Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, como adelantáramos, rechazaremos estos agravios.
II. Del embargo: en este apartado, calificó de desproporcionada la suma establecida, explicando que su asistido no posee bienes para afrontarla.
En relación a este último planteo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que en el punto IV) del considerando, el magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `desproporcionado´, razón por la cual rechazaremos este último cuestionamiento.
III. Perspectiva de derechos:
TOMO CXXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8894 FOLIO Nº 190/192 PROT. ELECT. JR101572I.242
Río Gallegos, 22 de agosto de 2024.
La presente causa caratulada: “E.M. S/ AMENAZAS” Expte. Nº E-71910/21, Apelación Nº 9060/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 125/129, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.E.E., en orden al delito de “amenazas -3 hechos- en concurso real” (arts. 149 bis y 55 del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 134/137 vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 215 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios expresados por la defensa, en el orden propuesto en su presentación.
I. Presunta insuficiencia de los elementos reunidos en el auto de procesamiento – crítica a su valoración: en el acápite II) de su presentación, sostuvo la recurrente que el auto apelado causa a su representado un gravamen irreparable, pues carecería de elementos de convicción que acrediten la comisión del delito atribuido a su asistido. En dicho orden de ideas, refirió que las declaraciones que motivan la materialidad de la amenaza, serían contradictorias. Entendió que no se debe tener en cuenta el testimonio de A. (actual pareja de la denunciante), dado que tendría interés en el resultado del proceso.
Al respecto, aseguró que se habría omitido contextualizar el testimonio de la víctima, pues a su juicio no hay certeza de que los hechos se hubiesen perpetrado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que esta declaró.
Insistió en que el plexo probatorio resulta insuficiente para tener por acreditado el hecho ilícito y la responsabilidad que se endilga a su pupilo, ya que sólo se cuenta con los dichos proferidos por la denunciante y su pareja.
En cuanto a la valoración, destacó la ausencia de análisis integral, racional y crítico en la resolución atacada.
Que, analizados estos primeros planteos, adelantamos, serán desestimados.
En primer término, entendemos, yerra la defensa al asegurar que el auto apelado carezca de elementos de convicción que acrediten la comisión del delito atribuidos al imputado en tres ocasiones, pues en los puntos I) y II) del considerando de la resolución, el magistrado tuvo por acreditada la materialidad de los hechos y su autoría, con el grado de probabilidad que reclama esta instancia, a partir de la valoración integral de los elementos probatorios adunados al legajo, analizados a la luz de la sana crítica racional (art. 199 del CPP) y, con perspectiva de género, conforme lo establecido por la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26485) y los Tratados Internacionales sobre la materia, tales como la Convención de Belem do Pará. Que, en cuanto a la valoración de los hechos y la prueba con perspectiva de género, en un caso de similares características al que nos ocupa, donde las amenazas eran reiteradas; se resolvió condenar al imputado diciendo: “… teniendo en cuenta que el delito endilgado no constituyó un hecho aislado, sino que se inscribió dentro de un contexto de violencia doméstica de larga data entre imputado y víctima, quienes constituyeron una pareja, ahora separada, con un hijo en común… resulta indispensable juzgar en base a principios de perspectiva de género.” (CP Contrav. y Faltas; Sala III; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis Código Penal; Rubinzal Online; RC J 4167/17). En el supuesto bajo estudio, el magistrado juzgó probada la materialidad de los hechos en virtud de los dichos de la víctima, aportados en sede policial, judicial y la O.V.D. En tanto, consideró –prima facie- acreditada la autoría de los mismos en cabeza del incuso, en virtud de la armónica valoración de las declaraciones de la damnificada (efectuadas en la División Comisaría de la Mujer y la Familia y en la Oficina de Violencia Doméstica); junto al testimonio de su actual pareja (J.A.D.A.) y el informe de riesgo elaborado por la O.V.D. Así las cosas, consideramos, falta a la verdad la defensa cuando asegura que el pronunciamiento impugnado se apoya sólo en los dichos de la damnificada y su pareja actual pues, a la vista está, que obran en autos otros elementos incriminantes.
Al respecto se ha dicho: “El procesamiento por el delito de amenazas debe confirmarse, pues los obrados exhiben suficiente información para asumir, con alto grado de probabilidad, que el imputado agredió verbal y psicológicamente a su pareja, utilizando palabras amenazantes infundiéndole temor, tanto a ella como sus hijos menores, siendo estos comportamientos contrarios a las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad.” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Formosa; 18/10/2018; “S., M. A. s/ amenaza concordante con violencia de género”; RDP 2019-6, 1307; TR LALEY AR/JUR/89185/2018). Que, contrariamente a lo señalado por la recurrente, los elementos reseñados alcanzan para atravesar la barrera del art. 289 del CPP, pues como dijimos, fueron valorados con perspectiva de género, acatando la normativa nacional e internacional precitada, y sopesando el especial contexto relatado por la víctima, donde –en apariencia- la falta de aceptación de la ruptura de la relación por parte del imputado, constituiría el móvil de los hechos objeto de autos. Tampoco acierta la defensa al señalar que no se hubiera contextualizado los dichos de la denunciante, dado que sus declaraciones, frente a distintos interlocutores, fueron valoradas por el juez en el marco del informe de evaluación de riesgo elaborado por la O.V.D. (fs. 16/17 vta.), donde se entendió que este es “moderado” en virtud de una serie de factores, dentro de los que se destaca: la posibilidad de que se susciten nuevos hechos de violencia o, se agraven los existentes, toda vez que el imputado no habría aceptado la ruptura del vínculo que mantenía con la damnificada. En este sentido, contando con similares elementos a los valorados en autos, esta alzada ha confirmado invariablemente los procesamientos en apelaciones nro. 8019/22; 8121/23; 8260/23; 8335/23; 8375/23; 8852/24, por citar algunos ejemplos.
Por lo expuesto, como adelantáramos, rechazaremos estos agravios.
II. Del embargo: en este apartado, calificó de desproporcionada la suma establecida, explicando que su asistido no posee bienes para afrontarla.
En relación a este último planteo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que en el punto IV) del considerando, el magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `desproporcionado´, razón por la cual rechazaremos este último cuestionamiento.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 125/129, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia