 (cfr. certificación de PE422058-2022).-
Se llaman autos para sentencia en PE cit., pasando a estudio en PE439432-2022.-
II. Que conforme ha quedado trabada la presente litis, corresponde analizar, como objeto de la presente acción, la legitimidad del Decreto N° 1261/20 dictado por la Municipalidad de Río Gallegos, que derogara el Decreto N° 4272/19, por el cual se le adjudicaba en venta al actor una parcela de tierra.-
Si bien el demandante procura que se revoque en esta sede judicial el Decreto N° 1261/20, lo cierto es que de sus planteos emerge nítido la ausencia de argumentos que imputen la existencia de algún vicio en particular susceptible de provocar su invalidez.-
Se trata de un dato insoslayable a la hora de decidir, por cuanto el artículo 2º del CPCA, Ley N° 2600 al fijar la materia contencioso administrativa, en su inciso a) incluye la impugnación de actos dictados en ejercicio de facultades regladas o discrecionales, de alcance general o particular, siempre que la impugnación se funde en razones de ilegitimidad y precisa que este supuesto se configura cuando tuviere vicios en la competencia, objeto, voluntad, procedimiento y forma del acto, desviación y abuso o exceso de poder, fuera arbitrario o violare los principios generales del derecho. A su vez, esta regla debe leerse en consonancia con lo preceptuado por el artículo 48 de este digesto normativo, cuyo texto indica que la demanda debe precisar en qué forma y por qué motivo el acto impugnado agravia el interés jurídicamente tutelado de la parte actora.-
Resulta aplicable al caso de autos lo que este Alto Cuerpo ha dicho: “Desde esta mirada, cobra vital relevancia para la contienda la presunción de legitimidad de la que se hallan revestidos los actos administrativos, consagrada en el artículo 12, primera parte, de la Ley N° 1260 de Procedimientos Administrativos. ‘O sea que el legislador ha establecido por ley que se presume que todo acto administrativo ha sido dictado de acuerdo con normas jurídicas vigentes…’ (cfr. Altamira Gigena, Julio Isidro, ‘Acto administrativo’; 2ª ed., Córdoba, Advocatus, 2019, pág. 60). Se trata de una presunción de regularidad del acto, de legalidad, de validez, de juridicidad (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 936, Folio 2797/2810).
Particularmente en la materia bajo discusión, este Alto Cuerpo ha dejado establecido: ‘...‘El principio jurídico vigente en la materia es la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Se supone que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. El fundamento de este carácter deriva, de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales (‘Acto Administrativo Municipal’ -Julio R. Comadira- Ed. Depalma, 1992, página 100). Una de las principales consecuencias que se derivan de dicha presunción es que, siempre, es necesario, alegar y probar la ilegitimidad del acto.’ (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 860, Folio 2466/2470)...Si bien no se trata de una presunción absoluta, quien pretenda la ilegitimidad o nulidad de un acto administrativo debe alegar y probar lo pertinente (cfr.
Marienhoff, Miguel Santiago, ‘Tratado de Derecho Administrativo’, Cuarta Edición Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, t. II, págs. 338/339). Es que, tal como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es condición esencial de la organización del Poder Judicial el que no le sea posible controlar por su propia iniciativa los actos legislativos, ni aun los actos administrativos que, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la actividad administrativa. Por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe necesariamente ser alegada y probada en juicio (Fallos: 291:499)...‘...considerando el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, CPCC), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública…’ (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 977, Folio 2969/2983). Esta presunción, en suma, impone a quien controvierte la juridicidad de un acto administrativo, la carga de fundar la impugnación y acreditar los extremos fácticos en que se soporta la pretensión (SCBA, causa B. 65.381, ‘Gianichini de Massera, María Esther c/ Prov. Bs. As. (IPS). Demanda Contencioso Administrativa’, entre otros).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XVIII, Reg. 1074, Folio 3412/3418 y XIX, Reg. 1127, Folio 3627/3631).-
A lo dicho debe adunarse que el déficit argumental antes apuntado conspira contra el interés particular del administrado, en razón de las implicancias que conlleva para su tesitura el principio dispositivo.-
Se ha sostenido que: “El sistema judicial que en nuestro ordenamiento tiene el control de la Administración hace que el proceso administrativo cuente con los principios y reglas generales de los procesos judiciales, a los que cabe agregar los propios de este tipo de proceso. Entre los primeros se destacan: el principio dispositivo, que confía a las partes el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez…la disponibilidad del derecho material; la delimitación por las partes del alcance de la controversia...” (cfr. Pozo Gowland, Héctor M., “Los principios generales del proceso administrativo”, del 31/08/2011, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2491/2011).-
En esta senda, Tomás Hutchinson dice que: “…la jurisdicción procesal administrativa jugará dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la pretensión y la oposición […] Una vez iniciado el proceso, el órgano judicial se encuentra vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes, relativas a la suerte de aquél o tendientes a la modificación o extinción de la relación de Derecho material en el cual se fundó la pretensión […] la ley asigna a las partes la función de aducir y traer al proceso el material de hecho, limitando la función del juez al recibirlo, para valorarlo después. Se trata, por tanto, de una manifestación del sistema dispositivo en virtud del cual las partes serán las encargadas de aportar, alegar, probar o fijar los hechos que respectivamente le interesen […] El principio dispositivo entraña, pues, ‘un poder de disposición sobre el ejercicio de la acción y el objeto del proceso’. Es que en un proceso regido por dicho sistema, las partes son enteramente dueñas del derecho subjetivo material, de la pretensión e incluso de la actividad decisoria del órgano jurisdiccional, pues mediante la delimitación que efectúan del objetivo procesal vincula o condicionan el fallo del tribunal.” (cfr. aut. cit., “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo I, págs. 492/494) (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, fallos cit.).-
La conjunción de la presunción de legitimidad de los actos con la ausencia de un embate certero y serio que denuncie los vicios bajo los cuáles pretende obtener su declaración de invalidez, a la luz del principio procesal descripto, conlleva, sin más, al rechazo de la pretensión actoral.-
Así, las actuaciones administrativas caratuladas “Luján Adrián Gustavo s/ Terreno”, Expte. N° 2913/00 fueron iniciadas el 6 de junio de 2000 con la presentación de una solicitud de terreno con destino a vivienda familiar, junto con su ex-cónyuge María Soledad Deus Vergara y sus dos hijos, expediente que fuera archivado el 12 de mayo de 2011 (cfr. fs. 1 y 13 del Expte. Adm. cit.).-
Sin embargo, es recién el 16 de octubre del 2019, cuando el Sr. Luján acompaña documentación para actualizar el expediente, de donde surge el decreto del divorcio vincular con la nombrada y la homologación de los acuerdos de distribución de bienes de la comunidad de ganancias (cfr. foja 25 vta. del Expte. Adm. cit.).-
El 18 de octubre de 2019, la Inspección de Tierras Municipal verifica que el terreno en cuestión se encuentra baldío y sin cercar. Asimismo, se informa que el Sr. Luján no registra bienes a su nombre con destino a vivienda familiar (cfr. fs. 27/29 del Expte. Adm. cit.).-
Es por lo expuesto, que el 23 de octubre de 2019, por medio del Decreto N° 4272/19, el Intendente Municipal ordena adjudicar en venta el terreno de marras al actor (cfr. foja 33 del Expte. Adm. cit.).-
El 6 de noviembre de 2019 obra liquidación realizada por la Municipalidad, por medio de la cual se deja constancia de una deuda por módulos atrasados que el Sr. Luján debe cancelar (cfr. foja 37 del Expte. Adm. cit.).-
Desde esta fecha, se produce un intervalo de tiempo en el cual el Departamento de Tierras envía una nota al Departamento Obras Privadas (16 de marzo de 2020), a efectos que se sirva informar si se ha dado cumplimiento a la presentación de planos. La misma es contestada el 14 de mayo de 2020 expresando que no se ha dado cumplimiento a dicho requisito (cfr. fs. 38/39 del Expte. Adm. cit.).-
Es por ello que la Dirección de Tierras y Catastro remite nota el 15 de mayo de 2020 a la Inspección de Tierras, a efectos que realice su labor en el terreno objeto de estos actuados (cfr. foja 43 del Expte. Adm. cit.). Este último, adjuntando fotografías, informa que la inspección se realizó “...verificando la existencia de una platea sobre el fondo del predio, el mismo se encuentra cercado con alambre romboidal y postes metálicos, portón del mismo material (se observa una casilla de viaje tipo tráiler).” (cfr. foja 44 del Expte. Adm. cit.).-
Es con motivo de lo expuesto, que el Sr. Intendente Municipal a través del Decreto Nº 1261 del 28 de mayo de 2020 ordena derogar el Decreto Nº 4272/19 “...con pérdida de mejoras y sumas abonadas.” (cfr. foja 49 del Expte. Adm. cit.).-
El 2 de junio de 2020, el Sr. Luján es notificado del Decreto de desadjudicación (cfr. fs. 55 y vta. del Expte. Adm. cit.).-
III. El actor en su demanda, afirma que al asumir la actual gestión municipal, en diciembre de 2019, se acercó en varias oportunidades al Departamento de Tierras y Catastro, “...con la finalidad de dar impulso al expte. de referencia y presentar los planos de obra para su aprobación, indicándoseme que en función al Decreto Municipal 364/20, todos los expedientes en los que hubiera adjudicación de terrenos en el último año, quedaban en estudio y revisión, por lo que no aceptaban se agregue ningún tipo de documentación a los mismos, debiendo esperar al finalizar el receso administrativo.” (cfr. PE14990-2020, IND00000182.pdf, pág. 2).- El Decreto Municipal Nº 364/20 del 31 de enero de 2020, mencionado por el actor, dispone: “Que la Dirección de Tierras y Catastro...observó irregularidades en adjudicaciones de terrenos con destino a vivienda familiar, comercio, industria y chacras que carecen de las condiciones mínimas indispensables para ser afectados a tal destino [...] Que se han entregado terrenos para diferentes destinos, con trámites recién iniciados, sin respetar solicitudes con mayor antigüedad y sin las exigencias de actualización de la documentación inherente para cada modalidad, tal como prevén las Ordenanzas vigentes en la materia [...] Que las situaciones de irregularidades detectadas, las descriptas y otras que surgirán del estudio pormenorizado de lo actuado en el período fiscal año 2019, requiere necesariamente, ordenar a las áreas competentes en materia de tierras de la municipalidad, realicen un estudio pormenorizado de todo lo actuado en este particular...”.- Con fundamento en lo expuesto se dispone:
“Artículo 1º: Ordénase a la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo lleve adelante un análisis y revisión de los expedientes y demás documentación administrativa que se hubiese tramitado y/o presentado en la Dirección de Tierras y Catastro u otra dependencia...que tenga o haya tenido por objeto acceder a la adjudicación, reserva y/o adquisición de tierras fiscales con destino a construcción de vivienda familiar, instalación de comercios, industrias o chacras, en el período comprendido entre el 1° de Enero al 9 de diciembre del año 2019.”; y en su artículo 2º dice: “Dispónese la elaboración de un registro de expedientes y de presentaciones particulares...que hayan iniciado trámites de solicitud de adjudicación, reserva o adquisición de tierra fiscal municipal para cualquier destino durante el período comprendido entre el 1° de enero al 9 de diciembre de 2019, informando las posibles irregularidades que se detecten a fin de proceder a la derogación, modificación o judicialización según corresponda, de los instrumentos legales que se presuman irregulares o ilegales.”.- Además, el Decreto de mención coincide (con pocos meses de diferencia) con el aislamiento social que, a raíz de la propagación mundial del Covid-19, produjo la decisión del Gobierno Nacional de establecer medidas preventivas. Es por ello que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, sancionado el 19 de marzo del 2020 y publicado en el Boletín Oficial el 20 de marzo del mismo año, el Poder Ejecutivo Nacional consideró: “Que con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Que, asimismo se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus Covid 19.”.- No obstante y contrariamente a lo manifestado insistentemente por el actor, analizadas las fechas de la actividad del Municipio, no existió paralización de sus actividades, por ejemplo, el Departamento de Tierras envía una nota al Departamento Obras Privadas el 16 de marzo de 2020, siendo contestada con fecha 14 de mayo de 2020 (cfr. fs. 38/39 del Expte. Adm. cit.).-
Luego de esa fecha, la actividad municipal no cesó, inspeccionándose la tierra y en definitiva ordenando el Sr. Intendente derogar el Decreto de Adjudicación Nº 4272/19 con fecha 28 de mayo de 2020.-
Es que, el Municipio basó la revocación de la adjudicación en la revisión de los expedientes y documentaciones comprendidos en el año 2019 y en el incumplimiento por parte del Sr. Luján de una de las obligaciones que pesaban sobre él, la entrega de los planos; mientras que este último sostiene que no pudo cumplir con dichas obligaciones por cuestiones imputables a la demandada y a la situación del país en ese momento.-
Luego de analizar pormenorizadamente los hechos invocados y las constancias del expediente de marras, no se advierte que el actuar del actor fuera diligente, pues no hay prueba alguna que demuestre la imposibilidad de haber cumplido acabadamente con todos los requisitos exigidos por la Municipalidad de Río Gallegos, como el mismo afirma. Máxime cuando de la documental acompañada por el mismo actor surge que en el recurso de reconsideración presentado ante el Municipio, manifiesta que se encontraba: “…en la tarea de encomendar la confección del plano de obra.” (cfr. PE14990-2020, IND00000183.pdf, pág. 7).-
También es por ello, debe descartarse la acusación realizada por el actor en el sentido de que el Municipio habría actuado con “mala fe”; ya que ha sido el incumplimiento del propio actor, el que ha llevado a la desadjudicación.-
Finalmente, tampoco resulta atendible la supuesta violación del debido proceso, pues no alegó las defensas de las que dice fue privado de ejercer, e incluso interpuso recurso de reconsideración ante el Municipio demandado.-
Asimismo, para manifestar el desacuerdo de un ciudadano contra la Administración, se deben seguir las reglas establecidas en la Ley Nº 1260 de Procedimiento Administrativo; y ante la falta de respuesta, y dentro de los plazos establecidos, se tiene el derecho de acceder a esta instancia Contencioso Administrativa. Este derecho ha sido ejercido por el actor, con todas las garantías de defensa en juicio.-
En definitiva, de lo relatado debe resaltarse que la desadjudicación fue realizada luego de un trámite administrativo al cual no se le puede atribuir irregularidad alguna.-
Es por ello que el acto administrativo de desadjudicación reúne los elementos necesarios para ser considerado como válido, y por ende corresponde el rechazo de la presente demanda.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.- A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento las consideraciones desarrolladas en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Adrián Gustavo Luján en PE14990-2020, contra la Municipalidad de Río Gallegos; imponiéndose las costas en el orden causado (cfr. art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600) y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente
Río Gallegos, 18 de septiembre de 2023.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Adrián Gustavo Luján en PE14990-2020, contra la Municipalidad de Río Gallegos.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1019C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1132 Folio N°: 3653/3658 Secretaría: 1
Fin de la sentencia